Las empresas privadas que decidieron este año salir a tomar deuda, luego de conocerse el preacuerdo alcanzado por el gobierno nacional y los acreedores de la deuda pública en cesación de pagos, observaron con preocupación el resultado obtenido por la provincia de Buenos Aires que ayer emitió un bono con vencimiento en 2024 por U$S 1.250 millones, a una tasa de interés de 9,37% anual.

"Hace una semana se esperaban tasas entre dos y tres puntos por debajo de los bonos soberanos que están en 8% y 9%, por eso los colocadores alentaron a salir. Lamentablemente ahora no vemos que cualquier emisión vaya a estar por debajo de esa tasa. Para ver valores más bajos habrá que esperar a que el capítulo con los fondos buitre se haya cerrado y todo esté saldado", dijeron hoy a Télam fuentes del sector privado.

El porcentaje resultó no sólo más elevado que lo que se esperaba, alrededor de 7,5% y 8,5%, sino que fue incluso más alta que la que pagaron el gobierno porteño e YPF hace un año atrás, cuando con días de diferencia colocaron deuda en el mercado externo, en momentos en que no se vislumbraba un arreglo del litigio en Nueva York.

A comienzos de febrero del año pasado, YPF salió al mercado y consiguió U$S 500 millones, con un bono a cinco años y a una tasa de 8,5% anual.

Una semana más tarde, el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, también acudió al mercado, donde colocó la misma suma que la petrolera nacional, con el mismo plazo, pero a un interés de 8,95%.

Un año más tarde, cambio de gobierno mediante, un equipo económico mas "amigable" con el mercado y un preacuerdo alcanzado con los fondos buitre y el resto de los holdouts en Nueva York, los bancos de inversión salieron a convencer a varias empresas argentinas de que éste era el momento de salir a buscar financiamiento o reestructurar sus deudas, asegurándoles que la tasa a pagar iba a estar entre dos y tres puntos por debajo de la pagada en aquellas colocaciones institucionales de febrero de 2015.

En este contexto de preacuerdo con los holdouts para salir del default, el director financiero del grupo IRSA, Matías Gaivironsky, dijo que se tomó la decisión de salir a refinanciar U$S 350 millones, ante "una mejora en la percepción que tiene el mundo de la Argentina y por lo tanto en el interés que hay de posicionarse en el país".

En el mismo sentido, otras compañías como Petrobas Argentina, Arcor, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Raghsa, seguirán el mismo camino de IRSA para rescatar obligaciones negociables o refinanciar bonos que vencen el año próximo, con el objetivo de bajar el interés.

Sin embargo, la tasa pagada por la administración de María Eugenia Vidal encendió el alerta entre las compañías, y algunas estarían barajando la posibilidad de esperar un poco más antes de emprender el camino de los mercados.

No es el caso de IRSA que ya comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que el 17 de marzo próximo abre el periodo para colocar un nuevo título a siete años por U$S 350 millones, pero que podría ampliarse hasta U$S 470 millones, tal como lo autorizó la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, buscará rescatar Obligaciones Negociables que vencen en 2017 y en 2020, para lo cual la oferta estará abierta hasta el 31 de marzo.

Según informó la empresa, para los tenedores, muchos minoristas, hay condiciones más favorables si aceptan la oferta antes del 16 de marzo, como que el precio del bono a 2020 será de U$S 111, mientras que después del 17 de marzo bajará a U$S 107.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó que el desempleo en la Provincia ronda el 12 por ciento y detalló que además hay un 40 por ciento de empleo informal.

El funcionario precisó que "posiblemente hoy el desempleo esté más cerca del 12 por ciento en líneas generales, sin hacer demasiada discriminación por sectores" y destacó que el trabajo informal en los grandes centros urbanos ronda "cerca del 40 por ciento".

El funcionario describió como "alto" el nivel de falta de trabajo en el ámbito bonaerense, situación que, dijo, deriva de los beneficiarios de planes sociales, que en el anterior Gobierno "no estaban considerados como desempleados".

El ministro Villegas, afirmó que los tres grandes objetivos que se propuso para su gestión son: "combatir el trabajo en negro y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad; generar los espacios protectorios a través de la correcta aplicación de las leyes respecto al trabajo infantil, esclavo e indecente; y sostener la productividad global del sistema, tratando de prevenir los conflictos laborales, a través de una política adecuada y de equilibrio entre empresas y sindicatos".

