En medio del actual festival de especulaciones, operaciones y cálculos más o menos fantasiosos, existe una certeza: a los gobernadores les conviene despegarse de Macri. El derrumbe de la economía y la caída de la imagen presidencial potencieron esa evidencia.
El oficialismo no tiene la vaca atada. Pero cuenta con una ventaja para 2019: la principal víctima de la crisis no fue el oficialismo, sino el discurso economicista, del que la oposición hizo abuso desde principios de 2016.
Entre la final fallida y un multilateralismo en crisis, el gobierno se limita al ejercicio de un panelismo quejoso sobre el peronismo, los jueces, dirigentes del fútbol, gremios y la sociedad. Pero lo hace sin renunciar a la pretensión de liderar una suerte de revolución cultural profunda.
El macrismo muestra una mezcla de sorpresa y desazón, con un agragado victimizante. Esta vez, sin embargo, el discurso autoindulgente difícilmente le sirva para convencer a los que no participan de la grieta.
Mediante el decreto 1278/16 se crea el régimen modular para el personal de gabinete, en el que se le asigna a cada funcionario una cantidad determinada de módulos para armar su equipo de “asesores”.
Esta suma le fue asignada para la contratación de “personal de gabinete”, es decir asesores, personal de confianza o militantes de Cambiemos.
El decreto lleva la firma de María Eugenia Vidal, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el ex titular de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante.
Este entramado reglamentario, si bien impide nuevos nombramientos, habilita la llegada de militantes de Cambiemos disfrazados de asesores de forma temporaria, situación que viola las disposiciones laborales legales para contratar personal, pero que habilita un pago superior por estar en esa condición de desventaja.
La normativa expresa que la gobernadora dispone de 30 mil módulos, por lo que cuenta con 525 mil pesos mensuales para destinar a sus asesores-militantes. En tanto, los ministros y secretarios cuentan con 25 mil módulos cada uno, lo que corresponde a 437.500 pesos por mes. A los subsecretarios se les asignaron 20 mil módulos, por lo que están habilitados a gastar 350 mil pesos mensuales.
La suma destinada a la contratación temporaria de militantes supera ampliamente los 10 millones de pesos.
Fuente:Realpolitik
