¿Optimismo o ciencia ficción?. Todo indica que el esperado y supervalorado segunda semestre de Cambiemos será un momento cúlmine para ver el cumplimiento, o no, de muchas de sus promesas. Una de ellas, la más delicada es la inflación.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, admitió que el primer semestre hubo un “salto en el ritmo del nivel de precios”, aunque lo adjudicó a la “inflación reprimida de la etapa anterior” y aseguró que los números mejorarán en lo que queda del año, hasta terminar con un “25 por ciento anual”.

Los números que maneja la gestión de Vidal parecen chocar con la realidad, ya que todas las mediciones hablan de una inflación que ya superó el 15% sólo en un cuatrimestre y los aumentos no cesan, ni a fuerza de enfriar la economía.

“El segundo semestre va a ser más bajo porque se está haciendo lo que dicen los libros que hay que hacer tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía nacional, y creo que va a ser del 1,5 mensual aproximadamente, y va a terminar con un 25 por ciento anual”, proyectó Lacunza en declaraciones a radio La Red.

En esa línea habló también hoy el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien aseguró que la inflación de mayo será “la mitad” que en abril (que llegó al 7% y fue la mayor en catorce años) y de alrededor del “2 por ciento” en los meses siguientes.

A cinco meses del inicio de la gestión Vidal en la Provincia, el ministro además aseguró que “la provincia está en una situación delicada, pero hemos podido sacar la cabeza de debajo del agua” y pronosticó una baja abrupta en la inflación para la segunda mitad de año.

Mirtha Vs El Derechaje podría llamarse la obra. Es que una vez más la condutora televisiva, de fuerte campaña por el macrismo, cuestión al Presidente y le pidió que pare con la ola de despidos que atraviesa el mercado laboral.

La conductora volvió a criticar al gobierno de Mauricio este sábado por la noche y, una vez más, reclamó por medidas que cuestionaba de la administración anterior, como la cadena nacional y hasta se proclamó "parte del triunfo de Cambiemos".

Pero tanto derechaje parece no dejarla contenta tampoco a "La Chiqui". Con Jorge Macri como invitado, la "diva de los almuerzos" aprovechó la oportunidad para volver a reclamarle a la gestión nacional más "cadenas nacionales" y al propio presidente Mauricio Macri por más medidas: "Será un hombre de hechos en Casa de Gobierno, no afuera", exclamó.

En este sentido, Legrand se manifestó en contra de las últimas decisiones económicas implementadas y reclamó por más atención a los sectores más vulnerables: "Me parece que levantaron el cepo muy rápidamente, y los fondos buitres y nada para los sectores más necesitados", disparó.

Aunque Cambiemos prometió otra cosa, la política de los "carpetazos" está más vigente que nunca. A sólo unos meses de gestión, el fiscal Eduardo Taiano imputó por el delito de "violación de secreto" al actual titular del organismo recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, entre otros, por la supuesta confección de "dossiers" de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación.

La imputación alcanza, también, a la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, una de las principales denunciantes por hechos de corrupción durante el kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio adoptó las primeras actuaciones para corroborar la autenticidad del mensaje recibido por email que describía el marco de actuación dentro del organismo recaudador. Ordenó a la Policía Federal que perite la computadora y el sistema informático del legislador Rodolfo Tahilade, quien formalizó la denuncia.

La denuncia original había sido radicada en Tribunales el 28 de marzo pasado a raíz de un anónimo recibido en el correo electrónico institucional de uno de los diputados del bloque del Frente para la Victoria. En sigilo, Taiano impulsó la acción penal que difundió ahora Ámbito Financiero, y requirió que se abra una causa contra todos quienes fueron mencionados en la presentación, además de ordenar una batería de medidas tendientes a establecer si dentro de la AFIP funcionaba una suerte de "task force" encargada de recopilar información sensible que era luego utilizada por allegados al Gobierno.