Villegas consideró también que "tenemos que trabajar fuertemente para sostener el nivel de empleo y al mismo tiempo mejorar su calidad en materia de registración, en condiciones de higiene y el saldo ocupacional".

En el mismo sentido, el ministro macrista aseguró que la provincia debe trabajar  "muy fuertemente tanto con la Nación como con los municipios en una mejor utilización de los recursos materiales y económicos con los que cuenta nuestro país"

Para concluir, Villegas aseguró que "la provincia debe articular con municipios para transformar muchas ayudas sociales, o planes sociales actuales, en trabajo genuino".

El senador provincial, Sebastián Galmarini, conversó en Radio La Plata y confirmó la furia del Frente Renovador con el macrismo, que provocó su ausencia en la primera sesión del año del Senado provincial.

Sucede que Daniel Salvador no le dio los lugares que el massismo pretendía en la conformación de comisiones y, sorpresivamente, otorgó más espacios de los esperados al kirchnerismo.

En ese sentido, Galmarini disparó: “No sabemos q intentaron hacer, lo cierto es que ayer bajaron intempestivamente, generaron modificaciones en las comisiones dándole espacios a la Cámpora y a los bloques unipersonales, en la misma lógica que veníamos criticando, transformando la legislatura en una escribanía del ejecutivo y haciendo clientelismo vip con algunos legisladores a solo efecto de construir una mayoría.”

El bloque del Frente Renovador pretendía la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que Cambiemos le denegó y estalló el acuerdo que mantenían ambos espacios.

Galmarini admitió: “Hoy está quebrado el acuerdo político, la decisión del vicegobernador se llevó puesto el acuerdo, se llevaron puestas las instituciones tal como veníamos criticando del kirchnerismo en estos años. No hay acuerdo si al final Cambiemos es un mantengamos”

Además, el hermano de Malena, agregó: "Si ellos lo que pretenden es modificar el sistema de seguridad de la provincia en acuerdo con Berni, nosotros no vamos a acordar”.

“Nosotros somos un partido, no somos parte del gobierno, intentamos acordar y tener consenso pero no nos vamos a poner de acuerdo si la situación es llevarse puesta las instituciones”, recordó Galmarini furioso.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires salió tomar deuda en dólares a una tasa anual de 9,375% con un bono a siete años, urgido ante la megaemisión de deuda que realizará el Gobierno de Mauricio Macri en el marco del acuerdo con holdouts.

Los inversores elevaron propuestas por hasta u$s 4.000 millones aunque finalmente el ministerio de Economía bonaerense tomó sólo u$s 1.250 millones debido a la elevada tasa.

El consorcio de bancos contratados por el Gobierno de la provincia para coordinar esta emisión son el HSBC, Citi y JP Morgan.

Así, ayer finalizó el road show del equipo del Ministerio de Economía provincial, con reuniones mantenidas el viernes pasado en Londres, el lunes en Nueva York y el martes en Boston y Los Angeles. Junto al ministro Hernán Lacunza participaron de la gira el subsecretario de Finanzas, Guido Sandleris, y el director provincial de Deuda y Crédito Público, Mariano Moschione.

Según publicó este miércoles Ámbito Financiero la provincia de Buenos Aires se preparaba para emitir un bono a siete años por un monto entre los u$s 750 millones y los u$s 1.000 millones y con un rendimiento entre un 9% y un 9,5%.

El diputado bonaerense por el Frente para la Victoria Fernando "Chino" Navarro adjudicó la interna del espacio en la Legislatura bonaerense a que están "aprendiendo a ser oposición" y que les "cuesta" ubicarse en ese rol.

"Hubo una discusión acalorada, hubo gritos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ser oposición y nos cuesta encontrar el lugar. Hay cuestiones no resueltas de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde perdimos una elección, y el 22 de noviembre se perdió el balotaje", afirmó Navarro.

Y  calificó como "un disparate" la versión que indicaba que en medio de la disputa entre los diputados Aníbal Regueiro y Héctor Quinteros, generada a partir de la renuncia de José Ottavis a la presidencia del bloque, hubiera armas de fuego.

"No se discutían cargos, sino la constitución de las comisiones. No hubo armas de fuego, es un disparate. Y el tema se superó, después hubo varias reuniones nuevas. Bajo ningún aspecto hubo armas de fuego, es un disparate", agregó en declaraciones a radio Con Vos.

