La nueva edición de la Revista Noticias presenta con ese título al empresario preferido del Presidente de la nación. “Integra la mesa chica del gobierno sin función oficial. Polémica: como le hace ganar millones al presidente”, dice en su bajada.

Según la publicación de la Editorial Perfil, que sale hoy, “(Mauricio) Macri lo llama ´hermano de la vida´” y revela mitos y verdades de su grupo empresario.

En esta nota especial, también se encuentran presentes las denuncias de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner y las advertencias de la diputada del oficialismo, Elisa Carrio.

Se trata de Juan Cruz Ávila, quien es un reconocido productor televisivo. El nombramiento se oficializó en medio de la polémica por el acuerdo entre la UBA y el Ministerio de Educación y Deportes para cederle ese centro de salud.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, designaron al productor de Animales Sueltos, como “coordinador de Hospitales Universitarios”. Pese a que es de carácter transitorio se renueva automáticamente cada 180 días, según indicaron desde el portal Nuestras Voces.

El nombramiento se da meses después de que fracasara el intento por posicionar a Ávila al frente de la secretaria de Políticas Universitarias, decisión que había causado polémica debido al trayectoria laboral del productor de  Alejandro Fantino, dado que no cuenta con experiencia comprobable sobre el diseño, gestión y planificación de políticas públicas en el sistema universitario argentino como tampoco con credenciales que den cuenta de una formación en educación.

De esta manera el productor de Fantino y amigo de Esteban Bullrich llega al manejo del Hospital de Clínicas en medio de la polémica por el proyecto de construcción de un nuevo hospital que se levantará en la manzana de enfrente, donde hoy funciona un estacionamiento de la UBA, mientras que en el actual edificio se harán viviendas para universitarios.

El flamante funcionario había sido rechazado contundentemente por estudiantes y docentes, por su perfil privatista y su nula experiencia en el ámbito educativo, cuando el Ministro de Educación había querido ubicarlo a principio de la gestión de Cambiemos como Secretario de Políticas Universitarias.

Alejandro Fantino junto a su socio Juan Cruz Ávila

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan desde este mediodía hasta el Congreso Nacional para reclamar la sanción de una ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados esta semana, y comienzan a poblar las inmediaciones del parlamento.

A las 13, adherentes de numerosos gremios comenzaban a poblar las inmediaciones de la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, mientras los movimientos sociales se congregaban en el cruce de Belgrano y 9 de Julio, para confluir luego en la Plaza de los Dos Congresos.

La CGT convoca a la marcha junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a la que se sumaron entidades empresarias del sector pyme, la Federación Agraria Argentina (FAA), Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros grupos.

Desde tempranas horas de la mañana se restringió el tránsito parcialmente en la avenida Entre Ríos, frente al palacio legislativo, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, para el armado del escenario desde el cual se realizará el acto central.

A partir del mediodía comenzaron a llegar a la zona las delegaciones del interior del país. El Frente Popular Darío Santillán concentró a las 12 en Constitución y marchó por la avenida 9 de julio hacia el Obelisco, donde junto con otras agrupaciones comenzó a movilizar hacia el Congreso. Mientras tanto, trabajadores estatales de los sindicatos de UPCN y Obras Sanitarias se congregaban en Belgrano y Sáenz Peña, en tanto en las cercanías de la esquina de Belgrano y Entre Ríos se nucleaban afiliados de los gremios de Dragado y Balizamiento, Marítimos, Marina Mercante y de los Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios del Movimiento Universitario Sur realizaban una muestra de trabajos solidarios y una juntada de firmas frente al Congreso.

Hacia las 16, momento en que está previsto el comienzo del acto, que cerrará con su discurso Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, los sectores ocuparán lugares previamente acordados: la central obrera se ubicará sobre la mitad de la plaza hacia Yrigoyen y los movimientos sociales se ubicarán hacia Rivadavia.

