Los movimientos piqueteros iniciaron ayer su plan de lucha en la histórica plaza en demanda de un amplio abanico de reivindicaciones y anunciaron que permanecerán en la manifestación "por lo menos hasta el miércoles, a la espera que nos reciba una autoridad de la Jefatura de Gabinete. Si no, se endurecerán las medidas de lucha".

Así lo anunció a la prensa la vocera de las organizaciones protestantes, Marianela Navarro, integrante del Frente Organizaciones en Lucha (FOL).

En este sentido, Navarro explicó: "Lo que estamos pidiendo es que haya una instancia de diálogo y poder conversar con los funcionarios del Gobierno para construir una agenda concreta sobre nuestros reclamos".

"Queremos trabajo de jornada completa con todos los derechos para el sector de los (trabajadores) precarizados; la recomposición del valor de todos los programas de empleo, atendiendo a que todos los montos están cerca de los 3100 pesos, están muy por debajo de la inflación; queremos que haya una instancia de discusión paritaria con todo el sector y que desarrollen distintas obras de infraestructura y vivienda social para generar nuevo empleo", detalló.

Finalmente, la vocera adelantó que desde las organizaciones piqueteras duras planean quedarse "varios días".

"Tenemos previsto quedarnos varios días en esta plaza, esperemos que hoy haya mayor grado de sensibilidad del Gobierno y pueda haber alguna instancia de diálogo serio", dijo.

La protesta la realizaban la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo (ACLyT), con una fuerte presencia de trabajadores precarizados y cooperativistas.

La secretaría de Comercio anticipó la renovación del plan de fomento de consumo hasta fines de enero, a través de una disposición del subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado.

El objetivo del programa es estimular la demanda de bienes y de servicios mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo dirigidas a los usuarios y consumidores.

Los rubros incluidos en el programa Ahora 12 son Línea blanca (lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers); Indumentaria (Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir); y Calzado y marroquinería (Calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales).

También comprende a Materiales para la construcción. Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, artefactos de iluminación, vidrios, herrajes, pisos de madera, entre otros); Muebles, Bicicletas, Motos (cuyo precio final no sea superior a $ 23.000); Turismo (pasajes de ómnibus de larga distancia con destino dentro del Territorio Nacional y hoteles y otros hospedajes dentro del Territorio Nacional de hasta tres estrellas de categoría); Colchones; Libros (Textos escolares y libros de impresión nacional); y Anteojos (Anteojos recetados, adquiridos en ópticas de hasta $ 2.500); entre otros productos.

La medida es por la fuerte caída del consumo interno ante la alta inflación (en torno al 43% anual en los últimos doce meses) y aumentos salariales en cuotas que se ubican en el 30% promedio y aún no fueron pagados completamente.

La caída del salario real fue estimada entre 10 y 12 puntos porcentuales para este año por las consultoras privadas, universidades públicas y centros de monitoreo de los gremios y sindicatos más importantes del país.

En la actualidad hay 78.000 comercios en el país adheridos al programa Ahora 12, y los rubros incluidos son línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales para la construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, anteojos recetados, artículos de librería, juguetes y juegos de mesa y teléfonos celulares 4G. 10 celulares 4G del plan del Gobierno de 2200 pesos (o menos) con Ahora 12

En agosto, las ventas concretadas por este programa registraron un incremento en términos reales de 20% interanual, y en los ocho primeros meses del año acumularon un crecimiento de 32 por ciento.

“Durante agosto las operaciones del programa sumaron más de dos millones, con un crecimiento del 16 por ciento respecto de agosto de 2015. En 2016 el acumulado es de más de 16 millones de operaciones, contra los 12 millones del mismo período de 2015 (+31 por ciento)”, detalló el Ministerio de la Producción.

La situación económica en estos 9 meses ha generado un fuerte impacto en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, y en particular la situación afecta a los que menor capacidad de absorber el impacto tienen, como es el caso de los jubilados y pensionados.

Según reflejan los estudios de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la fundación Navarro Viola, más de la mitad de los jubilados de nuestro país sufre de insuficiencia de ingresos, se ve obligado a recortar en gastos de salud, no tienen capacidad de ahorro y declaran atravesar algún malestar psicológico.

"El 50% de las personas mayores no se sienten valoradas por el resto de la sociedad, sienten que su opinión y experiencia nos les importa al resto", señaló Inés Castro Almeyra, directora ejecutiva de la fundación al portal El Destape.

