Se trata de la directora de actividades deportivas del municipio de San Vicente, Sandra Mariel Giani. Los lamentables comentarios racistas y violentos fueron publicados desde sus redes sociales. Todavía no hubo pronunciamiento oficial sobre el hecho.

El intendente del partido de San Vicente e integrante de Cambiemos, Mauricio Gómez, perdió en sus primeras elecciones al frente del distrito ante la nómina de Unidad Ciudadana.

Gomez había lle

gado al palacio municipal por una escasa diferencia frente al candidato del Frente para la Victoria, por lo que se esperaban unos comicios reñidos.

Sin embargo, la mala performance electoral en la primera prueba de gestión de Gomez dejó a la luz la peor de las caras de una de sus funcionarias municipales.

Se trata de la directora de actividades deportivas, Sandra Mariel Giani, quien dio a conocer a través de Facebook sus consideraciones luego de perder ante el kirchnerismo y llenó de comentarios racistas y violentos las redes.

Giani apuntó c

ontra quienes no los votaron como "negros de alma" y "negros sin oportunidades".

Además, en medio de un precario análisis político, tildó a quienes no optaron por el macrismo de "lacras apestosas que quieren vivir de arriba sin estudiar ni trabajar". Repudiable.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, se ubicó en septiembre en los 15.451,6 pesos y aumentó 1,4% respecto de agosto, informó el INDEC. La inflación no cesa.

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, fue en el octavo mes del año de 6.332,62 pesos y subió también 1,4% respecto a un mes antes, determinando un nuevo número preocupante de inflación.

La CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.

Para ello se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, a partir de la información provista por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la Canasta Básica Total (CBT) se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios.

Quién suma poder es Diego Dávila, hombre que sucederá en la titularidad de la aduana al ex militar procesista Juan José Goméz Centurión. Llega desde la gerencia de Quilmes. CEOcracia al palo.

El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión con destino en la vicepresidencia del Banco Nación, será reemplazado al frente del organismo por Diego Dávila, ex gerente de Quilmes que ya se desempeñaba en el mismo organismo.

La decisión fue confirmada por el presidente Mauricio Macri durante una reunión que mantuvo con el funcionario en la Casa Rosada.

Gómez Centurión pasará a ocupar el cargo de vicepresidente del Banco Nación a partir del 1º de noviembre, como parte de los reacomodamientos post electorales que ya comenzó a realizar el Gobierno nacional.

Dávila, que supo ser Business Unit Head de la cervcería, se desempeñaba hace cinco meses como Director General de Aduanas Adjunto. Su antecesor había pedido licencia en mayo tras padecer un cuadro de apendicitis combinado con una infección.

Techint, Shell, Pegasus, Arcor, Socma, Clarín, General Motors y Quilmes son sólo algunas de las firmas que coparon de funcionarios el Estado Nacional desde la asunción de Cambiemos.

Con un comunicado, el grupo inversor OP Investments anunció "la adquisición del 100% del paquete accionario" del multimedio.

Después de varios meses de intentarlo, Cristóbal López logró vender su Grupo Indalo. El empresario, acorralado por las deudas con la AFIP y las causas judiciales, transferirá su multimedio -que incluye a C5N, Radio 10 e Ideas del Sur, entre otros- a OP Investments. Se trata de un fondo inversor radicado en los Estados Unidos, representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio.

En un comunicado, OP Investments anunció "la adquisición del 100% del paquete accionario del Grupo Indalo, que comprende más de 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros".

En el mismo documento el grupo inversor aclaró que la transferencia "no incluye activos vinculados al juego de azar", otro de los negocios controvertidos de López, "que nunca formaron parte del grupo económico transferido".

"La operación tiene por objeto generar valor y crecimiento en las empresas adquiridas, lograr la sustentabilidad a largo plazo, invertir en la expansión de los negocios estratégicos, garantizar la fuente de trabajo de sus aproximadamente 4.000 empleados directos y 8.000 indirectos, y atender a las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP y demás deudas existentes", detalló el comunicado.

