El ex Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, criticó con dureza a la ministra de Seguridad por el caso de los policías torturados en La Rioja: "Es una chanta". Además, cuestionó a la clase política: "Es bastante corriente que pase esto en las academias de policías".

En diálogo con el programa "Detrás de las noticias" por Radio del Plata, el especialista en seguridad comentó que el caso Emanuel Garay se enmarca en lo que "es una práctica habitual y histórica, a mí me asombra el asombro de la política y de la sociedad al respecto porque ese es un tema bastante corriente en las academias de policías".

Con respecto a la formación policial destacó: "No tiene, a mi modo de ver, ningún tipo de correlato con lo que es un policía pensante, reflexivo, buen gestor de situaciones conflictivas que es en el fondo lo que después tiene que enfrentar un policía en la calle".

"No quieren formar buenos policías en el sentido de personas con capacidad reflexiva, con tratos ciudadanos habituales, sino lo que construyen es una fuerza corporativa, muy endógena, cuyo valor más importante es la obediencia hacia un superior", sostuvo el ex Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además analizó el tipo de formación que recibe la fuerza, y señaló que "esta militarización que prácticamente no se utiliza en el ámbito de las Fuerzas Armadas sigue como un remanente institucional, una aberración por donde se lo mire".

Continuando con el caso de Emanuel Garay, Saín afirmó: "Que el gobernador de La Rioja se alarme y se encuentre con una situación así, significa varias cosas, primero que tiene un ministro que o tiene la gorra puesta o es un estúpido o es un cómplice de ese conjunto de prácticas".

En otro momento de la entrevista resaltó que "las policías argentinas, son policías de ocupación territorial y de gestión poblacional, no son policías de prevención del crimen", a lo cual añadió, "en el fondo es una policía de disciplinamiento social, de detención masiva de personas sospechosas".

En cuanto a las autoridades remarcó que "la dirigencia comisarial, son una burocracia de las más ignorantes del país".

Además, el ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, arremetió contra la conducción política de la fuerza: "La clase política como sabe que la seguridad no le da votos y esos temas tampoco, sólo le pueden generar un costo político en situaciones de crisis, entonces no les importa y hacen una 'gestión de riesgo'".

"Hacen lo que hace Patricia Bullrich, el otro día dijo que hay una nueva doctrina, con el protocolo Tueller, que es un policía californiano que estableció 21 pasos o reglas para conjurar a un delincuente con un cuchillo, eso no tiene nada que ver con una doctrina, es una chanta esa mujer", fustigó a la ministra ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Cuando le preguntaron acerca de la instalación de una Base Militar de EEUU para combatir el narcotráfico y el terrorismo, Saín fue contundente "es todo humo, porque ya hay una unidad operativa de la DEA y las agencias norteamericanas en materia de narcotráfico en Salta". Y añadió que "Acá han hecho tareas junto con la SIDE ahora AFI en materia de control de terrorismo. Stiuso era empleado de la CIA en esa materia, en la Triple Frontera y no pasa nada, no hay terrorismo".

Finalmente, volvió a arremeter contra la ministra que está al frente de la cartera de Seguridad: "Para mí Patricia Bullrich es una chanta pero es una chanta que dice cosas que garpan electoralmente, que sensibilizan a ciertos sectores fascistas de la opinión pública, y a Macri le gusta en función del focus group", concluyó Marcelo Saín.

El Centro de Economía Política (CEPA), redactó un documento sobre el importante ajuste que sufrirá el programa de becas para jóvenes de bajos recursos. Un recorte disfrazado y engañoso.

Hace unas semanas, el presidente Mauricio Macri, había anunciado una importante ampliación del Programa Progresar, el cual está destinado para jóvenes de familias pobres

Según consignó hoy Página12, el CEPA accedió a un dossier del Ministerio de Educación con los números que el gobierno nacional manejó internamente para redefinir y relanzar el programa. Antes de entrar en el cálculo de ese recorte, vale la pena repasar el sentido con el que fue creado el Progresar en 2014, y el cambio de lógica introducido en este relanzamiento.

