La lista arranca con el presidente Mauricio Macri, investigado en distintas causas, entre ellas la del Correo Argentino a cargo de Ariel Lijo, el mismo juez que detuvo a Boudou sin siquiera procesarlo. Gabriela Michetti, Juan José Aranguren, Gustavo Arribas y muchos otros miembros del gabinete están imputados, procesados o asumieron bajo estado judicial.

(Por Jonathan Heguier *) La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones.

Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa.

Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y "por las relaciones que conserva en el poder". "La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-", afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación.

En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.

Con este mismo procedimiento de la "doctrina De Vido-Boudou", la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial

. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguiera esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente.

MAURICIO MACRI

El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento.

El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la "doctrina De Vido-Boudou" no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido.

Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia.

GABRIELA MICHETTI

Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos del fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer.

JUAN JOSÉ ARANGUREN

El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre.

La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la denuncia, un funcionario "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas "Condor Cliff" y "La Barrancosa".

GUSTAVO ARRIBAS

El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina "De Vido-Boudou" sino que realizó un sobreseimiento exprés.

Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman.

LUIS CAPUTO

El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal.

El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.

LUIS ETCHEVEHERE

El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay.

El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones.

CARLOS MELCONIAN

El ex presidente del Banco Nación fue denunciado bajo su gestión en 2016 por darle subsidio al presidente de la Sociedad Rural, ahora ministro de Agroindustria. El establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de los Etchevehere en Entre Ríos, recibió un subsidio de parte del Banco nación por $ 900.000.

FEDERICO STURZENEGGER

El titular del Banco Central asumió imputado. Fue por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De la Rúa. Hasta la Corte Suprema confirmó el procesamiento por el Megacanje. El 28 de septiembre de 2016 su sobreseimiento quedó firme cuando el Fiscal federal Germán Moldes no lo apeló. Debió pasar años detenido con la "doctrina De Vido-Boudou".

PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad está imputada en la causa por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal y pidió informes a la Justicia de Esquel y al Ejecutivo. Macri y Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio, también imputados.

ALFONSO PRAT-GAY

El ex ministro de Hacienda y Finanzas estaba denunciado por evasión fiscal en el marco de una presunta operación ilícita vinculada al banco HSBC cuando asumió. Recién en 2016 anunció que la jueza Straccia dictó su sobreseimiento en la causa.

SUSANA MALCORRA

La ex Canciller también estuvo imputada, junto al Presidente y la vicepresidenta por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares.

MARIO QUINTANA

El vicejefe de Gabinete fue imputado en la causa del 'dólar futuro' iniciada tras una investigación de El Destape. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y a él. Quintana "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares", dice la denuncia.

También Quintana en el caso Fly Bondi. El fiscal Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar "si guarda relación con la empresa aérea". El fiscal ya había imputado a Mauricio Macri, su padre y funcionarios por el caso Avianca.

SERGIO BERGMAN

El ministro de Medio Ambiente está denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por su actuación previa a los incendios forestales que azotaron a las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El rabino habría contratado helicópteros "a dedo".

La causa recayó por sorteo en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

GUILLERMO DIETRICH

El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las "low cost", un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.

OSCAR AGUAD

El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.

ANDRÉS IBARRA

El ministro de Modernización estaba denunciado en la Justicia federal por el acuerdo suscripto con Corea del Sur que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico, un proyecto desactivado en el Senado. Fue sobreseído a los cuatro meses de la denuncia. Había sido denunciado en diciembre de 2016.

PABLO AVELLUTO

El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero.

El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió "defraudación a la administración pública”.

JULIO MARTÍNEZ

El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos a EE.UU. que reveló El Destape.

El fiscal federal Franco Picardi lo imputó junto a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.

(*) Periodista de El Destape.

Así lo aseguró la abogada Graciana Peñafort, una de las primeras reacciones desde el peronismo ante la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. “Es irrazonable, no tiene fundamento factico ni legal”, sustuvo la letrada sobre la orden del juez Ariel Lijo y advirtió que “están preparando el terreno para avanzar contra todos”, incluida Cristina Fernández de Kirchner.

“Amado fue presidente del Anses, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Posiciones de poder. El juez podría haber entendido que desde esas posiciones podía entorpecer la investigación. Discutible, pero razonable en algún punto. Ahora bien, que en el 2017, cuando Amado esta fuera de todo y sin acceso a nada, el juez diga que puede entorpecer la investigación es ridículo”.

Así se expresó desde su cuenta Twitter la abogada Graciana Peñafort, quien agregó que “en derecho a lo ridículo se le llama irrazonable” y que “la detención de Amado es irrazonable, no tiene fundamento factico ni legal”.

