El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, aseguró hoy que “la batalla contra la inflación recién está por comenzar” a partir de que el Gobierno logró reducir el índice de precios al consumidor al 0,9 por ciento, sin computar la incidencia a la baja por la suspensión del aumento de las tarifas, en el último mes.

Sturzenegger inauguró las Jornadas Monetarias y Bancarias, que organiza el BCRA, en donde sostuvo que los tres objetivos de la entidad que encabeza son “reducir la inflación, desarrollar el financiamiento e incorporar al sistema financiero tecnología e innovación para eliminar el (uso del) efectivo”.

“Nuestro objetivo primordial es la estabilidad monetaria con baja inflación”, afirmó el titular de la Autoridad Monetaria, quien consideró que “la Argentina tiene un largo camino por recorrer en materia macroeconómica”.

De esta manera Sturzenegger hizo públicas las diferencias que mantiene con Alfonso Prat Gay, quien en las últimas horas salió a festejar como una victoria el descenso de los índices y prometió que se mantendrán para el próximo año. "1% sigue siendo elevado", le espetó el titular del BCRA.

La diputada nacional Alicia Terada, de la Coalición Cívica, aseguró hoy que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable” y reiteró el pedido de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, para que el gobierno dé precisiones de los alcances del acuerdo entre Argentina y el Reino Unido al Congreso.

“Tenemos que ver las posibilidades de cualquier acuerdo”, sostuvo Terada en declaraciones a FM Delta, al ser consultada sobre la decisión de la Coalición Cívica de rechazar la declaración suscripta en forma conjunta la semana pasada entre la Argentina y el Reino Unido sobre Malvinas.

Ayer, la Coalición Cívica, el partido liderado por Carrió e integrante de la alianza Cambiemos, emitió un comunicado en el que cuestionó el acuerdo del Gobierno nacional con Gran Bretaña, al que caracterizó de "lesivo para la soberanía argentina", por lo que exigió su tratamiento en el Congreso Nacional.

En ese sentido, y al ser consultada sobre los alcances del entendimiento, que incluyó el acuerdo para sumar un vuelo más desde el territorio continental argentino a las islas, Terada dijo que el Congreso desconoce ”la totalidad del contenido de cualquier acuerdo que haya realizado Malcorra” y reiteró el pedido de la CC para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso esa declaración.

“Nos parece necesario que se tome conocimiento cabal de todos los acuerdos realizados en los que tiene que tener injerencia el Congreso”, aseveró la diputada de la CC-ARI.

Dejando a un lado la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, el acuerdo en torno a los vuelos y otros aspectos de la relación bilateral fue incluido en una declaración conjunta de diez puntos difundida el martes pasado a última hora, luego de un encuentro que mantuvieron en Buenos Aires la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller británico Alan Duncan, quien participó en Buenos Aires del Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner.

El presidente Mauricio Macri sostuvo después de arribar a la ciudad de Nueva York, que ratificará ante la 71a. Sesión de la Asamblea General de la ONU que el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas "es permanente y no negociable".

Estas declaraciones se pronuncian tras un acuerdo firmado esta semana con el Reino Unido, en el que ambos países se comprometieron a "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" de las Islas Malvinas, incluyendo el petróleo.

Eso significa que el acuerdo permite anular las restricciones al desarrollo de la industria del gas y el petróleo en los alrededores de las islas Malvinas, lo que supone un giro de 180 grados respecto a la política anterior, ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner imponía e impulsaba sanciones a nivel regional contra cualquier compañía que colaborara con la explotación británica de los recursos de las islas.

La intención es "mostrarle al mundo nuestra vocación de trabajo en conjunto y ser parte de la soluciones a los desafíos globales", dijo a la prensa, informó Presidencia en un comunicado.

"El terrorismo, los refugiados, el problema del cambio climático son los temas que hablaremos y que ya compartimos en la última reunión del G-20 que se hizo en China", manifestó Macri.

En ese marco, garantizó que ratificará la posición argentina respecto de que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas "es permanente y no negociable".

Argentina y Gran Bretaña alcanzaron en los últimos días un acuerdo que incluye la reanudación de los vuelos del continente a las islas y la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aclaró que "no está dicho" en el comunicado que Argentina vaya a explorar conjuntamente con el Reino Unido la zona del Atlántico Sur, pero sí que se quiten las sanciones que imponía Cristina contra las petroleras británicas.

