El bloque de diputados del FpV había convocado a una sesión especial tras la represión de Prefectura en Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel. Sin embargo, el oficialismo no bajó al recinto y bloqueó el quórum.

La oposición intentó debatir hoy en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, pero el bloque de Cambiemos lo frenó de plano.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), encabezados por Héctor Recalde, habían convocado a una sesión especial luego del asesinato del joven Rafael Nahuel, quien recibió un balazo por la espalda durante la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Este caso se sumó al de Santiago Maldonado, en cuya desaparición y muerte está involucrada la Gendarmería.

La convocatoria contaba con el apoyo de diputados de Libres del Sur, Peronismo para la Victoria, el Frente de Izquierda y Alfredo Olmedo, pero no logró prosperar porque los legisladores de Cambiemos no bajaron al recinto y bloquearon el quorum.

El temario de la sesión especial también incluía la declaración de emergencia laboral en Fabricaciones Militares, una ley que crea un régimen para la detección precoz y tratamiento de la trombofilia, un proyecto de declaración de emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional y cambios en la ley de Defensa al Consumidor.

En un duro pronunciamiento, apuntaron contra los proyectos en materia laboral, previsional y tributaria, que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”. También destacaron la escalada represiva en la Patagonia y acusaron al Gobierno por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres manifestó su preocupación en un mensaje titulado “Cambiamos futuro por pasado”, donde se advierte sobre “la acelerada disolución del Estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual ‘Estado Policial’”.

Los sacerdotes repudiaron “la militarización de la Patagonia” que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri para defender los intereses de los inversores extranjeros por encima de la población y “los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”.

“La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley”, sostuvieron los curas al responsabilizar a la Casa Rosada por ambos casos.

En su pronunciamiento, también criticaron “la pérdida de derechos adquiridos” y “el saqueo el país y la exclusión de las mayorías” contempladas en las reformas laboral, previsional y tributaria que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”.

“Es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia, retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia”, subrayaron.

A continuación, la declaración completa:

Los acontecimientos que vive el país nos exigen decir una palabra en el nombre del Dios de la Vida. Creemos que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la vida o la muerte de los pobres.

Nos preocupan la acelerada disolución del estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual “Estado Policial”. Es sumamente preocupante la militarización de la Patagonia en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros por encima de los derechos de la población y, dentro de ella, los derechos ancestrales de los pueblos indígenas protegidos por la Constitución Argentina. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley. La sangre de Santiago y Rafael clama al cielo y será un peso en la conciencia del Estado que solo se ha encargado de producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras y ha herido la dignidad y el buen nombre del pueblo mapuche y la familia Maldonado.

Más preocupante aún es la vuelta a un discurso autoritario y represivo que creíamos superado y protegido por la dinámica democrática que tanto nos ha costado construir después de la sangrienta dictadura cívico-militar del ’76. A la ya denunciada presión intimidatoria sobre los jueces y la Procuraduría y la permanente violación de la división de poderes que este gobierno ha impuesto como costumbre, se agrega la instalación de un poder represivo con atribuciones por encima de la justicia y los jueces. La ministra de seguridad dice que “va a creer a la versión de las fuerzas de seguridad” sin necesidad de probar nada y que “ya no tienen límites”. Según el diario Clarín, el presidente Macri afirmó que "hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse" “hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”.

La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para desaparecer personas. El gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de estado. Es el regreso del relato de la doctrina de la seguridad nacional, condenada por el magisterio latinoamericano de la iglesia e instalado a través de las dictaduras militares de los ‘70, que reivindica un modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas, elimina derechos y se instala desde una matriz militar-represiva, más allá de que este sea un gobierno en apariencia democrático.

El saqueo del país y la exclusión de las mayorías a través de las falaces reformas laboral, previsional y tributaria, que no son más que la institucionalización del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado, la pérdida de derechos adquiridos, la retirada del Estado de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales del ser humano, es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia.

Es por eso que exhortamos a los legisladores y dirigentes sindicales a defender los derechos de trabajadores y jubilados, y a detener la depredación de los recursos previsionales destinados a las arcas de los prestamistas y al negocio privado de muchos funcionarios del Estado que mantienen la doble vara de gerentes de capitales privados, naturalizando el conflicto de intereses. Apoyamos de corazón la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de trabajadores que han manifestado en el Congreso para detener esta sangría de recursos y derechos de los argentinos.

