Organizaciones políticas y sociales se movilizan para reclamar la libertad de Milagro Sala

A tres años de la detención de la líder de la Túpac Amaru, convocan a un “Piletazo” en el Obelisco. Denuncian un “revanchismo político”.

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Represión, represión y más represión

La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

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Legisladores del FPV pidieron la intervención federal de Jujuy

Los diputados nacionales del bloque del FPV reclamaron hoy al gobierno nacional que disponga "la inmediata intervención federal de esa Provincia norteña, con el fin de que se restablezcan el orden institucional y las garantías del debido proceso". Además exigieron por la liberación de Milagro Sala.

A un mes de haber presentado un proyecto de ley para intervenir la provincia de Jujuy, el bloque de diputados del Frente Para la Victoria (FPV) y reclamó al Gobierno nacional la medida "con el fin de que se restablezcan el orden institucional y las garantías del debido proceso". Asimismo, exigieron nuevamente la "inmediata liberación" de Milagro Sala, la dirigente social que se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016.

"Pasó un año desde la detención de Milagro Sala, y el gobierno sigue haciendo caso omiso a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las ONG's Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el secretario general de la OEA, Luis Almagro; el premier canadiense Justin Trudeau. Todos ellos coinciden en que la detención de Sala es arbitraria y exigen su inmediata liberación", comenzaron en un comunicado.

Para los legisladores del bloque comandado por Héctor Recalde, en la provincia del norte argentino "no paran de acumularse las pruebas de que no existen hoy ni el respeto por los Derechos Humanos, ni la división de poderes, ni las garantías del debido proceso".

En la misiva, recordaron "la cobarde agresión que sufrió la compañera Mayra Mendoza a manos de la policía de Gerardo Morales", cuando fue golpeada en la puerta de los tribunales donde era juzgada Sala; y "el asesinato del sobrino de uno de los presos políticos vinculados a la Tupac Amaru, que el Servicio Penitenciario intentó presentar como un suicidio".

"Y ahora, la cadena de correos electrónicos –revelada el domingo por el periodista Horacio Verbitsky- entre el abogado apoderado de Morales, Federico Wagner; el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone; y el representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy; en la que buscan coordinar una estrategia que “justifique el mantenimiento de la prisión preventiva” de Milagro Sala ante la inminente visita de una delegación de la CIDH", expresaron.

"Una muestra más de que en Jujuy la Justicia no es imparcial ni independiente, sino que constituye un mero apéndice del Ejecutivo", completaron.

Por último, mencionaron lo planteado por el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni y manifestaron que "el remedio jurídico para el mal que asola Jujuy es la intervención federal de la provincia, como ya planteamos en el Parlamento y como establece nuestra Constitución Nacional cuando no se garantiza la administración de justicia".

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A un año de la ilegal detención de Milagro Sala: Realizaron actividades para exigir su liberación

Diferentes agrupaciones políticas y sociales cortaron el puente que une a Provincia con Capital, en protesta por la detención de la líder de la Tupac Amaru de la que se cumplen 365 días. En Jujuy se realizó una olla popular, mientas que en el resto del país se realizaron diversas actividades.

Al cumplirse un año de la ilegal detención de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, organizaciones sociales y políticas exigieron hoy la inmediata libertad de la luchadora jujeña y el cese de la persecución política a la militancia.

En Buenos Aires, la primera actividad que se registró fue una conferencia de prensa que se realizó en el local de la Tupac Amaru de Capital Federal, en tanto frente al Penal de Mujeres número 3, ubicado en el barrio jujeño de Alto Comedero, donde se encuentra alojada Sala, se realizó una olla popular.

Los que realizaron el encuentro con los medios de comunicación fueron Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores; y Roberto Baradel, titular del Suteba, entre otros.

"Los procesos contra Sala ocurrieron en un contexto de vulneración de la independencia judicial debido a que varios funcionarios judiciales y contravencionales que intervinieron en las causas en las que Sala está involucrada fueron designados por el gobernador (Gerardo) Morales", indicaron.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional reiteró hoy que la detención de la líder de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur es "arbitraria" porque está encarcelada "preventivamente" por una protesta social y"esto viola garantías del debido proceso y su presunción de inocencia".

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en su casa de la capital jujeña tras un allanamiento a la vivienda, imputada por "instigación al delito y tumultos", luego de haber encabezado un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a principios de diciembre de 2015, en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno del radical Gerardo Morales.

Luego, la Justicia mantuvo la prisión preventiva por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, por el presunto desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.

Por su parte, organismos internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), reclamaron la liberación inmediata de Sala, al considerarla una "presa política". Pero el gobierno de Mauricio Macri y el de Morales niegan esta situación y afirman que se trata de una decisión judicial en la que no tienen ingerencia.

En ese sentido, la canciller Susana Malcorra llamó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para expresarle su "malestar" personal por la publicación en Twitter de la carta que le mandó a Sala.

