El gremio de los trabajadores estatales enviÃģ una carta a la gobernadora de la Provincia reclamando la reapertura de las discusiones salariales por âla creciente vulnerabilidad econÃģmica y socialâ.
Personal sanitario, judicial y administrativo realizan un cese de actividades por 24 horas pidiendo al Gobierno provincial paritarias libres y una oferta salarial mayor al techo del 15%. Al mediodÃa movilizan hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
El Secretario General de ATE de la Provincia de Buenos Aires consideró como muy baja la oferta planteada por las autoridades provinciales y luego de convocar a esa medida de fuerza analizó los pormenores de la misma.
Oscar de Isasi, conversó hoy en Radio La Plata acerca de la jornada de protesta por aumento salarial que impulsó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la que se rechazó el suba en los salarios propuesto por las autoridades provinciales llamando a una medida de fuerza con paro y movilización que se realizó hoy.
“Podemos medir en hospitales, en organismos de niñez y en las escuelas, que se trabajó como si fuera feriado. Aunque en La Plata hay perfeccionamiento docente, tuvimos un altísimo nivel de acatación, como lo venimos teniendo desde hace bastante tiempo” y agregó que esto se debe a que los reclamos son tan justos y tan necesarios y la falta de respuesta tan evidente que “nuestros compañeros y compañeras adhieren y la verdad que sentimos un muy fuerte respaldo y esperamos que el gobierno reciba este mensaje sindical y reflexione”, aseguró De Issasi.
En cuanto a la oferta que ofreció el gobierno para los trabajadores del Estado, de Isasi reflexionó: “Prat Gay dijo que el 43% iba a ser la proyección inflacionaria para el 31 de diciembre, nosotros tenemos un salario mínimo de 9. 600 pesos y nos ofrecen un aumento promedio de 350 pesos para el 80% de los trabajadores”.
Por otro lado, el dirigente gremial habló sobre su preocupación por la situación de los trabajadores contratados que a fin de año se quedarían sin trabajo, y ante lo cual el gobierno dice no tener respuesta, “hay 15.000 trabajadores del Estado provincial que el 31 de diciembre vence su relación laboral. Estamos hablando de auxiliares de la educación, que todos los días hacen la limpieza institucional en las escuelas, hacen la comida o dan de comer a los pibes, los trabajadores de niñez, administrativos en general”, y agregó “exceptuó los de salud porque ahí alcanzamos un acuerdo después de una movilización donde se garantizaba la continuidad laboral de los becarios, que son 5.000”, aseguró De Isasi.
Asimismo, el dirigente opinó sobre el accionar del gobierno bonaerense, “quieren terminar con la precarización echando a todos los precarios. Y parece que las medidas son esas, porque los que están en la pobreza los mandan a la extrema pobreza. Los trabajadores precarios todos los días tienen que estar demostrando que son trabajadores contra el sketch de Susana Giménez que, a escala planetaria, muestra que somos todos vagos.”
En cuanto a la cuestión salarial y la distancia entre lo que exige ATE y lo que ofrece el gobierno, De Isasi afirmó, “la primer distancia que se advierte es conceptual nosotros hablamos de recuperar el poder adquisitivo del salario, ellos hablan de que nos quieren dar lo mínimo indispensable porque no les queda otra”, y agregó que cuando se reunieron con Eugenia Vidal en diciembre de 2015, le plantearon “que había que abordar dos situación concretas: una de urgencia, cómo hacemos para recuperar el poder adquisitivo del salario que vamos a perder en el 2016 que por lo menos nos permita empardarle a esa pérdida y arrancar el año que viene la discusión salarial por lo menos habiendo recuperado eso, eso tiene un porcentaje que es el 22% tomando lo que dice Prat Gay que la inflación va a rondar el 41 %, 42%, 43%, por lo tanto el 22% en un salario mínimo debería ser de 2.112 pesos”
La segunda situación a la que hace referencia el dirigente tiene que ver con la política estratégica de recuperación del poder adquisitivo del salario. Isasi afirmó que le planteó al gobierno que era necesario “tener políticas activas que nos permitan recuperar aquella relación que teníamos a finales de 2007, cuando teníamos un salario mínimo era equivalente a la canasta básica, es decir, no había ningún estatal pobre”, y agregó, “cuando se va Scioli, se depreció mucho el salario, más allá de lo que dice de que nunca estuvo por debajo de la inflación, era en realidad del 48 % de una canasta básica. María Eugenia Vidal lo llevó en estos meses a 45%, entonces planteamos la necesidad de recuperar ese equivalente de una canasta básica igual a un salario mínimo”, finalizó Oscar de Isasi.
