"Estamos satisfechos con la sentencia y en especial con el hecho de que se haya hecho lugar a un pedido nuestro de reparación para los trabajadores de Astilleros Río Santiago que están en edad de jubilarse y a los que les faltan años porque no pudieron trabajar los años que fueron víctimas de la dictadura", dijo a la agencia nacional de noticias, Télam, el fiscal Hernán Schapiro.

El fiscal aludió en particular a una medida consentida por el TOF 1 de La Plata para que la dispensa de que gozan hoy 28 ex trabajadores de Astilleros, por la cual cobran su salario sin ir a trabajar, "se mantenga hasta que el Estado los jubile en la categoría máxima que les hubiere correspondido de haber podido seguir prestando servicios con normalidad".

"El Estado será quien integre los aportes que les faltan para jubilarse", precisó Schapiro y señaló que esta medida le será comunicada a las autoridades de Astillero y también al Estado nacional para que "establezca las medidas necesarias para que

estos trabajadores puedan jubilarse".

El fiscal explicó que "esta reparación será extensiva a los familiares de los trabajadores (víctimas de la dictadura) ya fallecidos y a los ex trabajadores que puedan demostrar que se encontraban en la misma situación" de víctimas del terrorismo de Estado.

Desde el ámbito político el diputado Héctor Recalde afirmó que es "trascendente" el fallo dado que "avanza sobre las complicidades civiles" entre grupos económicos y los responsables de la dictadura cívico militar de 1976-1983.

El TOF 1 de La Plata impuso antes de anoche la pena de prisión perpetua a quienes eran jefes de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde, del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM 3) José Casimiro Fernández Carró y al jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Los tres fueron condenados por diversos grados de participación en los homicidios calificados de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, además de varios casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

Además, condenó a 25 años de prisión a quienes eran en la época jefes de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek, de la FT5 y del Liceo Juan Carlos Herzberg, de la Zona Río de La Plata de la Prefectura Luis Rocca, al oficial Eduardo Antonio Meza y al entonces jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller.

El Tribunal resolvió también por mayoría revocar las prisiones domiciliarias de la que gozaban algunos de estos represores y ordenó que se reparen los legajos de las víctimas para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de la relación laboral en Astilleros Río Santiago, YPF y Propulsora Siderúrgica, causado por la represión de la última dictadura.

En esta causa por delitos de lesa humanidad se juzgará a cuatro ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura, quienes serán indagados oral y públicamente desde hoy, lunes.

Se investigará su rol en centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar. Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró.

También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza, mientras que Osvaldo Tomás Méndez que iba a ser también juzgado falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso.

Las audiencias del juicio conocido como "Escuela Naval" estarán a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que preside el juez Carlos Rozanski.

Según la acusación fiscal los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada.

La acusación apunta a hechos que damnificaron a tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, pleno centro de la capital bonaerense.

De acuerdo a lo acreditado en la causa, la Armada Argentina funcionó reorganizando sus once Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país y en la región de La Plata, Berisso y Ensenada operó a través de la denominada Fuerza de Tareas Nº 5.

Los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras.

Por primera vez se focalizará en el accionar de los jerarcas de la Marina. Se calcula que habrá cerca de cien víctimas. La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

Los fiscales aseguraron al portal digital de noticias Judiciales "Infojus Noticias" que el juicio marcará un antes y un después en entender cómo funcionó la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense.

Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró.

También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza, mientras que Osvaldo Tomás Méndez que iba a ser también juzgado falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso.

Una fuente judicial informó a Télam que las audiencias se iniciarán el lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que preside el juez Carlos Rozanski.

Según la acusación fiscal los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada.

La acusación apunta a hechos que damnificaron a tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, pleno centro de la capital bonaerense.

De acuerdo a lo acreditado en la causa, la Armada Argentina funcionó reorganizando sus once Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país y en la región de La Plata, Berisso y Ensenada operó a través de la denominada Fuerza de Tareas Nº5

Los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras.

El ex titular de la Agencia de Recaudación Fiscal Bonaerense,  ARBA, Santiago Montoya, recorrió el Partido de Ensenada, al sur del conurbano, para mantener una reunión de trabajo con el intendente Mario Secco, visitar el astillero y hacer campaña para su precandidatura a la gobernación de la Provincia.

El titular del Grupo Provincia, y precandidato a gobernador bonaerense, evaluó con el gerente general del Astillero Río Santiago, Daniel Romano, las diversas alternativas de inversiones adicionales para la empresa, en el área tecnológica.

“Me dijeron que el astillero está necesitando inversiones adicionales en lo que tiene que ver con sus cuestiones tecnológicas, y nuestro compromiso con la modernización y la tecnología es una característica de la propuesta política del gobernador Daniel Scioli”, aprovechó Montoya para entrar en la campaña.

Por su parte, Secco calificó al encuentro como “muy positivo” y agregó: “Todos sabemos que Montoya tiene muy claro lo que es la Provincia de Buenos Aires y se acerca a los intendentes para ir consolidando ciertas cuestiones que nos sirven a todos, no sólo a los de Ensenada".

“Ensenada se consolidó como un polo industrial petroquímico, con oferta educativa y con importantes mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Donde más se refleja esto es en la preferencia de la gente”, señaló.

“Los funcionarios bonaerenses nos ponemos al servicio de los dirigentes territoriales que son los que tienen responsabilidad frente a la gente y es a través del trabajo de ellos que sirve el nuestro”, resaltó Montoya.