Quienes anunciaron su rechazo a la movilización fueron los tres partidos integrantes del Frente de Izquierda, aduciendo que sería "lavarle la cara" a una "burocracia" que "pactó para no hacer un paro nacional en 2016" y a otros sectores "que siguen la agenda del Papa Francisco", en clara referencia a la CTEP.

Desde el oficialismo sostienen que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar el elevado costo fiscal que implicaría la medida. Crece la tensión con organizaciones sociales y Macri ya amenaza con un veto.

El proyecto de ley de Emergencia Social, que ya fue aprobado en el Senado, no verá luz este año por decisión política del oficialismo, que se niega a tratarlo en comisión e incluso impondrá su número para bloquear un eventual pedido para que sea abordado en una sesión especial.

Así lo confirmaron fuentes del macrismo en la Cámara baja, que calificaron el proyecto como una "bombita" que pone el peronismo "a fin de año" para enturbiar la paz social.

Si bien admitieron que objetivamente existe una situación de emergencia social, adujeron que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar el elevado costo fiscal que implicaría la medida.

"No podemos negar que hay una emergencia social. Algunas la llaman la ley de la felicidad. Es comprensible desde el deseo pero hay que ver cómo se financia", recalcaron las fuentes consultadas.

En este marco, desestimaron la propuesta de obtener recursos creando un gravamen especial para el juego, la renta financiera y la minería, al señalar que las mismas fuentes de financiamiento fueron sugeridas para la eliminación del Impuesto a las Ganancias.

Uno de los tres secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, sostuvo hoy que la central gremial continuará "teniendo paciencia hasta que el Gobierno encuentre la forma de llegar a la reactivación económica el año próximo" pero advirtió que si esto no ocurre "inevitablemente habrá una confrontación".

"Todo lo que hemos negociado (con el gobierno) es para tender un puente, un paliativo para llegar al año que viene con una reactivación económica, pero si no funciona, inevitablemente habrá una confrontación", aseguró el dirigente al reconocer que la central sindical "ya no tiene la misma reacción que antes porque la cosa no está funcionando".

En declaraciones a radio Nacional, Schmid, quien cerrará hoy el acto con el que finalizará la movilización hacia el Congreso que la CGT junto con movimientos sociales realizará esta tarde en respaldo de la sanción de una ley de emergencia social, afirmó que la central obrera "ha sido muy cuidadosa y muy prudente al expresar las tensiones que se están acumulando en este primer año de gobierno", ante una situación que "se está tensionando al extremo".

También aseguró que el acuerdo entre el gobierno y los empresarios "no ha funcionado" al recordar la cifra de 127.595 despedidos desde enero a septiembre de 2016, según cifras oficiales, y dejó en claro que la movilización de hoy contiene "otros reclamos, como el fin de los despidos y suspensiones".

Consultado sobre el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que será debatido en la Cámara de Diputados antes de fin de año, dijo que a la CGT no le "satisface" porque el gobierno "no habló" con la central gremial, a pesar de que "es la que pone la plata".

"No conocemos el proyecto y no conocemos el alcance. Hay que llamar a todo el mundo", reclamó Schmid.

Los industriales cierran un año de caída de la actividad y fuerte destrucción de empleos. Hablan de "la mayor presión tributaria de los últimos 15 años" y remarcan que el mayor problema que tienen es "la caída del consumo interno".

La industria caerá 4,5% este año, con 50 mil empleos menos que en 2015, una capacidad ociosa del 40%, enormes problemas de competitividad y "la mayor presión impositiva de los últimos quince años".

Así lo indicó este jueves el el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Kaufmann Brea, quien a la vez sostuvo que "el principal problema que tiene el país es actualmente la caída del consumo interno", que a su criterio explica la capacidad ociosa que tiene la producción manufacturera local.

"En febrero de este año dijimos que la industria iba a caer 3,5% este año. Pero ahora, nuestro cálculo refleja una caída de 4,5%, con 50 mil empleos menos y 40% de capacidad ociosa en la mayoría de los sectores productivos", sostuvo el dirigente.

Como contrapartida, destacó que el salario promedio de la industria es de 1.600 dólares, "el doble que en Brasil".