“Sospecho que quieren acostumbrarnos a que cualquiera puede ir preso porque sí. Pero no. Está mal y está mal que lo naturalicemos”, subrayó la letrada y apoderada de Unidad Ciudadana.

Y en otros tuits advirtió: “Están preparando el terreno para avanzar contra todos. Contra CFK y contra todos. Porque cuando la política es contra el pueblo y la de Macri lo es, la única manera es asustar, disciplinar y perseguir. Eso hace Macri”.

Boudou fue detenido este viernes por disposición del juez Ariel Lijo, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado fue denunciado esta misma semana por sectores afines al Gobierno de cajonear causas de corrupción.

En la causa también fue detenido José María Núñez Carmona, quien esta semana se negó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Así lo dispuso el juez Ariel Lijo al disponer que "no se verificó ningún hecho delictivo ni tampoco sustentó la producción de nuevas medidas por encontrarse agotada la investigación"

El sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), informó que el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, sobreseyó a la actual vice presidenta de la Nación de la causa que la investiga por las inconsistencias que tuvo al momento de explicar los fondos sustraídos de un siniestro en su domicilio.

El 22 de diciembre de 2015, mientras se llevaban a cabo las elecciones presidenciales,Así lo dispuso el juez Ariel Lijo al disponer que "no se verificó ningún hecho delictivo ni tampoco sustentó la producción de nuevas medidas por encontrarse agotada la investigación"

El sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), informó que el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, sobreseyó a la actual vice presidenta de la Nación de la causa que la investiga por las inconsistencias que tuvo al momento de explicar los fondos sustraídos de un siniestro en su domicilio.

El 22 de diciembre de 2015, mientras se llevaban a cabo las elecciones presidenciales, Gabriela Michetti sufría un robo en su domicilio de $ 245.000 y US$ 50.000. Más tarde haría la denuncia y declararía que esos fondos eran producto de donaciones a una fundación que preside y de un préstamo particular.

A pesar de la imputación de la vice presidenta, debido a que las explicaciones que dio a la justicia mostraban graves inconsistencias, ayer el juez Ariel Lijo considero que “se dispusieron una gran cantidad de medidas probatorias -entre las que se destacan los informes bancarios, las declaraciones juradas, las testimoniales y los libros contables de la Fundación que preside-, cuyos resultados acreditaron el origen lícito del dinero”. Y advierte “que no sólo se recabaron más de veinte testimonios que acreditan la entrega de la plata para llevar a cabo la cena solidaria de la Fundación SUMA del 30 de noviembre de 2015 sino que, además, se verificó el préstamo en dólares realizado por su pareja, y se corroboraron las extracciones de dinero efectuadas por Michetti para afrontar los gastos diarios de su familia y aquellos correspondientes a la obra que estaba realizando en su domicilio”. sufría un robo en su domicilio de $ 245.000 y US$ 50.000. Más tarde haría la denuncia y declararía que esos fondos eran producto de donaciones a una fundación que preside y de un préstamo particular.

A pesar de la imputación de la vice presidenta, debido a que las explicaciones que dio a la justicia mostraban graves inconsistencias, ayer el juez Ariel Lijo considero que “se dispusieron una gran cantidad de medidas probatorias -entre las que se destacan los informes bancarios, las declaraciones juradas, las testimoniales y los libros contables de la Fundación que preside-, cuyos resultados acreditaron el origen lícito del dinero”.

Además, advierte “que no sólo se recabaron más de veinte testimonios que acreditan la entrega de la plata para llevar a cabo la cena solidaria de la Fundación SUMA del 30 de noviembre de 2015 sino que, además, se verificó el préstamo en dólares realizado por su pareja, y se corroboraron las extracciones de dinero efectuadas por Michetti para afrontar los gastos diarios de su familia y aquellos correspondientes a la obra que estaba realizando en su domicilio”.

El juez Lijo ordenó buscar documentación en la cartera que dirige Aguad por la condonación de 70.000 millones de pesos a la familia del Presidente de la Nación por parte del Estado.

El juez federal Ariel Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en torno a la investigación sobre el acuerdo calificado por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, como "abusivo" en relación al acuerdo sellado en junio pasado, entre el Estado y el Correo Argentino, una empresa del Grupo Macri.

Tras la imputación al Presidente Mauiricio Macri, al Ministro Oscar Aguar y al abogado que representó al Estado en la firma de dicho acuerdo, Carlos Mocoroa, por parte del fiscal Juan Pedro Zoni, un grupo de gendarmes se hizo presente en el edificio del Ministerio de Comunicaciones con la orden de buscar la documentación de las negociaciones entre los representantes de Aguad y el Grupo Macri, y hacerse del expediente de quiebra de Correo Argentino.