La imputación impacta en la actual cúpula de la actual AFIP: involucra al administrador general, Abad; al titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola; a Mecikovsky en su rol de subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior; y a funcionarios de ese organismo. Entre ellos se menciona a Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); al agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP.

El expediente N° 3386/2016, caratulado "Mecikovsky, Jaime y otros s/violación de secretos", retoma los términos de la denuncia y apunta que el agente anónimo identificado como "CB" "habría sido obligado a ingresar a distintos sistemas del organismo -tales como eFisco, Cuentas Tributarias, Red Fiscal, Mis Facilidades y Mis aportes- para extraer información de declaraciones juradas, movimientos bancarios y consumos de tarjeta de crédito, entre otras operaciones, sin que hubiere un expediente administrativo y/o fiscalizaciones en trámite que lo habiliten".

El denunciante señaló a Mecikovsky como quien implementó la maniobra "para entregarle memos, dossiers y/o carpetas" a Carrió, con quien "mantendría asiduas comunicaciones".

Allí mencionó que se suministró información sobre el presidente Mauricio Macri y su entorno (el constructor Nicolás Caputo, la familia Awada y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros); de jueces federales como Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini y los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero; y de exfuncionarios kirchneristas.

El denunciante destacó que uno de los primeros informes suministrados fue el del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denunciado por Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que se cerró en marzo último. Además, el fiscal transcribió que esos mismos informes habrían sido utilizados en causas que involucran empresas de Báez y de Cristóbal López.

Párrafo aparte, Taiano pidió investigar si "con el aval de Castagnola y Abad, Mecikovsky asesoró para ocultar y readecuar el caso de la empresa IECSA, que habría incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta". Esa firma constructora es de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri.

Por esto es que Taiano le pidió a Bonadio investigar la titularidad de un teléfono aportado a la causa, terminado en 9131, se investigue la nómina y organigrama de AFIP y en especial "los registros de consultas efectuadas en las bases de datos del organismo por parte de los imputados".

María Eugenia Vidal se debate por estas cuando aplicar el "salariazo" a sus funcionarios. En otro momento hubiera sido de inmediato, pero en el medio del ajuste lanzado por Cambiemos teme que el costo político de esa determinación sea demasiado alto.

El salario del gabinete provincial oscila entre los 45 y los 55 mil pesos de bolsillo, dependiendo cada caso particular y el mes, algo que es considerado insuficiente por el equipo del PRO.

Los sueldos, son similares a los del Gobierno porteño, con la diferencia es que, en el caso de los ministros y subsecretarios de la Ciudad, regirá ahora un aumento del 14 por ciento -en línea con las subas de la paritaria estatal-, que se suma a 2.500 pesos extra que se otorgaron en marzo. Los funcionarios bonaerenses no están dentro de las discusiones salariales del gremio provincial.

Hay dos corrientes internas en el gabinete bonaerense. La más moderada, que impulsa un aumento salarial mesurado, en línea, por ejemplo, con el del gremio docente. Y el ala más dura, que propugna por una suba drástica que "sincere" el bolsillo de los funcionarios, aunque haya que surfear un inevitable "costo político".

El debate sobrevoló de hecho el retiro de casi 48 horas al que María Eugenia Vidal y su equipo se sometió en el anteúltimo fin de semana de abril, según publicó Infobae, uno de los medios más afines al macrismo.

Según Infobae, Vidal ya avaló la recomposición salarial para ella, sus ministros, los subsecretarios y los directores generales bonaerenses, aunque desde su entorno se encargaron de aclarar que todavía "no hay fecha" ni porcentajes estipulados.

Si bien es cierto que a diferencia de otras administraciones las remuneraciones quedaron retrasadas, el Gobierno provincial por ahora no quiere ventilar el tema, en un semestre signado por el fuerte ajuste económico.

En medio de claros problemas de gestión e internas abiertas entre los funcionarios de Cambiemos, Martiniano Molina recibió el respaldo del Presidente que se acercó a su distrito con la excusa de supervisar las ya inauguradas obras del Ferrocarril General Roca.