Repudiamos la represión a los legítimos dueños de la tierra usurpada por millonarios extranjeros y los consiguientes negocios mineros o inmobiliarios y la sistemática mentira de los Medios de Comunicación cada vez más ajenos a la verdad, la sensatez y los aportes para la paz que tanto pregonan.

Nos solidarizamos con las ya numerosas víctimas de este gobierno irresponsable: los 44 tripulantes -cuyo paradero se desconoce todavía- del ARA San Juan, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los 10 muertos de Iron Mountain, Milagro Sala y sus compañerxs presxs políticxs, y tantos otros.

Tiene razón el oficialista senador Pichetto. “Los curas tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios”. Y justamente la vida ultrajada de Rafita, el desfalco a los abuelos y trabajadores que está previsto por este gobierno en el ajuste disfrazado de reforma, el robo de la Patagonia por los extranjeros amigos de Macri a nuestro pueblo mapuche y a todos los argentinos, son “cosas del Dios” que nos mostró Jesús, el amigo de los pobres y excluidos… Ese Dios que Pichetto quisiera que viva en la sacristía, pero está en el cerro esquivando las balas asesinas y en las calles con nuestro pueblo reclamando justicia social.

Esperamos del episcopado argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia.

Curas en la Opción por los Pobres

Noviembre 2017

Se trata de Fausto Jones Huala y Lautaro González, ambos detenidos durante el desalojo de Prefectura en Villa Mascardi, donde el joven de 22 años fue asesinado de un tiro por la espalda.

Luego de iniciar una huelga de hambre, Fausto Jones Huala y Lautaro González fueron liberados por orden del juez Gustavo Villanueva. Ambos están acusados por la ocupación del territorio en la zona rionegrina de Villa Mascardi, cercana a la ciudad de Bariloche.

“Creemos que esto es parte de los reclamos justos que venimos sosteniendo y en función de la falta de delitos en que se les había impuesto a los compañeros”, dijo Matías Schrarer, uno de los abogados de la Lof Lafken Winkul Mapu.

Según trascendió, Villanueva puso tres condiciones para la liberación de Jones Huala y González: no podrán acercarse a los terrenos tomados en cercanías del Lago Mascardi ni salir del país y tendrán que presentarse ante su juzgado al menos una vez por semana.

Los dos mapuches habían sido detenidos el sábado pasado, cuando bajaron de la montaña hacia la ruta con Rafael Nahuel en una improvisada camilla, a la búsqueda de ayuda para intentar salvarlo. El joven de 22 años murió al recibir un tiro por la espada durante la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu. La bala que le entró por el glúteo y quedó alojada debajo de su axila era 9 milímetros, como las que usa la fuerza federal.

Mientras sigue el conflicto por las tierras de Villa Mascardi donde se asentó la comunidad mapuche, la familia de Rafael pidió ser querellante en la causa y reclamó que la Justicia realice las pericias correspondientes en la zona.

El titular de la CTA repudió la media sanción que el Senado le dio a la reforma previsional de Mauricio Macri y ratificó que quienes convaliden el ajuste deben dar la cara: “Necesitamos saber quiénes votan, cómo votan y porqué votan”.

A pesar de la multitudinaria marcha del sindicalismo opositor al Congreso en contra de la reforma laboral, previsional y tributaria, la Cámara alta avanzó anoche con el proyecto que recorta las jubilaciones y la ley de Responsabilidad Fiscal y el Consenso Fiscal.

“Lo que han hecho, además de ser ilegal es inmoral. Es decir, le meten la mano en el bolsillo a los jubilados que cobra la mínima, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de pensiones, los que están hundidos debajo de la línea de la pobreza, muchos viviendo en la miseria”, dijo Hugo Yasky al repudiar a los senadores que votaron a favor de la reforma previsional que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri.

Para el titular de la CTA de los Argentinos y diputado electo por Unidad Ciudadana, “recortan a los viejitos así no le meten la mano en el bolsillo a los que tienen ganancias, a los que especulan financieramente y, mucho menos, a los que se van a los paraísos fiscales”.

