Las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentarán un 5,71% a partir de marzo con la aplicación de la nueva fórmula de ajuste establecida por la reforma previsional votada a fin de año pasado en medio de protestas opositoras.

Así lo estableció una resolución del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Jorge Triaca. "El valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a marzo de 2018 es de 5,71 por ciento", indica el primer artículo de la Resolución.

Según los especialistas, los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH se hubieran incrementado un 12% de acuerdo al índice del gobierno kirchnerista. Es casi tres veces más que lo que cobrarán ahora. En total, el ajuste afecta a alrededor de 20 millones de personas, la mitad de la población argentina.

Para consignar el ajuste sobre las actualizaciones, el macrismo acordó con sectores del peronismo "dialoguista" que la fórmula quede atada a la inflación y a la variación de los salarios (en un porcentaje menor). Antes, consideraba los sueldos y la recaudación. Desde la oposición al macrismo habían advertido que el nuevo índice iba a significar un ajuste sobre los beneficiarios de los diferentes haberes, lo que ahora se confirmó.

El dirigente sindical Hugo Moyano se refirió a la movilización gremial del 21F y advirtió: "Tenemos una versión de que hay gente del oficialismo que está buscando gente para que pase algo en la marcha", dijo. Y agregó: "Siempre que tuvimos problemas en una marcha fue por servicios del Gobierno. Si pasa algo vamos a tener dudas. El trabajador va en paz a expresar su descontento", señaló.

Además, Moyano se despegó de los gremios que decidieron bajarse de la convocatoria: "Hay ausencias que suman, que falten Luis Barrionuevo o Acuña son dos personas menos. Va a ser una marcha muy importante y lo vamos a demostrar", propuso.

"El Gobierno le pagó a dirigentes para que no se sumen a la movilización. No nos afecta ni nos preocupa. Puede ser que no vengan dirigentes pero sí van a estar los trabajadores", desafió Moyano.

Además, volvió a cargar contra Cambiemos: "El Gobierno no puede resolver los problemas y por eso está preocupado. No ve que la gente está muy preocupada en la calle, no ve la realidad que le muestran los medios pauta dependiente".

Por último, analizó su vínculo con el kirchnerismo, sector con el que parece achicó diferencias: "No puedo decir quién viene o no. Si quieren sumarse desde el kirchenrismo bienvenido sean. Queremos que todos los trabajadores que se sientan expresados por esta marcha se sumen", aclaró. Y se refirió a una posible reunión con Cristina: "Dije que no tendría problema en tomarme un café con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como me podría tomar un café con otras personas. Dije solo eso".

Se filtró en las redes sociales un video donde se ve a Adelina Martorella "marcando" a los trabajadores que adherían a una medida de fuerza. ANSES se encuentra en conflicto gremial en diferentes puntos del país, más allá de lo que ocurre en Mar del Plata.

Ahora se conoció que Martorella responde al diputado bonaerense de Cambiemos Maximiliano Abad. "El macrismo habla de meritocracia pero Martorella no entró por concurso en ese puesto jerárquico sino por dedo político", recordaron desde el gremio a Primereando Las Noticias.

Además, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) emitió un comunicado en el que destacó que la gerente de recursos humanos “es una persona que no está bien; que no está para estar en el cargo porque no está en sus cabales. Persigue a sus compañeros, amenaza y maltrata”, según reseñó el portal Infocielo.

“No hubiera pasado un apto psicofísico para poder ejercer la función pública, su presencia sólo se explica por razones políticas”, continuaron desde el sindicato.

“La situación es de extrema tensión. Convivimos con una persona que en cualquier momento puede mandarnos a las fuerzas de seguridad para reprimir. No vamos a bajar los brazos porque hay compañeros despedidos, que se quedan sin el plato de comida desde el mes que viene”, agregaron.

El dirigente del radicalismo afirmó que "entiende" las razones por las que un sector del sindicalismo decidió realizar una marcha el próximo 21 de febrero. "Tenemos un 10% de desempleo, salarios y jubilaciones muy bajos. Además, se le dice a los trabajadores que tienen que reducir el salario, les hablan de paritarias del 9% cuando la inflación es del 15%", señaló.

Además, aseguró que "participaría si no fuese integrante de Cambiemos". Volvió a criticar al gobierno de Mauricio Macri: "Quieren debilitar al sindicalismo, como pasó en otros partes del mundo". "No puedo decir que apoyo la marcha, porque tengo otras responsabilidades como dirigente político. Pero si fuese un trabajador por supuesto que la apoyaría", relató.

