La noticia encierra dos elementos novedosos en virtud de la propia iniciativa del gobierno en un tema social y por el modo en que llevará adelante dicha política.

Por un lado, que el gobierno reconozca la necesidad de relevar los sectores más vulnerables para incluirlos en la AUH indica que de algún modo reaccionan al malestar social y buscan contener las consecuencias que sus políticas han generado en los sectores más humildes..

Pero el aspecto más llamativo es el modo en que el Gobierno de Macri va a encarar esta tarea de “Relevamiento de los Barrios Populares”, pues además de la participación de la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio del Interior y Obras Públicas, se sumarán organizaciones políticas como la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y Barrios de Pie y, tambien, el Movimiento Evita a través de su frente de cooperativas y economía popular que se aglutina en la CTEP. Junto a ellos, el Gobierno sumó a Caritas y a la ONG TECHO.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, organismo encargado de la relación con las organizaciones sociales, manifestaron que otro conjunto de organizaciones han rechazado la propuesta.

En efecto, muchas organizaciones se han manifestado críticas de este programa pues afirman que “el gobierno busca con nuestra participación legitimar una política de exclusión y pobreza” y que “nuestras organizaciones están resistiendo en los barrios a las políticas de Macri, pero no vamos a ser parte de un programa que pretende usarnos para contar los pobres que ellos mismos han generado con sus políticas”.

En Desarrollo Social, destacan el rol del Movimiento Evita y la CTEP como enlace con el resto de las organizaciones y los mismos funcionarios se jactan de contener a un costo muy bajo el conflicto social a partir del giro de fondos o de la cesión en el manejo del programa de cooperativas Argentina Trabaja en varios distritos del conurbano.

Ruidos de arranque

Más allá del acercamiento del Movimiento Evita con el Papa Francisco, los sectores de Caritas que son parte del programa de “Relevadores” cuestionaron las prácticas clientelares que utilizan las organizaciones que los acompañarán en el relevamiento. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Cáritas suele diferenciarse de estas prácticas en el trabajo con los sectores humildes al destacar que su objetivo es la emancipación y no la conformación de sujetos dependientes de un plan o programa.

Desde el Ministerio hicieron oídos sordos a estas observaciones e incluso en off reconocen que esa crítica es en efecto su tarea política, es decir, contener el malestar social, apagar los focos de conflicto y por ende reducir la emancipación a la asistencia social.

El doble juego de las organizaciones

Conscientes del costo político que les genera caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

Forma parte de esta misma estrategia la Ley de Emergencia Social que se presentó en el Senado que busca generar 1 millón de planes Argentina Trabaja (actualmente son cerca de 150.000).

Todos reconocen imposible su sanción o se resignan al veto presidencial, sin embargo, al mismo tiempo las organizaciones lograron crearse para sí varios centenares de puesto de trabajo como “relevadores” del gobierno de Macri, que estiman pagarán $300 por formulario entregado.

¿Cómo será el relevamiento?

Ya está definido que los relevadores deberán usar pecheras que los identifiquen (ver imagen adjunta) y aunque restan detalles en relación al contenido del formulario, no hay dudas de que continuarán la practica impuesta en Desarrollo Social donde incorporaron al informe social una encuesta que indaga sobre posicionamiento político, social y económico de las familias.

En definitiva, el Gobierno Nacional ingresará a las barriadas populares para obtener información inestimable para su futura campaña y lo hará de la mano de organizaciones políticas y sociales que se reconocen herederas de las tradiciones libertarias y revolucionarias de nuestro país. Es probable que al juramento que reza “ser el legado de las luchas de mayo, de los trabajadores de la Patagonia trágica, de la resistencia peronista…y de estar con los últimos de la fila” deberán incorporar “ser la pata territorial y relevadores del Gobierno de Macri”.

ASÍ SERÁN LAS PECHERAS DE LOS RELEVADORES

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue los lineamientos del gobierno Nacional. Es que la gestión de María Eugenia Vidal, en línea con el endeudamiento casi cotidiano de Macri, saldrá a tomar deuda.

Por ellos la gobernadora impulsa una emisión de deuda de unos $20 mil millones para obras de infraestructura, en el marco de la visita que el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, realizan a Washington, donde participan de las Asambleas Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

El monto que se pretende colocar es un remanente de la autorización de endeudamiento que votó la Legislatura provincial por $60 mil millones, y el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal ya emitió títulos este año por $40 mil millones.

Lacunza mantendrá reuniones con funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de organismos financieros privados, con el objetivo de generar posibilidades de financiamiento a largo plazo para obras de infraestructura, señalaron fuentes gubernamentales.

Luego de cumplir con el trámite de la audiencia pública, la administración macrista oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios del gas que tendrán vigencia a partir de este viernes con un incremento de hasta 300% para los usuarios de menor consumo, tarifa social y bonificaciones por ahorro.

De acuerdo a lo detallado por la Resolución 212 – E/2016 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, las tarifas residenciales se actualizarán en abril y octubre de cada año, "teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente y el valor del precio objetivo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) en cada momento, hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en el año 2019".

