Mientras se recupera de la operación, el Pontífice celebró una misa en su habitación del en el Policlínico Agostino Gemelli, donde continúa internado.

El papa León XIV pasó una “noche tranquila” y desarrolla “según lo previsto” su recuperación postoperatoria tras haber sido intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Agostino Gemelli, de Roma, donde se le extirpó un adenocarcinoma del pulmón derecho.

Según publican este miércoles fuentes romanas, el Pontífice incluso celebró una misa en su habitación del establecimiento sanitario ubicado en la capital de Italia, aunque esa versión brindada por medios extraoficiales.

Mediante un comunicado difundido en las últimas horas por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sí se confirmó que se sometió a estudios posoperatorios rutinarios: un análisis de sangre y una radiografía de tórax.

Los resultados de esos estudios “confirman una recuperación postoperatoria normal”, indicó el diario Corriere Della Serra, con valores que “se encuentran dentro del rango normal para el tipo de cirugía realizada”, reportó el diario Corriere Della Serra.

Recuperación “según lo previsto” del papa León XIV

En tanto, Luigi Carbone, director del Departamento de Salud e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que realizó la operación, anunciaron que el Papa “realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación”.

“Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando. Su recuperación, por lo tanto, transcurre según lo previsto”, indicaron, luego de que a primeras horas de este miércoles la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciara que León XIV, de 71 años, había pasado una “noche tranquila”.

Acompañado por quienes ya lo asisten diariamente en el apartamento papal, tras la operación León XIV despertó demostrándose inmediatamente alerta y orientado, y, como declaró a la prensa el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, “al regresar a la habitación pidió la cena… El Papa está de buen ánimo”, añadía horas atrás.

Como se sabe, fue una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida con éxito, de la cual el Papa regresó a su habitación en la décima planta del Policlínico, en la contigua al apartamento papal donde Francisco había hospitalizado hace un año y medio.

Opositores e intendentes de la región cruzaron al jefe comunal por ausentarse sin la correspondiente autorización del Concejo Deliberante. Aseguran que montó una puesta en escena en redes sociales para ocultar su viaje al país asiático y que la intendencia quedó en un limbo institucional.

El municipio de Tigre quedó en el centro de un incipiente escándalo institucional que sacude a la política bonaerense. Dirigentes opositores y sectores de la propia gestión local denunciaron que el intendente Julio Zamora abandonó el país en un imprevisto viaje a la República Popular China sin haber solicitado la obligatoria licencia ante el Concejo Deliberante local. La maniobra no solo vulnera la Ley Orgánica de las Municipalidades, sino que deja a la Comuna en una situación de irregularidad administrativa grave.

Para encubrir la ausencia en el distrito, la intendencia desplegó una insólita puesta en escena comunicacional. A través de las cuentas oficiales de la comuna y de sus perfiles personales en redes sociales, se continuó difundiendo material audiovisual y fotos de supuestas “recorridas de gestión” por distintos barrios de Tigre, intentando simular que el jefe comunal se encontraba cumpliendo funciones en el territorio mientras, en realidad, se encontraba del otro lado del planeta integrando una delegación comercial.

La gravedad del episodio radica en el vacío de poder y de firma legal que genera en el Poder Ejecutivo municipal. Según la normativa vigente, ante cualquier ausencia prolongada del intendente, el cargo debe ser traspasado de manera interina al primer concejal de la lista ganadora. Al eludir el trámite institucional para evitar el costo político y los cuestionamientos del deliberativo, Zamora dejó al municipio operando sin un responsable legalmente habilitado para firmar decretos, partidas presupuestarias o resoluciones de emergencia.

El hermetismo en el entorno del intendente es total, pero los reproches y las acusaciones de “irresponsabilidad institucional” ya resonaron con fuerza en la Primera Sección Electoral. Según LPO, desde la oposición preparan pedidos de informes urgentes y no descartan realizar presentaciones judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el barón territorial de Tigre.

Este insólito episodio expone las prácticas feudales y la falta de transparencia que persisten en la gestión de los municipios bonaerenses. Mientras la comunidad de Tigre enfrenta severos problemas de infraestructura, inseguridad y la paralización de obras públicas provocada por el ajuste nacional, su intendente apela a la simulación digital para esconder viajes al exterior y gambetear los controles institucionales básicos de la democracia local.

