El apuro por impulsar el voto electrónico para las elecciones de 2017 mantiene a todo el gobierno activo. Es que el capricho presidencial, disfrazado de nueva política, es el único sostén en medio de un diagnostico que esconde detrás de las virtudes tecnológicas, los aspectos de un sistema vulnerable y que pone en riesgo principios fundamentales del voto en nuestro país, como son el secreto y las garantías de fiscalización por cualquier ciudadano.
Este panorama es tan claro que la propia Cámara Nacional Electoral (CNE), a través de las Declaraciones de su Presidente Alberto Dalla Vía, asegura que “el voto electrónico garantiza la celeridad pero no la transparencia”.
La CNE advierte que la iniciativa no permite a los jueces "ejercer suficientes controles" de los comicios. Sucede que el proyecto establece la facultad de controlar el hardware y el software que usarán las máquinas y que comprará el Gobierno; el escrutinio de los votos, y la trazabilidad de la distribución de las urnas, pero la CNE no participará del diseño del sistema -a diferencia de Brasil, donde la justicia desarrolla el software y las máquinas, para evitar trampas-.
Los jueces estarían "trabajando a ciegas". Por ello Della Vía remarcó: "Nosotros, los jueces, no podemos privatizar la soberanía popular y rendirnos frente a una urna electrónica". El traspaso a la CNE del escrutinio provisorio es una modificación positiva, pero no alcanza. La Justicia tiene que auditar todos los pasos de la elección, para seguridad de la población.
Desde la CNE entienden que la futura ley debe garantizar un presupuesto propio y que dichas partidas estén en el presupuesto nacional y no dependa de la voluntad del titular de Hacienda.
Concretamente, el problema no está en el sistema que se vaya a utilizar, sino en asignarle a esa Boleta Única Electrónica (BUE) un efecto mágico, ilusorio y de transparencia, que no lo tiene. El escrutinio será más rápido, pero no más transparente.
El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires en 2015 fue alarmante. Es que se demostró que el sistema utilizado era vulnerable. De hecho, sólo dos días antes de la elección de 2015 para Jefe de Gobierno porteño, un informe de la Policía Metropolitana confirmó un grave ataque informático a los servidores de la empresa Magic Software Argentina (MSA).
El sistema electoral basado en la BUE fue infiltrado y se hicieron modificaciones en el servidor que tenía que recibir los votos a pocas horas de la votación. Sin embargo, la jueza Maria Luisa Escrich priorizó la persecución de un supuesto delito informático frente a la protección de la voluntad popular. Por esta investigación fue procesado y finalmente sobreseído el técnico informático Joaquín Sorianello, que advirtió las fallas y avisó a la empresa.
Sin embargo, hubo otro caso que no trascendió. Se trata de Martin Leandro Manelli quien, según consta en el pedido de allanamiento de la fiscal Silvina Rivarola, “no solo visualizó numerosa información del sistema, sino que realizó procesos relacionados a la edición, creación y eliminación de información”.
La causa se inició el 1 de julio, es decir, cuatro días antes de la elección y fue la propia empresa MSA, la que denunció accesos a su sistema informático. Peligroso.
Hay un dato no menor. El 5 de junio, justo un mes antes de la primera vuelta electoral, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño aprobó el sistema de voto electrónico, amparado en una auditoría realizada por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que lleva la firma Claudio Enrique Righetti, docente universitario que es a su vez Jefe de Seguridad de Redes de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín
El 14 de agosto de 2015, casi un mes después del ballotage que proclamó a Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno por apenas 54.855 votos de diferencia, el técnico de la UBA y Clarín, Righetti, entregó la auditoría final del sistema de BUE. En ese texto final afirma que “el código fuente auditado tiene una gran cantidad de debilidades de distintos tipos”. El informe insiste: “lo que se ha observado es que el código fuente no sigue pautas de programación segura”.
Por su parte los expertos Ivan Barrera Oro y Lucas Lakausky participaron de una reunión en las oficinas de MSA para auditar el sistema. Luego presentaron un informe titulado “Vot.ar: una mala elección” donde demostraron: que el chip RFID de la BUE puede ser leído por un tercero.
También un informe de Julián Rousselot (secretario General del SUTIRA, uno de los gremios que reúne a los técnicos informáticos, e hijo del ex intendente de Moron ) y Navarro señala las mismas críticas: que el chip de las boletas se puede leer con un celular básico, que vulnera el secreto del voto y no debe utilizarse en elecciones; que la auditoría independiente se hizo sobre una versión de prueba del sistema de votación y, por lo tanto, no el que se utilizó el día de la elección; que las máquinas auditadas tenían puertos USB a la vista y, por lo tanto, con posibilidad de acceso a la computadora para hacer modificaciones.
En un Informe realizado por un grupo interdisciplinario de especialistas integrado por Francisco Amato, Barrera Oro, Enrique Chaparro, Sergio Demian Lerner, Alfredo Ortega, Juliano Rizzo, Fernando Russ, Javier Smaldone (fue quien en el plenario de Comisión demostro como un celular puede leer el chip de la BUE y verificar el sufragio) y Nicolas Waismanlos dicen que los equipos utilizados en las elecciones no han sido certificados en ningún punto del proceso, situación que pone en jaque la seguridad del sistema.
Estos expertos demostraron a su vez la posibilidad de multivoto, que consiste en alterar el contenido del chip RFID con el objeto de emitir más de un voto en una sola boleta.
A pesar de que Macri y sus funcionarios aseguraron que las máquinas de votación eran simples impresoras, este grupo también descubrió que tenían una memoria “que le permite almacenar todo tipo de información, como ser por ejemplo el voto y una marca de tiempo”.
Pero detrás de todo, por supuesto, también se esconde un gran negocio. Al mes de aprobada la ley 4894, el 13 de enero de 2014, se aprobaron los pliegos de la licitación, que se abrieron quince días más tarde. El costo de los pliegos fue de $150.000, lo cual limitó el número de oferentes tanto por el precio como por la sospechas de preadjudicación a MSA. El servicio incluía 9500 máquinas (7500 mesas electorales, 1000 de reposición y 1000 para capacitación) con su instalación, capacitación a organismos públicos y soporte técnico en las distintas instancias electorales.
A los siete días la licitación de pre adjudicó a MSA, y finalmente el 20 de febrero se confirmó su contratación por 216 millones de pesos, monto que incluía las PASO (finalmente realizadas con boleta tradicional) y la primera y segunda vuelta. La oposición denunció que la licitación estaba direccionada hacia MSA.
Rogelio Frigerio ya cuenta con un prototipo de máquina para la votación de Corea. De hecho, el ministro de Modernización Andrés Ibarra estuvo a principios de julio en el país asiático digitando los acuerdos. Según dejaron trascender desde el Ministerio de Modernización, para una elección a nivel nacional calculan comprar 120.000 máquinas con un costo de 48 millones de dólares. Al cambio a 15 pesos, se trata de la friolera de 720 millones de pesos.
