Diputados nacionales del bloque FPV-PJ, encabezados por su titular Héctor Recalde, presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau y los diputados nacionales, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

La denuncia penal por la presunta comisión de delitos en el marco de la compra por más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico para combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, en una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.

Los diputados nacionales Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes también son firmantes de la denuncia, en la presentación se preguntan por qué el gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia. La denuncia es consecuencia de un informe que el periodista Roberto Navarro emitió por la señal de noticias C5N el domingo 26, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del gobierno nacional.

La revelación de la carta que el embajador Lousteau enviara al congresista norteamericano, Pete Visclosky, es la clave que pone al descubierto una fenomenal compra de armamentos bélicos cuyo listado figura en el anexo que el diplomático adjunto a la misiva. Es preciso aclarar que Visclosky integra con un cargo jerárquico la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos y sería quien maneja el “Foreign Military Sales – FMS”, programa de venta de armas a Fuerzas Armadas extranjeras de los Estados Unidos.

Hay dos preguntas fundamentales que este bloque se formula y que pide que se investiguen: ¿Por qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia? ¿Por qué las negociaciones son secretas?

Según indica el embajador Lousteau en la nota enviada y que luego  confirmó, la compra de material bélico sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin.

El embajador también señaló que la Embajada Argentina ofició de nexo entre el gobierno argentino y el de los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano.

No se comprende la participación de los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, en las gestiones de compra de armamento. Incluso, la participación del diputado Amadeo no se limitó exclusivamente a la reunión con el congresista norteamericano sino que además hizo un seguimiento vía e-mails con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preocupándose por la órbita oficial por donde se realizaría la operación comercial.

La justicia deberá investigar porqué las tratativas se hicieron en secreto cuando es importante destacar que existe el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N 22.520).

Por lo tanto, en medio de un país sumido en una recesión económica que el gobierno no reconoce y que el déficit fiscal aumenta, ¿qué lleva al gobierno nacional a destinar multimillonarias sumas de dinero en estos ítems? No tienen dinero para los maestros pero se gastan miles de millones en compra de equipamiento para la guerra.

El bloque de Diputados y Diputadas Nacionales del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, solicitó hoy la interpelación a la canciller Susana Malcorra y al ministro de Defensa, Julio César Martínez, para que ratifiquen o rectifiquen el proyecto del gobierno de adquirir armamento de uso militar por más de 2.000 millones de dólares a los Estados Unidos para combatir el terrorismo.

El embajador argentino en ese país, Martín Lousteau, envió una nota al influyente congresista Peter Visclosky, en la que adjunta un enorme listado de armamento militar. Figuran poderosos aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance, helicópteros similares a los utilizados durante la guerra de Malvinas.

El embajador cita como referencia una reunión que el congresista norteamericano mantuvo con los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, quienes viajaron a EE.UU. invitados a unas jornadas organizadas por el FMI.

La interpelación al ministro Martínez es porque queremos saber a qué terrorismo piensa el gobierno combatir. Nos preocupa porque el gobierno continúa con su política de criminalizar la protesta social y nuestro temor sea que la etapa que se viene sea la represión.

No inventamos nada. Simplemente nos remitimos a las declaraciones que realizó la ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, quien anunció que el gobierno desalojará por la fuerza los cortes de calles y rutas y pidió a la sociedad que luego no se lamente de las consecuencias que puedan ocurrir, como heridos o muertos.

Por otro lado, si existe hipótesis de conflicto con algún país vecino como oposición y la sociedad en su conjunto tenemos el derecho de saberlo, que justifique semejante compra de arsenal de militar por más de 2.000 millones de dólares hasta 2019.

Mientras esto ocurre a espaldas del pueblo, el gobierno sigue con el ajuste, los tarifazos y persiguiendo a dirigentes de la oposición; y se niega a convocar a la paritaria nacional docente con el objetivo de ponerle un techo a los aumentos salariales al resto de los trabajadores.