El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lleva a cabo una persecución ideológica que incluye el despido de 21 trabajadores de planta permanente que fueron directores de  otras tantas radios durante la gestión anterior.

La resolución fue tomada por el presidente de RTA, Miguel Pereyra, e incluye a aquellos que ejercieron cargos directivos durante la gestión anterior.  En un comunicado, los 21 trabajadores denunciaron que “es evidente que estamos ante una situación de persecución ideológica instrumentada incluso con el nefasto simbolismo de listas negras, que retrotrae a épocas que creíamos superadas en nuestro país. La mayoría de los y las despedidas fuimos designados/as directores/as tras participar de concursos públicos de oposición y antecedentes. Todos fuimos sacados del cargo de director/a tras la asunción de las autoridades de la alianza Cambiemos”.

Entre los cesanteados se encuentra Ernesto Espeche,  ex director de Radio Nacional Mendoza  (cargo al que accedió por concurso), ex director de la carrera de Comunicación de UnCuyo y doctor en Comunicación por la UNLP.  La lista también incluye a Pablo Ferrero (La Pampa) – Elena Corvalán (Salta)– Jorge Ramirez (Rosario) –Maria Eugenia Cisneros (Córdoba)– Ariel Loreto (Ushuaia)– Omar Turconi (Bahia Blanca) – Ramiro Rearte (Tucumán) – Federico Sanchez (Zapala) – Lorenzo Hernandez (Río Turbio) – Itumelia Torres (Iguazú) – Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas) – Verónica Sesin (Santiago del Estero) – Sebastian Abraham (SS de Jujuy)– Martin Illanez (La Rioja) – Wences Rubio (San Luis) – Carlos Echeverría (Bariloche) – Matías Ciampini (Neuquén) – Pablo Zamorano (Ing Jacobacci) – Ghittoni Horacio (Paso de los Libres) – Rus Claudia (Mendoza LV8).

“Esta es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras. Esas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de épocas oscuras que parecen regresar”, denunciaron los trabajadores.

Asimismo, señalaron que “estas prácticas se llevan a cabo mientras el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios públicos, pero como se ve, sus palabras se dan de bruces con la realidad. Desde el Estado y las corporaciones que hoy lo instrumentan, han inaugurado la era de las máscaras: lo que llaman pluralidad es censura; lo que enuncian como “de todos” es solo para unos pocos; lo único que comunican son amenazas, prohibiciones y telegramas de despidos”

En este sentido, denunciaron que una vez más las autoridades del área de comunicación del gobierno de Cambiemos violan el articulado vigente de la ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, dado que una decisión de esta naturaleza debería haber sido tomada por el directorio de RTA, y no solo por su presidente.

También advirtieron que estos despidos “vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios púbicas de todo el país, no solo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los contenidos”. “Así, mientras se habla de federalismo y de respeto por las voces locales, las emisoras del resto del país han sido obligadas a emitir programación local solo por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires”, agregaron.

Para los trabajadores cesanteados, el vaciamiento de los medios públicos “toma la forma de un plan sistemático: achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de los contenidos, restringieron la participación de los oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su formación profesional. El despido de personal, en ese contexto, es un punto de llegada de una política fríamente organizada más que un hecho caprichoso o desafortunado”.

El timbreo en San Fernando tensionó la relación entre María Eugenia Vidal y su vive, Daniel Salvador, ya que la Gobernadora arribó al terrunio de su vice, pero el radical se enteró a través del Facebook.

El timbreo en San Fernando de la última semana erosionó la relación entre María Eugenia Vidal y su vice Daniel Salvador. Desde el entorno del radical se quejaron porque el municipio que visitó Vidal es el pago chico de Salvador y resulta que este se enteró vía Facebook que la gobernadora estaba haciendo campaña.

Quizas lo que más molestó a los radicales no fue la presencia de Vidal en el distrito, sino que se mostró con Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, que pertenece al PRO en ese distrito.

Campbell y Salvador se muestran juntos para enfrentar al intendente massista, Luis Andreotti. Según se supo la visita de Vidal a ese distrito sirvió también para posicionar a Agustina Ciarletta, que responde a Campbell, como candidata a primera concejal. En una estrategia para posicionarla como candidata a intendenta en 2019.

El saliente embajador de Argentina en Panamá, Miguel del Sel, sostuvo que su alejamiento del cargo no se traduce en un distanciamiento del Gobierno. "Cambiemos no me pierde para nada. Creo que ayudé al cambio y hay que solucionar muchos problemas todavía"

El político y humorista se refirió a su renuncia a la embajada, en declaraciones formuladas anoche en TN, y consideró que en esa función colaboró "con el cambio", aunque ahora le toca "volver a hacer reír".

