El representante del Ejecutivo presentó un escrito en el Consejo de la Magistratura para enjuiciar a los jueces que habrían intentado ocultar el financiamiento del viaje a Lago Escondido.

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión de magnate británico Joe Lewis en la región del Lago Escondido, luego de la filtración de un chat que deja al descubierto no solo la existencia de la reunión acontecida sino que también el intento de ocultar el vuelo privado y su financiamiento.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó el escrito, en el que consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.

“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, sostiene el documento.

El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.

En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

Los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci volvieron a beneficiar a dictadores. Hoy le allanaron la domiciliaria al médico Rogelio José Martínez Pizarro, vinculado a apropiaciones y los vuelos de la muerte

La Cámara de Casación sentó una nueva jurisprudencia que abre de par en par la salida de la cárcel a los represores que hayan cumplido 70 años de edad. Se trata de Jorge Osvaldo Steding, condenado por el secuestro y muerte de Mario Abel Amaya.

Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia, nombrado en medio de una polémica dentro de la Cámara Federal de Casación anuló ayer un fallo contra un poderoso empresario salteño, condenado por la desaparición de trabajadores.

El fugaz ministro de Justicia Carlos Mahiques, nombrado por María Eugenia Vidal a su arribo al Gobierno y renunciado pocos meses después, anuló, junto a sus pares de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, un fallo que condenaba a un empresario y a varios policías por delitos de Lesa Humanidad cometidos en 1977.

El fallo benefició al poderoso empresario salteño Marcos Levin, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, quien había sido hallado culpable por instigar a la persecución, a la detención irregular y a las torturas a un trabajador de esa empresa que era delegado gremial.

El caso de Levín era histórico, por cuanto se trataba del primer empresario condenado por su complicidad con el terrorismo de Estado.

Se lo acusaba, como en el caso de otros empresarios, de haber aportado listas de trabajadores y sus datos de filiación, y de haber accionado “psicológicamente” para propiciar la represión.

En esa causa fueron condenados además dos policías retirados, que realizaron la detención de 20 trabajadores.

Mahíques llegó con polémicas a la Sala de Casación, a comienzos de mayo de este año. El Consejo de la Magistratura le otorgó el traslado para cubrir el cargo del juez Pedro David, a pesar de que había un concurso abierto, luego de que la Corte Suprema aprobara como límite constitucional los 75 años de edad para ejercer la función judicial, que, sin embargo, y extrañamente, no alcanza a todos los jueces.

El caso es análogo al del juez federal de La Plata, Juan Martín Culotta, designado en medio de maniobras por parte de la mayoría oficialista en la Magistratura. Ambos casos están judicializados y se entendieron como “nombramientos a dedo” por parte del Presidente.

En una decisión polémica, el Consejo de Magistratura aprobó el traslado del ex ministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal. Fue propuesto por Cambiemos. Es una sala clave para casos que preocupan al macrismo, como el pago de sobornos por parte de Odebrecht para el soterramiento del Sarmiento.

Sin embargo, todavía Mahiques no fue aprobado por la propia Cámara, que no acepta su llegada. Así lo hicieron saber los jueces Angela Ledesma y Alejandro Slokar. "Es un escándalo cubrir así una vacante cuando hay un concurso en trámite sin poder terminarse”, aseguró el diputado y representante del Frente para la Victoria en el Consejo de la Magistratura, Rodolfo Tailhade.

Antes de ser ministro de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, Mahiques se desempeñó en el tribunal de Casación porteño. En 2015 fue cuestionado por su desidia en el expediente que debía investigar la represión de la policía Metropolitana en el hospital Borda. Esa causa salpicaba al ex jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su segunda, Vidal.

La Cámara Federal, a la que aspira Mahiques, tiene casos sensibles para el oficialismo nacional como la investigación por supuestos sobornos pagados por la brasileña Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento. En esa licitación participó la empresa argentina IECSA, manejada por Ángelo Calcaterra, primo del presidente.

La salida del ultracatólico y fanático antiabortista Mahiques significa la primera baja en el gabinete que lidera la gobernadora María Eugenia Vidal desde que asumió el puesto a fines del año pasado.

El reemplazante del funcionario saliente será el asesor general del gobierno bonaerense Ferrari, que ya había integrado la gestión anterior en la Provincia, encabezada por Daniel Scioli.

Ferrari supo responder años atrás al exdiputado y excandidato a gobernador bonaerense Francisco de Narváez e incluso fue legislador en la Cámara baja del Congreso formando parte de Unión Celeste y Blanco.

Mahiques, de perfil más técnico y con menos roce político que Ferrari, volvería al Poder Judicial de la Nación, a su cargo de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, donde había pedido licencia al asumir como ministro.