El 15.9% de los jubilados dijo que tuvo que dejar de ir al médico o al odontólogo por falta de dinero, en tanto que el 14.4% señaló que debió suspender la compra de al menos un medicamento por el mismo motivo.

Según indica la nota del mismo sitio, "tres de cada diez abuelos se consideran sin los ingresos suficientes para lo cotidiano y siete de cada diez se encuentra en una vivienda donde existe algún tipo de déficit habitacional".

“La principal fortaleza del Gobierno reside en su capacidad de rectificación ante los errores. La inflación está bajando, eso es algo importante para que el país se encamine hacia un horizonte de reactivación de la economía”, señaló Elisa Carrió en declaraciones a la señal televisiva TN.

Carrió estimó que en el verano “habrá problemas” con el servicio eléctrico como producto del “vaciamiento energético” que hubo en el país durante los gobiernos kirchneristas, y reclamó la sanción de una Ley de Defensa Civil para dar “respuestas ante las emergencias”.

En materia de corrupción, la legisladora señaló que le llama la atención que los diputados y dirigentes de la provincia de Buenos Aires no hayan denunciado “nunca la corrupción de los intendentes del conurbano”.

“Voy a ir contra los intendentes del conurbano. Hay mucha corrupción en temas como en los negocios que se hicieron con la Cuenca del Reconquista. Por eso presentamos varias denuncias contra (Daniel) Scioli. Existe dinero del narcotráfico financiando la política”, remarcó Carrió.

La dirigente del ARI admitió que hay sectores de Cambiemos que “están ligados a la corrupción y a los servicios”, y en ese sentido apuntó a “gente que viene del radicalismo que conducía (Enrique) Nosiglia”.

"Hay gente del radicalismo que es complicada, son los que vienen de tener vínculos con Nosiglia. También hay gente del PRO que es complicada. Pero gente como la Gobernadora María Eugenia Vidal que son transparentes y eso son los que debemos respaldar. Por suerte, el presidente (Mauricio) Macri lo sabe porque quiere limpiar Argentina”, apuntó.

Carrió enfatizó que los servicios de inteligencia “no deben investigar a los ciudadanos”, y fustigó a la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, al acusarla de “promover a personal que viene de la vieja SIDE”.

“Los servicios no pueden investigar a los ciudadanos apolíticos ni a funcionarios del Gobierno. Creo que Majdalani no puede seguir en el cargo porque representa la continuidad de la vieja SIDE”, subrayó.

Por último, se refirió a las alianzas que pueden constituirse de cara a las elecciones parlamentarias del 2017, y observó que la diputada Margarita Stolbizer “puede ser parte” de Cambiemos.

“Me parece mejor que Margarita (Stolbizer) juegue con Cambiemos que lo haga por fuera. Podemos ir a una interna con ella, no sé, es una posibilidad entre otras muchas. Lo importante es dar la pelea en la provincia de Buenos Aires para salvar a la Nación”, puntualizó.

La lista incluye al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, al secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi; y al de Obras Públicas, Daniel Chaín, y a la subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, dijeron fuentes judiciales.

La declaraciones arrancarán el próximo martes 4 de octubre con la declaración del contador Darío Grandi y durarán a razón de uno por día hasta el 22 de noviembre, concluyendo con la testimonial del embajador en Uruguay y ex juez federal, Guillermo Montenegro.

Dado que varios son funcionarios gubernamentales, el juez autorizó a que presenten su descargo por escrito, sin tener que concurrir personalmente los tribunales federales de Comodoro Py.

Michetti denunció que el robo ocurrió el mismo día del balotaje en que fue electa junto a Mauricio Macri, aunque el hecho se conoció recién hace dos meses.

Según la vicepresidenta se trató de 50 mil dolares prestados por su pareja para pagar estudios en el exterior de su hijo, y de 189.500 pesos producto de donaciones para la cena anual de la fundación que se realizaría días más tarde.

La lista de donantes fue facilitada la semana pasada por la propia Michetti, quien en un escrito ante el juez Lijo dijo que la plata había sido juntada por Pinedo pero que los donantes eran Ibarra, Klemensiewicz, Lombardi, Chaín, Francisco Irarrazabal, Gabriela Ricardes, y Montenegro, entre otros.

Michetti dijo que fueron donaciones "no demasiado significativas" que oscilaron entre los 2.500, 5000, y 10.000 pesos, y que el más importante había sido de 15.000 pesos.