El programa comenzó a implementarse hace cuatros como una ayuda de 600 pesos para los jóvenes de entre 18 y 24 años que retomaran sus estudios –en cualquier nivel, primario o secundario– o que, siempre proviniendo de hogares con ingresos menores a un salario mínimo, cursaran una carrera terciaria, universitaria o se estuvieran capacitando en un oficio. En 2015, el monto de la beca fue aumentado a 900 pesos, y el requisito de ingresos familiares pasó a ser de tres salarios mínimos. En promedio, en los últimos tres años el Progresar tuvo un número estable de beneficiarios, de entre 750 y 800 mil estudiantes, con un pico de un millón de becados en 2015.

Tras la llegada del macrismo a la Casa Rosada, el monto de la beca estuvo congelado por dos años. De acuerdo al cálculo del CEPA, el poder adquisitivo de la beca de 900 pesos se redujo a menos de la mitad. Por esto, el aumento anunciado para el relanzamiento, que pone al piso de la beca en 1250 pesos, sigue estando por debajo del poder adquisitivo que tenía el estímulo en 2015.

“El Plan Progresar había sido planteado originalmente como un beneficio ‘puente’ para familias que cobraban la Asignación Universal por Hijo o tuvieran ingresos bajos. Se orientaba a poblaciones vulnerables y su objetivo era permitir que cuando los hijos continuaran o retomaran los estudios, y antes de que se inserten en el mercado laboral, el grupo familiar no dejara de percibir un ingreso como la AUH o el Salario Familiar por el hecho de que el hijo cumpliera los 18 años”, reseñó Hernán Letcher, director del CEPA. “El Progresar fue lanzado como un derecho, y de allí venía su espíritu universal, ahora quebrantado.”

Un punteo de las principales pérdidas señaladas por el análisis del CEPA incluye los siguientes aspectos:

El acceso al programa deja de ser universal y pasa a depender del presupuesto previsto (que como se verá más adelante es sensiblemente menor al previo).

En términos de equidad, el programa cambia drásticamente. Pasa de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico.

En el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, las becas Progresar son profundamente regresivas, ya que es un hecho ampliamente reconocido por los especialistas en educación la dificultad de los jóvenes de hogares con bajos ingresos que son primera generación universitaria para incorporarse a la vida académica (ver aparte las opiniones de Eduardo López, de UTE, y de Graciela Morgade, decana de Filosofía y Letras de la UBA).

En el caso de los universitarios, el plan de becas exige ahora aprobar el 75 por ciento de las materias previstas para el año que esté cursando el alumno. Antes, el único requisito era ser estudiante regular, que en general implica aprobar al menos dos materias anuales. El nuevo requisito, como así también el establecimiento de montos de beca diferenciales muy significativos en función de las materias aprobadas y el promedio académico, discrimina fuertemente a los jóvenes de menores ingresos y bagaje cultural.

Las alumnas de menores ingresos son doblemente discriminadas. La mayor carga del cuidado de personas y familiares que recae sobre ellas las pone en desventaja para cumplir con los requisitos de cantidad de materias aprobadas, algo que no se contempla en el nuevo programa.

El CEPA advierte que, en el documento del Ministerio de Educación al que accedió, está previsto “un recorte de 362 mil becas”. Al hacer sus propias cuentas en base a otros datos detallados en ese informe interno, lo corrobora: “Para mantener las mismas becas con los aumentos previstos por el Gobierno para cada beca, sería necesario disponer de 17.320 millones de pesos aproximadamente. Pero se prevé sólo 10 mil millones. El ajuste será entonces de al menos 7320 millones”, indica Letcher.

