La Agrupación "Vecinos Unidos por Varela" presentó un pedido formal a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Ravagni, solicitando que el ejecutivo municipal considere la creación del Departamento de la Mujer y un Consejo Municipal de la Mujer que funcionarían, uno en la orgánica del Municipio y otro como órgano asesor "ad-honorem".

El objetivo de la fuerza vecinal es generar herramientas para que el municipio ponga en marcha políticas locales propias, apuntadas a la atención de problemáticas de género y programas de transversalización de género, similares a los vigentes en Morón.

“Esperemos que los señores Concejales de todos los bloques, apoyen la iniciativa, en beneficio de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y fundamentalmente poder ir hacia un cambio de cultura, tanto en el ámbito público, como en el privado”, aseveró el licenciado De Gioia, referente de la agrupación.

El jueves pasado, el Honorable Concejo Deliberante de Morón votó la cesión de terrenos del Polideportivo Gorki Grana a la Provincia para la construcción del nuevo edificio para el conservatorio Alberto Ginastera.

Los terrenos, son predios que pertenecieron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el distrito de Morón y que hace tiempo estaban en disputa.

Sobre los terrenos pesaba una restricción explícita de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal de cesión para la edificación de un emplazamiento educativo. Ese impedimento mantuvo en conflicto a docentes y estudiantes del Conservatorio Alberto Ginastera, con las autoridades municipales.

Sucede que en 2011, ambos mandatarios del gobierno porteño vetaron una ley de la Legislatura porteña que permitía el traspaso administrativo de esos terrenos al municipio de Morón.

Fue un año antes, el 15 de diciembre de 2010, que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionaba una modificación a la ley Nº 2.111, por la que el Gobierno porteño debía ceder el predio al Municipio de Morón. El artículo 2 de dicha ley establecía que el uso del predio era para el polideportivo y las excavaciones arqueológicas.

Desde allí, pasaron cuatro años hasta que finalmente, el jueves de la semana pasada, sucediera el último capítulo legislativo que abre las puertas a que el predio pueda ser utilizado para la construcción del edificio educativo.

El proceso se inició con la aprobación de un proyecto de Ordenanza presentado por el Intendente Lucas Ghi, quién estuvo presente en el recinto, que autorizó la donación del predio de 4 mil metros cuadrados a la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Es una gran alegría que se haya aprobado este proyecto que cumple con una necesidad de la comunidad educativa del Conservatorio, una de las instituciones entrañables de la ciudad, que gracias a esta donación podrá contar en un futuro próximo con un nuevo edificio acorde con la demanda de vacantes que hoy tiene”, expresó el presidente del Concejo Deliberante y candidato a Intedente del Frente para la Victoria, Hernán Sabbatella.

La donación condiciona a que se construya, en un lapso no mayor a tres años por parte del organismo beneficiario, la nueva sede del Conservatorio de Música Alberto Ginastera.

El predio esta ubicado en la localidad de Castelar, sobre la calle Estanislao López, entre Bufano y Río de Janeiro, próximo al Centro Polideportivo Municipal Gorki Grana.

Las críticas y reclamos de los docentes y estudiantes del conservatorio musical fueron en aumento desde el veto de Macri y de la actual candidata a gobernadora bonaerense por el Frente Cambiemos, María Eugenia Vidal, ya que ambos funcionarios sabían que el destino era construir una sede para un establecimiento dedicado a la Educación y que además pertenecería al Estado.

Pero, además, el predio, desde aquel momento, no tuvo ninguna finalidad para el gobierno porteño, hasta su traspaso paulatino al municipio. Ese pase se fue dando a medida que el gobierno de la ciudad fue intercambiándolos por las deudas inmobiliarias que tenía por su administración.

Desde Grande Merlo, espacio liderado por el vencedor de la interna del Frente para la Victoria en las elecciones primarias de agosto, salieron a denunciar acciones del actual Intendente, Raúl "el vasco" Othacehé, tendientes a imposibilitar el trabajo de la futura gestión de gobierno municipal y generar la idea del caos, para capitalizarlo políticamente desde la mayoría que mantendrá, después de octubre, en el Concejo Deliberante.

Gustavo Menéndez señaló que el actual intendente, a quién derrotó por más de dieciséis puntos porcentuales en la interna K local, estaría financiando con dinero de los contribuyentes de Merlo, la campaña política de la oposición local, y que nombró una cantidad irrisoria de puestos de planta permanente, que se cuentan por miles, así como aumentos salariales a los trabajadores municipales para septiembre y octubre, que ronda el 70%, para que pague el próximo gobierno comunal.