"Hay muchas diferencias con el PRO y me sorprende que la UCR las calle", siguió, e ironizó: "Siempre fui minoría, antes con el kirchnerismo y ahora con Cambiemos. La UCR es minoría adentro del macrismo y yo lo soy adentro de la UCR. Qué le vamos a hacer", agregó.

Además, criticó en una entrevista con FM La Patriada el caso Chocobar: "Lo que hizo Macri (al recibir al policía acusado por matar a un delincuente por la espalda) es peligrosísimo, es doñarosismo en estado puro. Es un retroceso muy grande".

Ricardo Alfonsín volvió a distanciarse de su partido: "Nunca antes estuvo la UCR tan lejos de su historia, de sus valores, de su razón de ser. Nunca fuimos tan acríticos como fuerza, ni siquiera con gobiernos radicales. Ahora es muy acrítico, a pesar de integrar un frente con fuerzas que piensan distinto", describió.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y Madres de Plaza de Mayo, conjuntamente con otras organizaciones rechazaron la instalación estadounidense acordada recientemente por el Gobierno, y para lo cual su ministra de Seguridad, pactó con la dirección de la DEA.

Un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, sociales y de derechos humanos con base en Posadas, provincia de Misiones, rechazaron ayer la intención del gobierno de habilitar una fuerza especial o “task force” con sede en la capital provincial de la que participarán agentes de la agencia estadounidense contra el narcotráfico. “No admitimos la penetración militar del imperio en la región”, expresaron en un comunicado que acompañaron las Madres de Plaza de Mayo y la Liga Argentina de Derechos del Hombre (LADH).

“Estos acuerdos siempre, siempre, significan la intromisión de Estados Unidos en políticas de seguridad nacional, nunca estuvimos de acuerdo”, apuntó Graciela Rosemblum, de la LADH, en diálogo con el diario Página 12, y en referencia a la creación de un grupo de fuerzas especiales, integrado por efectivos de la DEA, en Posadas, que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras su gira por Estados Unidos.

El organismo sumó su adhesión al documento de repudio que elaboraron agrupaciones misioneras que integran el espacio de Derechos Humanos conformado en la capital provincial. “Rechazamos toda injerencia estadounidense en nuestra Patria, ya que sabido es que con el argumento de controlar el crimen organizado y actividades de terrorismo se esconde la intención colonizadora y de sometimiento que, por donde pase, viola los derechos humanos, dejando excluidos, hambre, miseria y violencia”, argumentaron en el texto al que adhirieron un centenar de colectivos y personalidades entre los que figuran el Centro de Derechos Humanos Pedro Peczak de la Universidad nacional de Misiones, la Fundación de los Derechos Humanos “Germania” y la Asociación de ex Presos Políticos y Familiares de Misiones. También pusieron su firma la Coordinadora de mujeres trabajadores reunidas en la CTA, ATE y gremios de tareferos, ladrilleros y obreros rurales; la Juventud Dignidad Peronista, Agrupación 30 de Octubre, Kolina y La Cámpora Misiones y Movimiento Evita. La diputada del Parlasur Julia Perie y el diputado provincial Lucas Cáceres también sumaron su apoyo. Lo mismo sucedió con el Servicio de Paz y Justicia Misiones y la madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Taty Almeida.

Según el gobierno, la batalla contra el narcotráfico en la zona de la Triple Frontera sería el objetivo de la nueva agencia. Sobre eso, el documento de las organizaciones mencionaron que hay “sobrada evidencia en el mundo de la violación a los derechos humanos que estos efectivos realizan contra las poblaciones locales, amparados en distintas formas de inmunidad diplomática”.

“Latinoamérica es zona de paz, libre de conflictos bélicos. No admitimos la penetración militar del imperio en la región”, completaron y cuestionaron el “nuevo intento de militarizar la triple frontera con absoluta ilegitimidad”. El documento de repudio incluye un pedido de “suspensión inmediata” de esta clase de acuerdos. Al ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, le exigieron que “se defina con claridad” en ese sentido.

Con la misma intención de rechazar las negociaciones del Ejecutivo nacional con las fuerzas de seguridad estadounidenses se expresó otro grupo de colectivos sociales y políticos. Del mismo modo –a través de un comunicado– el Manifiesto Argentino Posadas, Nuevo Encuentro, el Movimiento Alfonsinista y el Frente de Unidad Peronista le solicitan al gobierno misionero que “explique cuál es el grado de adhesión e intervención en esta decisión” y exigen a los legisladores locales y nacionales que “expresen de manera contundente el rechazo a semejante avance sobre nuestra soberanía”, consignó Página 12

En el texto, las agrupaciones señalan que los recursos naturales de Argentina “son el objetivo de quienes se creen dueños del mundo”. “No sería la primera vez que so pretexto de ‘combatir el terrorismo y el narcotráfico’ se instalan bases militares norteamericanas en países a los que después someten”, denuncian.