El Grupo Indalo acumuló una deuda con el organismo tributario de más de 8.000 millones de pesos, por retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Por esa causa, Cristóbal López comenzó a ser investigado por "defraudación a la administración pública" en 2016. Desde entonces, el empresario intentó desprenderse del multimedio, sin éxito hasta este miércoles: la rumoreada venta a Orly Terranova, empresario amigo de la Casa Rosada, se cayó semanas atrás.

OP Investments informó que el acuerdo de adquisición se pactó el pasado 20 de octubre, y la operación "se encuentra en el proceso de toma de control, cuyo objetivo principal es implementar un plan de reestructuración general, que incluye asistencia financiera, la recuperación del crédito corporativo, venta de activos no estratégicos e inversión en los negocios principales".

"El crecimiento de la inversión en construcción y en obras de infraestructura constituyen una oportunidad para el desarrollo de las actividades de construcción y provisión de materia prima del grupo", comentaron.

"Los vendedores han informado la operación de compraventa de acciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, en atención a la inhibición general de bienes dictada sobre los titulares del Grupo Indalo. En los próximos días, OP Investment presentará a las autoridades judiciales correspondientes el plan de acción antes mencionado", concluye el comunicado.

Lo hicieron las bancadas opositoras de Proyecto Sur y el Frente de Izquierda, que votaron a favor del desafuero de Julio De Vido. “Para ir a fondo con la corrupción hay que investigar no sólo la última década, sino las últimas décadas”, afirmaron.

Las diputadas nacionales Alcira Argumedo y Nathalia González Seligra exigieron que no solo se lleve a juicio a funcionarios del Gobierno anterior, sino también a los empresarios que forman parte de la “patria contratista”, entre ellos los que integran el Grupo Macri, y al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, hombre fuerte de la Shell.

“Si ha habido sobreprecios en la licitación de compra de gas licuado entre 2008 y 2015, sería bueno que también investiguen a las empresas proveedoras, que no han sido inocentes y honestas. Entre las empresas proveedoras más importantes figura nada menos que Shell, una especie de segunda familia del ministro de Energía”, advirtió Argumedo.

La diputada de Proyecto Sur recordó que Aranguren, antes de ingresar al gabinete macrista, fue presidente de la filial argentina de la petrolera angloholandesa y vicepresidente de suministros para América latina. “Algo tiene que ver el actual ministro con estos desfalcos”, denunció.

Por su parte, González Seligra señaló que la diputada de Cambiemos, Silvia Lospennato, había exigido ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales que los jueces fueran al Congreso “a buscar a los corruptos”, y solicitó, en consecuencia, que se cite a Aranguren, “porque se ha beneficiado y no se ha quejado para nada cuando ingresaban los cargamentos de gas licuado”.

“No vamos a ser cómplices del discurso que se quiere construir desde el macrismo”, agregó la legisladora del FIT, quien extendió el pedido a “la propia familia del presidente, que son quienes se han enriquecido con la obra pública”:

“¿O ya nos olvidamos que pasaron de 7 a 47 empresas durante la dictadura, y que se han perdonado 70 mil millones de deuda por el Correo; ¿Ya se olvidó Carrió de que denunciaba al titular de la AFI, Gustavo Arribas, y a l primo de Macri, Ángelo Calcaterra?”, se preguntó.

En el mismo sentido, Argumedo sostuvo que “para ir a fondo con la corrupción hay que investigar no sólo la última década, sino las últimas décadas”.

La diputada recordó que, en 2005, la organización Transparencia Internacional nombró la obra de la represa Yacyretá entre los diez monumentos a la corrupción más grandes del mundo y "ésa era la magnitud de corrupción que teníamos aún antes de que se iniciara el gobierno kirchnerista. En Yacyretá, en ese descomunal desfalco, participaron Sideco y Super Cemento, y otras empresas del Grupo Macri, entre cuyos directivos estaba el actual presidente".