El INDEC informó que los precios aumentaron un 33,4% interanual. Los mayores incrementos del mes se registraron en vivienda y educación.

La inflación de septiembre fue del 1,9% en Argentina, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

El dato representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el indicador había registrado una suba del 1,7%. De esta manera, el índice volvió a ubicarse por debajo del 2%, luego de haber alcanzado el 2,1% en julio y el 1,9% en junio.

El informe oficial también mostró diferencias entre los distintos componentes de la canasta. Los bienes aumentaron un 1,7% durante septiembre, mientras que los servicios registraron una suba del 2,4%. En tanto, los precios estacionales avanzaron un 2,9%, los regulados un 2,3% y el IPC núcleo, que excluye ambos componentes, un 1,7%.

¿Qué fue lo que más aumentó durante septiembre?

La división que registró el mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%. Le siguieron Educación, con el 3%; Comunicación, con el 2,5%; y Salud, con el 2,4%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2%, por encima del promedio general. Esta división tuvo la mayor incidencia en la variación mensual de precios en la mayoría de las regiones del país, con excepción del Gran Buenos Aires (GBA), donde el principal aporte correspondió a los gastos vinculados con la vivienda y los servicios.

Entre los rubros que registraron menores incrementos se ubicaron Restaurantes y hoteles, con el 1,1%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 1,4%; Prendas de vestir y calzado, también con el 1,4%; y Transporte, con el 1,5%.

En el caso de los alimentos, el relevamiento correspondiente al GBA mostró aumentos del 34,1% en el tomate redondo, del 24,6% en la cebolla y del 12,5% en la batata. En contraste, la lechuga bajó un 11,5%, la banana un 8,5% y la papa un 3,3%.

La inflación en la región donde está La Plata

El informe del INDEC indicó que la inflación en el Gran Buenos Aires fue del 2% durante septiembre, una décima por encima del promedio nacional. En esta región, el incremento acumulado en los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%.

Entre los rubros que registraron mayores aumentos se destacaron Educación, con el 2,9%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 2,7%; y Comunicación, con el 2,5%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,2%.

Dentro del rubro alimenticio, las verduras, tubérculos y legumbres aumentaron un 12,5%, mientras que las carnes y derivados subieron un 1,1%. En contraste, las frutas registraron una disminución del 2,4%.

La inflación en 2026 y la interanual

Con el resultado de septiembre, la inflación acumulada llegó al 23,6%, en tanto que la variación de los últimos doce meses se ubicó en el 33,4%, una décima por debajo del 33,5% registrado en agosto.

El registro de septiembre quedó por debajo de los niveles de los primeros cinco meses del año, aunque mostró una aceleración frente a agosto. El informe también señaló que, en lo que va de 2026, los mayores aumentos acumulados correspondieron a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 35,6%; Educación, con el 34%; y Comunicación, con el 26,6%.

El proyecto de Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto busca regular las plataformas de apuestas, financiar programas de salud mental y fortalecer clubes de barrio. También establece reconocimiento facial obligatorio, límites de uso y sanciones para las empresas que permitan apostar a menores de edad.

El diputado provincial y presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, junto a la presidenta de la comisión de Juegos de azar y lotería, Micaela Olivetto presentaron este miércoles un proyecto para regular las apuestas en línea en la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone que las plataformas de apuestas en línea realicen un aporte económico obligatorio para financiar programas de salud mental, promover los clubes de barrio y crear becas para el alto rendimiento deportivo. De esta manera, se busca prevenir y abordar los daños vinculados a la ciberludopatía. También regula la publicidad, establece controles específicos para evitar que los menores apuesten y limita el tiempo y la frecuencia que se le permite a los usuarios ingresar y permanecer en el sitio.
Al respecto, Tignanelli expresó: “Sabemos qué intereses estamos enfrentando y estamos dispuestos a hacerlo, porque creemos que es justo. Hay que ponerle un freno al daño que están generando este tipo de empresas, ese es el sentido de la política.”