Lijo investiga si el Presidente cometió delito al ordenar la rúbrica de dicho acuerdo -un expediente que se tramita en el fuero Comercial- para el pago de una deuda que la compañía propiedad de Socma tiene con el Estado.

Luego de esta 'orden de presentación' el ministerio tiene la obligación de entregar la información solicitada por el magistrado: puntualmen, los antecedentes y proyectos que haya en esa repartición sobre el concurso de Correo Argentino S.A., los antecedentes por los que fue designado Mocoroa y las funciones otorgadas por ley para la cartera que dirige Aguad.

Además, Lijo dirigió oficios a la Cámara en lo Comercial requiriendo el historial de todas la ofertas y contra ofertas hechas para el pago de la deuda.

Los diputados nacionales del FPV-PJ Héctor Recalde y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia contra el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por los pagos que recibió de parte de Leonardo Meirelles, condenado a cinco años de prisión por el caso de corrupción Lava Jato.

Los legisladores señalan las contradicciones entre los comunicados emitidos por Arribas el 11 y el 24 de enero, donde atribuye la transferencia de 70 mil dólares a la venta de un inmueble en Brasil y que fue ratificada luego por el presidente Mauricio Macri, y sus declaraciones ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Allí, según informaron diferentes medios periodísticos, el director de la AFI cambió completamente su versión de los hechos y dijo que la transferencia a su cuenta correspondía a la venta de “muebles y cuadros”.

También hacen hincapié en el comunicado difundido por Arribas el 3 de febrero de este año. Dentro de las cuestiones que aún quedan por investigar, Recalde y Tailhade se preguntan: “1) por qué el documento por la supuesta venta de los muebles tiene fecha de suscripción el 19 de enero de 2017 pero señala que la operación se llevó a cabo en 2013; 2) por qué el supuesto comprador de los muebles, Atila Reys Silva, no aparece en la escritura de venta del inmueble; 3) por qué la certificación del documento de venta de muebles se realizó en Belo Horizonte, ubicada a 600 kilómetros de la ciudad de San Pablo, lugar de la presunta firma”.

Los diputados sostienen que la fecha del documento que acredita una venta de muebles que habría ocurrido cuatro años antes “resulta una evidencia irrefutable de una versión armada, ficticia e insostenible. No puede entenderse cómo el 24 de enero Arribas insistía con que Meirelles le transfirió us$ 70.500 por la venta de un departamento, cuando cinco días antes se había firmado el documento que daba cuenta que se trataba de la venta de muebles”.

La causa es tramitada en el juzgado del juez Ariel Lijo y la investiga el fiscal Federico Delgado.

De esa manera Oscar Parrilli denunció las persecuciones y operaciones ejercidas por “la triple infamia” compuesta por los medios de comunicación, el Poder judicial y los servicios de inteligencia. En la conferencia de prensa aseguró que “Stiuso está detrás de todo esto”.

Tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuan de detener al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli ofreció una conferencia de prensa donde se refirió a dicha solicitud, la causa por la que fue procesado por el juez Ariel Lijo y las escuchas en las que aparece su voz y la de Cristina Fernández de Kirchner que se difundieron en los últimos días.

“La democracia argentina está en grave riesgo”, comenzó diciendo el ex titular de la AFI a los periodistas, para luego denunciar: “Hay una operación muy armada, desde el Presidente Mauricio Macri para abajo, de realizar un control social de todos los dirigentes políticos argentinos para condicionarlos y atemorizarlos”.

Y agregó: “Esto lo hemos visto en los últimos días, con toda la acción contra la ex Presidenta y en todo este caso, cuando se violó la ley al dejarse trascender escuchas telefónicas que fueron realizadas el año pasado”.

A su vez, realizó otra denuncia: “Hay una triple infamia, una triple alianza, entre sectores de los medios de comunicación que se encargan de ser voceros de los Servicios de Inteligencia, y de sectores del Poder Judicial, más concretamente de Comodoro Py más concretamente, conlos Servicios de Inteligencia, que están operando como en las peores épocas”.

Y fue determinante:“(Antonio) Stiuso está detrás de todo esto, no tengo ninguna duda”.

Por otro lado, Parrilli señaló que Marijuán responde a Stiuso: “Cuando salgo a denunciar esta triple alianza y que atrás de esto esta Stiuso, oh casualidad sale Marijuan a pedir mi detención”, dijo.

Y confirmó que recusó al juez Lijo, “porque era responsable de resguardar las escuchas que terminaron difundiéndose en los medios”.