El Frente que conforman la UES y Proyecto Sociales (Unidos y Organizados) consiguió la victoria

en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y volverá a conducir el Centro de Estudiantes por un año más. Así, renovaron sus mandatos como co-presidencia del Centro Pablo "Chango" Móbili (La Cámpora) y Belén Figueredo (UES). Se trata de una elección histórica que reafirma la conducción del kirchnerismo entre los estudiantes de esa Facultad en lo que fueron los primeros comicios desde que esta fuerza política abandonó el Gobierno nacional.

Dicho Frente integrado por las agrupaciones UES, La Cámpora, El Mate (Nuevo Encuentro), La Trinchera (CUPP), Megafón (Peronismo Militante), Movimiento Evita, Los Irrompibles, Kolina, PCCE, Cullen y La Brújula (Movimiento Proyecto Popular), se aseguro el triunfo con un total de 3420 votos que representan el 48% del total. Cabe destacar que el buen desempeño logrado por el Frente hizo que el resto de las listas quedaran a más de 20 puntos abajo, inclusive las del Partido Obrero y la de La Mella, antiguas conducciones en esa Facultad.

“Este triunfo da cuenta de la gestión de un año realizada por el kirchnerismo en el centro que conduce en la UBA, en lo que es la primera experiencia de esta fuerza política al frente de un Centro de Estudiantes”, expresó el “Chango” Móbili, co-presidente del CECSo por La Cámpora. “Esta elección confirma que somos capaces de gestionar la herramienta gremial y de representar a los estudiantes. Construimos un centro presente en las aulas, mejorando las condiciones de cursada de los estudiantes, y presente en las calles, luchando contra las políticas neoliberales del gobierno de Macri”, señaló.

En relación con el escenario nacional, el dirigente estudiantil sostuvo que “esta victoria confirma que el kirchnerismo está muy lejos de estar muerto y que vamos a seguir haciendo crecer el armado universitario y la construcción de este proyecto colectivo”.

La elección se realizó desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de septiembre y participaron unos 7.000 estudiantes sobre un padrón de 10.000, lo cual representa un porcentaje alto a pesar de tratarse de una elección no obligatoria.

El recuento de votos se extendió hasta la noche del sábado en la sede de Sociales del barrio de Constitución, donde una multitud de militantes kirchneristas festejaron flameando una enorme bandera con las siglas de CFK.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará este lunes al país para iniciar una ronda de reuniones con el Gobierno, con el fin de volver a auditar las cuentas de la economía local.

Tras diez años, la visita de los funcionarios del organismo multilateral de crédito, fue confirmada por el ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso de Prat Gay, quien esta semana estará en Nueva York para acompañar al presidente Mauricio Macri.

Macri se presentará por primera vez como jefe de Estado argentino en el salón verde y dorado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde defenderá su plan económico y promocionará el programa para recibir refugiados.

Mientras el presidente camine los pasillos de la Asamblea, una misión del Fondo estará llegando a la Argentina para iniciar una "ronda de reuniones" para la incorporación de la Argentina en el Artículo IV del organismo.

El Artículo IV implica la visita de especialistas del organismo que supervisarán las cuentas públicas del Gobierno y la situación económica en reuniones con funcionarios, integrantes del sector privado, legisladores y organizaciones civiles.

El Jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, y el director Ejecutivo por la Argentina ante el organismo multilateral, Héctor Torres, mantendrán un almuerzo de trabajo este lunes con el secretario de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, en el comienzo de la visita que se extenderá hasta el 30 de septiembre próximo.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció ayer que hoy se reunirá con su equipo para comenzar a diagramar los nuevos y definitivos cuadros tarifarios para el gas natural, que regirán desde el 1 de octubre.

Si bien el viernes, al iniciar la audiencia pública que se llevó a cabo en la Usina del Arte, Aranguren presentó un plan sobre cómo serían los nuevos cuadros tarifarios que deberán enfrentar los usuarios con un incremento del 203% promedio, ahora aclaró que no hay nada decidido.

A pesar de que la audiencia pública no fue vinculante, el funcionario aclaró que el espíritu oficial es tener en cuenta las exposiciones de los más de 430 oradores para precisar qué precio pagarán los hogares por el uso del gas de producción nacional y el importado.

"Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario a consecuencia de esta audiencia pública y comunicaremos las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos", dijo el funcionario en conferencia de prensa en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, tras finalizar la audiencia pública.

Aranguren indicó que en la rueda de reuniones que iniciará este lunes con su equipo de técnicos en el ministerio de Energía va a "discutir cuál va a ser la implementación final" de las tarifas, después del escándalo que se generó con el intento de incremento decidido a principios de año.