El proyecto presentado por Tignanelli y Olivetto establece que las plataformas de apuestas online realicen un aporte equivalente al 100% de lo que gastan en publicidad, que irá un Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y Prevención de la Ciber Ludopatía. Los recursos de este fondo estarán destinados a campañas de prevención y tratamiento de la problemática, capacitación al personal de salud, estudios e investigaciones sobre el juego problemático y acompañamiento de las personas afectadas y sus familias. La distribución de este fondo será de un 30% al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el 70% restante corresponderá a los 135 municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

La diputada Micaela Olivetto se refirió a la importancia de esta iniciativa al inicio de la presentación y expresó: “Desde la provincia de Buenos Aires es necesario generar una herramienta legislativa que pueda establecer mecanismos que controlen y regulen esta actividad, que tiene consecuencias en la vida de los bonaerenses, rompe las relaciones familiares y está haciendo mucho daño a la salud mental de los pibes y las pibas.”

Las empresas también deberán aportar el 3 % de la totalidad de los premios obtenidos en cualquier modalidad de apuestas en línea a un fondo de desarrollo de entidades de bien público y deportivo. El 85% de ese aporte tendrá como destino fortalecer instituciones como clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento. Con el otro 15% se crearán becas para el deporte de alto rendimiento.
Sobre este punto, el diputado Facundo Tignanelli expresó: “Estamos sacando ganancias a empresas que son muy, muy poderosas. Estamos recuperando para la parte organizada de la comunidad de la provincia de Buenos Aires un montón de recursos que hoy esas empresas tienen de libre disponibilidad” y agregó: “Si el Estado y la política no están para pararse de manos con los poderosos y defender a aquellos que hacen el bien a la gente, no tienen ningún sentido de existencia”

Respecto a las medidas de control y protección, se incorpora el reconocimiento facial obligatorio para verificar la identidad antes de ingresar a la plataforma de apuestas, y las cuentas serán únicas e intransferibles. También se pedirá esta validación al depositar y retirar dinero o hacer apuestas por montos altos.
El acceso de menores de 18 años a las apuestas online por fallas en el control se considerará una falta grave y podría implicar para la empresa que se dé de baja su licencia, entre otras sanciones. También se establece un límite de tiempo de permanencia y frecuencia en el sitio de apuestas. La sesión se cerrará automáticamente cuando pasen los 60 minutos diarios y se bloqueará tras tres ingresos por día. Además, los usuarios con juego problemático podrán pedir la autoexclusión de los sitios.

En cuanto a la publicidad y promoción de sitios de apuestas, no se permitirán en la vía pública ni que esté dirigida a menores de 18 años. Quedará prohibido promocionar la actividad como un juego o usar en la publicidad símbolos que lo asocien a la recreación, lo lúdico o el entretenimiento. Además, todas las publicidades deberán incluir la leyenda obligatoria: “apostar no es un juego”.

El proyecto también crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General. La fiscalía podrá investigar de oficio, sin necesidad de denuncia, los sitios de apuestas no autorizados, y podrá intervenir incluso si el operador o los servidores no se encuentran en la Provincia de Buenos Aires. El juez además podrá ordenar el cese inmediato de la actividad ilegal y clausurar o bloquear webs y sitios.

En el juicio por el Caso Maradona, los fiscales solicitaron 12 años de cárcel para Leopoldo Luque y duras penas para el resto del equipo médico.

Los fiscales de San Isidro expusieron sus alegatos de clausura en el juicio por la muerte de Diego Maradona y solicitaron severas penas para los profesionales de la salud imputados. Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron doce años de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El Ministerio Público Fiscal apuntó de lleno contra quienes estuvieron a cargo de la cuestionada internación domiciliaria del astro del fútbol argentino en el barrio San Andrés de Tigre. Las solicitudes de prisión y de inhabilitación para ejercer variaron según el grado de responsabilidad que los fiscales consideraron que tuvo cada profesional durante los últimos días de vida del exjugador.

Además del requerimiento principal sobre el neurocirujano, la fiscalía estructuró los siguientes pedidos de condena:

• Nancy Forlini: para la entonces jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga a cargo de la internación, requirieron 10 años de cárcel por el supuesto homicidio simple con dolo eventual.
• Agustina Cosachov: la psiquiatra enfrenta un pedido de 8 años de prisión por el mismo delito, a lo que se sumó la exigencia de 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión.
• Carlos Díaz: los fiscales consideraron que el psicólogo incurrió en un homicidio culposo, solicitando 5 años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación.
• Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni: tanto para el enfermero como para el coordinador de los enfermeros se pidieron 4 años de cárcel y el doble de inhabilitación para trabajar en el área de la salud.