Kaufmann Brea ofreció una conferencia de prensa para brindar detalles de la 22 edición de la Conferencia Industrial Argentina, que se realizará entre lunes y martes próximos en esta capital.

La secretaría que encabeza Miguel Braun nunca había llegado a anunciar formalmente el plan de congelamiento de precios de algunos remedios. Salarios descuidados.

La Secretaría de Comercio decidió dar marcha atrás definitivamente con la idea de lanzar una canasta de precios cuidados de medicamentos, según publicó un matutino porteño.

La secretaría que encabeza Miguel Braun nunca había llegado a anunciar formalmente el plan de congelamiento de precios de medicamentos -que no iba a tener el mismo nombre del que alcanza a alimentos, productos de limpieza y de perfumería-, pero la idea era negociar un listado de remedios que se extendiera al menos hasta fin de año.

De hecho, varias empresas farmacéuticas habían enviado sus listas de precios a Comercio y hubo quienes fueron más allá y hasta llegaron a sellar algún acuerdo.

"El 28 de agosto los laboratorios de Cilfa asumieron el compromiso de congelar los precios de una lista de medicamentos. Desde esa fecha, la mantienen vigente", aseguraron desde la Cámara de laboratorios nacionales a La Nación.

En Caeme, que representa a los laboratorios extranjeros, tampoco tenían definiciones: "Muchos de nuestros laboratorios participaron de la convocatoria y dieron sus listas de precios. Los tiempos de la implementación están en manos del Gobierno", señalaron.

Para el Gobierno, la negociación más fuerte de este año con la industria farmacéutica ya estaba cerrada y con resultado a su favor.

Un diputado del oficialismo reconoció a Radio del Plata que la administración de Mauricio Macri viene realizando, de forma inconstitucional, una bicicleta financiera con las Lebacs.

El Diputado Nacional del PRO, Eduardo Conesa en declaraciones radial se sinceró y explicó: “Lo que yo propongo es un plan económico distinto. En estos momentos el dólar está a 15 porque las Lebacs están a 26% de tasa de interés, entonces conviene tener dólares artificialmente y cambiarlo por pesos, colocarlos en pesos en Lebacs y entonces al 26% después se vuelve al dólar. Con lo cual la tasa de interés de lo que se gana en dólares resulta el 26%. Esto es la bicicleta financiera que mantiene artificialmente bajo el dólar”.

Al finalizar su intervención radial Conesa manifestó: “La Lebac es una bicicleta financiera que además es inconstitucional porque la facultad de emitir deuda pública, y las Lebacs son deuda pública, es del Congreso y no es del Banco Central. De manera que esto es un absurdo constitucional”.

Se trata de las legisladoras Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt, quienes denunciaron los despidos a técnicos vinculados a esa cartera, que se negaron a firmar resoluciones en beneficio a una empresa productora de gas.

Las diputadas nacionales del GEN y del Frente Renovador denunciaron despidos de técnicos en el Ministerio de Energía y “las decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.

Según informaron las legisladoras, exmiembros de Panamerican Energy (PAE), actualmente funcionarios de la cartera que conduce Juan José Aranguren –quienes deberían controlarla-, eximieron a la empresa de una serie de obligaciones que ahora deberá cubrir la estatal ENARSA. “O sea, lo que se ahorran los privados, lo ponen los ciudadanos. Los funcionarios que cuestionaron dicha medida, fueron despedidos”, señalaron mediante un comunicado las legisladoras.

Stolbizer y Schwindt impulsan, ahora, una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo por la decisión de poner fin a las contrataciones de varios empleados del área profesional/técnica del Ministerio de Energía, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, la Subsecretaría de Refinación y Comercialización, y la Dirección de Gas Licuado.

Las diputadas explicaron: “Sin ninguna justificación, se ha dispuesto despedir a tres profesionales con 13 y 15 años de antigüedad. La decisión les fue comunicada mediante un extraño procedimiento casi intimidatorio y no permitiéndoseles ingresar a posteriori a sus lugares de trabajo. Se sospecha que los funcionarios a cargo podrían utilizar argumentos falaces para acusar arbitraria e ilegalmente a los empleados, con la intención de descalificar su trabajo y sacarlos del área por haber mostrado sus diferencias con algunas decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.

