Hernán Lacunza, junto al vicegobernador Daniel Salvador, se reunió ayer con todos los legisladores (primero con los del Frente Renovador, luego con los del Frente para la Victoria) en el Palacio Legislativo de La Plata.

El Ministerio de Economía bonaerense calificó la reunión de "positiva" en la que "se informó a los legisladores los lineamientos principales del proyecto".

Dirigentes que participaron del encuentro explicaron que el gobierno de María Eugenia Vidal requerirá a la oposición (Cambiemos no cuenta con mayoría propia en ninguna de las cámaras) un endeudamiento de 94.000 millones de pesos (en principio iba a ser de 70.000 millones), destinado a financiar obra pública y hacer frente a los servicios de deuda.

De ese total, 10.000 millones de libre utilidad -sin afectación específica- para recomponer la disponibilidad de caja "que está en cero", explicaron desde Hacienda.

Fuentes del Frente Renovador, que pidieron reserva (esta noche habrá una reunión encabezada por Sergio Massa para fijar postura), adelantaron a Télam que "por ahora, no se aprobará el endeudamiento ni los poderes especiales, porque tampoco fueron cedidos a (el ex gobernador Daniel) Scioli".

En el massismo aspiran a mantener nuevas reuniones y que haya cambios en los proyectos presentados por Vidal, uno de ellos, que se baje el nivel de endeudamiento requerido (significa casi el 30% del total del presupuesto), aunque restan pocos días ya que la fecha prevista para la sanción es el 23 de diciembre.

El Frente Renovador alcanzó a principios de mes un acuerdo con Cambiemos por las autoridades de la Cámara de Diputados provincial y del Senado, a cambio de facilitar el quórum y consensos para la aprobación de leyes claves.

El diputado del bloque Justicialismo Bonaerense, Mario Giacobbe, propuso que el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo provincial, que alcanzaría los 90 mil millones de pesos, sea solicitado "en dos tramos" con una diferencia de seis meses.

“Nos parece excesivo 90 mil millones de pesos, creo que hay que hablar con el ministro para hacerlo en dos tramos", adelantó el legislador. Y agregó: "para que el Parlamento bonaerense apruebe un tramo ahora, o sea la mitad; y la otra, discutirlo en abril cuando esté colocada la primera parte y sepamos cuanto es la tasa que se colocó y todas las condiciones particulares de endeudamiento”.

La idea fue respaldada también por el diputado del FpV, Hernán Doval, quien calificó de "excesivo" el endeudamiento y pidió "que sea tratada una aprte ahora y la otra en seis meses".

Pese al rechazo que en la previa despertó el endeudamiento solicitado, desde el oficialismo se mostraron optimistas en que la Legislatura lo autorice de una sola vez.

Los alcaldes de Ramallo y Ensenada, Mauro Poletti y Mario Secco, se manifestaron en alerta por la posibilidad que las plantas de Siderco-Techint, que se encuentran emplazadas en sus distritos, lleven a la práctica los despidos que comunicaron en la semana a los trabajadores de la planta. Tensión con los gremios.

"No creemos que la solución de las empresas sea tomar como variable del ajuste a los trabajadores. Siempre los intendentes estamos tratando de ayudar a que (los despidos) no sucedan, pero también somos respetuosos de las organizaciones gremiales que defienden a los trabajadores y con la que tenemos una buena relación", indicó el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco.

Y agregó que "no hay confirmación alguna" sobre las denuncias que circularon sobre los posibles despidos, ya que analizó que en su distrito no recibió "comunicación" de la comisión interna de trabajadores sobre esta alerta.

"Esperemos que la empresa no intenten hacer alguna locura que no arribará a ningún puerto", consideró Secco y aseguró que "le voy a dar mi confianza al movimiento obrero y vamos a acompañar las actitudes que tomen si los despidos se llevan a la práctica".

En tanto, el Jefe Comunal de de Ramallo, Mauro Poletti, señaló que en el distrito que dirige están "trabajando con la empresa" a la vez que mantienen "un diálogo permanente" con los trabajadores para "evitar" una reducción de obreros.

"Esperemos que no se den los despidos y podamos tener unas fiestas en paz y un año nuevo mucho más prósperos", añadió.

En la iniciativa se faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias "pudiendo proceder a la reorganización y planificación de los aspectos de gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales del Sistema de Seguridad Pública provincial".

También se autoriza a las carteras de Seguridad y de Justicia "a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios", a realizar "adecuaciones presupuestarias", a "celebrar convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de gestionar la mejor aplicación de los recursos".