“En la práctica, ese ajuste se vincula a la reducción de la cantidad de cuotas, que pasan de 12 a 10 (2580 millones de pesos), y en la cantidad de becas (4740 pesos). Esto representa un recorte de casi 380 mil becas al valor de la actualización (1250 pesos). Apuntemos, una vez más, que el propio Gobierno estima ese recorte en 362 mil becas”.

Finalmente, el centro de estudios revisa un antecedente cercano: el uso real que Cambiemos viene dando a los fondos destinados a becas. El caso analizado es el del Programa ArBec, que centralizaba las becas existentes en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Modernización de la Nación. “A pesar de la recurrente mención a la necesidad de impulsar becas ‘al mérito’, lo real es que la ejecución durante 2017 respecto de tales becas ha sido poco satisfactoria. Sólo han ejecutado un 64 por ciento de las ArBec. A la fecha de hoy, aún se les resta abonar la mitad de las cuotas liquidadas al 40 por ciento de los beneficiarios.”

La interna en Cambiemos se encuentra al rojo vivo pero silenciada. La diputada se encuentra a la búsqueda de respaldo de los boinas blancas. El alineamiento del Ministro con Angelici es el argumento para que la líder de la Coalición Cívica impulse al titular de la UFI Amia.

Elisa Carrió comenzó el 2018 en búsqueda de aliados dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) con el objetivo de desplazar al Ministro de Justicia, Germán Garvano. Las operaciones de la diputada de Cambiemos contra el jefe de la cartera de Justicia se debe principalmente por haber promovido el sobreseimiento de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Tras un comunicado de la Coalición Cívica (CC) en el que se respalda al titular de la UFI Amia, Mario Cimadevilla, titular de la UFI Amia.

Los abogados enviados por Cimadevilla habían pedido 8 años de prisión para Mullen y Barbaccia, pero Garavano promovió el sobreseimiento, representado en el abogado José Console, secretario de la Comisión de Disciplina de Boca y cercano al presidente del club Daniel Angelici, operador judicial de Macri, indicó el sitio La política On Line.

El alineamiento de Garavano con Angelici terminó de enfurecer a Carrió que ahora está dispuesta a ir por la cabeza del ministro y se lo dejó bien claro a Mario Negri y otros diputados radicales que vio en el Congreso.

Les propuso hacer pasear a Cimadevilla por los despachos y resistir el ninguneo de Garavano, quien ya sufrió maltrato de legisladores por sus rencillas con el chubutense.

Fue el año pasado, cuando los senadores de todas las fuerzas políticas le reprocharon no tomar posición sobre el proyecto de ley para aplicar un juicio en ausencia a los iraníes acusados de volar la AMIA.

Pronto se supo que no toda la comunidad judía estaba de acuerdo y el ministro prefería dejarlo pasar. Pero no había sido tan claro con el jefe de la Unidad AMIA.

La interna de Carrió con Angelici ayer tuvo otro rebote de impacto profundo en el gobierno de Macri. El presidente de Boca sufrió el despido intempestivo de su cuñado de la AFIP, por supuestas amenazas de muerte al jefe.

No es la primera vez que el jefe de la AFIP le pega cerca a aliados del presidente. Lo hizo cuando abrió una investigaciones por supuesto fraude a la ley de promoción del software del portal MercadoLibre del empresario Marcos Galperin, exhibido por Macri como su modelo de empresario.

Luego de esa investigación el presidente visitó las oficinas de Galperín para dejar claro de qué lado estaban sus preferencias y luego su empresa fue beneficiada con un negocio de la SUBE.

Un relevamiento llevado a cabo por la asociación Consumidores Libres reveló que el precio de la canasta escolar para el inicio del ciclo lectivo 2018 aumentó casi un 24 por ciento con respecto al 2017. Te mostramos los números del informe.

Faltan menos de 3 semanas para el inicio del ciclo lectivo y el relevamiento de Consumidores Libres sobre 41 artículos escolares marca un aumento del 24 por ciento con respecto al año 2017. La asociación que dirige Héctor Polino, realizó el estudio en base a 37 productos de librería y cuatro artículos de indumentaria escolar. De este relevamiento se desprende que el precio total para este año se ubicó en torno a los $2.696,7, lo cual puede variar según la marca y modelo de guardapolvos y zapatillas.