El referente del Movimiento Evita afirmó que tiene una "buena relación" con el referente provincial de La Cámpora y que habla "habitualmente", pero dijo desconocer si su salida se debió a su relación con la vedette Victoria Xipolitakis.

La conducción bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Oscar de Isasi decidió esta noche "una huelga activa" de 48 horas para el 16 y 17 de este mes, continuando así "el plan de acción por la reapertura de las negociaciones paritarias", señaló el sindicalista.

La protesta de los estatales provinciales se realizará de forma "activa" el miércoles y jueves de la semana próxima.

La resolución se tomó luego de que María Eugenia Vidal declara cerrada las negociaciones salariales por haber acordado con UPCN un incremento salarial del 15 por ciento para el primer semestre de este año.

La medida de fuerza se realizará de manera conjunta con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y sectores docentes, aseguró el dirigente.

De Isasi también explicó que la ATE provincial aguarda la decisión de los judiciales y legislativos para adherir al paro y que se sumen al conflicto.

El informe realizado por el organismo que conduce María del Carmen Falbo se hizo en base a los datos cargados en el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), que cuenta con un Registro Penal de Violencia Familiar y de Género.

"En el Año 2015 se han identificado 67.685 causas de violencia familiar o de género, registrando 98 víctimas de femicidios", señala el documento de la Procuración, donde además se reconoce que "no todos los hechos son denunciados, por lo que se estima que existen una gran cantidad de casos que no llegan a la instancia judicial".

Según la base de datos judicial, el año pasado se iniciaron 97 causas por femicidio, que dejaron 98 víctimas.

Los datos "nos permiten efectuar ajustes en la modalidad de trabajo y en la conformación de los equipos, respondiendo a la dinámica y caracterización del problema adecuando políticas, estrategias y capacitaciones en este Ministerio Público", resaltó Falbo.

El relevamiento detectó que la mayoría de las víctimas -el 31 por ciento-, tenía entre 21 y 30 años, pero también fueron asesinadas cuatro niñas de hasta 10 años y dos que tenían entre 11 y 15, a lo que se suman nueve adolescentes de entre 16 y 20 años.

Por esos asesinatos hay 108 imputados, ya que algunos fueron cometidos por más de un hombre, y la mayoría de ellos -el 36%- tiene entre 18 y 30 años.

El 70,8% de los acusados eran parejas de las víctimas, otros eran familiares o conocidos y sólo el 1,1% eran extraños. Además, hubo tres femicidios ocurridos en relaciones de noviazgo.

Ocho crímenes fueron con fuego, y la mayoría de los hombres mató con armas y con golpes.

Si bien el organismo aclaró que esta información es preliminar, dado que el análisis de homicidios dolosos consumados "se encuentra en proceso de elaboración", hubo al menos un femicidio en todos los departamentos judiciales a excepción de Bahía Blanca, donde, no se registró ninguno.

Lomas de Zamora, con 16 asesinatos de mujeres, encabeza la trágica nómina seguido de la La Matanza, con 12; San Martín, con 11; Mar del Plata y La Plata, con 9 y San Isidro, con 8.

Un dato relevante es que en Trenque Lauquen, de tres homicidios dolosos dos fueron femicidios.

El registro además consigna que la mayoría de los asesinatos se cometieron de día: 23 hechos entre las 6 y las 12, y 22 entre el mediodía y las 20.

La Procuración incluyó un análisis del estado procesal de las causas hasta febrero último, que determinó que el 57,7% se encuentran en etapa de investigación preliminar; el 22,7% se elevó a juicio oral, en el 16,5% se extinguió la acción por fallecimiento del imputado y en el 3,1% el acusado fue sobreseído por inimputabilidad.

El bloque del Frente para la Victoria bonaerense logró frenar el tratamiento de la Ley de Emergencia en Infraestructura solicitada por la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal.

La alianza "Cambiemos", tuvo que postergar la discusión para la semana próxima.

De aprobarse la iniciativa macrista,  implicaría que se elimine el registro de contratistas del Estado habilitados, reducir los requisitos para la contratación y saltear los procedimientos de licitación de obras estipulados hasta el momento.

El proyecto de emergencia fue definido como la prioridad número uno de Vidal para el inicio del período ordinario de sesiones, pero se encuentra hasta el momento con la resistencia del FpV en Diputados, que ya en diciembre había frenado su tratamiento.