En la misiva, Almagro le expresó a Sala que compartía la "preocupación" por su situación y pidió su "inmediata liberación", además de explicar que fundamentó la nota en las impresiones que le transmitieron los organismos de derechos humanos.

En ese marco, Malcorra afirmó que el gobierno nacional "es interlocutor" de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el planteo realizado a raíz de la detención de la dirigente social Milagro Sala, pero advirtió que "el tema está en la justicia de Jujuy".

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Milagro Sala llamó a defender a la patria y los derechos conquistados

A través de una carta escrita de puño y letra por la dirigente de la Tupac Amaru que llegó hasta la redacción de Primereando, la presa política jujeña valoró la militancia juvenil y convocó a no dejarse arrebatar la dignidad y la alegría.

Milagro Sala, detenida desde hace más de un año en un penal de mujeres de Jujuy escribió una carta a la que tuvo acceso Primereando.

La dirigente política y social aprovechó para enviar un “fuerte abrazo” a los militantes de las diferentes fuerzas políticas del campo popular y pidió defender la patria porque “que estamos siendo testigos como están destruyendo todo lo que se avanzó en 12 años”.

Carta de Milagro Sala

A los jóvenes argentinos militantes y no militantes del campo popular, les mando un fuerte abrazo y saludo de otra militante.

Les piden que cuiden y defiendan nuestra patria, ya que estamos siendo testigos como están destruyendo todo lo que se avanzó en 12 años.

Es muy importante la militancia de los jóvenes ya que son el futuro de nuestra querida Argentina.

No dejemos que nos quiten la dignidad y la alegría que heredamos de Néstor y Cristina.

Me despido de ustedes humildemente soñando que harán realidad con su militancia el país que merecemos todas y todos.

Milagro Sala, presa política.

Penal de Alto Comedero.

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Sin pruebas de delito, la justicia jujeña sobreseyó a Milagro Sala por amenazas, pero la condenó a 3 años por daños

La Justicia de Jujuy condenó este miércoles a la dirigente y líder de la Tupac Amaru por el escrache al gobernador en el año 2009. Sólo un testigo, empleado del gobernador, la señaló como la organizadora. “Es lo que calculábamos, lo vamos a apelar”, dijo la abogada de la líder de la Tupac Amaru.

El Tribunal Oral Federal n°1 de Jujuy pasó a un cuarto intermedio de dos horas antes de dictar la sentencia en la causa contra la líder de la Tupac Amaru quien, antes de la decisión, se dirigió a los jueces y les dijo que “no se dejen apretar por el poder político”.

La sentencia de tres años de prisión en suspenso se conoció durante la tarde de este miércoles. Horas antes, Sala había afirmado: “Simplemente queríamos la igualdad en un país tan rico, ese fue nuestro pecado”.

“Nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo, volvimos a inculcar que había que construir nuestras propias viviendas, nuestro propio futuro”, había expresado, según informó Página12. “Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles y miles de compañeros”, continuó Milagro y afirmó: “Dignificar a los que menos tiempo me significó estar sentada en este sillón”.

“Nosotros no tuvimos nada que ver y pedimos que los jueces no se dejen apretar por Gerardo Morales”, insistió. Los testimonios confirmaron que Milagro no estuvo presente en ese escrache, pero se la acusa como instigadora en base a los dichos de un testigo que trabaja para Morales e intentó esconderlo en su declaración.

La dirigente fue detenida el 16 de enero último a causa de un supuesto acampe que había realizado en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy con la organización Tupac Amaru.

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A pesar de las resoluciones internacionales, la Corte Suprema se desentiende del caso Milagro Sala

Todos los jueces de la Corte rechazaron cuatro recursos por “inadmisibles”. Uno de ellos buscaba la intervención de la Justicia Federal en una denuncia promovida por la propia Sala contra magistrados y fiscales jujeños a raíz de su detención arbitraria.

Los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, evitaron pronunciarse sobre la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, a pesar de las resoluciones internacionales que exigen su libertad inmetidata.

Por unanimidad, los cortesanos rechazaron cuatro recursos extraordinarios al considerarlos  “inadmisibles”, entre ellos el presentado por la propia Sala y habilitado la semana pasada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal “ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional”, en referencia a las resoluciones de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro de los recursos descartados por la Corte bajo el amparo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial fue presentado por el  fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De  Luca; mientras que en otros dos se presentaron Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, militantes de la Tupac que están siendo juzgados junto a Milagro como organizadores del ataque a huevazos contra el entonces senador Gerardo Morales en 2009.

El Centro de Información Judicial (CIJ) informó la decisión unánime del máximo tribunal aclarando que “ninguna de las presentaciones se vinculaba con la excarcelación/libertad de los imputados”, pese a que la Sala II habilitó el recurso subrayando que el gobierno nacional está desoyendo el pedido de libertad inmediata hecho por la ONU.