La vicepresidenta declaró que su jefe de despacho, Santiago Riobó, juntó el dinero recaudado por la hermana de Michetti, quien no fue citada aún, por Pinedo y por él mismo Riobó.

En una lectura rápida y hasta ingenua se puede concluir que es un proyecto aceptable, que sobre un diagnóstico de dificultades del aprendizaje que sufren muchos niños, y ante el diagnóstico médico, incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del tratamiento.

Sin embargo, como suele suceder, la letra del proyecto esconde otros intereses. En efecto, el proyecto plantea el enorme riesgo de abrir el proceso de “medicalización de la niñez”.

La autora del Proyecto es la Senadora María Laura Leguizamón, quien está casada con Marcelo Figueras Director y Dueño del Laboratorio Richmond que produce los medicamentos del tratamiento de la DEA.

No son pocas las voces en el Congreso que marcan esta relación como un punto muy controversial ya que califican la iniciativa como un “proyecto a medida” de la industria farmacéutica, e incluso las voces más filosas denuncian en off la ley como un cambio de favores por el aporte de los laboratorios a la campaña de Cambiemos, que son hoy los principales impulsores del proyecto desde la Comisión de Educación a cargo del radical José Luis Riccardo y el rionegrino del PRO Sergio Wisky que lo apoya desde la Comisión de Salud.

El Bloque de Cambiemos (PRO+UCR) viene forzando la obtención del dictamen de comisiones para que el proyecto llegue al recinto y pueda convertirse en ley. Aunque el proyecto proveniente desde el Senado tiene estado parlamentario hasta diciembre de 2017, el apuro de Cambiemos por sacarlo lo antes posible deja a la luz la necesidad de devolver favores antes de la elección del año próximo.

Una fuente cercana al bloque de la izquierda afirmo a este medio, que están preparando un proyecto que expresa preocupación por las vinculaciones personales que rodean el proyecto y por los intereses que unen a la industria farmacéutica con el financiamiento de la campaña de Cambiemos. En esta denuncia incluyen al propio Mauricio Macri y su estrecha relación con la familia Roemmers dueño del laboratorio, en cuya casa de la Patagonia suele hospedarse el Presidente.

Leguizamon y Monzó. Un reencuentro de ley

El tratamiento del proyecto en Diputados incluye otro condimento que relaciona a Leguizamón con Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara. Si bien la historia tiene sus años, no todos conocen la relación amorosa que unió a ambos a fines de la década del noventa, cuando la actual senadora fue clave en el impulso y financiamiento para la primera campaña de Monzó a la intendencia de Carlos Tejedor. Todo el mundo recuerda la enorme cantidad de recursos que se volcaron en el pueblo para dicha campaña gracias al lobby de Leguizamón con el propio Duhalde y pocos recuerdan que en esa ocasión Monzó perdió por menos de cien votos debido a la traición de los radicales. Luego perdería también la pareja.

Hoy, un proyecto de ley vuelve a vincularlos y los que buscan con desesperación su sanción apelan a la creencia en el dicho que reza “donde hubo amor cenizas quedan”, aunque ahora prefieren decir “donde hubo amor negocios quedan”.

El negocio de los medicamentos y el derecho de los niños

Detrás del proyecto de ley se encuentra ese enorme monstruo de poder y condicionamientos de la salud pública conocido como la Industria farmacéutica. Son ellos los principales impulsores, pues tienen muy claro que la legislación sobre un conjunto de medicamentos que se incorporan al PMO constituye la garantía del crecimiento exponencial de sus ventas y por lo tanto de sus ganancias.

El riesgo es que la eventual ley tiene un sesgo médico tal en su redacción que más alla de garantizar el acceso a la medicación de quien lo necesita, habilita la idea de medicalizar a todos los niños que los docentes identifiquen con “dificultades del aprendizaje”. Si no fuera así, el proyecto debería ser modificado e incorporar un diagnóstico y tratamiento interdisciplinario ya que no se trata de un tema de base neurológica sino que responde a circunstancias sociales, económicas, culturales, etc.

En este sentido, si cualquier “dificultad del aprendizaje” o a todo niño identificado como revoltoso se les proporcionará un tratamiento médico, el bloque de Cambiemos lograría reescribir una de las verdades peronistas para decir que “los únicos privilegiados son los laboratorios”.

El funcionario PRO, Miguel del Sel, dio la nota en las redes sociales hoy.

