Con el aumento todavía fresco, Edenor no tardó ni 24 horas en salir a pedir más recursos. A pesar de la furiosa transferencia de recursos que convalidó el tarifazo de la luz, la distribuidora salió a marcar la cancha y advirtió que el nuevo cuadro tarifario aún no cubre sus expectativas.

"Desde ayer estamos con el nuevo cuadro tarifario. Todavía, con estos valores no se cubre el costo de generación de electricidad", afirmó hoy el vocero de la compañía, Eduuardo Mirabelli,

Así, la empresa distribuidora dejó clara su postura de presionar por nuevos ajustes o mayores subdisios estatales que cubran ese "faltante de fondos".

"Lo que están haciendo es eliminar un factor de injusticia que beneficiaba a los habitantes del Gran Buenos Aires y Capital Federal, que es el distrito con mayor ingreso per cápita", expresó el vocero de Edenor en declaraciones a A24.

Mirabelli explicó que por el congelamiento de tarifas que impuso el kirchnerismo, la empresa hace 16 años que no distribuye dividendos entre sus accionistas, por lo que destino sus ingresos a inversiones y pago de sueldos.

"Siempre estuvimos corriendo detrás de la demanda. Vamos a tratar de acelerar ahora con un régimen más cercano a la realidad. Probablemente haya cortes, pero menores, el año siguiente menos y el otro año tal vez ya no", dijo el vocero.

Mirabelli precisó que existen cinco grandes grupos de clientes residenciales con dos extremos promedio: los de 1.000 kilovatios o más, que es un consumo medio-alto; y los de 150 kilovatios, que es una demanda baja para una vivienda que no tiene más que una heladera y un ventilador.

En los 500 kilovatios rondan departamentos de 2 o 3 ambientes en los que viven una pareja y un hijo, con acondicionador de aire, una computadora, un microondas, una heladera y un televisor, por ejemplo.

"El consumo promedio en la Ciudad de Buenos Aires se ubica entre 300 y 500 Kw. Hay más de 7000 edificios en los barrios porteños que son totalmente eléctricos", dijo el vocero de la distribuidora.

El gobierno nacional descolgó los cuadros del ex presidente Néstor Kirchner y del ex jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, que estaban en el primer piso de la Casa de Gobierno y los trasladó al Museo del Bicentenario, contiguo a la Casa Rosada.

Periodistas acreditados de la Casa de Gobierno fueron testigos del momento en que un empleado, que dijo pertenecer a la Secretaría General de la Presidencia, daba instrucción a un operario de bajar ambos cuadros para llevarlos al museo contiguo a la Casa Rosada de modo de "darle otra impronta" a ese pasillo, cercano al Salón de las Mujeres del Bicentenario.

Desde la oposición llovieron críticas por el gesto y su impronta simbólica. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rechazó la iniciativa: "Me parece una provocación innecesaria que bajen los cuadros de Chávez y Néstor, hay temas más profundos para discutir"‎.

En ese mismo sentido se pronunciaron el dirigente del Frente para la Victoria, Gustavo López, y el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Lopéz sintetizó: "Mientras nosotros sacábamos el cuadro de Videla, Mauricio Macri descuelga el de Néstor, me quedé sin palabras".‎ Por su parte, Aníbal aseguró que "la memoria de Néstor Kirchner está viva en todos los que reconocemos su enorme sacrificio por la Patria".

Asimismo, el ex intendente de Lanús, Dario Díaz Pérez, sostuvo: "Por más que oculten los cuadros, Néstor y Chávez seguirán controlando e inquietado a los poderosos desde el corazón de los humildes".

Los cuadros habían sido puestos allí el año pasado durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien solía brindar sus discursos desde ese pasillo, flanqueada por ambos cuadros.

En un contexto de despidos masivos en el sector público, el funcionario PRO expresó que  “No podemos tener un estado enorme que nos traiga déficit.”

En referencia a la discusión que se avecina sobre las paritarias, el secretario de trabajo sostuvo que "la discusión es entre los trabajadores y empleadores, nosotros pretendemos que las negociaciones lleguen a buen puerto y brindamos las herramientas necesarias para eso.  No se discute solo un número, sino condiciones de trabajo.”