De acuerdo al listado, la plancha de etiquetas de 24 unidades tiene un precio de $6,90 y una suba de 53,33$. La cinta adhesiva de 30 metros tiene un valor de $15 y un ajuste de 50%, mientras que los lápices económicos de colores madera por 12 unidades sufrieron esa misma variación, y el precio es de 60 pesos.

Luego se ubicó la goma para tinta y lápiz, al valer $11 y registrar un aumento de $46,67; junto al repuesto de 96 hojas económico con un precio de $28,20 y un ajuste de 46,11%. Por su parte, el compás metálico sufrió un aumento de 42,86% con un precio de $65 y, con ese mismo encarecimiento, el papel glasé de 10 hojas comunes tuvo un valor de $5.

Dentro de la lista de artículos con más subas se ubicaron también el cuaderno universitario con 80 hojas y la tempera, cuyos precios avanzaron 38,89% con un precio de $50 y $25, respectivamente.

En tanto, la caja de seis lápices económicos tuvo un ajuste de 37%, al costar $27,4. Respecto de la indumentaria escolar, el estudio resaltó que, según la marca, un guardapolvo recto puede valer entre $370 y $400, mientras el incremento es de entre un 25 y un 27,59%.

En el caso de las zapatillas blancas de lona, calculó que el precio se encuentra entre los $320 y $380, con una suba que oscila entre el 18,52% y 18,75%.

En cuanto a las mochilas​, se ofrecen diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos precios oscilan entre $ 200 y $ 1.500, seg+un el relevamiento de Consumidores Libres.

Uno de los funcionarios más escuchados y valorados por el Presidente de la Nación, en estos más de dos años de gobierno de Cambiemos, logró colocar a una veintena de familiares en el Estado. De esta manera tíos, primos, hermanos y sobrinos del jefe de Gabinete fueron colocados en importantes lugares de gestión.

Desde que el Gobierno oficializó la medida que elimina desde el 28 de febrero a los familiares de funcionarios en el Estado, pocas fueron las renuncias registradas hasta el momento. En el caso del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien mantiene a veinte familiares trabajando en diferentes áreas de la gestión gubernamental.

La lista fue publicada por el portal La Resistencia de Noticias. Allí se detalla con un gráfico quién es y dónde se desempeña cada uno en el Estado.

Felix Peña

Marcos es hijo de Clara Braun y del abogado y economista Félix Peña, quien se sumó como asesor ad honorem del Consejo de la Producción que depende de la cartera del mismo nombre. Felix Peña, anteriormente, fue funcionario de la Dictadura como Subsecretario de Relaciones Internacionales y durante la presidencia de Carlos Menem ofició como Subsecretario de Comercio Exterior.

Ignacio peña

Hermano de Marcos es Ignacio Peña quien se desempeña como asesor del Ministerio de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires

Carlos Dellepiane

Suegro de Ignacio es Carlos Alberto Dellepiane fue nombrado en 2016 como Miembro de la Comisión Nacional para la elaboración de Sellos Postales. Durante la pasada Dictadura fue Secretario a cargo del Archivo General.

Andrés Peña

También es hermano de Marcos Andres Peña, quien es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación hasta que se haga efectiva su renuncia a raiz del decreto presidencial

Gonzalo Robredo

Gonzalo Robredo, uno de los primos de Marcos Peña, fue designado director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un reconocido empresario, dueño del coqueto hotel sobre la calle Rodríguez Peña, “Hub Porteño”.