A la vez, habilita a convocar servicio nuevamente al personal policial que se encuentra en situación de retiro activo; es decir, aquellos efectivos que pasaron a retiro por haber prestado los años de servicios y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.

El proyecto también faculta al Ministerio de Seguridad "a reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso" y a "adoptar las medidas tendientes a priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas".

En esa línea, permite al ministerio de Economía "efectuar las adecuaciones presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley".

En el texto del proyecto se señala que "como es de público conocimiento, se ha constatado la existencia de una gran cantidad de hechos delictivos, lo que exigió la adopción por parte del Estado de soluciones concretas" y se añade que "dada la complejidad de la cuestión a resolver, se estima indispensable la adopción de un conjunto de medidas en pos de contribuir a aumentar la seguridad ciudadana, eje central de la agenda de este gobierno".

Se determina que el objetivo de la ley es "fortalecer la institución policial y penitenciaria, potenciar sus áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad en el territorio provincial".

Además, se detalla que "las medidas propuestas en el presente proyecto buscan contribuir al logro de tal objetivo, que resulta indispensable para que los ciudadanos puedan gozar y ejercer sus derechos, libertades y garantías constitucionales".

Por su parte Cristian Ritondo, desestimó la posibilidad de que se produzcan situaciones conflictivas durante las fiestas de fin de año e informó que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo y con organizaciones sociales de forma "preventiva".

"No hay motivación para que ocurra nada, pero el mejor trabajo que podemos hacer es la prevención", afirmó el funcionario.

Ritondo apuntó contra los "grupos de vivos" que "aprovechan" estas fechas para generar desmanes y que no lo hacen "por necesidad, sino por otras cuestiones que lindan a la delincuencia".

El gobierno bonaerense finalmente incrementará el Impuesto Inmobiliario un 26 por ciento a partir del año que viene,  pese a que se había anunciado lo contrario y que la gobernadora María Eugenia Vidal había asegurado que “no hay más margen para aumentar impuestos”,

El aumento se encuentra contenido en la Ley Impositiva que el Ejecutivo bonaerense ingresará mañana en la cámara de Diputados junto con el Presupuesto 2016, que prevé gastos por 354 mil millones de pesos y pedidos de endeudamiento por 90 mil millones.

Aunque aún no se conoció el texto final de ambas iniciativas, fuentes del Ejecutivo aseguraron que se incrementará el Impuesto Inmobiliario en el orden del 26%. Según se detalló, las subas se operarán a través del incremento de montos fijos y alícuotas (no por un revalúo fiscal) y se aplicarán de manera tal de otorgarle “más progresividad” al esquema impositivo.

Otro de los detalles que trascendió es que se actualizarán las escalas de las alícuotas de Ingresos Brutos con el objetivo de evitar las subas de categorías provocadas por el alza inflacionaria. La medida, aseguran,  beneficiaría a 12 mil contribuyentes.

También, y en consonancia con la política del Gobierno nacional de unificar el tipo de cambio, se eliminará la sobretasa del impuesto a los Sellos que se cobraba a las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera.

De este modo, desde el ministerio de Economía que conduce Hernán Lacunza indicaron que el objetivo de la reforma impositiva será “mantener la recaudación constante en términos reales”, es decir, que el incremento acompañe a la inflación.

La “Ley de Leyes” prevé gastos totales por 354 mil millones de pesos -un 43 por ciento más que el aprobado por la administración de Daniel Scioli para este año y un 22 por ciento superior a lo ejecutado efectivamente- y los pedidos de endeudamiento treparán a los 90 mil millones.

“La Provincia presenta una gestión con mirada cortoplacista, déficit de servicios públicos (en cantidad y calidad), déficit fiscal y déficit de infraestructura social básica”, indicaron desde el gobierno de Vidal.

Según la agencia de noticias DIB, se espera que la “Ley de Leyes” y la reforma fiscal sean tratadas el 22 de diciembre en una seguidilla de sesiones de la cámara de Diputados y Senadores, junto con los pedidos de emergencia en Seguridad e Infraestructura.

Con ese propósito, el ministro Lacunza se reunirá entre mañana y el jueves con los bloques del Frente Renovador, el Frente para la Victoria y Cambiemos, con la intención de explicar los alcances de las iniciativas y comprometer apoyos para lograr un “tratamiento exprés” teniendo en cuenta los escasos días hábiles que quedarán hasta el cierre del año.

Una relación que nació tensa y que ya tuvo varios cruces de declaraciones de ambos lados, tendrá hoy su primer encuentro face to face.

Es que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recibirá hoy a los gremios que agrupan a los docentes bonaerenses con el objetivo de analizar las totalidad de las problemáticas del sector.