“Coincidimos en todo, vamos a tener que diferenciarnos con algo”. La declaración de Juan Manuel Urtubey, en referencia a María Eugenia Vidal, era más literal de lo que se pensaba: ambos mandatarios coinciden en su visión de la economía y de la política, y hasta en los funcionarios que designan, consignó el sitio Infocielo.

Algo de eso puede leerse en el decreto 1.076, publicado en el Boletín Oficial, donde consta la designación de un ex funcionario del gobierno de Salta, Juan Casabella Davalos, al frente de la Coordinación de Políticas de Salud, en el ministerio que conduce Zulma Ortiz, en remplazo de Sergio Horis del Petre Billourou.

Casabella Dávalos es abogado, profesor universitario y se desempeñó en la administración del gobernador salteño, al frente de la Dirección General de Personal. Además, participó de la reforma del Código Procesal Penal de Salta y de la comisión que trabajó la reforma del Sistema Penitenciario. Y trae sus espaldas la sombra de un escándalo que sacudió a Salta en 2013.

Es que, según consta en varias publicaciones periodísticas, la hermana de Casabella Dávalos fue incluida en una lista de familiares de políticos que recibieron del Estado la adjudicación de viviendas, a partir de lo que medios como El Tribuno consideraron “una clara maniobra del instituto provincial de la Vivienda”. En el caso del flamante funcionario bonaerense, la beneficiada habría sido su hermana, Camila, una odontóloga que trabaja en un hospital público salteño.

El desembarco bonaerense tampoco estuvo exento de polémicas. Según el portal Realpolitik, Casabella Dávalos todavía reside en Salta, con lo cual sólo aparece por La Plata pocas veces por semana. Esa agencia consigna, además, que a su arribo, el ex funcionario salteño se rodeó de allegados y asistentes de su confianza que percibirían contratos exorbitantes, enmarcados en las leyes de Emergencia que sancionó la Legislatura a pedido de Vidal.

En las tres jornadas que se llevó a cabo las audiencias públicas fueron varios los inscriptos que no pudieron hacer uso de la palabra por distintas razones, lo que aceleró la marcha de los expositores por la sede de la Usina del Arte y los centros regionales habilitados en distintos puntos del país.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) habilitó a unos 376 inscriptos a participar de la audiencia pública, pero muchos de los que mantienen posiciones críticas al tarifazo que intenta imponer el gobierno de Mauricio Macri fueron directamente excluidos.

De las 67 multisectoriales que se anotaron, sólo una fue incorporada a la lista de participantes. Desde Multisectoriales en Red, que nuclea a decenas de organizaciones de todo el país, lo consideraron un “atropello arbitrario con carácter de censura por parte de aquellos que pretender cercenar la opinión de los ciudadanos” y adelantaron acciones judiciales. Entre los excluidos también están el abogado lomense Facundo Ferro y el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Federico Bernal.

Dentro del edificio, importantes empresarios de las dos transportadoras y distribuidoras de gas, miembros de Cambiemos escucharon atentamente al primer orador: El ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue el primero en exponer. El ex CEO de Shell, defendió una suba promedio del 203% (respecto a marzo de 2016), habló de un ajuste semestral y previó la quita total de subsidios entre 2019 y 2022.

Mientras tanto, en las puertas de la Usina del Arte se registraba una numerosa movilización conpuesta por usuarios, organizaciones sociales, territoriales y políticas.

En diálogo con Primerando las noticias, el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Andrés Larroque explicó: “La discusión de fondo tiene que ver con qué política económica nos planteamos en Argentina, si las tarifas tiene que ver con que se concentre en los bolsillos unas pocas personas: Aranguren, Shell y sus amigos o si nosotros vamos a tener una política, como la que había en el país hasta el 10 de diciembre, inspirada en un modelo de producción, de incentivo al comercio y al mercado interno a través del salario indirecto”.

En ese sentido, el referente de La Cámpora desnudó las intenciones de la Casa Rosada con los tarifazos y señaló: “La famosa discusión de la incompatibilidad tiene que ver con la política que aplica el Ministro Shell,  ya que no va a dejar de aplicar una política económica que va en detrimento de las mayorías y en beneficio de unos pocos grupos económicos”, para luego apuntar que existen “dos modelos muy claros que se contrastan. Acá no sólo es injusta la tarifa, sino también que vamos a un modelo económico impracticable, porque cuando se concentraran los recursos en pocas manos se diseca la actividad económica y el país colapsa. Ya lo hemos visto en el pasado.

