Se trata de 56 hectáreas que pertenecieron a la empresa Texlen, en quiebra desde 2001, en las que unas 700 familias se asentaron el 18 de abril, y de las que fueron desalojadas el 7 de mayo por la justicia penal platense.

"Cuando nos desalojaron ya éramos 800 familias y tomamos la decisión de plantarnos, quedarnos a dos cuadras cortando la avenida 520 y acampando, hasta que el 13 de mayo se trató en la Legislatura la expropiación del predio" por unanimidad", contó a Télam el Coordinador de la Asamblea de Legítimos Poseedores, Ramiro Berdesegar.

El dirigente relató que, "a partir de entonces, arrancó el proceso para que la Provincia tome la posesión del predio; el 24 de septiembre aparecieron los tres millones de pesos para que el fuero contencioso administrativo decida cómo se ejecuta el pago a los herederos de Texlen".

Mientras tanto, los vecinos avanzaron en "la urbanización y manzanización" de la zona: "en asambleas, decidimos que quedara un espacio para salita de salud, jardín de infantes, casa de la mujer y sala de usos múltiples", dijo Berdesegar.

"Será uno de los barrios más grandes de La Plata, integrado por 1002 familias y más de 3 mil personas", en terrenos destinados al desarrollo de un plan de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

"El viernes pasado firmamos la preadjudicación de los terrenos de 10 por 25 metros para cada uno y, si bien será por etapas, hoy hicimos la toma de posesión de cada lote", informó Berdesegar, quien tendrá que pagar "durante 10 a 25 años una cuota mensual que oscila entre 800 y 1000 pesos", al igual que sus vecinos.

Berdesegar consideró que "este es un triunfo histórico que marca un camino; esto demuestra que es posible una paritaria social en la que el Estado y la gente resuelvan un problema como el de la vivienda".

El dirigente contó que "este año, en La Plata hubo 30 ocupaciones y siempre hubo desalojos; por eso nuestro caso es un logro que demuestra que es posible llegar a acuerdos mediante viviendas y lotes sociales".

"Es, además, el sueño de la tierra propia. Mi compañera y yo, por ejemplo, podremos ahora pensar en nuestro futuro y tener la esperanza de poder avanzar en tener una familia", concluyó.

Un juez de La Plata dispuso frenar una orden de desalojo sobre un terreno de la localidad de Abasto, partido de La Plata, donde instalaron recientemente 750 familias para “poder vivir dignamente”, aunque la Policía Bonaerense está en el lugar a la espera de si ejecuta o no el procedimiento.

La medida dispuesta por el Juez Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Luis Federico Arias, le ordena al Poder Ejecutivo de la provincia que “se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo”.

Con ese dictamen, el magistrado intenta poner un freno al desalojo que había sido dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele, y que está previsto que se lleve adelante hoy, en los terrenos ubicados entre las calles 520 a 530 y 213 a 217.

Hoy se cumple el plazo legal de tres días hábiles desde que las partes fueron notificadas del desalojo, por lo que existe la posibilidad de que la Policía y Gendarmería procedan a sacar a las familias que ocupan los lotes por estas horas, a pesar del dictamen de Arias.

Ante ese escenario, las familias repudiaron el accionar judicial que falló contra la toma del terreno “por parte de trabajadores de la zona que buscan un lugar donde poder construir su vivienda”.

“De manera fraudulenta y maliciosa, una mafia que hace negociados inmobiliarios pretende usurparse de estos terrenos: en este caso el Estudio Matioli”, denunciaron los vecinos.

Por su parte, el juez Arias indicó que “la policía bonaerense está por incumplir la orden judicial”, que él mismo dispuso ayer, y que fue remitida a la fiscal Betina Lacki para su resolución.

El magistrado se encuentra en el lugar acompañado de los concejales del Bloque Nacional y Popular, Florencia Saintout, Guillermo Cara y Ludmila Kostiuk; el diputado provincial del Movimiento Evita, Gustavo Di Marzio, y el Senador provincial FpV, Emilio López Muntaner, quienes bregaron por encontrar una solución pacífica al conflicto.

De acuerdo a lo informado por los vecinos, las tierras ocupadas se encontraban abandonadas y ociosas, ya que eran de una empresa en quiebra, TEXLEN, cuyo principal acreedor era el Estado, y sus dueños murieron.

En tanto, Alberto Mattioli, martillero y ex dueño de la inmobiliaria Mattioli, se declaró dueño de las tierras usurpadas de Abasto junto al ex presidente de Estudiantes de La Plata, Ramón Lentini.

“Esas tierras hace 20 años están siendo alquiladas por la comunidad boliviana para la producción de tierras. Hay 8 contratos de arrendamiento firmados por Lentini”, detalló Mattioli, y aclaró que “al fallecer están sus herederos, pero somos los administradores de la tierra”.

En el lugar, se encuentran ocho camiones de la Policía Bonaerense, quienes están a la espera de que se resuelva “la cuestión judicial” para definir si avanzan con el desalojo o si dan marcha atrás.