La actividad presidida por el titular de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, se desarrolló este fin de semana en el complejo de Chapadmalal, con más de 320 familiares que asistieron desde Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Capital Federal y diversos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El premio Nobel de la Paz sostuvo al abrir la jornada que “sabemos que las cárceles son depósitos humanos y por eso debemos redoblar nuestros esfuerzos para cambiar esa realidad”.

“El cambio lo tiene que construir el pueblo organizado, desde abajo hacia arriba, y para eso es importante que los familiares de víctimas y los militantes por los derechos humanos se organicen, formen redes y sepan qué hacer frente a tanta violencia del Estado”, agregó.

Aseguró que “ante el inminente cambio de gobierno, vamos a exigir y luchar por las mismas causas que hasta ahora: el respeto irrestricto a los derechos humanos”, y agregó: “La democracia no se regala, sino que se construye".

Por su parte, la nueva integrante de la CPM y miembro de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, Nora Cortiñas, hizo un llamado a la continuidad de las luchas populares “para mantener las conquistas y avanzar en todo lo que falta. Tenemos que estar atentos y activos y saber que lo que hacemos es por los otros; es para que a nuestros jóvenes no los persiga ni torture el sistema”.

Según se informó, el encuentro se realizó a partir de las inquietudes y dificultades observadas por los familiares, es por ello que desde la CPM “se pensó en desarrollar canales de diálogo y participación colectiva que permita construir herramientas para la defensa y promoción de los derechos de las personas que sufren el avance represivo de los agentes penales del Estado”.

En ese marco, se desarrollaron una serie de talleres y charla debate para abordar la discusión sobre las violencias del Estado y los desafíos de organizarse para enfrentar conjuntamente el dolor y la impunidad.

Asimismo, entre el sábado y domingo se desarrollaron seis talleres sobre violencia policial, violencia carcelaria, violencia judicial, articulación de organizaciones, estrategias de comunicación y políticas pospenitenciarias.

Entre las conclusiones de los talleres, se destaca la necesidad de formular estrategias colectivas de intervención frente a la desidia y demora judicial, la existencia de sentencias que no se ajustan al valor de las pruebas y/o a la gravedad de los delitos, y la discriminación y maltrato de los actores judiciales contra quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a la violencia del Estado, se informó.

El encuentro que se desarrollará el sábado y domingo próximo contará con la participación de más de 250 familiares y diferentes organizaciones de todo el país, según se informó desde la CPM.

En la apertura de la actividad tendrá lugar un conversatorio "Con-moverse frente al dolor" con la presencia del presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel; la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; y el juez y consultor académico de la CPM, Baltasar Garzón.

Según se valoró, el encuentro "será un espacio clave de participación para los familiares y víctimas de la violencia institucional, para impulsar sus causas y construir herramientas para la intervención en cada una de sus comunidades".

"Además, el segundo Encuentro permitirá visualizar una problemática común que permanece invisibilizada y profundizar el trabajo y la acción articulada", se detalló en un comunicado.

Estas jornadas se desarrollarán en el marco del 14º Encuentro de Jóvenes y Memoria de la CPM, donde unos 15 mil jóvenes de escuelas secundarias y organizaciones sociales de toda la provincia exponen y comparten los trabajos que han realizado durante todo el año con una perspectiva en derechos humanos, se valoró.

Todas las actividades se realizarán en el complejo turístico de Chapadmalal, en el municipio bonaerense de General Pueyrredón, donde se alojarán los asistentes, se explicó

Alejandro “Sheriff” Granados cumplió dos años al mando del ministerio de Seguridad provincial y lo festejó fiel a su modo: inauguró varias dependencias policiales en la ciudad de Lobos y participó del inicio de clases de la Policía Local junto al intendente Gustavo Sobrero.

