La medida de fuerza adoptada por los gremios resolvió llevar adelante un cese de actividades por 72 horas para exigir la inmediata reincorporación de los empleados cesanteados y movilizarse mañana a la sede central en Capital Federal.

El plan de lucha comenzó el viernes pasado, cuando el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la  la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) protestaron ante los despidos, que ya suman más de 80 y tuvieron lugar en las diferentes delegaciones que la  Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) posee en la provincia de Buenos Aires.

Ante el alto acatamiento a la jornada de asamblea permanente sin atención al público realizada el lunes pasado a raíz de los despidos en ese organismo estatal, se llamó a una movilización a la sede central de Córdoba 720 para mañana jueves.

“No vamos a permitir que se trasladen los costos del ajuste al conjunto de los trabajadores, vamos a transformar cada escritorio en una trinchera”, exclamó Carlos Ortega, secretario general de Secasfpi.

En este sentido, sostuvo que “por esta razón, nos vamos a estar movilizando el próximo jueves a la sede central de ANSeS en Córdoba al 720 para exigir por la reincorporación de los compañeros despedidos injustamente”.

“El pasado jueves 1 de febrero comenzamos a recibir telegramas de despidos de compañeros de planta permanente con más de diez años en la ANSeS, por eso dispusimos el estado de asamblea permanente sin atención al público y decidimos confirmar la movilización ante la falta de respuestas por parte de los funcionarios”, amplió el referente sindical.

Luego planteó que “vemos una contradicción en la política del Gobierno: nos quieren convencer de que la economía está creciendo, pero al mismo tiempo despiden mano de obra calificada y con experiencia. Esto es un nuevo intento por destruir la seguridad social nacional, inclusiva y del Estado”.

“Lo que hay es un ataque directo a la seguridad social en su conjunto a través de distintos frentes”, expuso, para luego enumerar: “la reforma previsional que apunta a los sectores más vulnerables, la emigración de programas (Progresar, Conectar Igualdad, ProCreAr), el desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el achicamiento de la Caja del organismo y de la planta de trabajadores”.

“El recorte presupuestario está llevándonos por el camino de la destrucción total del organismo, que debería ser un bastión para que cada vez más argentinos se sientan incluidos y hoy hay una política de despidos que amenaza directamente la estabilidad de miles de familias en todo el país”, sentenció.

En el organismo circuló el rumor de que, lejos de detenerse, los despidos irían en aumento hasta llegar a los 400.

El vicejefe de Gabinete es uno de los hombres clave del Gobierno de Cambiemos. Ahora se encuentra en un pequeño problema familiar ya que su hijo, Pablo, se desempeña desde junio de 2016 como coordinador en el Ministerio de Desarrollo Social. Cobra 50 mil pesos. Según el último decreto presidencial su familiar debería renunciar, aunque todavía no lo hizo, según averiguó Primereando Las Noticias.

"No solo no renunció, sino que sigue siendo un hombre importante en Desarrollo en su rol de "coordinador de Planificación". Quintana fue quien articula con los movimientos sociales y quien se ocupó de los cambios en la entrega de pensiones a discapacitados. La salida de su hijo puede significarle un dolor de cabeza.

Según el DNU firmado por Mauricio Macri, los familiares de los ministros nacionales tienen tiempo hasta el 28 de febrero para renunciar a sus cargos. Hasta el momento, apenas renunció un puñado de parientes de los 40 que fueron contratados en el Estado por el macrismo.

El motivo del cambio de la movilización se deba a la coincidencia de la fecha inicial con el aniversario de la Tragedia de Once. Horas antes, Hugo Moyano en una entrevista televisiva  dijo sentirse “apuntado” por el Gobierno y que tomaría un café con CFK. La CTA llamó a un paro para el 15 de este mes.

Hugo y Pablo Moyano anunciaron este miércoles, en una reunión en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), que la fecha de la marcha en defensa del trabajo será el miércoles 21 de febrero próximo.

En el plenario estuvieron presentes el dirigente bancario Sergio Palazzo, el titular del Suteba Roberto Baradell y los referentes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Michelli.

"La movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca, pese a algunos transcendidos periodísticos mal intencionados. Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso", aseguró Pablo Moyano

La decisión se tomó porque el jueves el jueves 22 coincidecon el sexto aniversario de la "Tragedia de Once", accidente ferroviario en el que fallecieron 52 personas en la Estación de Once del tren Sarmiento.