Ahora, queda pendiente de resolución un recurso extraordinario más presentado por los abogados defensores de Sala, Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, en el que exige la revisión de los fueros de la dirigente social como diputada del Parlasur y su libertad, respaldándose en las resoluciones de los organismos internacionales sobre los que en la acordada de hoy la Corte decidió no opinar.

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La Policía de Morales golpeó a legisladores y dirigentes que llegaron hasta los tribunales de Jujuy

Entre los golpeados por el accionar de los efectivos policiales se encuentra la diputada nacional Mayra Mendoza, el miembro del Concejo Deliberantes de Hurlingham, Martín Rodríguez, quien además fue detenido y trasladado a una comisaría.

En las puertas del Tribunal Oral Federal de Jujuy la policía reprimió brutalmente a un grupo de personas que intentaron ingresar al lugar para presenciar la audiencia final del juicio a Milagro Sala, por un supuesto escrache al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

Entre los acompañantes de la líder de la Tupac Amaru se encuentran el jefe de FPV en la Legislatura porteña, Carlos Tomada, y la diputada nacional por esa misma fuerza, Mayra Mendoza, quien sufrió golpes y fue tomada por el cuello por efectivos de la policía de Jujuy.

Además de la brutal golpiza contra hombres y mujeres que querían ingresar para ocupar los 34 lugares que permite la sala judicial, luego de los incidentes fue detenido el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez, quien fue llevado a una comisaría cercana, en un nuevo acto que demuestra la impunidad con la que se desplazan las fuerzas de seguridad en la provincia del macrista Gerardo Morales.

Luego de la represión, Mayra Mendoza denunció ante las cámaras de los medios que se encontraban en el lugar que con la violencia policial “se violan todas las garantías” para llevar adelante el proceso judicial de Milagro Sala, y cuestionó la ilegal detención de Rodríguez.

A su vez, la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta también se encontraba entre las personas que no pudieron ingresar cuando llegaron al Tribunal y fueron golpeadas por los efectivos policiales que formaban un cordón detrás del vallado en la calle.

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Marcha a Tribunales por la libertad de Milagro Sala

El Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala convoca a la movilización este miércoles 21 de Diciembre desde las 15hs al Palacio de Tribunales, para "exigir la inmediata libertad a Milagro Sala".

Mira el video del Primer Congreso por el Trabajo y la Dignidad que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA este fin de semana, donde se dieron cita más de 500 trabajadores y se convocó para la movilización de este miercoles.

Bajo la consigna: Por una Navidad sin presos políticos. Por Trabajo y Dignidad. El Frente Milagro Sala junto a trabajadores nucleados en la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, estudiantes, organismos de Derechos Humanos y el Comité por la libertad de Milagro Sala convoca a la movilización al Palacio de Tribunales.

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Milagro Sala: “La bronca y la indignación de Morales es porque soy peronista y he decidido defender las banderas de la dignidad”

En el comienzo del juicio por una manifestación contra Morales en la que no estuvo, la dirigente social responsabilizó al Gobernador radical por su detención. “No tuve nada que ver con eso. La bronca y la indignación (de Morales) es porque soy peronista y porque he decidido defender las banderas de la dignidad, de Néstor y Cristina Kirchner”, dijo Milagro Sala al hablar ante el tribunal que la juzga por una manifestación contra el gobernador Gerardo Morales.

La dirigente de la Tupac Amaru llegó esta mañana a la sede del Tribunal Oral Federal de Jujuy custodiada por personal penitenciario, se sentó en el banquillo frente a los jueces, escuchó los cargos por los que se la juzga y negó que sea cierto lo que le imputan.

“A Morales le molesta que los negros nos pudimos organizar”, dijo durante su declaración, antes de la cual sus abogados leyeron un texto en el que aludieron al marco de persecución política de ese proceso contra la dirigente social, quien está detenida por otras causas desde hace un año y cuya libertad fue exigida por la ONU, la CIDH y la OEA

La denuncia que dio origen a este juicio oral fue hecha por Morales tras una manifestación en su contra ocurrida en octubre de 2009, cuando era senador nacional, en la que le arrojaron huevos. En ese hecho, la dirigente enjuiciada no estuvo, pero se la acusa de ser instigadora. La única prueba en su contra es el testimonio de un hombre que la señaló como partícipe de una reunión para organizar el “escrache”, sobre la cual no hay pruebas de que haya existido.

Ante la relatividad de los testimonios y la falta de pruebas, el tribunal jujeño declaró prescripta la causa en mayo pasado, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a darle curso y agravó los cargos.

Además de Sala, los acusados por el “escrache” a Morales son también otros dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales (que a finales del año pasado y principios del actual realizaron un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial), Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra. Se los acusa de supuestas amenazas coactivas y daño agravado.

El Tribunal inició el proceso a las 9 con la lectura de los datos formales de los tres acusados, durante lo cual Sala corrigió al funcionario judicial que la mencionó como diputada provincial: “Diputada del Parlasur”, aclaró.

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