Lo que más sorprendió fue su férrea defensa de la Policía Bonaerense, fuerza históricamente ligada a negocios turbios y a violaciones a los derechos humanos. “Hoy, al cumplirse exactamente dos años de estar en el cargo como ministro de Seguridad, hemos logrado enterrar ese mote despectivo de “La Bonaerense” para volver a ser la Policía de la Provincia de Buenos Aires con su prestigio y con su gran cantidad de buenos uniformados”, dijo Granados.

Así se manifestó durante la puesta en marcha de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI), la Dirección Distrital Antinarcóticos (DDA) y el Comando de Prevención Rural (CPR) en la localidad de Lobos.

No obstante, los organismos de derechos humanos de la Provincia manejan datos que refutan estos dichos. El último informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria muestra “graves violaciones a los derechos humanos por prácticas policiales y en cárceles, comisarías, centros de menores y neuropsiquiátricos”.

El informe asegura que los indicadores se dispararon desde el decreto de emergencia en seguridad del año 2014. Las cifras que maneja la CPM son alarmantes: al menos 548 muertes, 600 % de índices de sobrepoblación en algunas comisarías, aumento de la tasa de encarcelamiento (207 personas cada 100 mil) llegando al récord histórico de casi 35000 detenidos, más de 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos, uso sistemático de la prisión preventiva (60,4 %).

Según comunica la CPM, el organismo provincial detectó que el 90 % de las causas que se tramita en el sistema penal son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa.

Por otra parte, al inaugurar la Comisaría de la Mujer número 114 de la Provincia, el ministro Granados anticipó que al finalizar el mandato del gobernador Daniel Scioli habrá una de estas dependencias por cada distrito al igual que DDI y DDA.

“Así cada municipio tendrá de acuerdo a la tarea de descentralización propuesta por el gobernador todos los estamentos policiales para dar respuesta inmediata a las problemáticas particulares de cada ciudad”, explicó.

Respecto al inicio del ciclo lectivo de la Policía Local, el titular de la cartera de Seguridad señaló que "en marzo, los que hoy son aspirantes, serán los efectivos que van a desempeñar en estas calles las tareas de prevención con una capacitación intensiva y con todo el equipamiento necesario para complementar el trabajo de la Policía de la Provincia".

Elemento clave de la campaña electoral del sciolismo, ya suman 40 las policías locales puestas en marcha. En La Plata, capital de la Provincia, un miembro de la fuerza local ya protagonizó un caso de violencia policial contra un estudiante. A raíz de las denuncias contra los uniformados, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, le pidió una audiencia al gobernador Scioli para que dé explicaciones.

Durante el relevamiento, la CPM advirtió que se constataron "distintas vulneraciones que marcan un agravamiento de las condiciones de detención y atentan contra la integridad y la dignidad de las cerca de 2.500 personas allí alojadas".

Pérez Esquivel manifestó que "se constató el agravamiento de las graves condiciones de encierro y la sistemática vulneración de derechos de los detenidos", y se enfatizó que en lo que va del año ya murieron ocho personas en el lugar.

De la recorrida participaron Elisa Carca y Roberto Cipriano García, vicepresidenta y secretario de la CPM, junto a los equipos del Comité contra la Tortura, quienes se entrevistaron con los detenidos y constataron diversas problemáticas.

"Todas las cárceles son depósitos humanos, de ahí nadie puede salir rehabilitado, tiene que hacer un gran esfuerzo para superar ese tiempo de encierro; hay gente que permanece aislado durante meses, sin salidas aunque sea al patio a ver el sol o de poder pensar en otras cosas para la vida", cuestionó Pérez Esquivel, en ese sentido.

Según se detalló, al llegar a la inspección, el penal se encontraba sin luz y sin agua, ya que la red hídrica funciona con una bomba eléctrica.

A su vez, el equipo de la CPM relevó denuncias de "casos de tortura y malos tratos", así como "traslados constantes, hacinamiento y sobrepoblación, padecimiento de hambre, aislamiento por 24 horas en días consecutivos durante meses, golpizas, falta de acceso a la educación y el trabajo", se detalló.