Miguel Braun

Otro miembro del clan es el economista Miguel Braun Cortés (primo segundo de Marcos), quien viene de ser director de la Fundación Pensar y del Banco Ciudad, y cuya familia es accionista del Banco Galicia. El 10 de diciembre de 2015 fue nombrado en un puesto estratégico: la Secretaría de Comercio, bajo la órbita del Ministerio de Producción. La designación fue muy cuestionada dado que, precisamente, quien debe “velar por relaciones comerciales equitativas, proteger los derechos del consumidor, transparentar el comercio, mejorar el acceso a bienes y servicios, y garantizar mercados internos competitivos”, es sobrino de Federico Braun Seeber presidente de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, o sea, la cadena de supermercados La Anónima, con más de 160 sucursales en todo el país.

Federico Mauricio Braun

Primos del secretario de Comercio es Federico Mauricio Braun, director de La Anónima y del Grupo Financiero Galicia, quien en la actualidad y desde enero de 2016, integra la nómina de la Anses, donde es subdirector ejecutivo de Administración.

Mariano Miguel Bosch

Mariano Miguel Bosch es primo del padre del secretario de Comercio, designando vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) –organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria– y uno de los flamantes dueños de Cresta Roja junto a los Prat Gay.

Gabriel Sánchez Sorondo

Sobrino de Mariano Bosch es Gabriel Sánchez Sorondo, escritor, poeta y periodista nombrado por Macri como jefe de la Unidad de Procesos y Estudios Normativos de la Dirección General de Acción de Gobierno, puesto en el que asesora en la instrumentación de los planes relacionados con el desarrollo de las políticas públicas. Su tío, José Luis Bonello, a su vez, fue designado por Marcos Peña como Director de Archivo en el Ministerio del Interior.

Juan Manuel Bosch

También es sobrino Juan Manuel Bosch, Director Nacional de Coordinación Pesquera de la cartera de Agroindustria y suplente ad-honorem del presidente del Consejo Federal Pesquero.

Nicolás Pio Bernardino Bosch

También lo es Nicolás Pío Bernardino Bosch, Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Experimentación de la Provincia de Buenos Aires

Mariano Mayer

Mariano Mayer es sobrino político de Mariano Miguel Bosch. Es el actual Secretario de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa

Mateo Bosch

Mateo Bosch es Asesor del Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires es sobrino nieto de Mariano Bosch

Agustín Bosch

Agustín Bosch se desempeña como Funcionario de PreservAR, dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, también sobrino nieto

Santiago Manuel De Estrada

Bosch, a su vez, es cuñado de Santiago Manuel de Estrada, ubicado por el PRO como secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Eduardo Nicolás Martelli

Prima segunda de Marcos Peña es Mónica Braun es esposa de Eduardo Nicolás Martelli, nombrado secretario de Modernización Administrativa, en la cartera que dirige Andrés Ibarra. La pareja, junto con Valeria Martelli, hermana de Nicolás, figuran como directores de Goldenberg Financial Corporation, una de las empresas implicadas en los Panamá Papers.

Paula Hume Braun

También prima segunda. Se desempeñó entre 2010 y 2016 en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, primero en el programa Conectar Igualdad y luego dentro del equipo pedagógico. Sobrina de Mauricio Eduardo Braun Bidau, Jefe de la Administración General de Aduanas en la última Dictadura, procesado por contrabando y prófugo de la Justicia,

Max Gulmanelli

Paula está casada con Maximiliano Gulmanelli Barbiero, secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes.

Juan Gregorio Nazar

También es prima en segundo grado Lucrecia Campos Galíndez, quien contrajo matrimonio con Juan Gregorio Nazar Boulin, designado desde junio de 2017 como Director General de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Modernización. Previo a eso, en el mismo Ministerio, se desempeñó desde agosto de 2016 en la Secretaría País Digital.

Fernando Santillán

Para finalizar, por el Decreto 935/2017 se designó a Fernando Santillán en “el cargo extraescalafonario de Coordinador General Técnico y Operativo de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, con rango y jerarquía de Subsecretario”.

Fernando Santillán no es otro que Fernando Santillán Braun, sobrino del dueño de La Anónima, primo hermano del Secretario de Comercio y primo segundo de Marcos Peña.