Por su parte, la intendenta de La Matanza, Veronica Magario, informó: “Varios intendentes de la provincia de Buenos Aires estamos para presenciar la audiencia. Nos parece una falta de respeto que haciéndose la audiencia pública, el Ministro Aranguren haya anunciado una aumento del 203%, es decir que no van a considerar nada de lo que podamos plantear en esta jornada de trabajo. El valor del aumento de las tarifas se van fijando en valor dólar y nosotros vamos a tener una tarifa dolarizada”.

También, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, denunció a través de Primerando las Noticias “que solamente al 10% de los participantes fueron autorizaron hablar, dejaron el 90% afuera” y luego aseguró la Audencia no fue “democrática y tiene vicios de nulidad”.

Además, Baradel recordó: “Con la movilización popular pudimos parar el tarifazo al 2000%, hoy lo reducen al 200%, que sigue siendo alto para el bolsillo de los trabajadores. Ahora, el gobierno no explica cómo pasa del 2000 al 200% y hoy está bien. Han dejado afuera a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), clubes de barrio, sigue siendo alto para la mayoría de los trabajadores y por eso hay que seguir movilizados y peleando”.

Siguiendo esa línea de razonamiento, el diputado bonaerense Walter Abarca, manifestó a este sitio digital que lo resuelto en la Audiencia pública “es un certificado de defunción para todas las pymes de Argentina” y que el resultado que esperan desde el Ejecutivo es “sacar completamente de actividad frente a una apertura de importaciones y una tarifa de energía dolarizada”.

Para finalizar, Abarca fue categórico y puntualizó: “Aquí no se está respetando un derecho humano básico, que es el acceso a la viviendo confortable. Con estas tarifas de gas y energía es imposible que un hogar pueda ser confortable”.

Los encargados de dar la bienvenida a los más de cien asistentes que ocuparon el auditorio fueron Oscar Parrilli y Teresa Parodi, presidente y secretaria del PATRIA. Luego la periodista Cynthia García, moderadora del panel, presentó a los invitados: el diputado nacional del FPV-PJ por la provincia de Formosa, Juan Carlos Díaz Roig; el presidente ejecutivo de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, Carlos Valle; y el abogado especialista en temas previsionales y ex director del Centro Interamericano de Seguridad Social (CIESS), Miguel Ángel Fernández Pastor.

La periodista García introdujo la charla con un “planteo comunicacional” en relación al latiguillo de “la plata de los jubilados” con el que el sistema de medios dominante hizo campaña en contra del kircherismo durante los últimos años, en alianza con los actuales funcionarios del gobierno nacional, y luego de enmarcar la iniciativa oficial en una larga serie de mentiras, remarcó que “la verdadera reparación histórica en materia previsional” se realizó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se logró llegar al valor histórico del noventa y siete de la población pasiva cubierta por el Estado. Luego de la introducción cedió la palabra a los expertos invitados.

Valle recordó que ya a mediados de 2015 él ya había advertido que la coalición Cambiemos “venía a reimplantar el plan Cóndor para quebrar el sistema previsional argentino y el Estado nacional en su conjunto” y subrayó que “con los primeros decretos de necesidad y urgencia” firmados por Macri al asumir la presidencia, “ratificaron todas esas denuncias”. Ponderó la acción legal que su compañero de panel, el “compatriota” Fernández Pastor inició en el poder judicial para evitar el vaciamiento espurio de los recursos de la Anses, pero sostuvo que “en este momento ninguno de los tres poderes funciona”, ni se puede “hablar de República ni institucionalidad” ya que “la mayoría de los legisladores se han olvidado que la democracia es respetar el mandato del pueblo” y que “están actuando en contra el pueblo y la nación”.

Fernández Pastor aclaró en el comienzo de su exposición que el amparo que presentó en la justicia a mediados de agosto para declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley de reparación histórica que el gobierno nacional había sancionado en el Congreso, “es por el futuro y no por el presente” ya que “a nosotros nada nos va a cambiar sino a nuestros hijos y nietos”. Definió a la seguridad social como una herramienta fundamental para distribuir el ingreso y compartió algunas cifras para poner en evidencia los resultados que se logran con un Estado activo y presente. “En el 2004 había 1.600.000 jubilados” y que “hoy hay 6.400.000”. Con respecto al salario, los primeros “ganaban 75 dólares y el año pasado llegaron a cobrar 560 dólares”.