Sin embargo, todos los gremios estarían reclamando aumentos muy por encima del porcentaje de inflación que estima el gobierno.

"La pauta para este año estará entre los 20 y 26 puntos de inflación", sostuvo Sabor, mientras que los gremios exigirán más del 40% en algunos casos.

Por otra parte el funcionario de gobierno en relación a los despidos masivos en el sector estatal consideró que debe haber una cantidad justa de trabajadores y agregó que "no importa la ideología de las personas, sino la utilidad".

No obstante, los gremios que denunciaron despidos en diferentes áreas ministeriales sostuvieron que no hay causas justificadas de despidos y en varios casos  agregaron que existe persecución política.

"Es muy feo decirle que no trabaja más a una persona, pero hay que hacerlo de frente", concluyó el funcionario en un contexto de crisis laboral tanto en el sector público como en el privado.

La nueva gestión nacional, entre sus nuevas medidas habilitó a las fuerzas federales a utilizar la violencia y la represión como herramienta cotidiana.

Esta vez, vecinos del Bajo Flores denunciaron que el pasado viernes la gendarmería  sin previo aviso y sin causa aparente, interrumpió con disparos de balas de goma el ensayo de la murga "Los Auténticos Reyes del Ritmo".

El saldo del operativo de seguridad fue de ocho personas gravemente heridas, de los cuales cinco de ellas son menores y 2 se encuentran internadas con múltiples lesiones.

"Estamos haciendo un análisis similar al que hicimos en el caso eléctrico. Estamos analizando cuáles son los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal", indicó Juan José Aranguren, consultado sobre las tarifas del gas, tras el aumento anunciado para las del servicio de suministro eléctrico.

De todos modos, aclaró a radio Mitre que "en el caso del gas, el atraso es menor" en sus valores respecto de los de la electricidad, y precisó que "en los últimos dos años, la administración anterior había iniciado un sendero, en el cual reconocía un precio diferencial para el gas".

El funcionario aseguró que "todas las decisiones que toma el Gobierno tienen en cuanta los tres objetivos que ha definido el presidente Mauricio Macri: pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos".

Así sostuvo que "cuidar el bolsillo de los argentinos también significa tener en cuenta el impacto en el presente, y cuáles pueden ser las consecuencias en el futuro".

Aranguren señaló que "las medidas adoptadas para recomponer el cuadro tarifario eléctrico se hicieron en la búsqueda de ese objetivo", y puntualizó que "por lo tanto, sus impactos van a ser reconocidos en la medida que los mismos tengan en cuenta la recomposición de una situación que fue consecuencia de diez años de desinversión".

Por otra parte, rechazó que a Bolivia se le esté pagando por el gas importado el doble del valor que tiene el fluido a nivel internacional.

"A Bolivia le estamos pagando en este primer trimestre U$S 3,9 el millón de BTU (denominación para medir el gas) y el gas que se recibe en forma licuada para después regasificarlo nos cuesta U$S 5,7, a los que deben agregarse unos 90 centavos más para regasificarlo. Por lo tanto está en el doble de lo que se le paga a Bolivia", precisó Aranguren,

Al respecto, indicó que "si se compara con lo que cuesta el gas en el mercado estadounidense, U$S 2 el millón de BTU, a Bolivia se le paga el doble", pero aclaró que "hay que licuarlo, transportarlo y resgasificarlo", lo cual lleva ese valor a U$S 6,6.

Dos periodistas del portal de noticias Infobae  fueron detenidos el pasado miércoles por orden del presidente Mauricio Macri, cuando intentaron filmar las modificaciones dispuestas por el mandatario en la Quinta de Olivos.

Los periodistas del portal web habrían intentado filmar desde el aire, con un dron, los cambios que a pedido de Macri se realizan en la quinta presidencial.

Según indicó el diario Clarin, cuando la vigilancia advirtió la presencia del aparato, intentó -sin éxito- derribarlo a disparos.

Luego del fallido  derribamiento, el Comisario Fernando Pereyra, segundo Jefe de Seguridad de la Quinta detuvo a los periodistas y los puso a disposición del juez subrogante de San Isidro Rodríguez.

