Al que habló mal de mí que me mire a los ojos", desafió el DT de Los Leones, flamante campeón olímpico con Los Leones en Río 2016. EL 'Chapa' respondió de manera contundente a Lanata y a Leuco hijo, quienes lo acusaron de "ñoqui" del gobierno kirchnerista.

Hace un par de meses, en el programa "Lanata sin filtro", el hijo de Alfredo Leuco afirmó que el entrenador y ahora campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Río, cobraba 18 mil pesos en el RENAR.

Carlos "Chapa" Retegui, DT de Los Leones, le contestó por radio 10 a los periodistas que lo tildaron de "ñoqui" y dijo que al trabajo no le "escapa nunca".

"Que miren las 500 clínicas de hockey social que hice por el país. Al que habló mal de mí sin conocerme, que me conozca que me mire a los ojos para ver cómo me criaron mis viejos", desafió el "Chapa".

Tras ganar la medalla, Retegui se puso a disposición "para seguir haciendo clínicas para los chicos en el barrio que sea y ad honorem". Y dejó un notable mensaje para los chicos del país.

La vicepresidenta Gabriela Michetti atraviesa un difícil momento por los cuestionamientos que recibe a partir de las distintas irregularidades que fueron apareciendo en las últimas semanas alrededor de la Fundación Suma.

Si bien la vicejefa de Estado es la Presidenta de la entidad, otros nombres conocidos la acompañan en el directorio: el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo ocupa el puesto de Secretario y la ex legisladora porteña y actual integrante del directorio del Enacom, Silvana Guidici es la Tesorera. En tanto, como vocales figuran el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La Fundación Suma quedó expuesta luego de que la vicepresidenta Gabriela Michetti afirmara, en la causa que investiga el origen del dinero robado en su casa en noviembre pasado, que parte del faltante correspondía a donaciones efectuadas a la entidad.

La empleada doméstica declaró que Michetti ''siempre tenía dinero en bolsos'' en su casa. Es la causa que investiga el origen de los fondos robados a la vicepresidenta, en la denuncia presentada por el abogado Martínez Herrero se dejó constancia que, “la empleada doméstica de Michetti manifestó que siempre guardaban y tenían dinero en bolsos dentro del domicilio”.

Una resolución de la Unidad de Información Financiera de 2011 indica al respecto que toda donación destinada a fundaciones debe estar bancarizada y que "las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información".

Además, durante las diferentes investigaciones periodísticas se conoció que la Fundación también presentaba otras irregularidades como el no tener ningún empleado registrado -en su página web aparece un nutrido staff- y no haber presentado nunca un balance ante la Inspección General de Justicia.

También salió a la luz que una de las personas que trabaja en la fundación, Cecilia Brook, pareja del periodista oficialista Alfredo Leuco, cobra en realidad su salario del Senado de la Nación, donde tiene un contrato otorgado por Michetti.

Con actividad desde 2009 y pese a haber recibido importes millonarios durante años, la fundación tramitó su CUIT recién hace un mes, luego de que estallara el escándalo por el origen del dinero. Según las distintas denuncias que se tramitan al momento, podría ser una pantalla para mover dinero ilegal destinado a actividades políticas.

La semana pasada el juez federal Ariel Lijo pidió las dos últimas declaraciones juradas de Gabriela Michetti, y el legajo de la Fundación SUMA, al ordenar las primeras medidas de prueba en la causa.

El magistrado también libró un oficio a la Inspección General de Justicia para que le envíe los legajos de la fundación SUMA y de otras ligadas al PRO que quedaron bajo investigación: Fundar, Seguridad y Justicia, Creer y Crecer y Formar.

Luego del fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia que frenó el tarifazo de gas para usuarios residenciales, el Gobierno decidió salir a las calles para enfrentar a los vecinos.

Luego de una cumbre en Olivos, entre el presidente, Mauricio Macri, y gran parte de su Gabinete, el PRO y la UCR anunciaron una timbreada nacional de la que participó hasta el propio jefe de Estado y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El "timbreo" hizo foco en el conurbano y contó con la participación de 14 ministros del gabinete nacional y la plana mayor de la Unión Cívica Radical.

