Así lo reveló en un informe la consultora Analogías, que dio cuenta del impacto del feroz endeudamiento realizado por el Gobierno sobre las cuentas públicas. Este año, el país deberá pagar unos 68 mil millones de dólares por vencimiento de deuda, más del doble de lo que pagó por ese mismo concepto en 2016.
Desde que asumió Cambiemos se puso en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento impulsado por la deuda pública. Se trató de la vía de escape ante la crisis de restricción externa y el déficit fiscal, y se articuló a su vez con un nuevo patrón de acumulación de capital con eje en la especulación financiera.
El endeudamiento externo tiende a cubrir la brecha de divisas que se acentuó con el incremento de la fuga de capitales al exterior y las importaciones por efecto de la apertura comercial, y además permitió compensar parte del déficit fiscal. Sin embargo, el eje de la valorización financiera tuvo lugar con la elevación de las tasas de interés de las Lebac y la estabilización del tipo de cambio, que permitió internalizar una ingente rentabilidad en dólares. El elevado stock de Lebac en manos del sector privado requiere mantener altas tasas de interés y emitir otras letras del Tesoro Nacional para evitar la dolarización de carteras que presionen sobre el tipo de cambio. Además son funcionales para cubrir el creciente déficit fiscal. Se trata de una encrucijada típica de un proceso especulativo.
La sostenibilidad de esta política encuentra, entre otros, uno de sus posibles límites en el incremento del peso de los vencimientos de la deuda. Al respecto en el Gráfico 1 se advierte que los vencimientos de intereses y capital del gobierno nacional tanto en deuda en pesos como en moneda extranjera registraron un incremento significativo por efecto del endeudamiento en tiempos del macrismo (es decir, en forma posterior a diciembre de 2015).
Si bien, en 2016 los vencimientos alcanzaron a 24.371 millones de dólares con escasa participación de la deuda contraída a partir de ese año (apenas 1.620 millones), en 2017 los elevados vencimientos treparon a 68.205 millones de dólares con una elevada presencia de emisiones de corto plazo bajo la gestión actual. De esos 68.205 millones de dólares de vencimientos, 23.946 millones correspondían a deuda emitida en forma previa a diciembre de 2015, en tanto que 44.259 millones de dólares (64,9% del total) a deuda emitida durante la administración Cambiemos. Esta relevancia del peso de los vencimientos de las colocaciones posteriores a diciembre de 2015 sobre el total de vencimiento de la deuda pública también se ve reflejada en los vencimientos de 2018 (66,5%), 2019 (51,4%), 2020 (63,3%) y 2021 (51,3%). Se trata, por cierto, de una “bola de nieve” en permanente expansión en virtud del acelerado ciclo de endeudamiento de Cambiemos, con una importante presencia de deuda de corto plazo. De allí que se trate de una “foto” conservadora de los vencimientos que deberá afrontar la Argentina en los próximos años.
Desde la óptica oficial el proceso de endeudamiento es una cuestión inevitable ante una situación de desequilibrio fiscal por el elevado gasto público, en particular por los subsidios en las tarifas de los servicios públicos implementados por el gobierno anterior. De allí el sustancial incremento de las tarifas que desplegó la gestión de Macri. Cabe señalar que el equilibrio fiscal es un “dogma de fe” para la economía ortodoxa en la cual se inscribe la actual política económica.
De cualquier modo, y a pesar de la reducción del gasto público en términos reales en 2016, resulta llamativo el incremento del déficit fiscal a pesar del efecto extraordinario provocado por el blanqueo de capitales, que supuso un ingreso adicional equivalente a un mes de recaudación. Ciertamente, el déficit fiscal acrecentado se financió con deuda debido a la reducción de los ingresos fiscales en términos reales en el marco de la recesión inducida por la política económica y la reducción de las retenciones a las exportaciones y el impuesto de bienes personales. Al respecto, cabe recordar que algo similar ocurrió durante la década de 1990, lo cual indica que se trata de un dogma que no cuenta cuando se trata de generar las condiciones para impulsar el endeudamiento y potenciar la valorización financiera
La paradoja del discurso oficial es mayor cuando se observa que la reducción del peso de los subsidios en el gasto público es más que compensada con el peso de los intereses de la deuda, lo cual puede observarse en las evidencias aportadas por el Gráfico 2.
En los primeros siete meses de 2015 el peso de los subsidios en el gasto alcanzaba el 11,1% y el de los intereses el 3,9%. Durante el mismo período de 2016 el gasto público se redujo en 18.063 millones de pesos nominales en un contexto de elevada inflación. De allí que el ajuste tarifario -que además se postergó por el fallo de la Corte Suprema en el caso del gas- se haya mantenido en torno al 11,8% del gasto público, en tanto que los intereses de la deuda se expandieron hasta el 6,4% del gasto.
En los primeros siete meses de 2017 la información es contundente como para afirmar que si bien la gravitación de los subsidios se redujo considerablemente (7,4% del gasto) los intereses treparon hasta alcanzar el 8,6% del gasto público. En efecto, si se comparan los primeros siete meses de 2017 respecto al mismo período de 2015 el peso de los subsidios en el gasto cayeron 3,7 puntos porcentuales, pero los intereses de la deuda aumentaron en 4,7 puntos, más que compensando el ajuste en los subsidios.
