Bajo la consigna “Unidad contra el ajuste y el saqueo” acompañarán este miércoles a las organizaciones sindicales, gremiales, sociales y políticas que rechazan los proyectos regresivos en materia laboral, previsional y tributaria.

“Desde La Cámpora convocamos a toda la ciudadanía a sumarse al Frente Sindical y Social que busca ponerle un freno a un Gobierno que pretende hacernos retroceder en materia de ampliación de derechos, y llevar al país a los tiempos políticos e institucionales del pre peronismo”.

Así lo planteó la organización kirchnerista de cara a la multitudinaria marcha que se realizará este miércoles al Congreso para rechazar las reformas del Gobierno de Mauricio Macri que intentan “consolidar el saqueo a los jubilados, perjudicar a los trabajadores y desfinanciar el sistema de seguridad social”.

“Este intento de retornar a una época de pauperización en materia de derechos sociales y laborales se da además en medio de un clima de hostigamiento y persecución contra opositores políticos, como nunca antes había ocurrido desde la recuperación democrática”, remarcaron desde La Cámpora y repudiaron “la temeraria afirmación de la ministra (Patricia) Bullrich”, luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, al sostener que “el Gobierno ‘no tiene que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad’”.

“Quienes hace dos años se presentaron a elecciones como una ‘nueva’ derecha, ‘democrática y moderna’, hoy muestran su verdadero rostro, el mismo que ya han exhibido en otros momentos de nuestra historia, haciéndonos saber que el ajuste y el saqueo no pueden ser implementados sin reprimir a quienes se les oponen. La única manera de frenar eso, es con unidad, lucha y organización. Por eso el miércoles marchamos”, concluyeron en un comunicado.

El máximo organismo de derechos humanos de la OEA dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a sustituir la prisión preventiva de la diputada del Mercosur por el arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva para sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado argentino “garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala”, quien se encuentra en riesgo desde que la Justicia de Jujuy, a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, la privó del arresto domiciliario y la regresó al penal de Alto Comedero.

En este marco, dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a que adopte “de manera inmediata” medidas de protección en favor de la dirigente social y diputada del Mercosur, como la restitución de la domiciliaria o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

No obstante, el máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideró que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”, algo que en el caso de Sala ha sido violado sistemáticamente desde el 16 de enero de 2016.

La medida tiene “un carácter no sólo cautelar”, sino “fundamentalmente tutelar” porque protege derechos humanos y busca evitar daños irreparables a las personas. El artículo 63.2 de la Convención Americana “obliga a los Estados a adoptar las medidas provisionales” que ordene el tribunal. Ahora Macri tiene hasta el 15 de diciembre para informar cómo cumplirá la resolución.

La decisión de la Corte IDH llegó tras una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que las autoridades argentinas no cumplieron con la resolución en la que dispuso que se cumpla al menos el arresto domiciliario de Sala.

La líder de la Tupac Amaru fue trasladada el 31 de agosto al domicilio de La Ciénaga, que no era su vivienda y no se encontraba en condiciones para ser habitada, pero fue el sitio dispuesto por los jueces como el lugar para su arresto domiciliario. Allí permaneció durante un mes y medio: el 29 de septiembre la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó las decisiones de primera instancia que ordenaron la domiciliaria y el 14 de octubre agentes de la policía jujeña volvieron a llevar a Sala a la cárcel.

Con la consigna "Unite para frenar el Saqueo", Unidad Ciudadana lanzó hoy una campaña contra el ajuste jubilatorio y la flexibilización laboral que intenta imponer el Gobierno de Mauricio Macri.

El frente que conduce Cristina Kirchner, lanzó la campaña UNITE por la cual buscan informar sobre "los cambios en la legislación que intenta imponer de forma exprés y sin el debate necesario el gobierno nacional, al tiempo que incentiva a la defensa genuina de los ciudadanos y ciudadanas a partir de su participación en las redes sociales sumando ideas y propuestas".

En el sitio web https://unidadciudadana.org/unite se realizarán distintas acciones de difusión, convocatorias y se pondrán en circulación diferentes materiales informativos sobre como impactarán en el caso de aprobarse en el Parlamento las distintas reformas de este ajuste para los trabajadores y los jubilados.

En este sentido, se destaca que "el saqueo que intenta realizar el gobierno nacional a trabajadores y jubilados no es sólo económico sino tiene que ver también con la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores y jubilados de nuestro país".

"En el caso de los cambios y ajustes propuestos para el sistema jubilatorio, por ejemplo, de aprobarse la propuesta de Cambiemos cada jubilado que cobre la mínima en el mes de marzo, cuando debería realizarse su próxima actualización, perderá $566 pesos. Es decir, casi el 8% de su actual haber, ya que con la fórmula propuesta por Macri pasaría de cobrar $7.246 a tan sólo $7.660, en vez de los $8.226 que cobraría con la fórmula vigente", advierten desde Unidad Ciudadana.