La reforma establece una actualización trimestral de los haberes previsionales y asignaciones sociales que se calculada en un 70% por inflación y un 30% por el índice Ripte, que es el promedio de los aumentos salariales de los trabajadores registrados. Esto impactará negativamente en el poder adquisitivo de estos sectores. Los jubilados de la mínima, por ejemplo, deberían cobrar en marzo del año que viene $8.200, pero con la nueva fórmula de movilidad no pasarán de los $7.660.

Como propuso en la marcha frente al Congreso, Yasky señaló que quienes convaliden el ajuste deben dar la cara: “Necesitamos saber quiénes votan, cómo votan y porqué votan. Hay una discusión que necesitamos poner a la luz”.

Todo el bloque de Cambiemos apoyó el recorte a los jubilados, junto a varios de los actuales miembros del PJ, como Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), que fue el primero en acompañar la iniciativa. En su discurso, antes de votar, justificó la postura en el acuerdo entre los gobernadores y la Casa Rosada.

También votaron a favor del congelamiento de las jubilaciones José Alperovich y Beatriz Mirkin (Tucumán), Walter Barrionuevo (Jujuy), Inés Blas y Dalmacio Mera (Catamarca), Salvador Cabral y Juan Manuel Irrazábal (Misiones), Julio Catalán Magni y José Ojeda (Tierra del Fuego), María Teresa González y José Mayans (Formosa), Pedro Guastavino, Sigrid Kunath (Entre Ríos), María Laura Leguizamón (Buenos Aires), Teresita Luna (La Rioja), Rodolfo Urtubey  y Juan Carlos Romero (Salta), Daniel Lovera (La Pampa) y Carlos Caserio (Córdoba), entre otros.

Fueron un total de 43 votos a favor, 23 en contra, 3 abstenciones (Juan Abal Medina, Jaime Linares y Alfredo Luenzo). En la sesión no estuvieron Carlos Reutemann, Carlos Menem y Alfredo Martínez.

Después del visto bueno de la CGT y acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las Provincias,  el oficialismo consiguió aprobar la media sanción en el Senado, y ahora se debatirán en Diputados.

Tras una jornada repleta de marchas y movilizaciones en contra de las reformas que plantea el oficialismo, Cambiemos obtuvo la media sanción en el Senado de los proyectos que buscan la reforma previsional y fiscal. El apoyo del bloque que lidera el Senador por la provincia de Río Negro, Miguel Angel Pichetto, fue clave para la aprobación de ambos proyectos.

La reforma previsional obtuvo el visto bueno en la Cámara alta con 43 votos afirmativos, frente 23 en contra y tres abstenciones. El consenso fiscal tuvo 52 aprobaciones y 15 rechazos; mientras que la iniciativa de responsabilidad fiscal consiguió 53 sufragios positivos contra 14 senadores que se opusieron.

Por otra parte, dentro de un debate lleno de chicanas que superó las ocho horas de duración, Adolfo Rodríguez Saá, entregó uno de los discursos más críticos de la noche: "Este camino Cambiemos ya lo ha transitado como parte de la Alianza. Esto va a ser cada vez peor. Y el peronismo estará del lado de los más débiles", sentenció el ex Gobernador de San Luis.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fiel al discurso Cambiemos, destacó principalmente la Ley de Responsabilidad Fiscal: "El acuerdo de hoy es histórico, podría terminar con un drama de la Argentina: el de un país que se destruye cada cierto tiempo porque sus gobiernos gastan más de lo posible", en jubilaciones.

De esta manera el bloque Cambiemos, minoría en la Cámara, consiguió la media sanción de los tres importantes proyectos. El tema deberá ahora ser discutido en Diputados, adonde los bloques del Frente Renovador y el kirchnerismo anticiparon su rechazo.

Con la lucidez discursiva que acostumbra, el ex Juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, dialogó con Luis D’Elia en la AM740, donde realizó un panorama general sobre la actualidad social y política de la Argentina.

El Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ve “un gravísimo deterioro del Estado de Derecho, a la cual se suman declaraciones absurdas de funcionarios”. A continuación, se refirió a la muerte del joven Rafael Nahuel, donde cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es la responsable de las fuerzas de seguridad, y declara que va a tomar como verdad cualquier cosa que digan las fuerzas de seguridad, cuando ella tiene el deber de vigilar y supervisar a las fuerzas de seguridad. Es responsabilidad de ella que las fuerzas de seguridad no se excedan”, explicó.

