El escándalo de los Panamá Papers no deja de traerle dolores de cabeza a Mauricio Macri. Es que día a día se conocen más vínculos entre sus negocios privados y las firmas offshore sospechadas en todo el mundo de hacer maniobras oscuras en guaridas fiscales.

En lugar de menguar el problema sigue en crecimiento. Con el paso de los días la cantidad de sociedades offshores registradas en paraísos fiscales continúa creciendo.

Ahora se conoció que el pasado 19 de febrero, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la transferencia de las acciones que el máximo mandatario poseía en la empresa Yacylec S.A a Sideco Americana S.A, sociedad que se encuentra registrada en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo y ahora centro de las miradas internacionales tras la filtración masiva de papeles..

Y casualmente, según consigna el portal El Destape, la lista de los integrantes de esa sociedad offshore coincide con los principales hombres de confianza de Franco Macri, el padre del presidente. Es más algunos de ellos también estuvieron involucrados en la causa de triangulación de activos, en la cual también estuvo procesado Mauricio Macri.

Según consta en el registro público de Panamá, Eloy Alfaro de Alba fue uno de los agentes que hizo la empresa, un hombre poderoso de Panamá, que llegó incluso a ser embajador en los Estados Unidos.

Felipe Santiago Tapia Castillo, otro de los integrantes pareciera ser una persona ficticia, a raíz de que ocupa varios puestos similares y en lapsos de tiempos cronológicamente imposibles: ostenta actualmente cinco puestos diferentes como suscriptor, director, vice-presidente, secretario y presidente en mil empresas de Panamá, Colón (Panamá).

Los otros mencionados en el directorio son Roberto Ringhini (Tesorero), hombre designado por el Grupo Macri en la Comisión Vial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuando como Ministro del menemismo, Roberto Dromi, le otorgó a los Macr el 11% de las concesiones de rutas nacionales.

También aparece Miguel Angel Pucci (Vicepresidente), quien fuera director de SEVEL cuando en el 2000 Franco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de auto partes y vehículos.

Luis Da Costa (Secretario), otro ex directivo de SEVEL y procesado junto a Mauricio Macri por "contrabando agravado".

Y finalmente Eloy Alfaro de Alba (Suscriptor) un abogado, ex Embajador de Panamá ante Casa Blanca, ex Magistrado de Corte Suprema de Justicia, ex Director de la Autoridad del Canal de Panamá.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, recibió casi 3 millones de pesos como aportes privados para financiar su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado.

La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten dinero a los candidatos, no obstante, la Cámara Nacional Electoral informó recientemente que Macri recibió donaciones de integrantes de compañías, muchos de ellos con altos cargos jerárquicos, según el sitio web Chequeado.

Especialistas en financiamiento político han coincidido en que el dinero en negro que mueven las campañas en Argentina es mucho mayor al declarado oficialmente, sin embargo, el último proceso electoral de ese país reveló un fenómeno muy llamativo, y es que ni siquiera cerraron las cuentas "en blanco" que los partidos declararon haber gastado.

En ese sentido, la fuente indica que alrededor de 3 millones de pesos para la campaña de Macri fueron aportados por gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, un hecho que entra en conflicto con la ley de financiamiento.

El portal web Chequeado, detalla que al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; 20 miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas vinculadas a la gestión porteña o en provincias, aportaron 2,7 millones de pesos (alrededor de 186 mil 570), en la carrera de Macri hacia la Casa Rosada.

Al sumar esta cantidad a los aportes de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas, que actualmente no son concesionarias de gobiernos, el monto recibido por la fórmula de Mauricio Macri alcanza al menos los cinco millones de pesos.

el sitio web asegura que a pesar de las pruebas aportadas por el Cuerpo de Auditores de la Nación en diferentes casos, hasta el momento ningún juez o fiscal federal ha avanzado en forma significativa en la investigación de partidos o candidatos por este tipo de irregularidades.

Además se realizó un análisis detallado de los 849 nombres de los donantes que figuran en el informe financiero, donde se especifica los montos declarados por Macri en las elecciones primarias:

-Seguridad privada: la fórmula Macri declaró haber recibido 875 mil pesos (unos 60 mil 462 dólares) por parte de personas vinculadas con Briefing Security-Impes UTE (unión transitoria de empresas), Murata SA, Verini Security SA y Yusion SRL, empresas de seguridad que desde 2011 se reparten el negocio de la custodia de los edificios públicos porteños.