Se lo vio en una fiesta, lejos de las preocupaciones de un funcionario que representa a su país, en uno de los lugares más complejos, luego de que se descubriera la participación del presidente de la nación, en el escándalo de corrupción internacional llamado Panamá Papers.

Lejos de ponerse el traje de embajador, Del Sel decidió ponerse el traje de baño y refrescarse junto a sus amigos.

Las imágenes causaron gran revuelo y varios medios periodísticos las calificaron de "extravagantes", la actitud de un ex MIDACHI y actual funcionario PRO.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, le pidió a la CGT que agote todas las instancias de diálogo con el gobierno antes de ir decidir un paro nacional.

A la vez que resaltó que "la huelga no es el mejor camino".

A pesar de la creciente ola de despidos, Sergio Massa en clara sintonía con el gobierno nacional, buscó interceder en el conflicto entre los trabajadores y Maurcio Macri.

Para el líder del Frente Renovador (FR) la medida de fuerza es "en todo caso es el final de una negociación fallida".

"Le pido tanto al Gobierno como a la central de trabajadores que agoten las instancias de diálogo", enfatizó Massa desde Colombia.

Al ser consultado por su mirada respecto del gobierno nacional, Massa destacó que él tiene "una visión muy clara" y que "en aquellas cosas en las que veamos que el Gobierno sigue un buen rumbo, vamos a apoyar; en las que el Gobierno se equivoque, vamos a señalarlo".

El diputado nacional se encuentra allí para participar, junto a Mauricio Macri, de la firma oficial del acuerdo de paz alcanzado por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

El día jueves, la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner recibirá la condecoración Manuela Sánchez por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador y brindará un discurso ante el plenario legislativo.

Ese mismo día, participará y disertará en el Encuentro Latinoamericano Progresista junto a otros líderes políticos y sociales de la región. En tanto, el viernes, mantendrá una reunión con el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, en la sede del organismo sudamericano.

El día sábado, Cristina asistirá a la proclamación de los candidatos a presidente y vice la de Alianza País para las próximas elecciones en Ecuador.

Mauricio Macri desfiló por el sector militar del Aeroparque Metropolitano para subir al Tango 10, uno de los aviones de la flota presidencial, con el destino puesto en Colombia, donde asistirá a la firma del acuerdo de paz con las FARC. Ese será uno de los últimos viajes a bordo de las aeronaves oficiales de Presidencia.

Es que el Gobierno prevé alquilar una numerosa flota privada para hacer frente a los viajes oficiales del presidente y su gabinete. Para eso, la Secretaría de la Presidencia lanzó una licitación para contratar el servicio de transporte aéreo, tanto para la Argentina como para el exterior. Costará $36.393.811 por un año, pero podría renovarse por un período similar o menor.

Para poder formar parte de la licitación, las empresas deben tener naves para cubrir la distancia de 204 mil kilómetros en aviones, según informó el diario La Nación. Además, tendrán que cubrir unas 150 horas de vuelo en helicóptero.

Las empresas deberán alquilar cuatro jets, cuatro aviones tubohélices y dos helicópteros. Los jets deberán tener asientos VIP, tanto para vuelos nacionales como internacionales. También se deberá agregar un presupuesto para el pernocte nacional e internacional. Aunque el monto de la cotización es en dólares, el pago se hará en pesos tomando como referencia la cotización del dólar vendedor del Banco Nación.

Así, la flota presidencial será reemplazada por los ocho aviones alquilados. El primero en ser desafectado fue el Tango 01, comprado por Carlos Menem, que sufrió una decena de desperfectos en los últimos años y su reparación costaría unos 20 millones de dólares. La hora de vuelo de ese avión cuesta unos 15 mil dólares. Antes de fin de año será rematado por el Banco Ciudad junto con el Tango 04, adquirido por Cristina Kirchner. El Tango 02 quedó desafectado tras un desperfecto reciente en un vuelo de Macri, al igual que tres helicópteros Sikorsky.

La única empresa oferente hasta el momento es Únicos Aire, que ya prestó servicios durante la campaña de Macri y además es proveedor del Gobierno porteño.

Los aviones que trasladen al presidente Macri no podrán superar los 20 años de antigüedad. Los jets deberán alcanzar una velocidad mínima de 800 kilómetros por hora y de 400 en el caso de los turbohélice. En el caso de los helicópteros, la velocidad mínima deberá ser de 190 y 240 kilómetros por hora de acuerdo a cada caso.