Por otra parte, los representantes del Ministerio Público tomaron la decisión de no presentar cargos contra Pedro Di Spagna. Al fundamentar esta postura, señalaron que el médico clínico solo pudo visitar al paciente el 12 de noviembre de 2020 para recomendar un nutricionista, mientras que los días 18 y 19 de ese mismo mes se le impidió ingresar a la vivienda para examinarlo.

Dirigentes y militantes de la organización participaron de una concentración en rechazo a decisiones del máximo tribunal. Lucía Cámpora cuestionó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y reclamó que la Cámara de Diputados frene la medida.

La Cámpora participó este martes de una concentración realizada frente a los Tribunales, donde dirigentes y militantes de la organización expresaron su rechazo a recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia y reclamaron la intervención del Congreso.

Entre los presentes estuvieron la diputada nacional y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora; la diputada nacional Paula Penacca; la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el senador nacional Mariano Recalde; y la legisladora porteña Delfina Velázquez.

Durante la jornada, Lucía Cámpora lanzó duras críticas contra los integrantes del máximo tribunal. “Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a nuestra Argentina. Creen que están por encima de los excombatientes de Malvinas y de todo un pueblo que hace solo dos meses salió a la calle a defender la Ley de Tierras y ellos, con su sola firma, lo quisieron voltear”, afirmó.

La legisladora sostuvo además que los magistrados “son la escribanía que necesita Javier Milei para seguir saqueando el país” y los acusó de “proscribir a Cristina” y de derogar una norma impulsada durante los gobiernos kirchneristas.

En ese marco, remarcó la necesidad de una respuesta legislativa frente al fallo cuestionado y pidió que la Cámara de Diputados rechace la decisión del tribunal. “Hay que ponerle un freno a este remate de la Argentina”, señaló.

La movilización reunió a referentes de la organización kirchnerista y se enmarcó en una serie de manifestaciones impulsadas por distintos sectores políticos y sociales para expresar su rechazo a la actuación de la Corte Suprema en asuntos considerados de alto impacto institucional y político.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó un informe con un análisis extenso sobre los movimientos y quiénes manejaban las direcciones.

La Policía Federal (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, con las que el fiscal Gerardo Pollicita busca responder las 29 nuevas dudas que surgen de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El Departamento Técnico Cibercrimen del cuerpo policial tiene a su cargo la realización de una verificación criptográfica para analizar en profundidad las direcciones de criptoactivos presentadas por el exfuncionario ante la justicia, las cuales afirmó que tuvo movimiento entre 2014 y 2018, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por un lado, el fiscal pidió determinar qué tipo de direcciones son las que entregó Adorni, si es posible comprobar si son “en custodia o de autocustodia” y en desde qué fechas existen y quién las generó. 

A esto se suma saber si las claves privadas podían conservarse “en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital” como la paper wallet que presentó en una entrevista.

Con respecto a los 41 movimientos dentro de las billeteras, la PFA deberá analizar si estos pudieron ser realizados por una misma persona o si intervinieron terceros, y si es posible identificar a quienes tenían control. También si quien posee hoy las claves es la misma persona que las controló entre 2014 y 2018.

Por otro lado, pidió información sobre qué normativa regía en la República Argentina sobre las monedas virtuales entre el 2014 y 2018, como también el alcance de la Resolución UIF 300/2014 sobre la prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas.

También busca saber si existe algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales; y sobre las operaciones realizadas entre 2017 y 2018 cuando liquidó sus activos, qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las principales jurisdicciones donde operaban las plataformas de intercambio.

Hace unos días, el abogado del ex funcionario Matías Ledesma se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones que aportaron a la Justicia como justificación por su situación patrimonial.

Allí generaron un “mensaje de desafío” para que sea insertado y firmado dentro de cada billetera, con el que corroboraron su existencia y que tenían control sobre los movimientos dentro de ellas.

Estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicó en su último escrito que los US$ 591.000 que no había declarado y agregó en una rectificación de sus declaraciones juradas provenían de “ventas de activos”.

Lo llamativo es que se fugó del control en un escape inédito. Es concejal libertario y director del Registro Nacional de Armas (RENAR).