De los 20 empleados que figuran como aportantes, se destacan ocho de Briefing Security-Impes, todos ellos con altos cargos directivos, que aportaron 320 mil pesos (alrededor de 22 mil 112 dólares).

También figuran siete representantes de la empresa Murata, quienes aportaron 295 mil pesos (unos 20 mil 384 dólares).

-Publicidad: Los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre, Jorge Reale y Roberto Fernando Reale aportaron 285 mil pesos (19 mil 693 dólares) para la campaña de Macri. Son socios en Reale-Dalla Torre Consultores, empresa que creó “la imagen y la marca de la Policía Metropolitana” y además distribuyeron parte de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los aportantes también se destacan varios gerentes de la empresa Publicidad Sarmiento, ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño, incluyendo nombres como el de Oscar Contreras, gerente de Operaciones; Raúl Menéndez, jefe de Locaciones y Santiago Terranova, socio director, todos ellos con 50 mil pesos cada uno (3 mil 455 dólares).

Al ser consultado por chequeado.com, Raúl Menéndez negó haber puesto plata para la campaña, además, otra de las personas empleadas en Publicidad Sarmiento, que pidió el anonimato, confirmó que tampoco hizo el aporte que figura en el informe financiero de campaña.

-Higiene urbana: Cuatro empleados de la firma cordobesa Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL, más conocida como Econovo, pusieron 180 mil pesos (12 mil 438 dólares) para la fórmula Macri. De igual manera, Econovo fue contratada en su momento por la empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) para la provisión de camiones de recolección de residuos, negocio que continuó con Lusa y Cotreco, las dos empresas que operan el servicio en la ciudad de Córdoba.

Estos tres grupos de aportantes suman 2.145.000 pesos y representan el 10% del total de las donaciones privadas que Macri recibió en las elecciones primarias.

A través de un comunicado firmado por el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA), diferentes personalidades de las ciencias económicas y sociales manifestaron su rechazo a la citación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el miércoles por parte del juez federal Claudio Bonadío.

En el texto divulgado por los académicos se indica en forma de introducción: “Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad, para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la patria”.

Además manifiestan: “Repudiar enérgicamente la acusación a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex Ministro Julio De Vido, en el marco de la investigación amañada por Guillermo Marijuan, un fiscal faccioso que responde a las corporaciones económicas que quieren instalar la violencia política en la Argentina”.

Siguiendo esa línea, los firmantes del comunicado firmado por EPPA también repudian “el procesamiento y la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento de gran parte del capital concentrado de la Argentina”.

En el texto además se denuncia el desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión de gobierno y critican el nombramiento de una funcionaria del Banco HSBC, “de connotados antecedentes como lavador de activos, facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo”, como el comportamiento del juez Claudio Bonadío, “que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de actos impropios para un juez de la Nación”.

Para finalizar, el comunicado exige “la presencia de Macri ante el Congreso para aclarar su vinculación con las empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas de los diputados allí presentes” y rechazan el uso corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país”.

Consultado por Radio Del Plata, sobre la gran cantidad de cuentas y compañías offshore que se le encontraron a más de media docena de dirigentes de Cambiemos, entre los que se encuentra el Presidente de la Nación, Intendentes, ministros y legisladores, Garvano aseguró que “somos muchos más los que no tenemos”.

Para el titular de la cartera de justicia “el punto central que hay que develar es si se han detectado cuentas con movimientos de dinero”.

Siguinedo esa línea, Garvano señaló que “para que algo se declare o no es la implicancia patrimonial. Si esa actividad tenía o no tenía una implicancia patrimonial. Si tenía, seguramente debería ser declarada. Si no tienen implicancia patrimonial es bastante más dudoso o en principio no debería ser declarada” y luego agregó: “Ese es el punto, desconozco en cada caso como es la situación”.

Hasta el momento, tras el escándalo internacional del Panamá Papers, se le encontraron cuentas offshore a: El Presidente de la Nación, Mauricio Macri; a su primo el intendente de Vicente López y presidente del grupo BAPRO, Jorge Macri; al intendente de Lanús Néstor Grindetti; al ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido; al titular de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; y a los diputados provinciales de Cambiemos Waldo Wolff y Daniel Ivoskus.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se investigue a la ex presidenta y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otras trece personas, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó ayer Fariña, quien volvió a los términos de su primera declaración televisiva de la cual se había desdicho también por televisión.