También fue de la partida el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que visitó la localidad de Almirante Brown junto al ministro Esteban Bullrich (Educación) y el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

Para ser exacto, el 77,2% se mostró favorable al freno al tarifazo, mientras que un porcentaje similar, el 77,4%, considera que las tarifas previas al incremento eran adecuadas o que deberían subir como máximo hasta un 50%. Sólo un 17% expresó su apoyo a la medida y un 5,8% no tomó posición.

En igual sentido, 75,1% estima que el tope de 400% que definió el gobierno no es razonable.

Por otra parte, más del 40% considera que la Corte fue presionada por el Gobierno nacional y las empresas de energía para fallar a favor del incremento tarifario.

Respecto a las protestas y ruidazos contra el aumento, un 64% las valora positivamente y cree que ejercieron influencia en la decisión judicial.

Además, 72% manifestó que redujo su consumo de gas como consecuencia del incremento tarifario. Por último, pese a la explicación oficial acerca del estado del sistema energético recibido, casi la mitad de los encuestados (48%) afirma que el gobierno de Mauricio Macri es el principal responsable del aumento de tarifas.

El relevamiento telefónico se realizó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, con más de 1.900 casos y un margen de error de 2,2% Geográficamente, la muestra se extendió por los 24 partidos del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, y las 15 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Hacienda sigue los pasos de los funcionarios macristas que gustan de tener cerca a la familia en la función pública.

El decreto 863/2016, da cuenta de que Juan Antonio Prat Gay, primo de Alfonso, es el nuevo coordinador general de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura que depende del Ministerio de Hacienda.

Al asumir, el ministro Prat Gay, prometió que cada nuevo cargo que se ocupara en la función pública seria mediante concurso y arremetió contra los trabajadores estatales a los calificó de la "grasa militante" y "ñoquis".

Durante los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri y hasta el día de hoy la ola de despidos en el sector público no para. Tampoco las nuevas designaciones de familiares de funcionarios del partido de gobierno.

La tarea del primo de Prat Gay no será menor. Por sus manos pasaran millones de pesos que son destinados a obras públicas, dado que la unidad ejecutora que coordinará es el organismo encargado de los pagos de los fideicomisos de infraestructura, destinados a financiar parte de los servicios de colectivos, concesionarios y obras viales; se fondea con un porcentaje del precio del gasoil.

A esta altura, se podría asegurar que el gobierno actual cambió el eje de la política económica en un aspecto más. Ya no se invierte en "asignaciones familiares", las "designaciones" familiares son las que están a la orden del día.

La nueva vieja política a la que se lanzó desde hace unos meses María Eugenia Vidal tiene ya su primer choque con La Rosada. Es que "Mariu", abocada a recorrer los distritos bonaerenses en pos de que intendentes de diferentes espacios den el salto a Cambiemos, prefiere no modificar las reglas del juego.

Con un piso de intendentes, que espera ampliar en base a las promesas de garrochazos que cosechó en el último tiempo de parte de jefes comunales peronistas, Vidal prefiere competir en 2017 con la boleta en papel.

El ex massista Joaquín De la Torre, asumirá el lunes al frente del ministerio de Producción, aunque se sabe que su rol dentro del gabinete tendrá un claro perfil político. Y trabajar para que algunos intendentes se sumen a Cambiemos será uno de los objetivos.

La Gobernadora sostienen que las reformas que impulsa el propio Mauricio Macri le calzan perfecto a Sergio Massa, el líder del Frente Renovador que se mantiene con muy buena imagen en las encuestas, pero que no termina de consolidar un polo importante de intendentes con manejo territorial.

Desde el oficialismo sostienen que los únicos capaces de fiscalizar una elección en el Conurbano son Cambiemos y el Frente para la Victoria.

Según publicó el portal LaPolíticaOnline, Vidal, Jorge Macri y Emilio Monzó le plantearon el rechazo a la boleta única electrónica a Marcos Peña durante una cena. Eran las primeras semanas de gestión del nuevo gobierno y la respuesta del jefe de Gabinete fue contundente: “Esto sale si o si”.