Por su parte las dos CTAs, anunciaron un paro general para el 15 en rechazo a los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), así como otras instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la mina de carbón Río Turbio y el Hospital Posadas.

Horas antes del cambio de fecha para la movilización del 21 de febrero, Hugo Moyano en declaraciones televisivas se denunció al Gobierno un ataque personal y puntualizó: “Me apuntaron con todos los cañones, pero no me molesta; lo que sí molesta son las gansadas que se dicen”.

Consultado sobre las críticas recibidas por parte de los funcionarios nacionales, aclaró: “Yo no voy en contra de nada, reclamo un bono para los trabajadores, que hace diez años lo vienen pagando”.

“No es posible que se digan tantos disparates”, recalcó, con notorio malestar, se mostró desafiante: “Investiguen lo que quieran, pero no digan estupideces. No tengo nada que ocultar, no tengo miedo de ir preso”.

En esa línea, manifestó que la movilización convocada para el próximo 22 de febrero está sustentada en “la desocupación y los salarios que perdieron poder adquisitivo”.

“Se terminó el tiempo de inventar cosas. Esto no quiere decir que nosotros no seamos responsables de los mandatos que fija la democracia”, dijo, acto seguido, a modo de explicación de la polémica que se desató, después de que dijera que al Gobierno “le queda poco tiempo”.

A su vez, Moyano estableció marcadas diferencias con el sector sindical de ‘Los Gordos’, que no acompañará la marcha. “Ellos son oficialistas, no tienen la culpa si cambian los gobiernos”, ironizó.

En otro orden, y respecto al quiebre en la relación con el presidente Mauricio Macri, señaló: “Estaba empedernido con que yo diga que estaba de acuerdo con la modificación de la ley laboral”.

“Son vengativos. Se creen que con eso a uno lo van a doblegar, y esto no es así”, enfatizó, y añadió: “Detrás de los ataques ocultan otras cosas, como los despidos. Me interesa que me crea el laburante, porque yo represento al trabajador”.

Antes de concluir, cargó en duros términos contra el gurú político del macrismo, Jaime Durán Barba, quien opinó que la mayoría de los argentinos “quiere la pena de muerte”.

“Durán Barba la falta el respeto a los argentinos. Decir que todos piden la pena de muerte, ¿de dónde sacó eso? No se puede alentar a que se mate a la gente”, afirmó.

Para terminar, negó haber respaldado electoralmente a Macri en la campaña 2015, al expresar que "no lo apoyé; sí fui a la inauguración del monumento a Perón, pero nadie sabe si lo voté o no”, y confirmó que "tomaría un café con Cristina Fernández de Kirchner si ella lo desea".

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Desde el inicio de la gestión Cambiemos, las emisiones de deuda en moneda local y extranjera alcanzaron los 121.588 millones de dólares. De ese total, el 80 % se destinó a financiar la fuga de capitales.

En su plan de seguir hipotecando el futuro de los argentinos, el ministerio de Finanzas, Luis Caputo, decidió ampliar la emisión de Letras del Tesoro en dólares por un monto de 500 millones, con vencimiento el 24 de agosto de 2018. También emitió otra serie por 500 millones dólares, al 8 de febrero de 2019, y bonos en pesos por 100.000 millones.

Estos últimos serán emitidos con fecha 9 de febrero de 2018 y vencerán el 8 febrero de 2019, y la colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, bajo ley argentina y amortización íntegra al vencimiento, según consigna la Resolución 16 publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

En los dos primeros años de gestión de Mauricio Macri, las emisiones de deuda en moneda local y extranjera alcanzaron los 121.588 millones de dólares, de los cuales más de un 80 por ciento fue destinado a financiar la fuga de capitales.

Durante ese mismo período, sólo el Tesoro Nacional es responsable por la emisión del equivalente a 61.664 millones de dólares de deuda en moneda extranjera, que llegan a 66.562 millones con la renovación de vencimientos,  de acuerdo al último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET).

Se trata del jefe comunal de Libertador General San Martín de Cambiemos, Oscar Jayat, quien en el informe de gastos de su distrito pagó una cuantiosa suma de dinero a una empresa que se dedica al servicio de “agencia de acompañantes y otras actividades”.

Concejales de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) pidieron la interpelación del intendente Jayat tras detectar en el informe de gastos del municipio de Libertador General San Martín pagos de $557.024 a una empresa que se dedica al servicio de “agencia de acompañantes y otras actividades”.