De esto, quedan exceptuadas las zonas de la Patagonia, La Pampa y la Puna "en donde, en virtud de las divergencias en el punto de partida de los precios aplicables en dichas zonas, el programa prevé un sendero diferencial en el que la reducción de subsidios resulta aún más gradual, finalizando recién en el año 2022".

En tanto, la medida contempla tarifas diferenciales para quienes "registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto a igual período del año anterior". Se tiene previsto que este viernes a las 11 el ministro Aranguren brinde una conferencia de prensa en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda.

Uno de los integrantes del triunvirato que encabeza la CGT, Juan Carlos Schmid, advirtió este jueves que si desde el Gobierno nacional "van a ofrecer migajas", como parte de una compensación de fin de año, sería mejor "no tener ninguna reunión" con la gestión del presidente Mauricio Macri.

"Si van a ofrecer migajas, como están diciendo algunos por ahí, es mejor no tener ninguna reunión", advirtió Schmid, quien señaló que la central oberera aguarda por "una respuesta razonable" a sus reclamos.

En declaraciones a Radio Continental, Schmid consideró que "si van a ofrecer migajas" desde el Gobierno es preferible que las autoridades nacionales "decidan unilateralmente cuáles son las mejoras" y "en razón de ello", la central obrera decidirá si va al paro.

Schmid recordó que "el martes o miércoles" próximos "se cumplen los diez días" para que se concrete una nueva reunión entre la Casa Rosada y la CGT. "La semana que viene debería haber una respuesta y, si no, estamos facultados para hacer un paro de 24 horas", explicó el sindicalista.

Además, pidió "una respuesta razonable y que pueda ser asumida por la CGT" o de lo contrario no habrá nuevos encuentros con los funcionarios enviados por el presidente Mauricio Macri. "Nosotros le dejamos al Gobierno una agenda de reclamos de la cual el bono es solo una parte", aclaró además Schmid y agregó: "No nos podemos guiar por trascendidos o por las sensaciones, yo quiero escuchar de boca de los ministros que estuvieron con nosotros cuál es la respuesta concreta y, en razón de ello, tomar la decisión".

En una medida que va a tener un fuerte impacto en la política economica del país, el gobierno de China suspendió su importación de aceite de soja desde la República Argentina. El motivo es el conflicto desatado por el gobierno de Mauricio Macri en relación a las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, radicadas en Santa Cruz y cuya licitación la actual administración tiene en la mira.

La noticia fue publicada en el portal Valor Soja, especializado en el sector agropecuario. Según consignaron, el Gobierno de China tomó esta determinación "a modo de represalia por la interrupción de las obras destinadas a construir las represas santacruceñas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner".

Dichas represas estaban siendo construidas por un consorcio internacional, en el que participaba la firma local Electroingeniería y la empresa china Gezhouba y Macri las puso en la mira con argumentos de tipo ambiental y también como parte del proceso de revisión de toda la obra pública durante el kirchnerismo.

En lo que va del 2016, Argentina exportó más de 3 mil millones de dólares en aceite de soja, siendo la India el principal comprador. La medida abarca solo el aceite y no a la importación del poroto de soja.

La Terminal de Micros del Oeste, ubicada en Rivadavia y Saavedra, cerró sus puertas. El proyecto desarrollado y puesto en marcha en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico como una solución a los reclamos de los vecinos de Morón, que debían abordar los micros sobre la Avenida Rivadavia, en pleno centro de la ciudad ya no está activo.

Para lograr ese objetivo se suscribió un Convenio Urbanístico aprobado por el Concejo Deliberante que estableció que dentro de la terminal funcione un espacio para la comercialización de los productos elaborados por los microemprendedores en el marco de la economía social y solidaria como así también se logró un espacio gratuito para el funcionamiento de la sede de la Unión de Cámaras Empresariales de Morón (UCEM) y un sector para el funcionamiento de dependencias municipales accesibles para los vecinos.

Sin embargo, hoy la Terminal de Micros Morón está con las puertas cerradas.

Los responsables de la Terminal de Micros del Oeste culparon al Gobierno municipal por el "desinterés y hostigamiento" y señalan directamente a Ramiro Tagliaferro.

"Ahora los micros, al no tener un espacio donde bajar a la geste, están parando en la calle, en cualquier parte. No sabemos dónde van a dejar a nuestros familiares que llegan de viaje", lamentó una vecina, presente en las inmediaciones de la Terminalal portal EnOrsai.

El alto funcionario del ministerio de Seguridad de Patricia Bullich, en donde, a través de las redes sociales, defendió la aplicación de la tan polémica "justicia por mano propia", al tiempo que criticó abiertamente los planes de desarmes de la población.

El autodenominado “100% liberal”, a través de su cuenta personal de Twitter, se desempeña en el ministerio como Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas expresó: "Los estados que desarman a su población son totalitarios".