Las medidas de fuerza adoptada por los trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado comienza hoy y continuará durante una semana.

ATE, la CTA, los despedidos del INTI, el Hospital Posadas, Fabricaciones Militares, azucareros, industria farmacéutica y periodistas, paran hoy con movilización en rechazo de la ola de despidos ejecutada por el gobierno nacional y para exigir "una recomposición del devaluado salario como consecuencia del proceso inflacionario".

Bajo el lema "Unidad contra el ajuste y los despidos", el acto central tendrá lugar a las 14 frente al Cabildo, donde hablarán el secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy; el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, y representantes de los principales conflictos gremiales que se desarrollan en la actualidad en el país.

El secretario general de la organización gremial en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Catalano, denunció "el vaciamiento y desguace de áreas estratégicas y un despido persecutorio de un empleado de la cartera laboral".

"Vamos a hacer una jornada de lucha, con el paro de todas nuestras organizaciones y movilización", se explayó Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma.

También participarán el centenar de despedidos del Ballet Nacional Danza. Y anunciaron una participación masiva los docentes de la CONADU Histórica‏, en representación de los trabajadores de las universidades nacionales.

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) instalarán ollas populares en distintos puntos del país en reclamo de la sanción de la emergencia alimentaria.

La protesta de los movimientos sociales se inicia a las 7 con un corte del tránsito en intersección de las avenidas Corrientes y Callao, y continuará a las 11 con piquetes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

"Estaremos en las más importantes plazas del país instalando ollas populares por la sanción de la emergencia alimentaria, en un contexto social en el que los precios de la canasta básica de alimentos no paran de aumentar de la mano de tarifazos", explicó hoy el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

El dirigente dijo que también se manifestarán para que el gobierno nacional "implemente el tramo 2018 de la emergencia social y que el 25 por ciento del presupuesto de la obra pública de la provincia de Buenos Aires se destine a las cooperativas".

"El trabajador Francisco Alurralde fue despedido por Trabajo luego de participar en la movilización de rechazo a la reforma previsional, ocasión en la que fue golpeado, herido con balas de goma y detenido por la Policía Federal", puntualizó el sindicalista.

ATE de esta manera inician una semana de lucha que culminará con la movilización camionera del 22 de febrero próximo con un paro en el Estado para sumarse a la convocatoria junto con la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), organizaciones sociales y las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Argentina Autónoma (CTAA).

El dirigente gremial sostuvo que esos espacios sindicales marcharán ese día contra "el ajuste, los despidos y la persecución oficial", y aseveró que "la plata no alcanza, crece el desempleo, la miseria y el hambre", por lo que "la unidad del movimiento obrero es el único camino para derrotar esas políticas que retrotraen al país a los años '90".

Por último, Catalano convocó a los trabajadores estatales a continuar construyendo "una respuesta unánime ante la arremetida gubernamental contra los derechos".

Sandra Crucianelli, del consorcio de periodistas que investiga el Paradise Papers, reveló que el ministro Caputo es administrador de un fondo en las Islas Caimán.

Meses atrás, una investigación impulsada por la revelación de los Paradise Papers develó que Luis Caputo, junto al financista radicado en Miami, Martín Guyot, administraron dos fondos de inversión en Islas Caiman.  Se trata del fondo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán (dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales); y de Alto Global Fund, un fondo de cobertura del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.

Según, Sandra Crucianelli, integrante del consorcio de periodistas que investigan los millones de papeles del Paradise Papers, la información fue revelada tras un pedido de información a la Bolsa de Valores de los EEUU, que sacaron a la luz los fondos que el ministro Caputo administró en Islas Caimán. “No queda ninguna duda de que el ministro Caputo era en 2014 y 2015 dueño mayoritario de estas compañías y por lo tanto omitió consignar esa información en su declaración jurada lo cual constituyó un delito”, aseguró la periodista.

A su vez, explicó que entre los delitos que pueden recaer sobre el titular de Finanzas, se encuentra una presunta omisión maliciosa, presunción de lavado de dinero, y presunta violación a la ley de ética pública: “Estamos hablando de fondos que en total superan los 300 millones de dólares por los cuales el Ministro tenía una ganancia y hay un ocultamiento de esas ganancias. Cuando fuimos a entrevistar personalmente mintió. Nos dijo que él había sido un asesor y que no había percibido ningún dinero por este concepto”, dijo. En la misma línea, advirtió que lo expuesto por el titular de Finanzas, “No se ajusta a la realidad porque en los documentos de la Bolsa de Valores de los EEUU claramente se declara que tanto Luis Caputo como Gullot percibían comisiones fijas y variables por los valores de las inversiones que manejaban”.