En la misma línea, Zaffaroni hizo referencia a los dichos de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que en una entrevista con Luis Novaresio defendió el accionar de las fuerzas de seguridad luego de la muerte de Rafael Nahuel: “Es bueno que de lo que no sabe no hable”, lanzó Zaffaroni. “Que no hable para decir semejantes barbaridades, como cuando dijo que en cualquier caso de violencia institucional opera una presunción en favor de lo que dicen las fuerzas de seguridad. No, la presunción de inocencia es de todo el mundo”, respondió anonadado. “Uno escucha esas cosas y ve que se habla de una legítima defensa con alguien muerto con un tiro por la espalda, de abajo para arriba ¿Qué querés que te diga?”, sentenció.

“Se está tratando de generar un enemigo interno. Me parece que no da pretender que los mapuches son los enemigos públicos número uno, me parece absurdo, creo que nadie lo va a creer pero de cualquier manera la intención no falta” y trazó una línea entre la sesión de tierras y la cuestión mapuche: “Sabemos que el enemigo se crea fundamentalmente por razones políticas generales por un lado, pero por otro lado lo que hay atrás de esto es una cuestión de sesión de tierras, de privación de las tierras ancestrales de los mapuches”, pronunció.

Al ser consultado por las sanciones que pueden caer sobre la Argentina, de no respetar la cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sobre Milagro Sala, Zaffaroni aclaró: “Lo que le puede suceder es una denuncia ante el Secretario General y por ende ante la Organización de Estados Americanos. En general los estados vienen respetando las medidas provisionales y vienen cumpliendo las sentencias”, dijo, y amplió: “Son pocos los estados que de alguna manera no han cumplido decisiones nuestras”.

Más adelante, Zafarroni resumió el momento actual de los trabajadores como “un momento de resistencia, un momento de regresión”, y a la vez que se pregunta “¿Cómo se va a parar esto?”, se contesta: “Lamentablemente creo que lo va a parar el fracaso del proyecto económico que tienen porque es inviable”. En consecuencia, pidió “tener mucho cuidado con estos abusos que están cometiendo desde el oficialismo”, y hablo sobre “cuidar a los pibes, enseñarles porque los pibes tampoco saben de esto, es la primera vez ellos se encuentran con esto, tuvieron unos 12 años que nunca paso nada de esta naturaleza”.

En diálogo con Radio Rebelde, Raúl Zaffaroni también opinó sobre las reformas en materia laborales, previsionales y fiscal que planea el Gobierno, y fue contundente: “Es el resultado de la ideología única que impone este totalitarismo corporativo que tiene pulsiones por el mundo y que ahora se traduce acá”, y enumero los motivos por los cuales Mauricio Macri quiere “hacer de la argentina una especie de Korea, que nunca lo van a lograr, porque nuestros obreros y obreras nunca van a aceptar estar cobrando 200 dólares por mes, pero bueno ellos quieren que así va a venir la lluvia de inversiones, la lluvia de explotación y trabajo esclavo”. Para finalizar, el ex Juez de la Corte Suprema anunció: “Nunca van a llover inversiones productivas porque nunca vamos a llegar al nivel de los países que producen trabajo esclavo.

Sectores de la CGT, las dos CTA y movimientos políticos y sociales se movilizaron a Plaza Congreso para repudiar las reformas que el macrismo quiere imponer en tratamiento esprés. "Trescientos mil trabajadores vinimos a decirle a Macri y a los legisladores que no aceptamos el ajuste que quieren imponer en el país para beneficiar a los más ricos", aseguró el dirigente gremial Sergio Palazzo, que cerró el acto.

La convocatoria empezó al mediodía con la llegada de las columnas desde todo el país. Fue una marcha transversal que reunió a sectores peronistas más ortodoxos, al kirchnerismo y a la izquierda. Participaron dirigentes cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como puede ser el propio Palazzo, Hugo Yasky, Walter Correa (diputados electos por Unidad Ciudadana), o Daniel Catalano, de ATE Capital, hasta Pablo Moyano, que fue muy crítico de la última administración K. Todos coincidieron en el rechazo a los cambios propuestos por Cambiemos.