Según entendió el Premio Nobel de la Paz, "en esto tienen mucha responsabilidad los jueces que no hacen un seguimiento de la gente que ellos mandan a las cárceles, y que podrían ayudar en mejorar la situación de encierro. Lo otro que uno ve es cómo todo se va deteriorando", dijo.

Pérez Esquivel dijo que "aquí hay un deterioro del sistema carcelario y eso tiene que modificarse estructuralmente con políticas que definitivamente democraticen estos lugares".

Al respecto, desde la CPM se explicó en un comunicado que "Olmos está totalmente colapsada; la superpoblación genera mayores dificultades al encierro que ya sufren; o sea que a sus penas se les agrega el castigo de las condiciones de encierro".

Se lamentó que "a pesar de las reiteradas denuncias y sentencias que ordenaron mejorar las condiciones de detención, persiste una sistemática situación de vulneración de los derechos y garantías expresados en la Constitución Nacional y los tratados".

"La superpoblación, el hacinamiento, las magras condiciones edilicias, la falta de acceso a la salud y la educación son condiciones estructurales del sistema carcelario y constituyen una práctica sistemática de tortura. El SPB gobierna los lugares de encierro bajo un régimen basado en la crueldad y el sufrimiento", concluyeron.

En una visita a la parroquia de Lourdes en José León Suárez junto al candidato a presidente por el FpV, Daniel Scioli, Domínguez señaló que el objetivo es “que el punto de encuentro entre los jóvenes y el Estado sean las escuelas, no las cárceles”.

“Mientras haya un solo chico fuera de la escuela, la lucha del peronismo por la igualdad educativa no se termina”, sentenció el presidente de la Cámara baja, quien detalló: “Todavía hay 110.000 jóvenes y 60.000 chicos de 4 y 5 años que están afuera del ámbito escolar”.

En ese sentido, agregó: “Néstor y Cristina dejaron en claro que la inclusión es la principal política educativa”.

“Queremos terminar con las brechas educativas. Igualdad de oportunidades también es que los chicos de hogares más pobres cuenten con las mismas condiciones educativas que los de mayores ingresos”, remarcó mediante un comunicado.

Por su parte, el intendente de La Matanza y precandidato a vicegobernador, Fernando Espinoza, recalcó: “Con Julián vamos a trabajar para seguir incluyendo chicos en la provincia de Buenos Aires”.

“Pensamos que para ello es fundamental trabajar con las organizaciones sociales y la Iglesia. En ese sentido destacamos el trabajo silencioso que hacen personas como el Padre Pepe que todos los días logran desde su lugar que la Argentina sea un país más justo”, resaltó.

A su turno, Katopodis expresó que "nos hemos encontrado en el trabajo social por los más humildes, pero también en la responsabilidad de que el Estado y la política lleguen a cada rincón”.

“Acompañamos al gobernador Daniel Scioli, Julián Domínguez y a Fernando Espinoza en una tarea enorme que tiene que ver con no retroceder, con construir sobre lo ya realizado, con seguir ampliando derechos. Esa es la tarea que todos los días nos enseña el padre Pepe", dijo el intendente de San Martín.

Por su parte, Pérez Esquivel manifestó que "es una esperanza que Julián pueda llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hay que recuperar esto que dice Julián de darles a los jóvenes espacios de participación, no como espectadores sino como protagonistas de su propia vida y constructores de su propia historia. Y creo que con políticas públicas y políticas sociales es posible", señaló.

En esta ocasión, la Provincia y el Municipio de San Martín firmaron convenios para implementar planes de educación, de capacitación laboral y de lucha contra las adicciones.

Además de los convenios firmados se puso en marcha la construcción de un nuevo edificio para la parroquia San Juan Bosco “Capilla Virgen del Milagro de Salta”, donde funcionará un centro de formación profesional.