Y acusaron que la empresa Panamerican Energy (PAE) “parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política”, como ocurrió “con el gobierno anterior y lo vuelven a hacer con el actual”. Al respecto, alertaron que “hoy es más grave” porque “dentro del mismo gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan. Porque lo que hacen es asegurarles un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos”.

“Este gobierno le exime a las empresas que pongan lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos”, continuaron.

Las legisladoras detallaron que los productores de gas deben realizar un aporte anual de producto en el mercado interno, destinado a las garrafas que usan los sectores más vulnerables que no acceden al gas de red. Una vez cubierto ese mercado interno destinado a las garrafas, el productor puede destinar el resto de su producción adonde más le convenga, o bien puede exportarlo.

En este sentido, dijeron: “Lo extraño se produce cuando los mismos funcionarios (todos ex PAE), sin ninguna fundamentación, dispensan a la misma empresa de la obligación de aportar el volumen destinado al mercado interno. Y entonces ese volumen interno lo tiene que aportar -por disposición administrativa- la empresa estatal ENARSA, o sea, se va a financiar con recursos públicos”.

“La consecuencia de todo esto, es que los grandes ganan más y los pobres ponen más, por el encarecimiento del precio de la garrafa para el consumidor”, agregaron.

Ambas consideraron que la “persecución” hacia los trabajadores “se enmarca en esta denuncia de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Energía, por haberse negado a firmar las referidas resoluciones”. “Lo que cuestionamos severamente en el gobierno anterior, como la mala práctica de la persecución de los trabajadores que no aceptaron ser cómplices de la corrupción, se repite ahora cuando se llega a dejar sin su empleo a profesionales con experiencia, trayectoria, cargas de familia, pero que se constituyeron en miradas de atención sobre lo que está pasando”, señalaron.

Las diputadas Stolbizer y Schwindt solicitaron información al Ministerio e informaron que llevarán adelante una serie de medidas administrativas, legislativas, sin descartar alguna posible intervención judicial.

El sindicato que dirige Andrés Rodríguez caracterizó al pago extra de fin de año a los empleados del Estado nacional como "lo mejor que se pudo conseguir" y "Cachorro" Godoy lo cruzó diciendo que son un “gremio amigo”

El titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, consideró que el bono de fin de año de entre 2.000 y 3.500 pesos para 130.000 empleados estatales "es lo mejor que se pudo conseguir", al destacar que "tempera el impacto de la pérdida de poder adquisitivo", publicó hoy El Destape.

Tras la firma del acuerdo, que implica en pago extra de fin de año en cuatro categorías de empleados del Estado nacional enmarcados en el convenio colectivo 214, el gremialista destacó que el bono "tempera el impacto de la pérdida de poder adquisitivo porque tras las paritarias, indudablemente, quedamos por debajo de la inflación".

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, aseguró que con el bono "se cierra la discusión sobre cuál fue la pérdida" del poder de compra de los salarios. "La idea es que con esto terminamos de cerrar lo que tiene que ver con la discusión de este año sobre cuál fue la paritaria y la pérdida del poder adquisitivo", expresó en diálogo con radio Mitre.

En contraposición a este acuerdo, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo "Cachorro" Godoy, calificó de "insuficiente" el bono y apuntó contra UPCN, al que calificó como "gremio amigo" del Gobierno.

En ese marco, reiteró que para recuperar el poder adquisitivo perdido en lo que va del año, el plus salarial debería ser de 10.000 pesos porque "lo que se ha perdido es un sueldo completo".

"El Gobierno no escuchó nuestra opinión, tomó una decisión extra paritaria y lo convalidó su gremio amigo. Lamentablemente, este anuncio que hicieron ayer es absolutamente insuficiente para la realidad de los trabajadores estatales", expresó.