Desde esos sectores del PRO sostienen que hoy el escenario es diferente y se ilusionan en que la reforma se dilate para que no pueda ser implementada el año próximo.

El presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (CADMIRA), Vicente Lourenzo, advirtió este viernes que las pymes reaccionaron "negativamente y con preocupación" frente al fallo de la Corte Suprema que anuló el aumento de las tarifas de gas solo para usuarios residenciales.

"El fallo de la Corte nos sorprendió negativamente, más cuando la mayoría de los fallos que hablaban sobre el gas no hacían ninguna distinción entre las pymes y los usuarios", señaló el empresario.

En declaraciones a radio Belgrano, Lourenzo comentó que el sector pyme ve con "preocupación" que la decisión de la Corte no contemple a comercios e industrias.

No obstante, aclaró: "hay empresas de uso intensivo y de bajo consumo de gas. No es lo mismo que le apliquen un 500% de aumento a una empresa que tiene un horno prendido todo el día a una que tenga dos estufas y un calefón".

"Hay casos donde una empresa pasó de pagar una factura de 120 mil pesos a 600 mil", ejemplificó Lourenzo, también secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El abogado Leonardo Martínez Herrero realizó una presentación judicial en la que solicitó la apertura de una investigación, luego de que se hiciera público el robo de una importante suma de dinero en la casa de la actual vicepresidenta Gabriela Michetti.

En esa presentación, Martínez Herrero destacó una declaración de una empleada doméstica que puede complicar a la Vicepresidenta y en la que afirma que "siempre guardaban y tenían dinero en bolsos dentro del domicilio".

"En la declaración jurada de Michetti no figura la suma de 50 mil dólares que también indicó que le fueron sustraídos sino que registra una deuda en pesos por un valor menor. En esa época estaba vigente el cepo cambiario y sólo se podían adquirir dólares previo autorización de la AFIP por un pequeño porcentaje de los ingresos", sostuvo el abogado Martínez Herrero.

"De existir esa suma que le fuera prestada por su pareja debía figurar en su declaración jurada o, de haber sido omitida, haberlos adquirido en el mercado paralelo", agregó Martínez Herrero.

En tanto, el juez federal Ariel Lijo solicitó el miércoles las declaraciones juradas de la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti correspondientes a los períodos 2014 y 2015 en el marco de la investigación abierta sobre el origen de los fondos que fueron robados de la casa a la funcionaria el 22 de noviembre de 2015.

El magistrado también apunta a la fundación SUMA, ya que entre las medidas solicitadas requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de esa entidad. Es que la vicepresidenta dijo que parte de ese dinero sustraído era un dinero para una "donación".

La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a Michetti por un posible delito de acción pública y le pidió al juez la realización de una serie de medidas que fueron ordenadas por el magistrado.

Pidió además los legajos de las fundaciones SUMA; "FUNDAR SEGURIDAD Y JUSTICIA"; "CRECER Y CRECER" Y "FORMAR".

Las declaraciones se produjeron ayer al ingresar a la sede del PJ nacional en donde se realizó una reunión de la mesa de conducción, expresaron su visión el senador Miguel Pichetto; el diputado José Luis Gioja, quien hizo declaraciones en el Parlamento; los intendentes Veronica Magario (La Matanza) y Gustavo Menéndez (Merlo); el legislador bonaerense y referente del Movimiento Evita, Fernando Navarro; el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza y el ex gobernador Daniel Scioli.

Gioja señaló que "si el gobierno hubiera hecho las cosas como se deben hacer, se hubieran ahorrado este fallo adverso de la Corte Suprema, que es de una coherencia total y absoluta".

En declaraciones efectuadas en el Parlamento , el legislador sanjuanino señaló que "acá hubo mucha improvisación por parte de las autoridades, gobernar es otra cosa, no es hacer ensayo-error con el pueblo".

"Desde distintos espacios hemos advertido al gobierno que se estaban haciendo las cosas mal, que no se estaban respetando los procesos previstos por la Constitución Nacional y que se debían retrotraer las tarifas para volver a recalcularlas, nunca se nos escuchó", declaró el legislador.