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar durante 90 días para conducir al concejal platense y funcionario nacional de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, luego del test de alcoholemia que le realizaron durante un control de tránsito en Pinamar que dio positivo.

Fuentes del Ministerio de Transporte que dialogaron con Info Blanco Sobre Negro señalaron que  la resolución fue dictada el 1° de octubre por el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito de Dolores y establece que la prohibición para manejar comenzó a computarse desde el día en que se produjo la infracción y se extenderá hasta el 25 de diciembre inclusive.

La falta de tránsito ocurrió durante el último fin de semana cuando Allan circulaba en un Toyota Yaris y fue detenido en un operativo de control.

La prueba de alcoholemia arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, un resultado que constituye una infracción debido al régimen de Alcohol Cero vigente en territorio bonaerense. Pero lo llamativo es que Allan salió a toda velocidad del lugar.

Además de la inhabilitación, la Justicia sancionó al dirigente por circular sin portar la licencia de conducir física, pese a encontrarse habilitado para manejar. La multa fue fijada en 438 unidades fijas, equivalentes actualmente a unos $999.078, monto que, según la resolución, Allan abonó de manera voluntaria.

VOTÓ ALCOHOL CERO, DIO 0,27 G/L Y SE RETIRÓ ANTES DEL CONTROL 🚘⚠️ En uno de nuestros controles en #Pinamar, Juan Pablo Allan, actual director ejecutivo del RENAR y concejal de LLA en La Plata, dio positivo de alcoholemia. https://t.co/6QU2s0uyob

— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 29, 2026

¿Qué resolvió la Justicia?

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la sanción judicial no incluyó una infracción por haberse retirado del operativo antes de su finalización. Luego del episodio, el Ministerio de Transporte bonaerense había informado que Allan y su esposa se habían retirado del control sin autorización y había dispuesto una inhabilitación preventiva.

Sin embargo, la resolución de la jueza administrativa Ornela Carli contempló como conductas sancionadas únicamente la alcoholemia positiva y la circulación sin licencia física. El fallo sí menciona que Allan se retiró del lugar sin firmar el acta de infracción y sin retirar la boleta de citación, pero esa circunstancia no fue incorporada como una infracción adicional en la condena.

El caso también tiene una particularidad política: Allan había integrado el Senado bonaerense cuando se sancionó la Ley de Alcohol Cero en 2022 y votó a favor de esa normativa. Actualmente es concejal de La Plata y se desempeña como director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

“Nosotros tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad”, afirmó.

Siguiendo con su agenda en la provincial, el diputado nacional, Máximo Kirchner participó del encuentro “Democracia, interior y participación” junto a Sergio Uñac y Celeste Giménez, senadores y diputados nacionales, y dirigentes peronistas.

“Nosotros entendemos, tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por Milei y a las provincias”, señaló en relación a la presentación del proyecto que cobra un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

Y agregó: “Si en algún momento este gobierno tuvo un buen dato de la economía, no va a tener más. De la Rúa en diciembre de 2001 tenía deflación porque la gente no comía, los precios bajaban en Argentina. Esto no quiere decir que uno está defendiendo un proceso inflacionario, lo que digo es que pensemos las cosas que estamos diciendo, y no nos atemos a situaciones que muchas veces tienen que ver con contexto y eventualidades. No hay equilibrio social sin justicia fiscal”.

Para luego explicar: “Cuando nosotros decimos justicia fiscal por equilibrio social, quiere decir que nadie va a dejar de ganar, pero muchos van a dejar de perder. Tenemos que lograr que las familias argentinas dejen de tener la calculadora en la cabeza todo el tiempo”.

Además, cuestionó el fallo de la Corte que habilitó la derogación de la ley de Tierras, “el Congreso Nacional a partir de la movilización popular, impidió la extranjerización de la tierra que ponía en riesgo la soberanía nacional, y ellos desconocen a la soberanía como un bien colectivo, desconocen lo que representa para la soberanía los excombatientes de Malvinas organizados. Es grave que tres personas en un país de cuarenta y ocho millones estén diciendo la manera que lo deciden. Es gravísimo”.