Asimismo, expresan que "en el caso de aprobarse el proyecto de flexibilización laboral enviado por el oficialismo, no sólo los trabajadores y trabajadoras deberán pagar su propia indemnización, sino además las condiciones de empleo podrán ser modificadas sin previa consulta y se fomentará el trabajo informal incentivando al trabajo no registrado", puntualizan.

El ministro de Defensa visitó la base Naval de Puerto Belgrano para asegurar que la prioridad del Gobierno “es encontrar el submarino” y llevar “una respuesta a quienes sufren las pérdidas o las supuestas pérdidas”.

Con un comunicado oficial, Oscar “El Milico” Aguad anunció que esta mañana estuvo en la principal unidad operativa de la Armada, ubicada a 30 kilómetros de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, para “supervisar la marcha del operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan”.

El ministro de Defensa, que cosechó numerosas críticas por su silencio de once días sobre el caso, dijo desde la base Naval de Puerto Belgrano que el “único interés” del Gobierno nacional “es encontrar el submarino” y llevar “una respuesta a quienes sufren las pérdidas o las supuestas pérdidas”.

También negó las explícitas diferencias con la Armada y sugirió a quienes tienen dudas sobre el “gran trabajo de búsqueda” del ARA San Juan a hablar con “los americanos o con los ingleses”.

"Nunca las potencias hicieron un operativo como éste, imagínense que ahora se suma Rusia con una tecnología extraordinaria, es decir hemos hecho y vamos a seguir haciendo lo imposible por encontrar este submarino”, completó.

El funcionario aclaró que “estamos informando la verdad” y señaló cuál es el manejo de las novedades sobre la búsqueda: “Primero se enteran las familias y el presidente (Mauricio Macri), que está informado además hora y hora junto con el jefe de Gabinete y después le damos información a la prensa a través de la Armada, que es la que está en la operación militar de búsqueda del submarino”.

El viernes pasado, distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados pidieron la interpelación de Aguad para que explique sobre la desaparición de ARA San Juan y sus tripulantes. “Estamos pidiendo la interpelación del ministro de Defensa porque entendemos que hay una responsabilidad política”, dijo el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde.

La movilización será este miércoles al Congreso impulsada por las dos la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula de la CGT, que negoció 14 puntos del proyecto flexibilizador de Macri.

El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado electo por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky ,  planteó hoy la necesidad de dejar atrás “la inmovilidad” del movimiento obrero ante las políticas de ajuste del Gobierno de Cambiemos.

“Quienes consientan la quita de los derechos que logramos con el primer peronismo después que no vayan al cementerio los 17 de octubre a mostrar lágrimas de cocodrilo”, advirtió Yasky al llamar a los sindicatos de la CGT a “no quedar en la banquina de la historia”.

De esta forma, pidió no convalidar el acuerdo entre el Gobierno y los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, que avalaron la reforma laboral del presidente Mauricio Macri.

Las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores que lidera Sergio Palazzo, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula cegetista marcharán este miércoles al Congreso para rechazar el proyecto flexibilizador, así como los cambios en materia previsional y tributaria.

Yasky adelantó que será una movilización “multitudinaria”, como puntapié de “una lucha sostenida para evitar que nos quiten los derechos adquiridos” y frenar el “avance sobre los jubilados, que son los más indefensos”.

“Hay una paradoja que genera indignación: el sector donde saca más votos Mauricio Macri es sobre el que descarga las peores medidas”, lamentó el gremialista.

Así lo dijo Cristina Marín, abogada del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, al referirse al asesinato de Rafael Nahuel durante la represión de Prefectura. Criticó al juez Gustavo Villanueva y aseguró que “los detenidos fueron golpeados y torturados”.

Integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu acordaron con el juez Gustavo Villanueva frenar el desalojo de la comunidad en Villa Mascardi, al menos por cuatro días, para iniciar un proceso de diálogo luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

En diálogo con FM Alas de El Bolsón, la abogada Cristina Marín, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, explicó que “la intención del diálogo es para que cese la represión a nuestras comunidades”.

“No queremos más muertos. Deseamos poder llevar adelante, en conjunto con el Estado, políticas públicas que tengan que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios. Lo cual es bastante difícil con un Gobierno que tira más para los empresarios y para los ricos”, sostuvo.

Marín recordó que ya había habido una instancia de diálogo previa pero que “las fuerzas policiales la rompieron” cuando desataron la represión del día jueves, cuando detuvieron a mujeres y niños, y la del sábado, que terminó con el asesinato de Nahuel.

“El juez dijo que se tendría que haber cumplido con eso. No sé quién tiene la culpa de esta situación, pero el Estado se va a tener que hacer cargo. Estamos hablando de una muerte", denunció la abogada.