Desde ya que estaba fuera de toda racionalidad política que "el Vasco", para quienes conocen como se desenvuelve el microcosmos de Merlo, que quien estuvo 24 años al frente de la administración política del municipio apoyara al vencedor de las elecciones primarias del Frente para la Victoria. Y si bien era previsible que el "Vasco" no se fuera silbando bajo, la denuncia de su adversario reviste mucha gravedad.

Es que Othacehé estaría preparando el terreno, según afirman desde el espacio de Menéndez, para que su verdugo en la interna K no gane en octubre, y de hacerlo, dejarle un municipio imposible de administrar.

Financiar a los candidatos de la oposición, plantar "una bomba" en las cuentas comunales, “El intendente no nos acompaña para nada, al contrario alimenta a los candidatos de Macri y Massa que son empleados históricos de él. Los equipos históricos de pintadas y pegatinas del municipio están al servicio de esta gente. Obviamente son todos empleados municipales”, aseguró al portal Infocielo, Menéndez.

Pero la denuncia no se detiene allí. Fuentes cercanas a Menéndez confirmaron a PRIMEREANDO los datos difundidos por la prensa y agregaron otros: Entre la colección de denuncias de los últimos dos meses aparece, además, el nombramiento, de un defensor del pueblo (inexistente durante los 24 años de su gestión), la creación de cinco juzgados de paz (con un costo de mantenimiento para cada uno de setenta mil pesos mensuales cada uno), aumento a los ediles del distrito, y recursos no asignados a la polícía local.

El plan, si no consigue hacer perder la elección al "Tano", aseguran las fuentes "es hacer naufragar las finanzas del municipio".

Pero además, de conseguir hacerse con la jefatura distrital, Menéndez tendrá que lidiar con una coyuntura parlamentaria adversa, al menos hasta el 2017, donde el oficialismo contará con un tercio de los ediles de su rival en las PASO.

Es que la derrota no liquidó el capital político del "Vasco", que apuesta a consolidar, con más de la mitad del concejo, su base propia en el HCD.

Por último, Menéndez expresó que "Lo que está sucediendo en Merlo habla las claras de una persona que no soporta la situación real de haber perdido y en vez de comportarse en beneficio de los habitantes está haciendo todo lo contrario”.

"Si soy intendente, en marzo del año que viene los estudiantes tendrán el boleto estudiantil gratuito". Con esas palabras el candidato a Intendente de Moreno por el Frente para la Victoria, Walter Festa, se refirió a la situación que, en el Concejo Deliberante, mantiene detenido el proyecto de ordenanza para que la norma aprobada por el parlamento provincial sea aplicada en el distrito.

Pero la aprobación de la ordenanza, en Moreno, convoca una discusión con un entramado complejo, donde se debe dirimir a quien se recarga las responsabilidades presupuestarias de financiación del boleto, y allí entra la disputa entre sectores políticos que intentan no trasladar esa carga a La Perlita, empresa que actualmente monopoliza la provisión del servicio en el municipio, y quienes quieren involucrar en esa carga presupuestaria a la compañía.

PRIMEREANDO dialogó con Mariana López, candidata del Partido Socialista (PS) a concejala en la lista vencedora del Frente Progresistas, quien se refirió a la disputa que pone freno a la aprobación de la ordenanza para dar curso al boleto educativo en Moreno.

"Uno de los problemas que tiene hoy el concejo deliberante con este tema es que (el boleto educativo) tiene que incorporarse en el presupuesto 2016 del municipio. Hay que establecer proyecto ordenanza que complementa a la ley provincial, que es una ley marco, y allí es responsabilidad del HCD definir como se va a financiar, si es convenio, subsidio nacional, acuerdo con la empresa y si parte de esa financiación implica responsabilidades de privados", aseguró López.

Claro es que el candidato a intendente del Frente para la Victoria, y actual concejal de esa fuerza política, se manifestó a favor del Boleto Educativo Gratuito pero no pudo definir que responsabilidad le corresponde a La Perlita, que hoy monopoliza la provisión del servicio.

Festa manifestó el fin de semana que "se necesita el informe sobre la reglamentación para aprobar la ordenanza", pero Mariana López descartó que la demora en la aprobación de la ordenanza tenga que ver con aguardar la reglamentación de la norma desde el legislativo provincial: "Es una ley marco, invita a los municipios a adherir y es la comuna la que tiene la responsabilidad de reglamentar".

Así López puso en eje de la dilación a una disputa entre sectores, identificados como cercanos al actual Intendente Mariano West, que no quieren involucrar a la empresa La Perlita en la delegación de responsabilidades financieras, cuando se enuncie la ordenanza y el presupuesto 2016.

Por su parte, en la vereda de enfrente del Frente para la Victoria, Walter Festa asegura que "si nos toca llegar a la intendencia nuestro objetivo es que esté aplicado para marzo del año que viene. No hay ningún espíritu dentro del bloque del Frente para la Victoria de evadir esto que ha sido una lucha de generaciones, de juventudes, de estudiantes que lucharon por el boleto estudiantil".