Tras la extensa declaración de ayer de Leonardo Fariña, "valijero" de Lázaro Báez, en la que el hombre mencionó a la ex presidenta y a su esposo Néstor Kirchner en supuestas maniobras de lavado de dinero y fuga de divisas que se organizaron alrededor de la financiera SGI.

Marijuán sucede en medio de las revelaciones conocidas como Panamá Paper, en las que se vincula a cuentas offshore del presidente Mauricio Macri, quien fue imputado esta semana.

El juez Sebastián Casanello no había encontrado vinculaciones del caso con la política y acusó a Báez de lavar dinero proveniente de un ocultamiento de gastos de Austral Construcciones realizado mediante facturas falsas. Es decir, lavado originado en evasión impositiva.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en Diputados, Héctor Recalde aseguró que la imputación "no tiene sustento jurídico" y detalló que "escuchar a un hombre que dice que está arrepentido y hace dos años que está preso, da lugar a sospechas", en referencia a la declaración de Fariña.

El senador nacional Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria (FPV), valoró positivamente el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre acceso a la información pública, y remarcó que será necesaria “una discusión profunda para enriquecer la iniciativa”.

En un discurso realizado el 7 de abril pasado, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri, destacó que el proyecto que enviará al Parlamento "recoge propuestas muy buenas de distintos legisladores de distintos partidos políticos" y "que busca traer transparencia", para que en Argentina los ciudadanos puedan conocer con facilidad cómo se ejecutan los presupuestos.

Abal Medina, quien presentó un proyecto sobre este tema el año pasado, valoró el espíritu de la propuesta y explicó que “será necesario consensuar cuestiones vinculadas a las funciones y a la conformación del órgano de aplicación, así como aspectos vinculados a los sujetos obligados a brindar la información requerida por los ciudadanos”.

Durante la gestión de Abal Medina como Jefe de Gabinete se impulsaron medidas vinculadas al acceso a la información, como la firma de la carta de adhesión de la República Argentina a la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), y el plan de acción que posibilitó la creación del Sistema Nacional de Datos Públicos (SINDAP) y del Portal Nacional de Datos Públicos

Tras los documentos filtrados y publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y titulado Panama Pepers, que reveló el armado de cuentas offshores de diferentes personalidades del mundo en paraísos fiscales y la decisión del fiscal Federico Delgado de imputar al presidente Mauricio Macri por figurar en el directorio de una empresas fantasmas creada en Bahamas, y otra sociedad registrada en Panamá, los medios del mundo comenzaron a hacerse eco de esta medida.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung, que publicó el escándalo de las sociedad offshore en Panamá, lo tuvo a Macri en su portada la semana pasada con el pedido del fiscal Delgado.

Además, el Huffington Post, de Estados Unidos; el País de España y Europa Press, también le dedicó un artículo al mandatario, por la Imputan a Mauricio Macri por los 'Panamá Papers'.

La prensa rusa, a través de Sputnik y Russia Today le dedicaron buen tiempo al caso del mandatario argentino y abordaron el tema titulando: Fiscalía argentina investigará a Macri por caso Panama Papers” e “Imputan al presidente argentino por papeles de panamá”, respectivamente.

Por su parte la prensa regional a través de Telesur, La Tercera de Chile y TVN de Panamá, también trataron el tema durante la semana y entrevistaron añadieron declaraciones de diputados y senadores nacionales y destacaron la decisión de imputar al jefe de Estado argentino.

Elisa Carrió, recibió un llamado que la hizo estallar en furia. El jefe de gabinete, Marcos Peña le pidió expresamente que "modere" su discurso crítico hacia el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Fiel al estilo "Lilita", la llamada le despertó ira, y fuentes cercanas aseguraron que habría tratado de "pendejo", al funcionario macrista.

“Estoy en política hace 30 años”, afirmó Carrió enfurecida.

El principal tema que pone en riesgo la alianza de gobierno "Cambiemos" son las denuncias que la diputada nacional presentó contra el amigo íntimo de Mauricio Macri, Daniel Angelici.

Carrió, insitió en que el presidente del club Xeneize, es el operador de Macri en la Justicia y que será un osbtáculo para la investigación de hechos de corrupción.