Ahora, los legisladores del kirchnerismo pidieron al titular de la cámara, Jorge Sarghini, que se tenga en cuenta la opinión del Fiscal de Estado y otros organismos de control antes de aprobar la emergencia.

El oficialismo bonaerense sigue presionando para aprobar a mediados de marzo en la Legislatura la Ley que declare la Emergencia en Infraestructura solicitada por la gobernadora María Eugenia Vidal a fines del año pasado.

De aprobarse la iniciativa, que el oficialismo pretende tratar a la semana próxima, implicaría que se elimine el registro de contratistas del Estado habilitados, reducir los requisitos para la contratación y saltear los procedimientos de licitación de obras estipulados hasta el momento. Todas medidas que atentarían contra la transparencia de la obra pública.

El proyecto de emergencia fue definido como la prioridad número uno de Vidal para el inicio del período ordinario de sesiones, pero se encuentra hasta el momento con la resistencia del FpV en Diputados, que ya en diciembre había frenado su tratamiento.

Ahora, los legisladores del kirchnerismo pidieron al titular de la cámara, Jorge Sarghini, que se tenga en cuenta la opinión del Fiscal de Estado y otros organismos de control antes de aprobar la emergencia.

En ese sentido, el diputado Walter Abarca consideró que “es imprescindible escuchar la opinión de los funcionarios y dar un debate profundo en un tema de tamaña relevancia que, entre otras cuestiones, implica la reforma integral del sistema de contrataciones”.

Esta estrategia supondrá una prolongación del debate, y aun así no garantizaría el apoyo del FpV. De todos modos, Cambiemos podría echar mano nuevamente de su alianza con el Frente Renovador para avanzar con la iniciativa.

Los empleados de la administración pública bonaerense nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), profesionales de la salud y trabajadores de los 18 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, realizan hoy un paro de actividades y una marcha a la Gobernación en reclamo de mejoras salariales.

El paro convocado por ATE, AJB y CICOP, y al que adhieren los trabajadores legislativos y docentes, rechaza el 15 % de aumento propuesto por la administración de María Eugenia Vidal, pide por el fin de los despidos, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

“Para las mayorías de las organizaciones sindicales sigue el conflicto por la disputa salarial, ya que hemos rechazado de plano la última propuesta hecha por el Gobierno provincial, que ronda el 15 % en el mejor de los casos de marzo hasta junio, pero todavía está muy lejos del porcentaje para recuperar el nivel adquisitivo del salario”, sostuvo el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

Asimismo, puntualizó que “sobre las categorías más bajas es menor a ese 15 %, unos mil pesos de aumento, que rompen con esa equidad que habíamos conseguido fruto de la lucha, con los salarios más bajo de los trabajadores ingresantes de distintas leyes. Además, discrimina sustancialmente al conjunto de los trabajadores estatales del aumento que se les dio a los docentes”.

En el caso de CICOP y ATE, concentraran en el Ministerio de Salud, exigiendo la reapertura de la UPA de General Madariaga, ya que su cierre ha dejado sin atención a la población del lugar y un saldo de 50 despedidos.

Para Pablo Abramovich, de la AJB, “los trabajadores judiciales estamos con mucha preocupación porque las ofertas que se están haciendo a los distintos sectores, están muy por debajo de la inflación”.

“El escenario que plantea la gobernadora es de reducción de salario, inaceptable desde el punto de vista gremial. Exigimos temas que no tienen impacto salarial, como la Ley de Negociación Colectiva, la Ley de Paritarias Judiciales y la Ley de Licencia por Violencia de Género. Son leyes que están con estado parlamentario en la Legislatura, pero sin tratamiento”, completó.

A su turno, el titular de la CICOP, Fernando Corsiglia, manifestó que “venimos planteando la crisis del sistema que no comenzó ahora, pero que se está agudizando. Hemos participado de la paritaria general, pero no tuvimos un llamado sectorial. Hemos reclamado fuertemente la apertura de la paritaria de nuestra ley, y al mismo tiempo hemos declarado como insuficiente la propuesta del Gobierno”.

Por último, Francisco Torres, de la Federación Nacional Docente, señaló que “somos solidarios con los compañeros estatales que reciben un aumento menor con respecto a los trabajadores que trabajan en una misma escuela, como es el caso de los docentes. Desde la Federación se está trabajando con las distintas provincias que siguen en conflicto”.