Diferente respuestas no tardaron en llegar y otros usuarios comenzaron a levantar otros comentarios que realizó el funcionario en torno a estos temas: "Si la sociedad tiene miedo es lógico que se arme para defenderse y es una reacción que no es condenable", escribió Cané.

También se refirió al caso del médico que mató a un ladrón días atrás y detalló: "Una sola víctima, el médico, el delincuente no es víctima es delincuente muerto. Basta de victimizar delincuentes y de criminalizar víctimas".

La presentación de la nueva Policía de la Ciudad no cumplió con las expectativas del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta y se pareció al falso viaje en colectivo del Presidente Mauricio Macri.

El acto se realizó ayer al mediodía, donde el jefe de Gobierno porteño, presentó la nueva "Policía de la Ciudad de Buenos Aires" y dio detalles sobre cómo funcionará la nueva fuerza, que nace como consecuencia del traspaso de parte de la Policía Federal al ámbito de la Capital, y prometió que habrá "tolerancia cero para casos de corrupción.

Luego del acto en donde presentó la nueva fuerza de seguridad, comenzó a circular por las redes sociales un video donde puede verse cómo los helicópteros del Servicio de Atención de Médica de Emergencias (SAME) eran disfrazados para ser utilizados por las nuevas fuerzas del orden.

Las burlas a la improvisación de la nueva fuerza fueron furos en las redes, un espacio que el PRO cuida con especial atención. Para empeorar las cosas, en un video difundido por la Agencia Télam, el alcalde porteño se jacta de la "tecnología" que tendrá la Policía de la Ciudad y dice:  "Apunta a ser una policía moderna, con mucha tecnología como vemos en el nuevo equipamiento que estamos incorporando”.

Desde el gobierno aclararon que el helicóptero de la discordia iba a ser utilizado solamente para la presentación. "La ANAC no permite que vuelen helicópteros ploteados. Y de todas formas aunque hubiera estado pintado no podría haber volado, porque hasta ahora la Policía de la Ciudad no existe, falta que la vote la Legislatura", explicaron.

"Fue una presentación, una especie de render de lo que puede ser la nueva policía, pero nada más que eso. El escudo, los uniformes y las motos de tres ruedas son los que va a tener (la fuerza). Los autos y el helicóptero van a ser diferentes", completaron.

En la fecha más emblemática del peronismo, que conmemora la espontánea movilización de los sectores populares a la Plaza de Mayo para pedir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, Venegas organizará un acto con toda la simbología peronista para 'la compañera Vidal' -como le dicen a la gobernadora- en el club Atenas de La Plata.

En el marco de una conferencia sobre educación y trabajo en Avellaneda, Venegas, quien además es el secretario general del sindicato de peones rurales (UATRE), adelantó que el evento contará con grandes sectores bien definidos, que son por un lado el Partido FE, que nuclea a dirigentes justicialistas, y por otro lado las 62 Organizaciones Peronistas que "se movilizarán y expresarán un apoyo sindical al Gobierno".

Durante el acto, el sindicalista consideró que "el peronismo está encolumnado en el Partido FE" y reiteró que "el 17 -de octubre- vamos a movilizar para hacer un gran acto en homenaje al General Perón junto a la compañera gobernadora de Buenos Aires y funcionarios del gobierno nacional".

Para avanzar en los detalles del acto por el Día de la Lealtad, Venegas y dirigentes del Partido FE se reunieron ayer en la sede porteña de UATRE con el ministro de Gobierno bonaerense Federico Salvai y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia Alex Campbell.

Acompañaron Venegas esta tarde en la localidad de Villa Dominico, los dirigentes Alieto Guadagni, Osvaldo Mercuri, Baldomero 'Cacho' Alvarez, Jesús Cariglino, Mario Giacobe, Julio Infran, Sebastián Vinagre, Saul Ubaldini (H) y cientos de militantes peronistas.

El Gobierno argentino colocó este miércoles en el mercado europeo de capitales nueva deuda por unos 2.500 millones de euros, ante una demanda que alcanzó los 7.600 millones de euros, para pagar un pasivo preexistente.

Después de completar la semana pasada la primera serie de reuniones con inversores europeos en 15 años, la Argentina confirmó la recomposición de una de sus relaciones financieras más antiguas a través de la colocación de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo.

Compañías argentinas contarán, a partir de ahora, con una tasa de referencia "clara y transparente" para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo, dijo el Gobierno en un comunicado.

La colocación fue concretada a través de dos bonos en euros (uno a cinco años y otro a diez años) por un valor de 1.250millones cada uno, según precisó el ministerio de Hacienda y Finanzas.

Ese dinero se sumará al obtenido en licitación del 29 de septiembre por 50.000 millones de pesos para el Bono a cinco años (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a dos años (octubre de 2018) para afrontar el pago de la deuda preexistente.

El Gobierno utilizará todo lo emitido entonces para afrontar la deuda del último trimestre del año, equivalente a unos 7.300 millones de dólares que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el banco central.