El abogado de la familia del joven que falleció tras un entrenamiento policial en La Rioja denunció que hubo numerosos casos de torturas similares, pero que no terminaron con muertos.

La defensa de la familia de Emanuel Garay, el cadete de policía riojano que falleció tras un severo entrenamiento físico en la Escuela de Policía local, aseguró que “hubo otros casos” similares al del joven “pero sin muertos” y advirtió que hay sectores de la Justicia que no ayudan a que se esclarezcan este tipo de hechos “porque son ultradependientes del poder político”. En tanto, el secretario de Derechos Humanos provincial, Delfor Brizuela, alertó que hay sectores vinculados a Cambiemos “que están aprovechando esta circunstancia” para azuzar “la teoría Chocobar” y denunció que las fuerzas de seguridad “están descontroladas del poder político”.

“Resulta que era un secreto a voces que en la policía no es el primer caso. Hubo otras quejas con entrenamientos sometidos a mucho rigor, pero no hubo muertos”, reveló el abogado Nicolás Azcurra, representante legal de los Garay en la causa que investiga las responsabilidades del caso por el que están detenidos ocho directivos de la escuela de cadetes”, consigna Página 12.

A estos imputados se les suman otro seis que el letrado denunció el sábado por “haber participado de forma directa ejecutando las órdenes de los directivos para la tortura”, según precisó. “Esperamos que la muerte de Emanuel sirva como bisagra para que se modifiquen este tipo de cosas y erradicar estos bolsones de corrupción y violencia que subsisten”, aseveró en declaraciones a FM La Patriada.

La causa está caratulada como “homicidio simple, lesiones graves, abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público” y denuncia que, además del caso de Garay, otras 17 personas fueron atendidas en el hospital. Las novedades en materia judicial se sabrán mañana, luego del receso por el feriado del fin de semana largo.

Además, Azcurra sostuvo que “sin lugar a dudas” hay responsabilidad política del Estado provincial y apuntó contra la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que “conoce esta situación”. “Han dicho que ellos vienen denunciando este tipo de prácticas y que las causas quedan ‘cajoneadas’ in investigarse, mientras el tiempo pasa”.

Por su parte, el titular de esa área, Delfor Brizuela, reiteró que el gobierno riojano expresó su “repudio total” a “esa práctica reñida con toda ley y criterio de humanidad”. Además destacó que la reacción de su secretaría fue “acompañar las denuncias” hechas ante la fiscalía y, la del Ejecutivo local, “el cierre provisorio” de la escuela y desplazamiento de la cadena de mando.

En este sentido, adelantó a Radio Cooperativa que “mañana va a asumir el nuevo secretario de Seguridad”, ratificó que “por el momento” la Escuela de Cadetes está cerrada y remarcó que “la idea es hacer una modificación profunda” en esa institución.

Brizuela también admitió que “hubo casos” similares pero que “no tuvieron la envergadura de consecuencia como esta vez” e indicó que mientras “el caso de Emanuel fue un asesinato, el de los otros postulantes fue maltrato y tortura”. En este sentido cuestionó que hay en las fuerzas de seguridad una “creencia” de que “se puede matar en nombre de la ley” y vinculó en esto a la defensa que el gobierno nacional hizo del policía Luis Chocobar, quien asesinó por la espalda a una persona que huía luego de haber cometido un delito.

Según dijo, tanto los representantes riojanos de Cambiemos como sus socios políticos, “están aprovechando” lo ocurrido con Garay para “poner el ojo el planteo de la ‘bendita teoría’ Chocobar” que se expresa en “fuerzas de seguridad que están descontroladas del poder político”.

Además, sostuvo que cuando su área hizo una denuncia contra la fuerza de seguridad “apareció el prejuicio de que somos antipolicías” y estimó que “hay una conexión real” entre el endurecimiento de las fuerzas de seguridad con al apoyo que el Gobierno le dio a Chocobar.