Además, Crucianelli marcó que “está la cuestión de dónde salieron esos fondos”, y detalló que desde el consorcio de periodistas que investigan delitos financieros, “manejamos la hipótesis que son fondos no declarados ante la AFIP porque si vos tenes fondos declarados ante la AFIP no vas a colocarlos en las Islas Caimán”, y añadió: “vas a una jurisdicción secreta para proteger esa información y proteger ese dinero del fisco”.

Más adelante, hizo alusión al posible delito de violación de la Ley de Ética Pública que rige para todos los funcionarios del Gobierno, que establece que ningún funcionario puede tomar acciones en asuntos en los cuales tuvo intereses 3 años antes de asumir. “De acuerdo a la investigación el tipo de fondo que describe es algo muy parecido a un fondo buitre”, puntualizó Crucianelli y recordó que fue justamente el ministro de Finanzas quien fue enviado por Mauricio Macri para negociar los montos de la deuda con los denominados “fondos buitres”.

Ante las críticas que Elisa Carrió expusó la semana pasada a través de un comunicado, el ministro de Justicia, German Garavano, ironizó: “Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera”. 

El ministro de Justicia, German Garavano, se defendió de las críticas de Elisa Carrio. "Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera”, afirmó. El funcionario fue señalado por la líder de la Coalición Cívica, por la decisión que tomó el Gobierno de promover el sobreseimiento de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Acerca de la decisión de apartar a los abogados de la Unidad AMIA que apoyaban el pedido de condenas contra los ex fiscales amon Mullen y José Barbaccia, y en su lugar imponer al abogado José Console, Garavano aseguró: "Lo que hizo el Ministerio fue ratificar al abogado que estaba interviniendo en el juicio, que era lo que correspondía jurídicamente hacer", y agregó que en su cartera están, "muy tranquilos en ese sentido".

En referencia al abogado Console quien desistió de pedir penas para los ex fiscales, Garavano dijo: "Ante un planteamiento de este abogado que no conozco y no vi en mi vida, que planteaba que él tenía una posición determinada y que el titular de la Unidad iba a seguir otro camino, el Gobierno decidió que los abogados que habían intervenido en la audiencia oral tenían que llevar adelante estos alegatos del modo que ellos lo entendieran". En  la misma línea, añadió: "Lo que hicimos fue establecer que el abogado que debía alegar era el del caso, el que estaba interviniendo en la audiencia, con las posiciones que son diversas a las de las querellas. Este abogado fue el designado en su momento por el titular de la unidad para llevar a delante esta tarea".

La semana pasada, la CC-ARI difundió un comunicado en el que Carrió cuestionó que el ministro de Justicia dispusiera "que se presentara a alegar en el juicio el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors", institución que preside Daniel Angelici, con quien Garavano está alineado.

El Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, decidió cerrar la empresa que conectaba los aeropuertos de Ezeiza con Aeroparque. La gran beneficiada será Tienda León, que fue aportante del Gobierno en 2015.

El argumento del oficialismo es que ArBus daba pérdida. De fondo, está el viejo reclamo de Tienda León, que ahora será la única empresa en el sector y podrá aumentar el precio del pasaje sin competidores a la vista. La empresa estatal ArBus había nacido en 2014 y garantizaba una tarifa más accesible al viajante.

Los propios trabajadores de ArBus habían adelantado la decisión del Gobierno, ratificada ahora por el Ministerio de Transporte. "De los 34 empleados que tenía ArBus, 11 fueron reasignados a nuevas tareas dentro de Intercargo mientras que otros 23 serán absorbidos por otras empresas de transporte. Mientras tanto todos están con licencia con goce de sueldo", prometieron desde el Gobierno.

El IPC de la Ciudad indicó que la inflación en el mes de enero tuvo un alza del 1.6%, que significó un 25.8% de inflación acumulada en 12 meses.

Los Restaurantes y Hoteles lideran el ranking de incrementos con un 3.5%, seguido de Bienes y Servicios con un 3.5%; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con una suba del 2,3%; y Recreación, 2,2%, según la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña.

Además, también hubo alzas en Alimentos y bebidas no alcohólicas de un 1.8 %; en Verduras, tubérculos y legumbres de un 5,6%, para Pan y cereales de 1,4%, Frutas 3,8%, y Carnes y derivados 0,9%, de aumento.