Rodríguez los interrogó y luego de varias horas determinó que no se había cometido delito tipificado en la órbita federal o normativa con respecto al uso de drones, por lo cual los dejó en libertad.

Desde fines de diciembre, los trabajadores de Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, a cargo de Marcos Peña, se encuentran en estado de alerta debido a una serie de despidos injustificados y la falta del cumplimiento del decreto 254 que preveé tres y doce meses de evaluación según antigüedad.

Según un comunicado de los trabajadores, a estos puntos “se suma la decisión de la actual gestión de recortar horas extras reduciendo, drásticamente, el salario de los trabajadores, con el agravante de ver cómo el macrismo se dedica a perseguir ideológicamente a los trabajadores del edificio y a estigmatizar a los estatales”.

Luego de una asamblea realizada el viernes 15 de enero, los delegados de ATE fueron convocados por la directora de Recursos Humanos, Lic. Belén Moretti, quien aseguró que se respetarían los tres meses de evaluación previstos en el Decreto 254.

En menos de una semana de ese acuerdo, una ola de telegramas informaba a los trabajadores que sus funciones finalizaban el 31 de enero, "argumentando falazmente que la razón de los despidos es la no concurrencia a sus puestos de trabajo".

“Cabe destacar que tanto funcionarios de Recursos Humanos, como de la Secretaría de Comunicación Pública, efectuaron relevamientos en diferentes horarios y corroboraron que todos los trabajadores estaban presentes en sus puestos de trabajo. Sumando a esto  las planillas de asistencia que se firman diariamente y el control biométrico que se realiza tanto para el ingreso, como para el egreso del edificio”, comunicaron los trabajadores.

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores nucleados en ATE convocan a una asamblea general “para exigir que las autoridades reciban a los representantes de los trabajadores con el fin de resolver el conflicto que afecta a cientos de familias”.

Sin previa notificación, con policía custodiando la puerta y una lista de quienes se quedaban afuera, la Casa Rosada se sumó a la ola de despidos desatada por Cambiemos desde su llegada al poder.

Esta mañana, a las 7, no pudieron ingresar al cumplir sus funciones unos 73 trabajadores porque fueron cesanteados.

Sin embargo las malas noticias para los empleados podrían continuar. Es que el segundo turno comienza a las 14 horas y podría haber una segunda tanda de despedidos.

Una empleada de la Casa Rosada dialogó con el portal Cadena 3 y explicó: "Me dijeron que estaba desafectada sin previo aviso. Trabajo desde el año 1990 y no soy activista ni pertenezco a ningún partido político".

Lo mismo sucedió hoy en otras dependencias. Por ejemplo en el edificio donde funciona Jefatura de Gabinete los despidos ya habían sido notificados a principios de enero y estaban en negociación pero, al ser fin de mes, las nuevas autoridades decidieron no dejar ingresar a los trabajadores.

Según un comunicado de los trabajadores de Jefatura de Gabinete "se encuentran en estado de alerta debido a la serie de despidos injustificados y la falta del cumplimiento del Decreto 254 que preveé tres y doce meses de evaluación según antigüedad".

En el Ministerio de Cultura, en tanto, fueron 493 empleados los que no pudieron ingresar y fueron notificados de la pérdida de su puesto de trabajo.

La ola de despidos en el ámbito estatal que también ya se está haciendo sentir en el sector privado son motivo de preocupación para los trabajadores y trabajadoras que pueden ver afectado su puesto de trabajo.

El Diputado por la provincial de Buenos Aires, Miguel Funes,  en diálogo con PRIMEREANDO, decía

"La Alianza Cambiemos busca el achicamiento del Estado en sus tres niveles, no solo a nivel nacional, sino también a  nivel provincial y municipal. Esto impacta directamente en los puestos de trabajo. En el área más sensible como cooperativas, además tiene su fundamento ideológico, pensemos por ejemplo que muchas de las cooperativas funcionan en los sitios de la Memoria".

Funes no solo hizo referencia al escenario de despidos en el sector estatal donde además resaltó que está acompañada por la estigmatización de la militancia y de los trabajadores, sino que argumentó que en le privado la situación no es esperanzadora.