La radio Newen Hueche fue excluida del fondo de fomento. Desde la comunidad originaria Linares consideraron la decisión como “arbitraria” y “discriminatoria”. FARCO pidió la reconsideración del caso y la intervención de la Defensoría del Público.

El gobierno de Mauricio Macri no sólo persigue, reprime y expulsa de sus tierras ancestrales a muchas comunidades originarias, ahora también las priva del derecho a la comunicación.

La comunidad mapuche Linares, que gestiona la radio intercultural Newen Hueche –ubicada en el paraje Aukapán de Neuquén-, denunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presidido por Miguel de Godoy, rechazó “arbitrariamente” el proyecto que presentaron para acceder a la línea de equipamiento del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), previsto en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El organismo alegó falta de documentación con la que sí contaban, llegando al extremo de pedirle dos veces una fotocopia (haciéndolos viajar 650 km hasta la delegación) para rechazarla de todas formas porque se cortaba el anteúltimo renglón.

“Estábamos contentos porque nos dijeron que el proyecto iba a salir, que estaba encaminado, que tengamos esperanzas. Encontrarnos con que no fuimos favorecidos, fue muy injusto”, dijo hoy la autoridad de la comunidad, María Teresa Tripailaf.

La inai lonko opinó además que acción del organismo es “discriminatoria” por ser mapuches y que son considerados “el último orejón del tarro”.

Por su parte, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) solicitó al ENACOM la reconsideración del caso, aclarando en primer lugar que se trata de documentación con la que la organización efectivamente cuenta, y que las comunidades originarias tienen prioridad para acceder al fomento, según el reglamento

“Su eliminación deja a toda una región geográfica (la Patagonia) sin representantes en la selección de la línea equipamiento”, subrayó.

FARCO recordó que, “pese a que los FOMECA son obligatorios por Ley, en el año 2016 no fueron implementados en todo el año, recién en diciembre se efectivizaron las convocatorias y casi un año después siguen sin conocerse los resultados en la mayoría de las líneas. Si hablamos de este año, aun no se han abierto las líneas a concursar”.

Por último, el Foro solicitó a la Defensoría del Público que intervenga para garantizar el cumplimiento del fomento de medios comunitarios, previsto en Ley 26.522.

Tras el desafuero impulsado por el oficialismo, el diputado y ex ministro de Planificación se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde quedó detenido. Más tarde fue trasladado al hospital penitenciario sin que los medios hegemónicos pudieran fotografiarlo. Su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, lo calificó como un “caso paradigmático de violación del Estado de Derecho”.

Los medios no pudieron fotografiarlo con el casco y las esposas, pero finalmente Julio de Vido fue subido a una camioneta del Servicio Penitenciario Federal y trasladado desde los tribunales de Comodoro Py hasta el Hospital Penitenciario Central del penal de Ezeiza.

Después del desafuero impulsado por Cambiemos, ante el pedido del juez Claudio Bonadío, el diputado y ex ministro de Planificación Federal se presentó ante la Justicia. “Mandenle champange a la doctora Elisa Carrió”, dijo antes de entrar al edificio.

De Vido, que quedó detenido, presentó un escrito ante el juez Luis Rodríguez, quien lo investiga por una causa de desvíos de fondo en la construcción de una planta de carbón en río Turbio.

Luego de tres horas en Comodro Py, el diputado fue trasladado de Ezeiza en medio de un fuerte operativo policial. Como es insulinodependiente, será alojado en principio en la unidad hospitalaria del penal.

Su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, su abogado defensor, señaló que se trata de un “caso paradigmático de violación del Estado de Derecho” y consideró que De Vido es víctima de “una decisión política”.

“Se trata de una profecía autocumplida. Es un escándalo”, subrayó el letrado y agregó que el desafuero rompió “toda regla” porque siempre es “aplicable después de (existir) una condena”.