La renuncia del juez Oyarbide, agitó el avispero. Lilita, denunció que era una acuerdo entre Angelici y el juez y que por lo tanto había un pacto de "impunidad" para no investigar "al juez más corrupto".

El jefe de gabinete, Marcos Peña, tiene un rol preponderante en el armado discursivo del gobierno PRO. Los discursos de cada funcionario primero pasan por su estricto control.

La diputada Carrió, en los últimos tiempos ha sido muy crítica del comportamiento del presidente Mauricio Macri, principalmente en torno al manejo con el Poder judicial. En las últimas horas le solicitó al mandatario que no acepte la renuncia del juez Oyarbide.

Todo indica que el presidente Mau, hará oídos sordos. Se estima que la renuncia será aceptada el 15 de abril próximo.

En una audiencia que comenzó a las 10 de la mañana en la ciudad de Washington, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, señaló que "la audiencia fue solicitada para exponer sobre la afectación de los derechos de la libertad de de expresión, de información y a la comunicación producido por los tres decretos del poder ejecutivo que modificaron la ley de servicios de comunicación audiovisual".

"Con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y consejos federales", señaló Verbitsky y agregó que se trata de "una política de hechos consumados que habilita una mayor concentración en vez de limitarla".

Por su parte, otro de los peticionantes, el investigador en Medios de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra, recordó que en Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea existen "organismos estatales habilitados para limitar la concentración" porque aseguró que "la concentración de la palabra es la antítesis de la democracia".

En representación del gobierno nacional estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el presidente de ENACOM, Miguel de Godoy; una de las directoras de ese Ente, Silvana Giudici, y Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Avruj expresó que "uno de los objetivos el presidente Mauricio Macri es restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país" y señaló que "en los últimos 6 años hubo restricciones en materia de libertad de expresión en el anterior gobierno".

También criticó la realización de cadenas nacionales y la distribución de la pauta oficial durante el gobierno anterior y consideró que "desde diciembre de 2015 la confrontación con el periodismo ha terminado y que la política comunicacional respetara los estándares de derechos humanos".

De Godoy destacó que convocarán "a todos y respetaran los aportes que la comisión realizará" y debatirán "con los peticionantes para trabajar en conjunto".

"La situación que se vivía en el país en materia de libertad de expresión ameritaba medidas inmediatas en tiempo y en forma", resaltó el funcionario y expresó que "hay que pensar la convergencia mirando el futuro de la libertad de expresión".

Para Marina Dal Poggeto, del estudio Bein, abril y mayo "serán los peores meses del año, porque tendremos aceleración de la inflación como contracara del impacto del aumento tarifario, más paritarias que no llegaron".

A su criterio, "en el segundo semestre, la inflación será más baja que la inflación promedio de los primeros meses del año. En abril tendremos el peor mes en cuanto inflación y en mayo el peor en cuanto a actividad económica."

"Habrá caídas muy fuertes en el consumo en esos meses, pero si miramos de junio en adelante, con las nuevas paritarias y con precios que deberían moderarse y un dólar tranquilo, la capacidad de compra y el consumo van a mejorar", pronosticó.

En declaraciones a radio Belgrano, Dal Poggeto explicó que "la capacidad de los salarios siempre cae entre noviembre y mayo, pero luego mejora entre mayo y octubre" de cada año.

Por su parte, el economista Orlando Ferreres consideró que "es probable" que mayo próximo "sea el piso del consumo, pero eso no va a significar que la eoconomia vuelva a los niveles previos, sino que en julio, al tener los retroactivos y los aguinaldos, el nivel de consumo será mayor".

Según comentó, la inflación será del 1% mensual a partir del segundo semestre del año, algo que, estimó, "va a tranquilizar bastante a la gente".

"Los aumentos de tarifas se concentraron mucho en este mes. Los aumentos de trenes, los colectivos el agua todo fue bastante junto. La electricidad había aumentado antes. Son precios reprimidos del Gobierno anterior que no se animó a reflejarla por miedo a perder popularidad", enfatizó.

En declaraciones radiales, Ferreres vaticinó que la inflación se reducirá bastante en 2017, con un acumulado anual del 18%, con un crecimiento del PBI de entre el 2 y el 3%.

Por último, consideró que el Gobierno anterior "postergó y ahora explotó es el tema de los subsidios, que se redujeron un 40% pero todavía se necesitarán aumentos graduales (de tarifas) de a poco".