Se trata de los concejales Dardo Ottonello (Candidato a Intendente de Cambiemos en Florencio Varela), Gabriela Lasso y Gualterio Ríos que, electos en 2013 por la lista del massismo local, rompieron con su bloque para dar el salto al PRO, y ahora le reclaman al oficialismo que se respete los lugares que originalmente tenían en 4 comisiones.

Fue Dardo Otonello, quien presentó un recurso de amparo para ser reincorporado a las comisiones de Legislación Municipal y Cultura; de Hacienda, Presupuesto y Abastecimiento; y de Seguridad y Derechos Humanos.

Claro, apenas los tres ediles tomaron la decisión, el bloque del Frente Renovador presentó una carta a la presidencia del Concejo Deliberante, a cargo de Laura Ravagni, pidiendo que se respete el artículo 63 que establece que las comisiones se conforman con la representación original con que los bloques políticos ingresaron al HCD.

Desde este punto de vista no podría modificarse la representación que cada fuerza tiene en comisiones, como resultado del pase de concejales de una fuerza a otra. Y ello debido a que cada fuerza debe mantener la representación que originalmente tenía en comisiones.

Pero desde el PRO, los nuevos ediles argumentan, basados en el artículo 74, que los concejales son designados en las comisiones por el plazo de un año y no pueden ser removidos.

La disputa entre ambas fuerzas no logró resolverse al interior del HCD y desde el PRO acusan al oficialismo porque "No nos respetan como minoría de la oposición" y argumentan que "este tema nace desde un decisión que toma el oficialismo (con Julio Pereyra a la cabeza), desde la presidencia del bloque y convalidado por la presidencia del cuerpo, de dejarnos fuera de las comisiones permanentes para las que fuéramos designados por el Concejo Deliberante".

Según los ediles de Cambiemos "lo hacen sin respetar el procedimiento que establece el Reglamento Interno del Concejo Deliberante".

PRIMEREANDO se contactó con Héctor Salatino, concejal del Frente para la Victoria de Varela y referente de Nuevo Encuentro, de conocido enfrentamiento con el Intendente Pereyra (a quien tuvo como adversario en las Primarias), quien expresó que "esta disputa es entre el Frente Renovador y el PRO, lo que los concejales de Cambiemos no dicen es que no se puede alterar la representación de un espacio político en comisiones".

Pues bien, ante la falta de atención a sus demandas el PRO antepuso un recurso de amparo asignado al Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Quilmes, en la que se denunció como "ilegal" a situación.

Es por ello que el Juez a cargo firmó una resolución por la que resuelve darle admisibilidad al recurso judicial del PRO y a la demanda y decreta una medida cautelar de prohibición de innovar.

Al respecto la Presidenta del Concejo Deliberante local, Laura Ravagni manifestó que “es una barbaridad absoluta judicializar al HCD. Vamos a cumplir con lo que dice el juez, pero ellos (los ediles de Cambiemos) hicieron una presentación judicial con algunos artículos, pero el Reglamento tiene más de 100 artículos y yo tengo, como Presidenta la responsabilidad administrativa para hacer cumplir el Reglamento. No puedo hacer lo que yo quiera".

"Las comisiones deben ser constituidas en la primera sesión ordinaria del año y en el desprendimiento del bloque político el Reglamento plantea que el edil pierde la condición de tener voto en las comisiones. Al irse, de hecho, se produce una vacante".

Tras varios reclamos de vecinos que venían sufriendo “salideras” en las sucursales bancarias ubicadas en el centro de la ciudad de Ituzaingó, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad, un proyecto de Decreto para coordinar acciones para evitar que se “marquen” víctimas que realizan operaciones que más tarde son asaltadas en forma sorpresiva en la calle o camino a sus casas.

Es que el Banco Provincia de Ituzaingó cuenta con 4 efectivos afectados a las tareas de seguridad en el interior de la sucursal pero se ven superados ante los reiterados hechos delictivos que ocurrieron en los últimos tiempos especialmente durante el horario bancario pero también en horas de la noche a la salida del cajero automático que se encuentra ubicado con vista directa a la Comisaría que se encuentra cruzando la calle.

El Concejal Esteban Vallarino, del bloque PS-Progresistas se manifestó sobre el tema: “Es necesario que los funcionarios a cargo de la seguridad en Ituzaingó, hagan todo lo posible en materia de prevención y de inteligencia criminalística para frenar estos robos que parecen evitables. Pedimos una mayor coordinación en las tareas de patrullaje y que se tomen todas las medidas necesarias para resguardar a los vecinos que portan efectivo y son víctimas fáciles a la salida del banco”.