La empresa, según denunció la edil de Unidad Ciudadana Patricia Gutiérrez, está inscripta a nombre de la tarotista Ely Laura Saavedra, quien inició actividades el primero de enero de 2016, días después de la asunción de Cambiemos, registrada como “servicios personales que incluyen actividades de astrología y espiritismo, agencias matrimoniales, investigaciones genealógicas, contratación de acompañantes y lustrabotas”.

“Ya el sólo hecho de contratar una agencia de acompañantes desde el ejecutivo nos preocupa de sobremanera, porque se estaría avalando la prostitución y las redes de trata que oprimen a las mujeres”, agregó el concejal Luis Guerra, del FIT.

Miguel López, del mismo bloque, planteó que “este nuevo escándalo es parte de un régimen de políticos tradicionales alejados de la realidad que vive el pueblo trabajador en la provincia, que sufre la precariedad laboral, un enorme déficit habitacional, siendo Jujuy una de las provincias más pobres del país”.

Sobre el pedido de interpelación al intendente y socio político del gobernador Gerardo Morales, Guerra explicó que, “como sostiene la carta orgánica del Concejo Deliberante la sesión extraordinaria puede ser solicitada por tres concejales, cuestión que ya se ha realizada”.

“Ahora la decisión de la convocatoria está en manos del presidente del Concejo Rolando Flores. Esta administración se llenó la boca hablando de transparencia y a cada paso lo único que crece son las sospechas e irregularidades. Mínimamente, (Jayat) deberían sentarse a responder las preguntas que tenemos para hacerles y dar explicación al pueblo acerca de qué se hace con los fondos públicos y qué tipo de empresas se contratan”, subrayó el concejal.

Mientras una delegación de mineros se encuentra en Buenos Aires para continuar las negociaciones con el interventor de la empresa, la Gendarmería se encuentra en los alrededores de la mina con el pretexto del cuidado del “patrimonio”.

Luego de los despidos efectuados y la invitación a tomar retiros voluntarios por parte de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), medidas que afectaron a más de 400 trabajadores, las negociaciones continuarán mañana en Buenos Aires.

Tras un cuarto intermedio solicitado el pasado viernes por el interventor de la empresa, Omar Zeidán, se reanudarán las negociaciones por la reincorporación de los afectados que están siendo representados por cuatro gremios que integran una mesa intersindical.

La intersindical entregó a Zeidán una propuesta que prevé la reincorporación de los despedidos y estabilidad laboral.

Según trascendió, la empresa habría mantenido contactos con autoridades del Gobierno nacional para buscar soluciones al conflicto.

En tanto se producen estas negociaciones en Buenos Aires, en el Yacimiento los trabajadores se preparan para repeler la acción de Gendarmería, que se encuentra en los alrededores de la mina con el pretexto del cuidado del patrimonio.

Trabajadores relataron que los uniformados tienen un Destacamento donde se fondean, y denunciaron que sacan fotos y en algunas oportunidades amenazan a los despedidos que se encuentran en defensa de sus puestos laborales.

A través del Consejo de la Magistratura el juez Enrique Velázquez fue denunciado por presunta “inhabilidad ético moral”.

El juez que procesó y embargó al policía, Luis Chocobar, que está acusado de exceso de legítima defensa fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones.

La presentación la hizo un abogado como forma de retrucar la decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores N° 7 contra el uniformado.

Según el letrado, el juez incurrió en "mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato" al avanzar contra el efectivo y haberle impuesto un embargo de 400 mil pesos.

La causa ya fue elevada a la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, quien presidirá una reunión para analizar la denuncia y decidir si se avanza o no con la acusación.

El diputado Máximo Kirchner pidió tratar en el Congreso el DNU de Desburocratización y Simplificación del Estado firmado por el Presidente Macri. "El fondo de la cuestión acá es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES y creemos que se debería ir para atrás con este DNU", selló. Mira el video.

El Diputado Nacional por la provincia de Santa Cruz, Máximo Kirchner, argumentó en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 de Desburocratización y Simplificación firmado el 10 de enero pasado por el Presidente Macri. Durante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo planteada en el marco del DNU, Máximo Kirchner, advirtió: "Teniendo en cuenta lo volátil de la economía nacional, que no es culpa del gobierno, creo que podríamos no avanzar en generar el derecho con este DNU, y  sí que haya una ley votada por el Congreso que estudie estas herramientas financieras si convienen o no y de manera abierta para evitar un nuevo dolor de cabeza a los jubilados". En el mismo tono, señaló: “El fondo de la cuestión acá es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y creemos que se debería ir para atrás con este DNU".