Cambiemos logró hoy avanzar contra De Vido por 176 votos a favor, entre ellos el de la diputada del Frente para la Victoria por Río Negro, María Emilia Soria, y una sola abstención.

Así lo aseguraron el diputado nacional Rodolfo Tailhade y el abogado de De Vido, Alejandro Rusconi. “La gente no sabe que en la causa de Bonadio el juez se basa en una pericia que está realizada por información del sitio de internet Rincón del Vago y sigue siendo la pericia basal de ese caso”, describió Rusconi.

En una conferencia de prensa realizada para anunciar que el bloque del Frente para la Victoria no iba a participar de la sesión para quitarle los fueros a Julio De Vido, Tailhade insistió: "Las dos resoluciones (de los magistrados Luis Rodríguez y Claudio Bonadio) son bochornosas y absolutamente falsas. El único argumento de Bonadio fue recurrir a 'El rincón del vago' y Rodríguez ni siquiera estaba de acuerdo en llamarlo a indagatoria, pero tuvo la presión de la Cámara Federal".

Por su parte, el bloque kirchnerista emitió un comunicado en el que denunció una "persecución a opositores realizada por jueces y fiscales que reciben órdenes del Poder Ejecutivo nacional". Y recordaron que el presidente Mauricio Macri "asumió el poder procesado por las escuchas ilegales".

Entrevista a Alejandro Rusconi (fuente: AM 750)

Después de una sesión especial donde el macrismo y aliados aprobaron el desafuero de Julio De Vido (el Frente para la Victoria no bajó a votar), el Gobierno envió a la Gendarmería al domicilio del ex ministro de Planificación. Finalmente, el ahora ex diputado se presentó por su cuenta en Tribunales.

De Vido enfrenta dos pedidos de detención en dos causas diferentes, ambas llevadas adelante por magistrados cercanos al oficialismo. Vale aclarar que no se encuentra condenado en ninguna de las dos. Para los jueces, debe ser privado de su libertad porque podría entorpecer a la Justicia.

"Hay un plan de persecución a opositores", aseguró el jefe de la bancada peronista Héctor Recalde. Y agregó: "Hay un grupo de jueces y fiscales que siguen instrucciones del Poder Ejecutivo de la Nación".

"Las dos resoluciones (de los magistrados Luis Rodríguez y Claudio Bonadio) son bochornosas y absolutamente falsas. El único argumento de Bonadio fue recurrir a 'El rincón del vago' y Rodríguez ni siquiera estaba de acuerdo en llamarlo a indagatoria, pero tuvo la presión de la Cámara Federal", siguió el también diputado nacional Rodolfo Tailhade en una conferencia de prensa.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que "sobrecumplió" la meta fiscal, lo cual es falso. En lo que va del año, el défici aumentó un 26% en relación a 2016. Los intereses de la deuda crecieron un 77%.

La alegría del Gobierno tiene que ver con que el gasto público creció un 6%, es decir por abajo de la inflación que en los primeros 9 meses está en el 20%. Sin embargo, el déficit total subió por arriba de ese número.

"En el noveno mes del año, el déficit financiero (que incluye el pago de intereses de la deuda pública netos de vencimientos intra-sector público) alcanzó $51.177 millones (+4% i.a.) producto del fuerte incremento del pago de intereses (+65% i.a.)", destacó la consultora Ecolatina, según reseñó Ámbito Financiero.

Por su parte, la Asociación Argentina de Presupuesto emitió un informe muy crítico sobre el estado de las cuentas públicas en el país: "En los primeros 9 meses de 2017 el déficit fiscal suma $347.826 millones, un 85% superior al de igual período del año pasado". Y desmintió al Gobierno sobre una supuesta baja del déficit fiscal primario: "Descontando los intereses de la deuda se obtiene un resultado primario deficitario de $149.600 millones, que es un 131% superior al registrado hace un año".