Con respecto a los detenidos, Marín informó que “son Fausto Jones Huala y Lautaro González”, quienes socorrieron a Nahuel al ser baleado por la espalda: “Ellos creían que estaba vivo, y su intención fue llevarlo hasta la ruta para que lo atendiera un médico. Y ahí es a donde a ellos los detienen. En un principio estaban incomunicados y les estaban haciendo pericias a ellos, para ver si ellos no tenían que ver con la muerte. Pero acá lo que hay que investigar es ver quién disparó el arma; y las armas son disparadas por la policía. Los chicos, con lo único que se defendían, eran con piedras, no había otra herramienta”.

También criticó al juez Villanueva, que “estuvo negando que había detenidos, cuando nosotros -internamente- ya sabíamos que había. Lo que no sabíamos era cuántos”.

“Mientras estuvieron detenidos fueron golpeados y torturados para que dijeran quiénes más estaban arriba. Fueron torturados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería”, detalló Marín.

La vicepresidenta defendió la actuación de la fuerza al sostener que deben tener siempre “el beneficio de la duda” ya que ejercen la violencia “para cuidarnos a todos”. Rafael Nahuel, de 21 años, murió de un balazo por la espalda

En sintonía con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, la vicepresidenta Gabriela Michetti justificó la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Lafken Wuinkuñ Mapu, en Villa Mascardi, que el sábado terminó con un joven asesinado.

La autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel, de 21 años, estableció que la víctima recibió un balazo de una pistola 9 mm ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar sus órganos vitales.

Sin embargo, Michetti aseguró que el grupo de la comunidad mapuche era “realmente atacante, no era gente que estaba resistiendo, todo lo contrario”.

“El beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta en declaraciones al canal América, pese a que el calibre de la bala con la que asesinaron al joven mapuche es el que usan todas las fuerzas de seguridad.

“Ante la violencia, la agresión y el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que detener o generar la reacción de rechazo a ese ataque para frenarlo”, insistió.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, brindaron una conferencia sobre el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de 22 años abatido por la Prefectura en Bariloche. “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, aclaró Bullrich.

La funcionaria volvió a defender a la fuerza federal, como lo hizo en agosto pasado, luego de la brutal represión a mapuches que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”, afirmó Bullrich.

Además, volvió a insistir en su teoría sobre grupos armados en el Sur: "Hay grupos violentos que no reconocen al Estado ni la Constitución, y llevan adelante acciones ilegales, violentas e inaceptables”.

De modo increíble, Bullrich se refirió al supuesto "grupo terrorista" llamado RAM, aunque aclaró que es un "nombre genérico". “Podrán tener otro nombre, los queremos separar de la comunidad mapuche o cualquier otro grupo de pueblos originarios”, siguió.

Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias en las que murió Nahuel, que en principio habría recibido un tiro en el glúteo. Desde la comunidad mapuche negaron que hayan disparado contra los agentes y aseguraron que "se trató de una cacería".

La justicia italiana investiga a la empresa ítalo – argentina Techint por el pago de sobornos en Brasil. Se investiga un complejo entramado que supuestamente incluyó sociedades offshore y cuentas en Suiza. El fiscal Fabio Di Pascuale viajó a la Argentina para pedir colaboración pero no recibió ayuda de sus colegas Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano.

La empresa conducida por Paolo Rocca es investigada en Italia y Brasil por el pago de coimas a funcionarios de la petrolera Petrobras. Esa causa tiene un correlato en Argentina, a partir de una presentación de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), aunque los cambios en el ministerio Público Fiscal, con la renuncia incluida de Alejandra Gils Carbó, seguramente enfriarán ese costado de la investigación. El fiscal Taiano ya le avisó a su par milanés que el sistema judicial argentino le exige tener más pruebas para citar a indagatoria a Rocca.

Sin embargo, en Italia y Brasil el caso es diferentes. "Los fiscales en Brasil e Italia se preguntan por qué la empresa canalizaba fondos a través de sociedades offshore y cuentas en Suiza a nombre de terceros; y por qué ocultaba supuestamente a los beneficiarios finales del dinero", reseñó Perfil.

Alejandro Palmas era referente de la organización social "Colectivo al margen", que integró Rafael Nahuel durante los últimos dos años. "No era ni RAM ni terrorista. Era un pibe al que le gustaba jugar mucho al fútbol, le gustaba la cumbia. Estaba desocupado y trataba de encontrarle la vuelta para llenar la olla", aseguró.

En diálogo con el portal El Destape, Palmas afirmó que "era un pibe re tranquilo, pacífico". Sobre su relación con los mapuches, describió: "Sus tíos sí pertenecen a esa comunidad. Él ayer fue a visitar a su tía y a su prima. Cada tanto iba para allá. A Rafa le gustaba participar de esa experiencia de volver al territorio, para conocer un poco la tradición mapuche, estaba en ese proceso de volver a sus raíces", siguió.

Nahuel, de 22 años, fue asesinado durante un nuevo operativo represivo de fuerzas federales. Recibió un tiro en el glúteo. La Justicia deberá investigar en qué circunstancias murió.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió a los agentes y prefirió hablar de "enfrentamiento armado". Aseguró que los prefectos se "vieron obligados a disparar".