"Esperemos que los legisladores no aprueben esta reforma previsional. Le vamos a dar pelea", dijo por su parte Moyano, otro de los oradores principales. "Se repite la historia. Cada vez que asume un gobierno liberal ataca a las organizaciones de los trabajadores, para ir por nuestros derechos", describió.

Además de Palazzo y Moyano, hablaron dirigentes de las dos CTA, Yasky y Pablo Micheli. Todos coincidieron en remarcar que "seguirá el plan de lucha contra estas reformas hasta que caigan", coincidieron.

"No descartamos un medida de fuerza", insistió sobre el cierre Palazzo. "El Gobierno profundizó la peor grieta, la que separa a los que pueden comen de los que no", dijo el bancario que llamó a "todas las organizaciones que todavía no lo hicieron a sumarse a esta lucha contra estas reformas que no son nuevas, que quieren instalar el ajuste para beneficiar a los ricos".

Desde la provincia del Chaco, el presidente se refirió a la represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu que terminó con la vida del joven de 22 años, al recibir una bala policial por la espalda. Lejos de repudiar el crimen, habló de los mapuches como “grupos minoritarios violentos” que “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”.

Al igual que sus ministros Patricia Bullrich, y Germán Garavano, el presidente Mauricio Macri agitó hoy el discurso demonizante sobre los mapuches que buscan recuperar sus tierras ancestrales. Lo hizo con el objetivo de justificar el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros de la Prefectura.

El joven de 22 años recibió una bala policial 9 milímetros por la espalda el sábado pasado, cuando la fuerza federal reprimió en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche.

Sin embargo, Macri apuntó contra los mapuches calificándolos como “grupos minoritarios” y advirtió que “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”.

El presidente formuló estas declaraciones desde el Chaco, tras recorrer las obras de una planta de tratamiento cloacal en Gran Resistencia junto al gobernador Domingo Peppo.

“Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos, en el sur, muy lejos de acá, pero es parte de nuestro país. Nosotros queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa, se conviva respetando la ley, que es respetar al que tenemos al lado”, agregó sobre lo ocurrido en la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Tras el asesinato de Nahuel, Bullrich, y  Garavano había dicho que “nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”.

“La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, enfatizó en esa oportunidad la ministra de Seguridad.

Desde el sábado se encuentran detenidos los mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, los dos jóvenes que bajaron de la montaña hacia la ruta con Nahuel herido en una improvisada camilla, a la búsqueda de ayuda para intentar salvarlo.

La Nación + dio a conocer una escucha entre prefectos que participaron del operativo en Bariloche y contradice la versión del Gobierno de los mapuches armados.

"Al pie de la montaña, ahí va a venir la gente de la delegación. El primer escalón, ahí estamos secuestrando mochilas, un motosierra Stihl y una pala. Lo preservamos, por favor…", se escucha en el diálogo entre prefectos del Grupo Albatros.

Ayer, Bullrich y Garavano afirmaron que los mapuches estaban armados, la misma versión que difundió en un comunicado el ministerio de Seguridad y que el Gobierno amplificó con sus medios cercanos.

Escuchá el audio:

Tras inspeccionar el lugar con perros adiestrados, la Brigada de Explosivos de la Policía Federal confirmó que se trató de falsas amenazas. Fuentes parlamentarias informaron que las actividades previstas para la tarde se desarrollarán normalmente.

Poco después de la jura de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los senadores nacionales electos en los comicios de octubre, el Congreso recibió dos amenazas de bomba realizadas a la línea 911.

Inmediatamente, la Brigada de Explosivos de la Policía Federal evacuó el lugar y desplegó un operativo con perros adiestrados que no encontraron ningún artefacto peligroso.

Fuentes parlamentarias indicaron que fueron falsas amenazas y que por la tarde se desarrollará con normalidad la sesión del Senado donde se tratarán los proyectos de reforma previsional y las leyes de Consenso y de Responsabilidad fiscal.

En las puertas del Congreso ya comenzaron a concentrarse trabajadores y militantes de organizaciones sociales que rechazan estas reformas regresivas enviadas por el Gobierno de Mauricio Macri.