"Cuando fue el conflicto en la empresa Cresta Roja, nos solidarizamos con los trabajadores que por defender sus puesto de trabajo recibieron una brutal represión, ese es el mensaje que este gobierno quiere darle a  aquellos que busquen sostener su puesto o lograr aumentos"

Para el diputado provincial lo que debe quedar claro es que detrás de las acciones del gobierno hay plasmada un matriz ideológica de Estado Ausente. Al referirse a los motivos de los despidos remarcó que "Si el trabajador no cumple con sus obligaciones la ley debe regir, pero lo que sucede en este momento es que echan a  los trabajadores porque suponen que son militantes y si lo fueran cuál sería el problema de ser un trabajador que milita en un proyecto político determinado, esa no puede ser razón de despido".

En el mismo sentido y haciendo referencia a  diferentes hechos de persecución políticas que viven los trabajadores a diario, como ser, el control de las redes sociales o respuestas del tipo: "te reincidimos el contrato por razones políticas", Funes resaltó que "creímos que vivimos en una época de la historia de nuestro país que estaba superada. Sin embargo, cuando decimos que la dictadura militar tuvo un alto componente de complicidad civil, es decir, fue una dictadura cívico – militar, hoy estamos viviendo los resultados de eso, los que gobiernan llevan el apellido de los cómplices civiles de quienes gobernaron de facto".

Por otra parte, el diputado provincial también se manifestó acerca de la situación de la militante popular Milagro Sala, que se encuentra detenida por encabezar una protesta en contra del gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morles, Funes señaló que "la detención de Milagro es un atropello a la militancia del campo popular, ella sabe que si levanta el acampe sería un forma de darles la razón, el grupo que resiste es el que la eligió a Milagro como un referente que lucha por causas justas, no puede el gobernador Morales Sola reemplazar eso a través de la intromisión en las cooperativas o quitando su personería jurídica".

En consonancia con las perspectivas a futuro de la situación de un posible escenario de despidos masivos y recrudecimiento de la represión como sucedió en Cresta Roja y en la Municipalidad de La Plata, Miguel Funes destacó que " en la medida que la situación económica siga desmejorando, haya cada vez más trabajadores en las calles, no se respeten las paritarias y haya despidos masivos vamos a ir articulando con un gran cantidad de sectores que hayan sido o no kirchneristas pero que comprenden que hoy la lucha del pueblo es  contra el gobierno de la alianza Macri – Magnetto, y contra ellos hay que evitar que nos quiten lo conquistado, organizarse y resistir.  A nosotros esto no nos sorprende, no hicimos campaña del miedo como nos decían, los conocemos bien.Hoy tenemos mayores niveles de conciencia de los derechos como pueblo  y eso no hace estar en un etapa distinta e interesante para todo el campo popular".

El presidente Mauricio Macri optó por reunirse con poderosos empresarios de AEA, entre ellos, Héctor Magnetto del Grupo Clarín, quién no pisaba la Rosada desde hacía varios años, negándose a   reunirse con los organismos de DD. HH.

Entre otras abuelas y madres, estaba la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y la referente de Madres Línea Fundadora Tati Almeyda, que mantuvieron una reunión con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Justicia, German Garvano.

Además del reclamo histórico que llevan adelante los organismo por la Memoria,  la Verdad y la Justicia, también plantearon su preocupación por la ola de despidos registrados durante el inicio del gobierno macrista.

A su vez, los organismos pidieron  la liberación de la militante popular y referente de la organización Tupac Amarú, Milagro Sala, quien está  presa por manifestarse en contra del gobierno de la alianza "Cambiemos", del gobernador radical Gerardo Morales.

"No tiene tiempo disponible" había anticipado Estela de Carlotto días atrás, al referirse a la dilatación de una respuesta a la solicitud de un reunión con el primer mandatario. Sin embargo, la agenda estaría más que disponibles para el empresariado, incluso, Clarín y compañía como quedó demostrado en el día de hoy.

"Todavía por parte del señor Macri no se sabe cuál la política en lo que hace a Derechos Humanos", dijo Almeyda por su parte luego del encuentro.

También  participaron del encuentro HIJOS, CELS, APDH, Buena Memoria, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.