El Intendente macrista de Quilmes, Martiniano Molina, luego de comunicar que dejaría en la calle a unos 400 empleados que cumplían tareas en las áreas de salud, alumbrado público y distintas delegaciones, se fue al mazo por el accionar de los sindicatos y de una amenaza de huelga.
“Hay 400 trabajadores confirmados a los que no se les renovó el contrato”, detallaron ayer desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Quilmes a diferentes medios de prensa locales y advirtieron que las bajas podrían duplicarse en las próximas semanas.
“Denunciamos que no sólo no sobra mano de obra, sino que falta. Tan sólo en el área de control de cámaras de seguridad hay una sola persona para vigilar 23 pantallas”, graficaron desde el gremio.
En ese sentido, desde la municipalidad pusieron paños fríos a la situación para no debilitar a la gestión macrista. Los casos en particular serán estudiados nuevamente y no se descarta que se reincorpore a una parte del personal que no fue renovado.
El 30 de junio pasado se vencieron unos 700 contratos, de los cuales solamente se renovaron poco más de 300 de ellos. En ese sentido, desde ATE amenazaron al Intendente con parar la municipalidad y llevar adelante una huelga general.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires concretara mañana una nueva reunión paritaria con los trabajadores estatales luego que la justicia contenciosa administrativa obligara a reabrir esas negociaciones salariales, según informó la seccional bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La entidad gremial recordó que el planteo judicial obtuvo tres fallos favorables, dos en primera instancia y uno en la Cámara de Apelaciones, que “determinaron que la negociación debe seguir abierta”.
El secretario general, Oscar de Isasi, dijo que “es un claro triunfo de los gremios que denunciaron irregularidades en el cierre de la negociación, estrategia en la que ATE fue uno de los principales protagonistas, y un claro triunfo de todos los trabajadores estatales que no nos resignamos a quedarnos con el cierre trucho de la negociación, ni con el aumento de salario miserable fijado por el gobierno”.
“Queda claro que teníamos razón cuando dijimos que el poder ejecutivo había cerrado la negociación sin la mayoría necesaria y violentando la ley paritaria”, sostuvo de Isasi.
Explicó que el gobierno provincial “tiene que traer una nueva oferta cuando se concrete la próxima reunión” y recordó que “nosotros exigimos un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación”.
En el mes de abril, el gobierno fijó un aumento salarial del 15% en tres tramos y la reapertura del a paritaria en julio que fue aceptada por los estatales de la Ley 10.430 enrolados en la Unión Personal de la Nación (UPN) y por la Fegepba.
Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Soeme rechazaron la propuesta y radicaron varios planteos judiciales, que obligaron a la provincia a no dar por cerrada la paritaria.
Mañana los trabajadores esperarán un propuesta acorde a la escalada inflacionaria de los últimos meses.
La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto que habilita a los ministros y secretarios bonaerenses a “disponer ceses de personal” y avanzar con medidas de flexibilización. Tras los despidos masivos en el Estado nacional, la medida –que ya fue publicada en el Boletín Oficial– preanuncia la llegada de la ola de cesantías a la provincia. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, unos 10 mil empleados públicos quedaron bajo amenaza de perder su trabajo. El sindicato realizará hoy y mañana un paro de 48 horas.
El decreto lleva el número 230/2106 y da poder a los funcionarios de la primera línea del gabinete también para contratar nuevo personal, disponer el traslado del existente y ampliar “suspensiones preventivas”. Fue firmado el 28 de marzo, aunque entró en vigencia ayer, tras su publicación.
La semana pasada, el gobierno nacional dio por terminada la “primera etapa” de la “revisión” de los estatales contratados en la administración pública, proceso en el que casi 11 mil personas quedaron en la calle. La mayoría eran trabajadores con sede en la Capital Federal. Aunque en las intendencias del resto del país y en las gobernaciones también hubo cesantías, su intensidad se había frenado. Ahora parece ser el turno de la provincia de Buenos Aires.