“En el país se terminó la época en que la obra pública sólo estaba ligada a la corrupción”, aseguró enfáticamente el presidente Mauricio Macri, rodeado de funcionarios.

“Este avance evidencia el compromiso que hemos asumido de impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país”, puntualizó el presidente al observar el desarrollo de los trabajos extensivos en el tramo Quilmes – Berazategui.

Señaló, además, que el Gobierno Nacional está encarando trabajos complementarios en estaciones, pasos a nivel y señalizaciones para “garantizar un mejor funcionamiento del sistema”.

Macri realizó una recorrida en una locomotora Fuji, que se utiliza para efectuar el cableado y el tensado eléctrico, junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, cuestionado por los problemas de gestión que se profundizan en el municipio.

También dialogó con los trabajadores, quienes le comentaron los pormenores de las labores que desarrollan diariamente para extender el tendido.

El 13 de febrero el presidente, Macri había inaugurado el nuevo servicio eléctrico del Ferrocarril Roca en el tramo Constitución-Quilmes, que actualmente beneficia a 120 mil pasajeros con viajes más rápidos, confortables, y seguros.

Ya están electrificados tres tramos de la línea, desde la cabecera de Constitución a Ezeiza, Alejandro Korn y Claypole. Se encuentran en proceso las obras para extender este último ramal hasta la estación intermedia Bosques.

El diputado y titular del Frente Renovador Sergio Massa vaticinó que el Congreso Nacional aprobará esta semana la ley antidespidos, a la vez que insistió en apoyar a las pymes; "En este país Bill Gates hubiese fracasado", dijo al cuestionar la falta de apoyo a los emprendedores.

“Habrá ley antidespidos con doble indemnización porque vamos a llegar a un acuerdo entre muchas fuerzas políticas”, aseguró el legislador nacional.

En el programa que conduce Mirtha Legrand por Canal 13, Massa dijo este mediodía que “muchos de los que despidieron van a tener que retrotraer su decisión porque en la Argentina va a haber ley antidespidos”.

Acerca de la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri vete la iniciativa, el líder del Frente Renovador consideró que “sería un error, porque si veta una decisión del Parlamento se va a quedar con su propia verdad y no con la verdad construida por muchas fuerzas políticas”.

"Nosotros creemos que hay que proteger al empleo y también a la pymes. La pymes tienen un techo muy bajo pero es el laburo que hace todos los días el comerciante, no tiene las herramientas para poder progresar", agregó Massa. Y sentenció que "en este país Bill Gates hubiese fracasado", en referencia a la falta de incentivos a los emprendedores.

El Intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, elogió hoy la decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de girar fondos a los municipios para obras de infraestructura y se acercó más a la mandataria macrista.

En este caso, el guiño se dio al destacó que "la gobernadora cumplió con su palabra y giró fondos a los municipios de manera equitativa, es decir sin importar el signo político del intendente".

También aseguró que Vidal "se plantó frente al Gobierno central para reclamarle la plata de coparticipación que le corresponde a todos los bonaerenses y que durante muchísimo tiempo le fue negada".

"Hace tiempo que nuestro principal reclamo al gobierno provincial se resume en esas dos cosas", subrayó el intendente de San Miguel y agregó: "Hoy tenemos una gobernadora que lo hace. Por eso tenemos que agradecer lo primero y acompañar lo segundo".

En ese sentido, el jefe comunal expresó la necesidad de pelear por los recursos para la Provincia y los municipios, "sobre todo porque no han cambiado las condiciones por las cuales se creó el fondo del conurbano, que tienen que ver con la inequidad en la distribución de lo que aporta la Provincia al PBI y lo que recibe por coparticipación", afirmó.