“No quiero manosear la posición de muchas familias ni mezclarlo con posiciones políticas, pero es innegable que hay una conexión inconsciente en la fuerza que de pueden hacer lo que quieran porque el beneficio de la duda está a favor de ellos”, dijo y aseguró que su posición es la de “desterrar este modo de formación de los cadetes”.

Para la Agencia Nacional de Discapacidad los menores de edad “no tienen incapacidad laboral” por lo que dará de baja las pensiones a discapacitados. Además, intensificaron los requisitos para pensiones en adultos con síndrome de Down, cáncer, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras.

Siguiendo con el programa de ajuste, el Gobierno dejará de entregar pensiones a menores de edad. La decisión se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso. Según publicó el portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.

Además, se complejizaron los requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista. En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

En consecuencia, las 20 mil pensiones que deben volver para atrás para ser nuevamente sometidas a revisión, pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.

En distintos Hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires hay faltantes de sangre para transfusiones. Además, el ministro de Salud de Vidal, Andrés Scarsi, atiende desde el BAPRO de CABA.

La Salud atraviesa un delicado estado en la Provincia comandada María Eugenia Vidal. En los últimos días, en muchos hospitales del territorio bonaerense, se registraron faltantes de sangre. Desde el sitio Real Politik, agregan que el inconveniente radica en que no se han adquirido eficientemente los insumos para procesar las unidades de sangre.

En el hospital Italiano de La Plata, se han suspendidos transfusiones, lo que provocó gravísimos trastornos en la zona, ya que el policlínico es de importancia estratégica porque recibe pacientes trasplantados derivados de otras instituciones. Vale aclarar, que en el caso de los pacientes y sus familiares, literalmente es una cuestión de vida o muerte, que el gobierno pareciera no detenerse a resolver.

Algo similar ocurre en el Instituto Biológico en el que, a pesar de los esfuerzos por regularizar su situación administrativa, continúa existiendo una insuficiente asignación de presupuesto para afrontar su función más básica: la producción de medicamentos. Los laboratorios de los hospitales están teniendo serios problemas para realizar testeos de rutinas por falta de insumos. Esto ocurre, por ejemplo, en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y en el San Martín de La Plata, por solo citar dos de los múltiples casos.

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia, Andres Scarsi, atiende desde una oficina de Capital Federal perteneciente al Banco Provincia, donde deriva los importantes asuntos del ministerio a sus asesores. En casi todos los casos, chicos que no superan los 30 años y que recientemente conocieron la ubicación del edificio del ministerio en la ciudad de La Plata, a la que acuden con sus choferes.

A su vez, se han implementado dos sistemas informáticos que versan sobre las contrataciones directas del ministerio de Salud, el GEDEBA y el SIGAF, que no han tenido el resultado esperado. De este modo, mientras se suspenden operaciones de altísima complejidad por falta de insumos para procesar las unidades de sangre, el ministro Andrés Scarsi pareciera ocupar todo su tiempo en darle vía libre a las compras por convenio marco de sus vehículos de alta gama.

A pesar de lo declarado ante Afip y OA documentos oficiales de los EEUU develaron que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, tiene sociedades offshore en Islas Caimán. "¿Laura Alonso denunciará a Caputo por haberle omitido que era dueño de offshores?”, lanzó Agustín Rossi en Twitter.

El jefe del bloque FPV, Agustín Rossi, adelantó en twitter que pedirá ante el Congreso que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presente en Diputados para brindar información acerca de las sociedades offshore a su nombre en Islas Caiman. Una nueva filtración periodística del equipo que trabajó en los Panamá y Paradise Papers reveló que Caputo ocultó ser titular de dos offshore en las Islas Caimán, y de administrar inversiones de fondos buitres tenedores de la deuda argentina. A su vez, Caputo es quien, en carácter de secretario de Finanzas, fue a Estados Unidos a negociar el pago a los holdouts.