"Me voy de la embajada porque estoy muy lejos de Santa Fe. Cambiemos no me pierde para nada. Creo que ayudé al cambio y hay que solucionar muchos problemas todavía", afirmó.

El ex embajador señaló como ejemplo de ello que el tema "educativo que es fundamental" y deslizó que "el paro no soluciona nada", en referencia a la huelga del sector realizada ayer.

"Cambiemos no me pierde para nada. Yo sigo siendo de mi presidente. Le tengo gran confianza a Mauricio (Macri) que habla con la verdad", reafirmó.

Del Sel consideró también que "hay sectores que son complicados, hay gente que se acostumbró a no trabajar y a vivir en la confrontación, y de la corrupción. Creo que él es un Presidente que apunta al diálogo y está rodeado de ministros extraordinarios".

Se trata del legislador de la Eduardo Costa, quien la semana pasada pidió forzar a diferentes jueces para que avances las causas contra el kirchnerismo. Mirá el video.

Legisladores del Frente Para la Victoria (FPV) denunciaron penalmente al diputado nacional de Cambiemos, Eduardo Costa, por instigar a dirigentes del radicalismo a presionar a la Justicia para que avance en causas judiciales contra el kirchnerismo.

El día 27 de marzo pasado, se difundió a través de medios de comunicación masiva, un video de una reunión encabezada por el Diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz, Costa, en el que el legislador reconoció sin vacilaciones que “Estamos presionando a la justicia” para que avance en causas judiciales contra el kirchnerismo.

Asimismo, en el mismo se puede ver como el diputado santacruceño arengó a los dirigentes de su partido a sumarse a ese accionar para presionar a la justicia “en cada uno de los lugares”.

Según la denuncia que lleva las firmas de los diputados y diputadas del FPV Carlos Julio Moreno, Juan Cabandié y María Teresa García, el dirigente de Cambiemos desarrolló –prima facie- las conductas tipificadas en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 248 (abuso de autoridad) y 256 bis (tráfico de influencias agravado por ser dirigido a miembros del Poder Judicial), todos del Código Penal.

Acusados de “panquequismo” por ciudadanos de esa localidad del Conurbano, el Ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y la flamante incorporación de Cambiemos, debieron retirarse y dejar incompleta el cronograma de visitas casa por casa que organiza la administración de Vidal.

El ex intendente de San Miguel, Joaquín de La Torre, acompañado por el periodista deportivo y ex concejal de Quilmes, Walter Quejeiro y el ex senador, Aníbal Asseff, fueron repudiados por los vecinos de Moreno cuando estaban realizando uno de sus timbreos en esa localidad del oeste del Conurbano bonaerense.

El periodista y los altos funcionarios de la administración de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fueron increpados por un abuelo que los acusó de “panquequismo”, al recordarles sus pasados en las filas de Sergio Massa.

El repudió ganó adherentes rápidamente, situación que obligó a los tres funcionarios de Cambiemos a abandonar el lugar dejando la tarea a medias.

Asseff fue candidato a a intendente en Moreno en 2015 y hoy ocupa un cargo en el directorio del Banco Nación y según señala Letra P, es el posible candidato del Presidente Mauricio Macri para la Legislatura bonaerense.

Maia Ferrua fue expulsada del Ministerio de Modernización, luego de las tristes publicaciones vertidas en sus cuentas privadas de sus redes sociales, donde escribió que el crimen a la joven militante se debió  juntarse con ese tipo de gente".

La abogada del Ministerio de Modenización fue despedida de su centro laboral, luego de las burlas divulgadas en las redes sociales del asesinato de Micaela García por militar en el Movimiento Evita.

Según el portal El Destape, la cartera de Modernización discutió la sanción más favorable y confirmó el despido de Ferrua tras el repudio y la denuncia penal en su contra.

La ahora exempleada del Estado había publicado un repudiable posteo sobre el femicidio: "Ahora van a decir que a Micaela García la mandó a asesinar Macri porque era del Movimiento Evita jajaja… Parece que a todos les llega por juntarse con ese tipo de gente hay que tener mucho cuidado con las amistades que se hacen en este tipo de… agrupaciones? si se le puede llamar así a esa manga de mafiosos y patoteros ignorantes (sic)".

Si bien trabajaba para el Estado desde enero de 2014 con un contrato de planta permanente, Ferrua afianzó y creció en su posición laboral desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, postura que se confirmaba en su posteos en redes sociales.