Los estatales bonaerenses de ATE vienen juntando tensión porque el aumento otorgado por Vidal fue de un 15 por ciento. Ese porcentaje fue establecido sin una reunión paritaria previa con todos los gremios, como ordena la ley, y si bien abarca sólo a los primeros seis meses del año, fue rechazado por el gremio, que lo consideró por debajo de la inflación aún antes de que se definieran los últimos aumentos del gas y las tarifas del transporte público. Sin embargo, otros sindicatos estatales que conformaron una mayoría numérica lo validaron. Los días de paro que hicieron los de ATE en el marco del conflicto salarial les fueron descontados. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida precautelar en la que exigió a la gobernación que no cierre la paritaria, pero quedó hasta ahora en la nada.
El gremio viene denunciando a un paquete de leyes enviadas por Vidal a la Legislatura bonaerense que, combinadas con el decreto 230, hacen una suerte de combo. “Abren la puerta para despedir masivamente, desguazar el Estado y contratar empresas con mínimos controles”, aseguró Oscar de Isasi, titular del ATE provincial.
Esos proyectos de ley están planteados como de “modernización del Estado” y bajo declaración de la “emergencia administrativa y tecnológica”. Según alertó De Isasi, “en nombre de la eficiencia del Estado, permitirán el ingreso masivo del sector privado al Estado, restringiendo la actuación de los organismos de control. Habilita, por ejemplo, a que hagan negocios con el Estado empresas que no están inscriptas como sus proveedoras”.
“Otro aspecto es que crea una nueva forma de contratar trabajadores, bajo la denominación de autónomos, y quieren pasar automáticamente a ese contrato de autónomos a los trabajadores de planta temporaria que hoy están contratados bajo la ley 10.430. A partir de pasar al contrato de autónomos, carecerán de los derechos que les da la ley 10.430, flexibilizando sus condiciones laborales. Esto significará una pérdida de derechos para miles de compañeros”, agregó.
La redacción del decreto es de a tramos enrevesada. El artículo sobre los despidos faculta a los ministros y secretarios a “disponer los ceses de personal excluidos los de personal de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario”. Para los abogados gremiales, esto permitirá despedir masivamente sin justificación y sin pagar indemnizaciones.
En el articulado también se otorga a los funcionarios la prerrogativa de fijar el valor de las horas extras, lo que debería hacerse en la discusión paritaria.
En este mismo sentido, agravó el alerta que no se menciona ningún criterio para decidir una eventual cesantía. “Echar personal va a ser un simple trámite”. Otro de los motivos de la huelga es el malestar porque la Dirección General de Escuelas, ante las medidas de fuerza de un sector de los auxiliares de la Educación, que se declararon en paro, autorizó a los Consejos Escolares a reemplazar a los trabajadores en huelga con empresas de limpieza privadas.
El paro de 48 horas que comienza hoy será acompañado de acciones regionales y asambleas en los lugares de trabajo. Por otra parte, los abogados de ATE analizan llevar a la Justicia una presentación para que el decreto sea declarado inconstitucional.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló ayer el fallo que ordenaba “la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa”.
Vidal había dado por cerrada la paritaria tras arreglar con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) un aumento del 15,6% y el compromiso de seguir negociando a partir de julio próximo. Sin embargo, tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) rechazaron la oferta y se presentaron ante la Justicia.
En el fallo, Arias requirió al Ministerio de Trabajo bonaerense que en el plazo de dos días le remita las actuaciones vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso.
Los principales argumentos que se elaboraron desde la administración provincial para respaldar la decisión apelatoria se basa en un texto que asegura: "El procedimiento de negociación colectiva desempeñado, ha sido llevado a cabo atendiendo a la normativa vigente desenvolviéndose con total normalidad. Se realizaron una serie de gestiones y negociaciones preliminares por ante el Ministerio de Trabajo, que resultan un antecedente inmediato de las mesas paritarias y que evidencian la predisposición y apertura del Estado Provincial respecto a la más amplia discusión y búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas por todas las organizaciones gremiales".
"Teniendo en consideración la absoluta regularidad del procedimiento empleado, se decidió dar por aprobada formalmente, y por mayoría, la propuesta salarial para el primer semestre del año 2016 (del 1/1/2016 al 30/6/2016) presentada por el Estado Provincial", asegura dicho informe.
Además, la batería de argumentos legales cuenta con el planteo de "falta de legitimación de la central de trabajadores (CTA). Ya que no dispone de personería gremial para formar parte de las mismas” y a continuación informa que no se suspenderán los pagos correspondientes.