En consecuencia, el propio Rossi publicó en twitter: “Vamos a citar al Ministro Caputo para que concurra al Congreso a dar explicaciones” y acompañó la publicación con el hashtag  “escándalo offshore”.

https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/962774659153498113

En otro twit, Rossi advirtió que el titular de Finanzas, “ocultó ante la Afip y la OA que era dueño de sociedades offshores en las Islas Caimán.Otro escándalo más". En la misma línea, apuntó contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA): "¿Laura Alonso denunciará a Caputo por haberle omitido que era dueño de offshores? Dudo. Entonces estará incumpliendo sus deberes como funcionaria, lo que también constituye delito", sentenció.

https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/962774659153498113

Un nuevo escándalo envuelve a Cambiemos. El cuñado de Daniel "Tano" Angelici, Sergio Maguiña, fue desplazado de su cargo como alto funcionario de AFIP tras amenazar de muerte a un superior que investiga las filtraciones o venta de los secretos fiscales derivados del blanqueo que impulsó este Gobierno.

Sergio Maguiña, pareja de Claudia María Angelici, hermana del “el Tano”, fue desplazado de su cargo en la AFIP por amenazar de muerte a un superior que investiga las filtraciones o venta de los secretos fiscales de quiénes blanquearon dinero en 2016. A raíz de la agresión, Néstor Abelardo Sosa, el subdirector general de Auditoría Interna de la AFIP agredido por Maguiña, tiene custodia policial designada por el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa.

Según el periodista Hugo Alconada Mon, el apriete ocurrió en el hall central de la casa matriz de la AFIP, cuando Sosa ingresó a un ascensor. Además, el periodista confirmó que el ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad que la AFIP ya entregó a la Justicia. Allí se observa como Maguiña se metió en el ascensor, de improviso, junto a otro funcionario o empleado del organismo, de apellido Caetano. Transcurridos quince segundos, los videos muestran que Sosa salió del ascensor -que nunca llegó a moverse del hall central-, mientras que se observa cómo Caetano contenía o sujetaba del hombro a Maguiña, que pretendía avanzar hacia Sosa.

Según declaró luego al denunciar las amenazas, Sosa sostuvo que Maguiña le recriminó los avances de las investigaciones internas sobre los responsables de esas filtraciones, para de inmediato amenazarlo. "Vas a ser boleta. Pero antes te vas a cansar de recorrer tribunales", afirmó que le espetó entre insultos.

En consecuencia, Néstor Abelardo Sosa alertó sobre lo ocurrido a las máximas autoridades de la AFIP y ya durante las primeras horas del sábado 3 de febrero se presentó en la comisaría para denunciar las amenazas, que se remitió al juez Lijo, quien dispuso la custodia y las primeras medidas.  Tres días después, el martes 6, Abad firmó la disposición interna 27-E/2018, que se publicó al día siguiente para desplazar de su puesto a Maguiña, un funcionario de 57 años que ingresó a la DGI en 1991 hasta llegar a su último cargo como director de Fiscalización.

"En virtud de las diversas investigaciones practicadas por la Subdirección General de Auditoría Interna, que han dado origen a la causa CFP 12474/17, caratulada 'NN s/ violación de secreto fiscal", suscribió Abad, "se han detectado una serie de maniobras en la operatoria habitual de distintas áreas pertenecientes a las Subdirecciones Generales de Sistemas y Telecomunicaciones, Recaudación y Fiscalización".

Por su parte, Daniel Angelici agregó que su cuñado Sergio Maguiña "no tiene nada que ver"  con las acusaciones, y que dentro del ente recaudador (AFIP) hay una caza de brujas. "Para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo quieren usar una persona cercana a mi hermana y que salga mi apellido", dijo en diálogo con La Nación. Además, aclaró que va a esperar a que se levante el secreto de sumario para ver "qué hay en la causa", pero que por ahora "no tiene por qué no creerle que está no involucrado".