El Estado aportaría dinero a la empresa lactea, para que la posterior transferencia sea más favorable a capitales foraneos. La semana pasada, el sindicato firmó con el gobierno un acta donde los trabajadores aceptan diferir 15% de su sueldo por seis meses y a cobrar a los doce meses.

El gobierno de Mauricio Macri le confirmó a SanCor que le otorgaría un crédito de 450 millones de pesos del Fondear (Fondo para el Desarrollo Económico Argentino), que pertenece al ministerio de Producción, “para aliviar su situación financiera”, según fuentes vinculadas a las negociaciones entre la empresa y el Ejecutivo Nacional.

La ayuda del gobierno es a cambio de que la compañía reestructure su operación. SanCor tiene un pasivo total que ronda los 5, 900 millones de pesos, se encuentra con cuatro plantas inactivas, cuenta con un 50 por ciento menos de procesamiento de leche de lo habitual y sufrió la fuga de 247 tamberos no bien comenzó a reprogramar pagos.

Luego de esa reestructuración sobrevendría en unos meses la transferencia de activos a una sociedad para que un inversor internacional pueda tomar el control del negocio o de lo que le queda a la compañía. Entre los interesados en una compra o alianza vienen sonando Lactalis (Francia) y Lala (México).

La firma Vicentin compró el año pasado el 90 por ciento del negocio de yogures, flanes y postres de la cooperativa y el grupo estadounidense Mead Johnson Nutrition ya tiene desde hace un tiempo el control del 90 por ciento de la unidad de leches infantiles.

SanCor se ha ido desprendiendo de negocios de valor, lo que hizo que algunos analistas privados hoy se pregunten qué atractivos puede tener la firma para seducir a compradores globales. Aunque mermado, tiene un volumen de más de 1,6 millones de litros diarios de leche que proveen sus asociados.

El diario La Nación consignó que el dinero que se le otorgaría a la cooperativa será manejada por un fideicomiso: “es decir, la empresa no tendrá un control directo. Incluso se está analizando la constitución de un comité que hará el control de gastos. Por lo pronto, esa plata es clave para el pago de la leche a los tamberos. Los productores tienen en estos momentos cheques de la firma que equivalen al 75 por ciento de su producción de marzo pasado, mientras que por el restante 25 por ciento recibirían otro cheque a cobrar el 28 del actual. Además, van a recibir cheques para cobrar hasta febrero de 2018, pagos que SanCor reprogramó por la producción de febrero último.

“Para ayudar a la empresa también se buscó un compromiso del gremio lechero, Atilra. La semana pasada, el sindicato firmó ante el Gobierno un acta donde los trabajadores aceptan diferir 15% de su sueldo por seis meses y a cobrar a los doce meses, pero con un salario actualizado de forma que no pierda poder adquisitivo.

Es la prenda de cambio para que no haya despidos por seis meses. Por ese acuerdo, en el gremio dicen que ya cumplieron su parte. Insisten en que hablaron con los funcionarios, accedieron a lo que les pedían y luego firmaron un compromiso concreto en un acta. Se atajan de esa manera porque, según trascendió, además del acuerdo por SanCor, el gobierno habría buscado que Atilra aceptara firmar un convenio más amplio, válido para toda la industria lechera, como paso previo al arreglo por la empresa.

Tras la violenta represión a los maestros el domingo pasado, los profesores universitarios dictaron clases públicas en repudio a las políticas antieducativas de Mauricio Macri, en el marco del paro educativo que se realiza hoy. Nuevas amenazas represivas de la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta.

Desde muy temprano, se realizaron clases públicas frente a la Casa Rosada, sede de gobierno convertida por el presidente Mauricio Macri en un centro de ajuste y represión de lo más deleznable.

La actividad tuvo lugar en Plaza de Mayo, con profesores y estudiantes, en el marco de la última jornada del paro de 72 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADUH), que coincide con el de 24 horas decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tras la represión del domingo.

Allí repudiaron el brutal ataque ordenado por Macri contra los maestros en la Plaza de los Dos Congresos, cuando trataron de montar la “Escuela Itinerante”, y denunciaron que la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta, amenazó con desalojarlos violentamente.

“Quisimos armar la carpa para celebrar el plenario de secretarios y secretarias generales, pero la policía nos dijo que si la armábamos, nos reprimían como lo hicieron el domingo frente al Congreso”, señaló el gremialista Luis Tiscornia a diario Página/12.

Los profesores universitarios reclaman un 35% de aumento salarial contra el 18% en cuatro cuotas que intenta imponer el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, el mismo que viola la ley al no convocar a la paritaria nacional docente.