De concretar un desembarco en el oficialismo, sería el tercer salto de De la Torre en menos de un lustro. Es que el intendente de San Miguel fue electo en 2011 por el FPV y recaló en el Frente Renovador en 2013, ocupando un asiento en la mesa chica de Massa. Ahora, no logra ocultar sus ganas de vestirse de amarillo.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que la ministra Patricia Bullrich "desarticuló" el Grupo Especializado de Asistencia Judicial, creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos.

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad no figura en el nuevo organigrama de la cartera, lo cual es "un grave retroceso" en materia de esas políticas, criticó la organización que preside Estela de Carlotto.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional. En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas.

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial. Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09).

Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones.

A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Las decisiones tomadas en la órbita del ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente.

Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009.

Según un informe publicado en el portal El Destape, desde marzo se viene gestando el desmantelamiento del Renatea y la vuelta al viejo esquema del Renatre, lo cual implica eliminación de sus programas y supone que el Estado ya no podrá fiscalizar y controlar las relaciones laborales del campo. Ex trabajadores denunciaron que los vehículos y oficinas del organismo se pondrán a la "venta".

Renatea surgió como el organismo estatal nacional encargado de velar por los derechos de trabajadores agrarios a partir de la Ley 26.727 sancionada por el Congreso en el año 2011. Esta Ley dispuso la disolución del Renatre, que era dirigido por un consejo directivo compuesto por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) encabezado por Gerónimo "el Momo" Venegas.

Era la propia patronal quien se fiscalizaba, y fue también quien al aprobarse la ley apeló a la Corte Suprema de Justicia, que la mantuvo congelada por tres años hasta que dos días después del ballotage presidencial, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la ley, quitándole así las principales funciones al Renatea.

El titular de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, aliado del presidente Mauricio Macri, a quien apoyó durante la campaña, señaló a ED que en el Renatre "tenían 264 trabajadores, hay otros que sobran y es el Estado quien se tiene que hacer cargo de ellos". También opinó que: "los programas que el Renatea decía llevar a cabo son puras mentiras que en la auditoría se van a ver y cuando asuma lo mostraré en una conferencia de prensa".

Sin embargo, los registros del Renatea señalan que entre los años 2013 y 2015 realizó denuncias penales que involucraron de 962 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. A su vez, del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. A fines del 2015, la ecuación es del 84 por ciento.

Además, con los programas del organismo se capacitaron a más de 12.000 trabajadores agrarios mediante cursos de recalificación laboral, se alfabetizaron a más de 3000 personas, apoyaron a más de 40 espacios de cuidado infantil, se trabajaron con más 150 escuelas en la capacitación docente y promoción de derechos del trabajo con estudiantes.

El organismo ya despidió a 30 personas entre febrero y marzo, y hoy el puesto de 500 trabajadores corre peligro. En las gacetillas de prensa enviadas por Ranulfo Eduardo Bazán, nuevo director general del Renatea sostiene que "el personal del ex Renatre aumentó un 1.000 por ciento en sus cuatro años de existencia" y que el organismo "no realizó concurso alguno para más de 500 empleados".

La diputada nacional Elisa Carrió cargó duramente contra el ex mandatario bonaerense, Daniel Scioli y advirtió: “Hizo mucha plata en Mar del Plata y ahora me voy a encargar de que deje de hablar”, indicó.

La diputada de la Coalición Cívica participó en Mar del Plata de la inauguración del Instituto Hannah Arendt, en la Plaza del Agua.

Allí, fue donde cuestionó fuertemente al ex candidato presidencial, quien en ese momento estaba entregando junto al senador provincial Juan Curuchet material deportivo a una decena de clubes y escuelitas de barrio, en una reunión organizada por la Fundación “Juan Curuchet para el deporte”.

Además, la diputada nacional se refirió a la suba de los precios y cuestionó a “las grandes marcas” que “han llevado los precios a un escándalo”. “No vamos a permitir que se estafe al pueblo de la Nación” afirmó.

Y agregó: “O bajan los precios o voy a estar en la Justicia para demandarlos: le voy a mostrar a la sociedad qué marcas no tienen que comprar, son depredadores”.