La reunión, la primera que mantendrá la gobernadora con los sindicatos docentes, se realizará a partir de las 15 en la Casa de Gobierno provincial, informó una fuente del Ejecutivo.

La semana pasada, el director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro adelantó que el encuentro “servirá para escuchar las inquietudes de los docentes y fijar una agenda que exceda lo salarial”.

“Nos importa cerrar la paritaria y empezar las clases pero la idea es arreglar una agenda más amplia que la cuestión salarial y que incluya cuestiones de infraestructura, formación y capacitación de los docentes y la currícula”, detalló.

El pago de los sueldos y el medio aguinaldo a los trabajadores municipales es uno de los primeros tema que deberán afrontar los jefes comunales y eso estará plasmado en el documento que presentarán a Vidal, solicitando el giro de fondos para evitar conflictos en sus distritos.

Otro de los puntos que preocupa a los intendentes es la continuidad de los proyectos de obras que se iniciaron durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

Previo a la reunión del bloque de intendentes justicialistas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), los bonaerenses encabezados por Julio Pereyra (Florencio Varela) discutieron brevemente los temas que incorporarán en el texto que llegará a manos de la mandataria, que desde 1987, no era de otro signo político al peronismo.

Entre los que participaron de la reunión junto a Pereyra se destacan Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), Patricio Mussi (Berazategui), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Festa (Moreno) y el Gastón Granados, hijo de Alejandro (Ezeiza), entre otros.

Los intendentes confirmaron a Télam que el próximo viernes el ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza y otros funcionarios se reunirán con los jefes comunales de la primera y tercera sección electoral por separado para avanzar en el tema de los recursos y la coparticipación.

En tanto, Vidal se reunirá hoy con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, acto al que algunos jefes comunales peronistas describieron en forma irónica como una "linda foto".

"La manera, aunque sea legal, deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política" aseguró el diputado nacional, que se metió en la polémica por los decretos del nuevo presidente.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Alfonsín aclaró que la medida es "legal" pero la consideró contraria a los valores republicanos.

"¿Actos como estas designaciones en la Corte son los que aconsejan valores republicanos esenciales o más bien los contrarían?", se preguntó el diputado.

Utilizando el artículo 99 de la Constitución, inciso 19, donde se prevé el nombramiento de los ministros de la Corte para el caso en que el Congreso de la Nación esté en receso, el presidente Mauricio Macri nombró a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como magistrados "en comisión" para la Corte Suprema.

"Nada tiene que ver la calidad de las personas designadas, a las que, desde todo punto de vista, considero intachables", concluyó.

A través de las redes sociales, los vecinos denunciaron la falta de suministro eléctrico en distintas zonas del Conurbano. También comentaron las pérdidas que sufrieron y la falta de respuestas por parte de Edesur. Además, en algunas zonas se registraron protestas.

Uno de los reclamos tuvo lugar frente a la Municipalidad de Lanús, un punto donde se reunió gente de Villa Caraza y otros barrios. También se replicaron pequeñas manfiestaciones y cortes en distintos puntos de la zona Sur del Gran Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, las zonas más afectadas son Avellaneda, Lanús, Monte Grande, Quilmes y Bernal. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires los barrios más afectados son La Paternal, Parque Patricios, Flores, Floresta, Abasto, Lugano y San Telmo.

El secretario general del gremio y la CTA bonaerense, Oscar de Isasi, adelantó que reiterarán "el pedido de audiencia elevado por ATE a la gobernadora María Eugenia Vidal" y remarcó que buscarán expresarle su "visión sobre la situación del estado provincial y sus trabajadores; y escuchar su visión sobre el tema".

Además, detalló que entre los principales temas que presentará el gremio de los estatales están "la necesidad de avanzar de manera urgente en la discusión salarial, reclamando el pago a los trabajadores de un bono de 5.000 pesos para fin de año, como paliativo ante la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, en consonancia con lo planteado por ATE a nivel nacional".

"También se incluirá la insistencia en la discusión de cara a la paritaria que viene", dijo y añadió: "Pediremos que se inyecte un volumen importante de recursos para que los trabajadores estatales recuperemos el poder adquisitivo, que se blanqueen las cifras que se abonan en negro dentro del salario, que se equipare la hora de bolsillo de los trabajadores de salud y educación con la de otros sectores que cobran más aunque los rige la misma ley".

De Isasi sostuvo que solicitarán "que se eliminen los topes en las asignaciones familiares y que se impulse desde la provincia la eliminación del impuesto a ganancias" y valoró la convocatoria como "un dato positivo, que para consolidarse debe tener continuidad inmediata en el marco paritario y arrojar como resultado la resolución rápida de los problemas urgentes de los estatales".