Mientras se llevaban a cabo las clases públicas, los maestros porteños agrupados en Ademys se movilizaron desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en reclamo de la reapertura inmediata de las negociaciones para discutir un aumento del 40% y un sueldo inicial de 16 mil pesos.

Lejos de discutir los aumentos salariales reclamados, tanto las autoridades porteñas como las nacionales salieron a justificar la represión del domingo.

El propio Macri, al encabezar un acto con emprendedores en el Centro Cultural Kirchner, se quejó del paro de este martes y, con gran cinismo, acusó a los docentes de “violar las normas”.

Con el mismo discurso, Rodríguez Larreta consideró “espantoso” que los maestros “dejen sin clase a todos los chicos del país” por “no cumplir las normas”, mientras que Bullrich repitió que “es un paro muy insólito generado porque se quiso violar la ley”.

La titular de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que los funcionarios tratan de trasladar la discusión en torno a un hecho administrativo sobre la “Escuela Itinerante”.

“Cualquier papel, cualquier trámite” que falte “no exime empezar una represión sin mediar palabra”, dijo la sindicalista y consideró que el Gobierno de Macri cruzó “una frontera muy peligrosa” con la represión del domingo, que antes “ya había traspasado éticamente” no convocando a la paritaria nacional e incumpliendo el fallo de la jueza laboral Dora Temis en favor de los docentes.

Lejos del camino del dialogo y el consenso, el jefe de Estado avaló la represión que se suscitó el fin de semana con la instalación de la carpa itinerante. "No queremos más a docentes que violan las normas", disparó.

Un discurso muy duro del presidente Mauricio Macri, definitivamente alejado de la senda del diálogo, con un mensaje directo a los gremios docentes, fue la clave política que marcó la jornada en un encuentro con emprendedores, en la sala sinfónica del CCK.

Con la novena huelga en marcha por parte de los maestros luego de la represión con palos y gas pimienta en la Plaza Congreso este domingo, el mandatario no tardó en mostrar su desacuerdo con las medidas de fuerza.

"Nos encontramos con gremios docentes que en vez de dar el ejemplo, que en vez de cumplir las normas, las violan. ¡Y encima hacen un día de paro! Eso es lo que no queremos más", aseguró el jefe de Estado, en el marco de un encuentro que se organizó tras aprobarse la Ley de Emprendedores.

"Ya vimos lo mal que nos ha ido en los últimos diez años, y los gremios docentes, en vez de reconocer ese mal resultado, radicalizan la defensa de lo que han hecho", criticó el Presidente.

Además, el presidente agregó sobre los malos resultados de los alumnos en las Pruebas Aprender:"Tenemos gremios docentes que en vez de reconocer ese mal resultado y hacer autocrítica, radicalizan lo mal que han hecho".

"La educación debería tener un lugar central en la Argentina de hoy, a partir de que evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos diez años", amplió el mandatario y concluyó: en un claro aval represivo: "Sería importante que los gremios docentes sean los primeros en cumplir las normas".

(Por Eduardo Porto) Es por el convenio que acelera la aprobación de patentes de ese país, en Argentina, y que derogaría "de hecho" la Ley nacional que regula el precio y la disponibilidad a medicamentos esenciales para la población. Denuncian "Defraudación al Estado Nacional en beneficio de corporaciones monopólicas".

"Defraudación" y "Negociaciones incompatibles con la función pública" son los fundamentos de la denuncia presentada ante el juzgado federal del Juez Sebastián Casanello, a principios de abril, y que tiene en la mira el accionar de cinco altos funcionarios del gobierno nacional, a partir de la firma del acuerdo "piloto" rubricado, en febrero, entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO).

La denuncia penal, realizada por Fernando Miguez, solicita, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investigue las supuestas irregualaridades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Los nombres apuntados en la demanda penal son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, autor de la firma del acuerdo, Dámaso Pardo "por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769".

PRIMEREANDO dialogó con Fernando Miguez, quién recalcó que el acuerdo "deroga de hecho" la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales".

La demanda se afirma en dos ejes. Por un lado la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica.

Es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis del 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos "genéricos". Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen las extranjeras, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

El otro eje es la implicancia de los funcionarios denunciados como empresarios del sector.

"Los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado", expresa la denuncia.

Sin embargo el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para "evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional".

Sobre ese punto, de hecho, había manifestado, ya, su malestar, el Secretario General de Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Rubén Abete, al referirse a la nula publicidad del acuerdo por parte de las oficinas estatales: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez "la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios".

"De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).", marca uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Las cuales, vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

MEDICAMENTOS DENUNCIA