“Lo más grave que hizo Lijo fue que ordenó la intervención directa. O sea, estaban escuchando la conversación telefónica en el momento. Mientras yo estaba hablando, me estaban escuchando. Cuando esto se usa sólo para situaciones muy particulares, como pueden ser los secuestros extorsivos, o en cuando están siguiendo un contrabando…”, aseguró.

Y concluyó: “Obviamente, el objetivo de esa intervención fue un espionaje político, pero no sobre mí, sino sobre la ex Presidenta”.

Por último, advirtió a los dirigentes radicales y de otros partidos políticos que integran Cambiemos en la actualidad: “Si algunos de los que hoy forman parte del Gobierno pretenden tener pensamiento propio, olvídenlo, porque los van a perseguir”.

(por Andrés Fidanza) En julio de 2016, el juez Ariel Lijo ordena que se hagan pinchaduras telefónicas online. La causa está centrada en la supuesta complicidad de Oscar Parrilli en la fuga de un narco. El juez Lijo a su vez permite que Agencia Federal de Inteligencia tenga acceso y participe de las escuchas. Vía Oscar Parrilli, gran parte de los audios alcanzan a Cristina Kirchner. En el expediente de la causa se incluye un resumen con transcripciones de las conversaciones. Así, desde octubre, tanto la AFI, como el juez Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán y el propio Parrilli manejan esa información.

Por decisión de Lijo, los agentes de la AFI captaron online las pinchaduras telefónicas a Parrilli (con Cristina Fernández). Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio pasado la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.

El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías (uno de ellos fue el Director de Asuntos Judiciales de la AFI en la gestión kirchnerista, Emiliano Rodríguez). Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que muestra la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi.

Casi seis meses más tarde, se filtran a la prensa un parte de las escuchas: una edición de los tramos en los que habla la ex presidenta. Nadie se hace cargo de la difusión: ni el juez, ni el fiscal, ni la AFI, ni la Corte Suprema. Si bien los audios no tienen relación con la investigación por las que fueron autorizadas, generan ruido político y mediático, y hasta denuncias judiciales paralelas contra Parrilli y CFK.

Al momento, el contenido de las charlas no parece demostrar delitos flagrantes por parte de los pinchados. Y en concreto, no tiene conexión alguna con la investigación original: supuesta ayuda de Parrilli, el último jefe kirchnerista de la ex SIDE, al narco Ibar Pérez Corradi, ex prófugo por el triple crimen de General Rodríguez.

El modus operandi de esta trama muestra un link demasiado estrecho y al borde de lo ilegal entre el poder judicial y la Agencia Federal de Inteligencia. Con la asistencia, por lo menos acrítica, de algunos medios de comunicación. En resumen, se trata del mismo combo por el que, años atrás, se acusaba al kirchnerismo. O más específicamente: se señalaba a un sector de la ex SIDE, más ciertos jueces y fiscales, por su funcionalidad con el gobierno anterior. A fines de 2014, cuando Cristina Kirchner intuyó deslealtad por parte de la vieja guardia de espías, con Jaime Stiuso a la cabeza, empezó el descabezamiento general de “la Casa”. En ese momento se rompió el stato quo sostenido por años dentro de la ex Secretaría de Inteligencia.

Ahora, el sainete de las escuchas es síntoma de un regreso: el de aquella zona oscura. Un espacio de convivencia admitida, normalizada e histórica entre los servicios de inteligencia y la justicia federal. La víctima, en este caso, como siempre, es una circunstancia. Le toca a Cristina Kirchner, pero ya llegarán otros, de distinto signo político. Y aunque el kirchnerismo haya mantenido inercialmente ese esquema durante años, nada justifica que se repliquen las peores prácticas del apriete y la extorsión.

La vuelta de aquella máquina en bambalinas, en general puesta al servicio de algún sector de la política, tiene más de un nombre propio: el actual director de finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ocupó ese mismo puesto en el gobierno de la Alianza. Tras la caída de Fernando de la Rúa, Gallea fue señalado e investigado por su rol en el pago de coimas para aprobar una ley de flexibilización laboral: la famosa Ley Banelco. Según una pista que nunca se pudo comprobar, la plata para los sobornos habría salido de los gastos reservados de la ex SIDE.

La promesa institucionalista del macrismo, en este punto, sigue pendiente. En realidad, a la fecha no parece existir la menor intención de empezar con un cambio.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia publicó un comunicado y acusó ser víctima de "espionaje político". Anticipó que iniciará acciones contra Lorenzetti, Arribas, Lijo y Marijuan.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, se defendió públicamente a través de un comunicado después de que se difundiera un audio en el que se lo escucha hablar con la ex presidenta de la Nación.