Si bien, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes llegaron a un acuerdo en la negociación salarial, los trabajadores del Estado nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, confirmó un paro para mañana.
Según el gremio "hubo un encuentro extraoficial por fuera de la paritaria donde el Gobierno provincial no realizó ningún anuncio concreto”.
"Si bien valoramos la convocatoria del gobierno y el compromiso de realizar una nueva reunión paritaria entre miércoles y jueves próximo, en la cual harían una nueva oferta salarial superadora a la ya efectuada, al no haber hoy una propuesta concreta nos vemos obligados a ratificar el Paro y movilización” sostuvo en un comunicado anoche, el secretario general de ATE y de la CTA bonaerense, Oscar de Isasi.
De Isasi lamentó “cierta subestimación que el gobierno bonaerense tuvo hacia los trabajadores estatales en general a lo largo de toda la negociación”.
“Quizás la demora en proponer soluciones concretas y acordes a los problemas urgentes de los trabajadores, sea la razón principal del paro”, dijo.
Por su parte, el secretario adjunto de ATE provincia, Carlos Díaz, confirmó que más allá de que los gremios docentes acuerden con la Provincia “ratificamos el paro” que afectará el trabajo de porteros y cocineros de las escuelas en la provincia a partir del próximo lunes.
“La gobernadora dijo que garantizó el inicio de las clases y hay trabajadores que también comparten la comunidad educativa, como son los auxiliares de la educación y administrativos, que no tiene una propuesta salarial digna y por lo tanto ratificamos el paro”, aseguró a la prensa el dirigente gremial.
El paro de ATE afectará a las escuelas, al involucrar a porteros y auxiliares de los establecimientos educativos.
Trabajadores estatales realizaron un paro de 24 horas y marcharon a Plaza de Mayo junto a organizaciones políticas y sociales para reclamar contra los despidos en la administración pública, mientras que en la provincia la huelga tuvo “alta adhesión” y llegó a hospitales, juzgados y oficinas del Estado bonaerense.
“Podemos decir que en escuelas y hospitales el nivel adhesión a la medida es altísimo. En los centros de salud alcanza a los compañeros de ATE y Cicop”, sostuvo el titular de ATE Provincia y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.
“Vamos a construir un dato fuerte y esperamos que el gobierno lo tome y cambie la forma de abordar los problemas laborales y salariales, que revea los despidos y que las discusiones no sean a la baja sino que sean para recuperar el poder adquisitivo”, indicó el dirigente.
Los gremios bonaerenses que se plegaron al paro fueron los estatales de ATE Provincia, los judiciales de la AJB, los médicos de Cicop, el personal legislativo nucleado en APL, y las seccionales disidentes del gremio docente Suteba (La Plata, Ensenada, Bahía Blanca, Escobar, Tigre, Quilmes, Berazategui, Marcos Paz y La Matanza).
El paro nacional de ATE se realizó, entre otros puntos, para reclamar paritarias libres y la reincorporación de miles de trabajadores cesanteados por el Gobierno nacional.
Más allá de los reclamos nacionales, ATE, AJB y Cicop expresaron sus reclamos concretos a la administración de María Eugenia Vidal: en el primer caso, se reclamó la continuidad de las negociaciones salariales (congeladas desde la semana luego de que los gremios del sector rechazaran una propuesta de 22,8 en cuatro cuotas), mientras que judiciales y médicos insistieron en ser convocados por primera vez.
Los gremios bonaerenses se sumaron desde la mañana a la marcha a Plaza de Mayo. La movilización se replicó en varias provincias y fue precedida por un corte de tránsito de agrupaciones de izquierda en el centro porteño, con la consigna “no al protocolo represivo” dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, que finalmente no se aplicó.
Los gremios estatales, encabezados por ATE, marcharon al mediodía desde Avenida De Mayo y 9 de Julio, en el microcentro porteño, hacia Plaza de Mayo, junto al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Obrero y Miles, entre otros.
Las agrupaciones llegaron a las 14 a la Plaza de Mayo tras concretar cortes de tránsito en diferentes puntos del centro porteño, entre ellos frente al Obelisco, mientras que el operativo policial se limitó a desviar la circulación vehicular y no se implementó el protocolo antipiquete.
El secretario general de ATE, Hugo Godoy, dijo a la prensa que "el paro es por la necesidad de parar los despidos y que se reincorpore a todos" y manifestó que "también es para que se reabra la discusión salarial y se termine la precariedad laboral en el Estado".