El ex funcionario de la Anses advirtió que “si no hacemos algo ésta será la cuarta vez que retrocedamos” en materia de seguridad social, e hizo un repaso histórico. Mencionó los años de Juan Carlos Onganía, Martínez de Hoz y también de Domingo Felipe Cavallo, cuando se dictó la Ley de Emergencia Económica -comparable a la actual ley de letigiosidad- se emitieron bonos con una quita -comparable a la actual quita por el pago de sentencias-, y por último recordó que en la década del noventa se quedaron con los subsidios familiares y “ahora van por el fondo de garantías de sustentabilidad, que tiene una vez y media las reservas del Banco Central”. “Si uno recorre el mismo camino el resultado va a ser el mismo”, cerró, y llamó a parar la ofensiva oficial con recursos técnicos pero también políticos.

Díaz Roig realizó una contextualización política y filosófica de la decisión de la Alianza Cambiemos de ir por los fondos jubilatorios. “Se quejan porque dicen que ponemos palos en la rueda”, dijo, y trazó una enorme línea divisoria entre los que creen en propiedad privada, la competencia y la acumulación, y los que “creemos en la solidaridad, la función social de la propiedad y el bien común”. Explicó que no pueden compartir ideas como las que planteó Macri a dos días de asumir su gobierno, cuando dijo que terminaba el tiempo en el que la economía crecía por el consumo sino por las inversiones. “El sistema neoliberal es intrínsicamente perverso que nunca va a resolver los problemas de los pueblos”, dijo

El diputado nacional advirtió que no hay errores de implementación de parte de que Cambiemos, sino que están cumpliendo a rajatabla su plan de gobierno. Habló de un proyecto de país que requiere “un 25 por ciento de desocupados, y salarios y jubilaciones a la baja”, como así también “acumulación en pocas manos y libertad de competencia para eliminar por lo menos 100 mil PyMEs”.

Luego compartió algunas cifras comparativas para demostrar que la llamada recuperación histórica es una nueva estafa contra el pueblo argentino, y en el tramo final de la charla advirtió que el partido mediático y judicial “pretenden dividir al campo nacional y popular” y llamó a dejar las internas de lado para conformar la nueva mayoría que suele mencionar la presidenta honoraria del PATRIA, Cristina Fernández de Kirchner, y de ese modo volver a poner un gobierno popular en la Casa de Gobierno.

En el día de ayer, Gabriela Michetti presentó ante el Juez Lijo un escrito de 31 páginas en donde solicitó el sobreseimiento en la causa que investiga el origen de los fondos que le robaron el pasado 22 de noviembre, consistente en 245 mil pesos y 50 mil dólares. Vale recordar que dicho dinero se encontraba en bolsas de cartón dentro de una de las habitaciones de su casa.

Según consta en su declaración, la vicepresidenta solicito que se deje de investigar en torno a la Fundación la cual preside ya que, según entiende, no tiene ninguna relación con el robo del dinero. Además Michetti asevera que su empleado en la Fundación y asistente en el Senado, Santiago Riobò, fue quien le entrego el dinero a su novio, JuanTonelli, quien finalmente se lo dio a ella, lo cual genera una contradicción con lo que declaro la propia Gabriela Michetti ante los medios en donde afirmo que al dinero se lo había acercado gente de la Fundación

A pesar de las dudas que continúan girando en torno al caso del dinero, el cual ya está en manos de la Justicia. Michetti le hizo saber al juez, a través de un listado, los supuestos contribuyentes a la causa que persigue la Fundación SUMA:

-Alejandra Illia: prima de Michetti. Fue noticia en febrero de este año tras haber sido ascendida por la vicepresidenta dos categorías juntas sin tener carrera pública previa.

-María Conte Grand: novia del periodista Luis Majul y ex empleada de Michetti en el Senado. Su contrato fue dado de baja en los primeros meses de este año, luego que saliera a la luz su ascenso de categoría y su relación con el conductor de La Cornisa.

-Fernando Subirats: Gerente de noticias de Radio Nacional.

-José Ortíz Amaya: actual Director de Relaciones Internacionales del Senado.

-Andrés Ibarra: ministro de Modernización del gobierno nacional. Ex ministro del gobierno porteño.

-Marina Klemensiewicz: Secretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación.

-Daniel Chain: Secretario de Obras Públicas de la Nación

-Guillermo Montenegro: ex ministro del gobierno porteño y actual embajador argentino en Uruguay.

-Hernán Lombardi: ex jefe de campaña de Michetti, vocal de la Fundación SUMA y actual secretario de Medios Públicos.