"La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner", advirtió Parrilli a través de una carta.

Asimismo, el ex funcionario afirmó que "este escandaloso espionaje político está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri". Y sumó: "Estamos asistiendo a una suerte de Watergate autoctono, con la activa participación de ex agentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores".

Para Parrilli, "no sólo están espiando a la oposición sino que en su sistema de jueces que pasan las grabaciones a programas periodísticos (con aval del gobierno) les están enviando un mensaje mafioso a la oposición". Asimismo, apuntó que iniciará acciones legales contra el presidente de la Corte suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan por ser responsables de la custodia del audio.

Por último marcó que éstas grabaciones fueron realizadas por la A.F.I. "cuando lo normal y legal era que debia hacerla directamente el personal propio de la dependencia encargada ( Ex. Ojota) . Y señaló que "resulta significativo que dichas conversaciones no tuvieran el código de seguridad que permite que cada grabación y cada copia tenga identificado al funcionario judicial que se le entregó para garantizar la no utilización ilegal y poder determinar cuando la grabación sale a los medios a que funcionario judicial o del Poder Ejecutivo correspondía dicha copia".

A medida de Cambiemos, la Cámara de Casación decidió que debe investigarse la denuncia de Nisman. La causa quedará bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya se había declarado incompetente. Un fin de año judicial redondo para el macrismo.

Cómo se esperaba, la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, ordenó reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA, posibilitando que la justicia vuelva a juzgar algo ya juzgado, lo que viola garantías constitucionales (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa).

La Cámara de Casación no conforme con que la acusación de Nisman haya sido cerrada dos veces por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, cuestionó a los tres magistrados por resolver de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial”, y reabrió una denuncia clave para el gobierno actual en su persecución contra el kirchnerismo.

Borisky, Hornos y Figueroa se hicieron, así, eco del pedido que este año realizó la DAIA. La aceptó como querellante y avaló el aporte de una grabación de una conversación privada entre el presidente de esa institución y el por entonces canciller Héctor Timerman en el que hablaban al memorando, como evidencia.

Según consigna el portal InfoJusticia, los jueces de Casación hicieron, cada uno, un voto distinto. El que está escrito en los términos más duros es el de Borinsky. Su texto se dedica analizar las decisiones de Rafecas y los camaristas. Les cuestiona, como un dato llamativo, la rapidez. Y le recrimina ,además, que no utiliza la misma vara para analizar los elementos que se le presentan: que no hace lugar a ninguna de las pruebas pedidas por Pollicita pero a la vez admitió una presentación de la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, donde entregaba material que apuntaba a mostrar que el acuerdo no implicaba el levantamiento de las alertas rojas, algo ratificado por el secretario de Interpol Ronald Noble.

Hornos, dice que hay que investigar a los hechos que involucran a funcionarios públicos porque es un deber hacia la sociedad, que tiene que recibir –en sus palabras– “una respuesta genuina”. Especifica que el análisis tiene que someterse “al tamiz de la expectativa social”. Dice que es “arbitrario” el análisis que hizo la Cámara sobre las supuestas nuevas pruebas. Y que a su modo de ver tanto la grabación subrepticia como la firmeza de la inconstitucionalidad sí son elementos nuevos. La conversación fue analizada, sostiene “de manera descontextualizada y fragmentada”. Hasta dice que los iraníes sabían del diálogo entre Borger y Timerman sin explicar de dónde. Carga las tintas en investigar una supuesta diplomacia paralela, sostiene el portal especializado.

Finalmente, Figueroa señala un punto controvertido, que es que la grabación no tiene origen conocido y el juez de instrucción debería verificarlo. También pone sobre la mesa una discusión muy anterior, que es la duda sobre qué sala de Casación debería intervenir y si hay conexidad con el resto del caso AMIA. Pero de todos modos falla igual que sus colegas excepto en lo que atañe al papel que tendrán los fiscales.

Ahora se supo que el juez federal Ariel Lijo tomará la causa que tiene como objetivos a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y un grupo de personajes secundarios sin cargos públicos.

Así quedó determinado esta mañana tras el sorteo realizado en la mesa general de entradas de la Cámara Federal, con sede en el segundo piso de Comodoro Py 2.002, de esta capital.

Lijo fue el juez que estaba de turno en enero de 2015, durante la feria judicial, cuando el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia. Lijo se declaró incompetente. y luego, tras la feria, recayó el el juzgado de Daniel Rafecas quien, en abril de 2015. la desestimó alegando “inexistencia de delito”.