Por su parte, el Diputado recordó la crisis que sucedió en la Argentina de Fernando De La Rúa, “cuando las AFJP les prestaron al Estado Nacional, en virtud de lo que era acompañar "El Megacanje", cuando en el momento final de la Alianza le prestaron la plata de los jubilados de las AFPJ, explotó la economía y defaultean los ahorros de los jubilados que estaban dentro". A su vez, ante la histórica caída del Dow Jones en Wall Street de los últimos días, Kirchner señaló: "Creo que con lo que está pasando hace 48 horas en las bolsas de EEUU y en las europeas, y que ante la suba de tasas los inversores pueden volar hacia mercados más seguros, hay que tener cuidado y si realmente hay voluntad de discutir y dialogar podemos hacer un aporte en este tema".

Más adelante, tras señalar que “las leyes que este gobierno envió en general no funcionan bien”, enumeró: “Con los jubilados como pasó con el 15% de devolución del IVA, una buena intención que fracasó. También sucedió lo mismo con la reparación histórica y con la reforma previsional negada en campaña electoral". En sintonía, el líder de la Cámpora agregó: "Para creer que hay realmente buena voluntad en estas tres leyes que van a enviar y que quieren que sean los legisladores elegidos por la gente los que decidan esto, creo que sería muy bueno que este DNU no avance. Incluso pueden llamar la semana que viene a una sesión extraordinaria porque estamos acá. No hay ningún tipo de problema para debatir".

En alusión a los intereses del Grupo Clarín en el Fondo de Garantía Sustentable, Kirchner indicó que el multimedio: "Tiene interés en el FGS porque el 9% de las acciones de Clarín están en manos de ANSES así como el 22% de Telecom, la nueva joya que tienen desde diciembre de 2015 el señor Magneto".

Ingresó al Sanatorio de la Trinidad por un dolor de estómago, le realizaron una endoscopía, y versiones indican que falleció tras un paro cardíaco que tuvo por complicaciones con la anestesia.

Hace instantes falleció la diputada porteña y periodista Debora Pérez Volpin a los 50 años. El diario Clarín agregó que la diputada había comentado en su espacio político que el lunes fue a realizarse chequeos y le habían dado mal algunos indicadores del hígado, por lo que hoy se internó. Según dijeron, estuvo conectada a WhatsApp hasta casi las 5 de la tarde.

Luego de trabajar durante años para el Grupo Clarín, Pérez Volpin renunció a mitad de 2017 para postularse como candidata a diputada porteña por el frente Evolución de Martín Lousteau.

Por segunda vez en quince días la petrolera aumentó los precios en un 3,5% promedio. Ya había subido los precios en un 4,5% el 24 de enero último.

La petrolera aumentó por cuarta vez los precios de los combustibles desde que la cartera de Energía diera de baja los acuerdos gradualistas firmados a comienzos del año pasado, atando el precio de la nafta al funcionamiento pleno de las reglas del mercado. De esta forma, con un promedio de 3.5% de aumento, en Ciudad de Buenos Aires, los nuevos valores son los siguientes: Nafta Súper, $24.39 por litro; Nafta Infinia, $28,29; Diesel 500, $21.52 y Diesel Infinia, $25,07.

Por su parte, el presidente de la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina, Oscar Díaz,  dijo estar "sorprendido" por este nuevo ajuste, y enfatizó: "Hace poco tiempo tuvimos un aumento de casi 5%, YPF había sido la última en incrementar los precios, pero esta vez tomó la iniciativa".

El 26 de septiembre pasado el ministro de Energía, Juan José Aranguren, comunicó la liberación del precio de los combustibles. Sostenido por el acuerdo entre Gobierno y petroleras de no aumentar hasta las elecciones, el 23 de octubre, apenas un día después de los comicios, se conoció el primer aumento. El 2 de diciembre de 2017, la petrolera con participación estatal volvió a subir sus precios en un 6% en promedio, que luego volvió a aumentar casi un 5% el 24 de enero, con lo que la nafta Súper pasó a $ 23,57 el litro, mientras que la Infinia llegó a $ 27,33.