En ese punto, remarcó: “Nuestro país necesita realmente tener una Corte Suprema que defienda el interés de los argentinos y argentinas. Porque si no, aparte, muchas veces terminamos preocupándonos por el rol del individuo ante el Estado, pero nunca el rol del individuo, las corporaciones y cómo las corporaciones los trata, cómo le establece los precios de su celular, algo que hoy es importante para muchos y muchas ya que permite estudiar y trabajar”.

El pasaje mínimo de los micros costaba $749,72 en enero. Desde este jueves cuesta $1.323,33, lo que representa una suba del 76,5%.

El boleto de los micros aumentó muy por encima de la inflación durante los últimos 10 meses. El pasaje mínimo que costaba $749,72 en enero pasó a $1.323,33 desde este jueves 1º de octubre, lo que representa una suba del 76,5%, mientras que el acumulado general de los precios se ubicará –con las proyecciones previstas para septiembre– entre el 23,4% y el 23,7%.

Pero el impacto de esas subas en el boleto mínimo es el más bajo. La diferencia entre la suba de los boletos y la inflación es mayor a medida que aumenta la distancia del viaje. Esto sucede porque los aumentos de los micros no siempre fueron uniformes y hubo meses en los que el ajuste fue mayor en los tramos más largos.

Así por ejemplo, yendo al caso más extremo, el boleto para recorridos de más de 27 kilómetros costaba $1.000,82 en enero y pasó desde este jueves a $2.272,26 desde octubre, lo que representa un aumento del 127%, más de cinco veces la inflación estimada para el período analizado.

La comparación abarca los últimos 10 meses. Para medir la inflación se toman los datos correspondientes a diciembre, publicados en enero; hasta septiembre, mes para el cual se tienen en cuenta las proyecciones de los especialistas que la ubican en torno al 2%. Para las tarifas, en tanto, se compara el boleto que comenzó a regir en enero con el que entró en vigencia este mes.

¿Cómo aumentaron los micros?

La diferencia también se puede medir en pesos. El boleto mínimo, para viajes de hasta 3 kilómetros, costaba $749,72 en enero y pasó a $1.323,33 este jueves. Es decir, la tarifa aumentó $573,61 (+76,52%).

En el siguiente tramo, de 3 a 6 kilómetros, el boleto pasó de $818,45 a $1.458,89, una diferencia de $640,44 (+78,25%). Para los recorridos de 6 a 12 kilómetros, la tarifa aumentó de $885,64 en enero a $1.628,61 en octubre. En ese caso, la suba es de $742,97 (+83,89%).

La diferencia supera los $1.000 en los recorridos más extensos. El boleto de 12 a 27 kilómetros pasó de $948,46 a $1.953,13, una suba de $1.004,67 (+105,91). Para los viajes de más de 27 kilómetros, la tarifa más alta, el precio pasó de $1.000,82 a $2.272,26, es decir $1.271,44 (+127,03%).

El aumento que entró en vigencia

El último incremento fue del 4,34% y comenzó a regir este jueves 1° de octubre. Con la actualización dispuesta por el Gobierno bonaerense, el boleto mínimo pasó de los actuales $1.268,20 a $1.323,33. El pasaje para los recorridos de más de 27 kilómetros subirá de $2.177,59 a $2.272,26.

El pasaje mínimo del micro que costaba $749,72 en enero pasará a $1.323,33 en octubre

La actualización mensual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires. A esa variación se agrega un 2% y un porcentaje relacionado con los aumentos de los combustibles. Como se dijo, en algunos meses, las actualizaciones fueron diferentes según la distancia recorrida y eso explica que los porcentajes acumulados no sean iguales para todos los tramos.

Los valores son muchos más altos para los pasajeros que utilizan una SUBE sin nominar. Pagarán $2.646,66 para viajes de hasta 3 kilómetros; $2.917,78 entre 3 y 6; y $3.257,22 entre 6 y 12. Para los recorridos de 12 a 27 kilómetros abonarán $3.906,26 y para los superiores a 27 kilómetros, $4.544,52. Aunque mucho menores, la tarifa social también tendrá nuevos valores desde este mes: los viajes de hasta 3 kilómetros costarán $714,59; los de 3 a 6, $787,80; y los de 6 a 12, $879,44. Los recorridos de 12 a 27 kilómetros costarán $1.054,69 y los de más de 27 kilómetros, $1.227,02.