Gioja, inclusive recordó ante la prensa el episodio que lo tuvo como protagonista cuando el Ministro de Energía concurrió al Plenario de Comisiones donde le pidió a Aranguren que le informara el promedio del costo del millón de BTU en boca de pozo, a lo que el funcionario le contestó "me niego a responder esa pregunta".

"Los ministros de la Corte Suprema de Justicia han hecho gala de una coherencia y un sentido común que lamentablemente los funcionarios del gobierno no tienen", explicó el diputado sanjuanino, y agregó que "el gobierno no hubiera tenido necesidad de soportar el costo político de recibir un fallo de la Corte desfavorable si en vez de ensayar fórmulas en una planilla Excel se hubieran dedicado a gobernar con seriedad y responsabilidad".

Por su parte,Pichetto sostuvo ante la prensa que "el fallo era previsible y obliga a cumplir al Gobierno con las audiencias, pero la Corte ratificó que el Ejecutivo tiene la potestad de diseñar el cuadro tarifario de los servicios".

Scioli sostuvo que "nos hacemos eco de las preocupaciones de las Pymes y esperemos que el gobierno pueda resolver esta problemática con razonabilidad y gradualismo".

En tanto, Magario manifestó que "el gobierno tiene que dar marcha atrás y volver a implementar un nuevo cuadro tarifario que sea razonable y gradual para que la gente lo pueda pagar porque todos coincidimos que los valores había que reajustarlos".

A su vez, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez coincidió con Magario y puso en el centro de la discusión el reclamo que desde el PJ se apoyó en la reunión sobre las pymes y la tarifa de luz.

En esa línea, Menéndez señaló: "En varios municipios y provincias no todos los vecinos tienen gas natural y son electrodependientes. También las pymes necesitan un fallo que arroje razonabilidad al tema de las tarifas", remarcó.

Espinoza afirmó que "existe una preocupación con el futuro de las pymes" y pidió que "la justicia o el Gobierno resuelva el tarifazo de agua y luz".

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, celebró el fallo de la Corte y al respecto señaló en un comunicado: "La Corte obligó al gobierno a escuchar a la gente".

"Ahora el gobierno está obligado a hacer las cosas bien y de acuerdo a derecho. Debe convocar a una Audiencia Pública para escuchar a los ciudadanos y proponer un nuevo esquema tarifario justo, razonable y gradual", agregó.

El jefe comunal señaló que la Nación tiene que "diferenciar entre las grandes empresas y las PyMEs que, junto con los comercios, son los principales generadores de empleo" y "cuidar a las entidades de bien público y organizaciones como clubes de barrio, bibliotecas y centros de jubilados".

Por último, Katopodis afirmó: "Nosotros vamos a seguir representando a quienes no fueron incluidos dentro del fallo ni puedan afrontar este incremento desmedido".

La justicia decidió dar lugar a las denuncias presentadas por el arco opositor contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde se lo acusa de irregularidad en la comercialización del gas.

Durante las conferencia de prensa que el ministro compartía con Marcos Peña y Germán Garavano, representantes de la justicia ingresaron al ministerio con una "orden de presentación de allanamiento en subsidio", lo que requirió de entrega de información sobre los procesos de comercialización del gas, y en caso de que se niega la entrega del material, las fuerzas policiales tienen la postestad de proceder a la fuerza.

La orden de allanamiento fue dictaminada por el juez Luis Rodríguez, en el marco de las denuncias presentadas por legisladores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, entre ellos, Graciela Camaño y Marco Lavagna.

Los legisladores apuntaron contra el decreto 893/2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que "la autorización de exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía", en el caso de que sean temporarias y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de emergencia. A su vez, posibilita la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte del gas natural al mercado interno argentino.

El ministro de energía, además, es fuertemente cuestionado por el FPV por su doble rol de funcionario vinculado a la producción de gas y accionista en la empresa Shell, por lo que sus decisiones repercuten directamente a favor de sus finanzas.