Los concejales aprobaron una declaración presentada por el bloque del FpV Nacional y Popular, al cumplirse 22 años del crimen.

Miguel Bru fue visto por última vez con vida el 17 de agosto de 1993 y, según se acreditó en el juicio oral desarrollado por la Sala I de la Cámara penal, fue detenido y llevado a la comisaría 9na. de La Plata, donde lo torturaron hasta morir, sin que su cuerpo haya podido ser hallado hasta hoy.

En el juicio realizado en 1999 fueron condenados a prisión perpetua los policías bonaerenses Walter Abrigo y Justo López, por torturas seguidas de muerte, y el comisario Domingo Ojeda y el oficial Ramón Ceressetto, por encubrimiento.

El lunes, durante una vigilia que se realizó ante la comisaría, Rosa Schonfeld de Bru, la madre de Miguel, lamentó que se cumpla un nuevo año “sin entender por qué los asesinos no dicen dónde está" su cuerpo.

"Se cumple un año más sin entender por qué (los asesinos) no dicen dónde está Miguel, más allá de las oportunidades que tuvieron, como cuando recibieron la condena y les dijeron que si decían dónde estaba el cuerpo iban a tener reducción de penas”, sostuvo Rosa.

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca resolvió aplicar dicha sanción, luego de obtener el voto de los dos tercios que componen el cuerpo deliberativo.

Ricardo Pera está señalado como responsable de haber agredido físicamente a dos de sus pares, Gustavo Mandará y Sergio Massarella, el 15 de enero pasado.

Pero, cabe recordar que Pera, también fue responsable de agresiones verbales al concejal Nicolás Vitalini, maltrato al vecino Marcelo Águila, y abalanzarse contra Irma Díaz, abuela de la fallecida Daiana Herlein.

Los concejales resolvieron aplicar dicha sanción, la más severa que establece la ley orgánica de las municipalidades, luego de obtener el voto de los dos tercios que componen el cuerpo deliberativo.

El despacho que promovía la destitución de Pera contó con el apoyo de todos los bloques, a excepción del Frente Renovador (Lisandro Ganuza, Rafael Morini, Vanina González y Matías Italiano), Unión Popular Bahiense (Fabio Pierdominici y Matías Lera) y Lealtad Peronista (Luis Serra).

La sesión especial comenzó minutos antes de las 11 con la lectura de las conclusiones de la comisión investigadora, donde se enumeraron, además de dicha agresión, otros episodios violentos protagonizados por Pera para continuar luego con la lectura del descargo de su abogado, Carlos Andreucci, quien aseveró que durante el proceso se violó el derecho de defensa de su cliente.

“El Concejo ya tenía una decisión tomada. Primero debió escucharse a la defensa y probar los hechos denunciados. Un procedimiento de esta envergadura tiene una serie de principios que hay que respetar cosa que aquí no ha ocurrido. Se aprobó un despacho antes de ser discutido”, expresó Andreucci en diálogo con el portal de noticias La Brújula.

La ceremonia, en la que participaron concejales de varios partidos políticos, contó con un centenar de personas que portaban carteles con las leyendas: “ Basta de femicidios”, “No mas maltratos”, “El doble discurso también es violencia” y “El machismo mata”.

La secretaria General de la Agrupación Libres del Sur y miembro organizadora de este encuentro, Victoria Vuoto, sostuvo, en dialogo con la Agencia Nacional de Noticias, Télam, que el objetivo del convenio es “aportar un punto de inflexión para lo que es la lucha por los derechos de las mujeres”.

“Hoy firmamos un petitorio donde agrupaciones, concejales de distintos partidos políticos, asociaciones, organismos firmamos un convenio comprometiéndose a jerarquizar el área de la mujer y a asignar recursos económicos a favor de una mejor y mayor contención”, sostuvo.

"Queremos que se logre capacitar a todo el municipio en lo que se refiere a perspectiva de género e implementar políticas transversales para crear una mesa de discusión donde participe el movimiento feminista de Mar del Plata”, agregó.

Se trata del proyecto "Remeros Beach", para cuya realización, los concejales del Frente Renovador local debieron impulsar una "excepción" al Código de Zonificación local, que impide la construcción de estos emprendimientos en zonas "rurales", por su carácter de áreas de contención ante las crecidas del Río Luján.

Según el código de zonificación, el lugar donde la empresa Juano S.A. levantará el mega emprendimiento en Rincón de Milberg es un área rural, donde no es posible construir por encima de los nueve metros cuando Remeros Beach contará con torres de 22 pisos. Pero además, como la zona es inundable debe regirse por la ley 6254, que en su artículo 1° prohíbe la construcción de este tipo de proyectos inmobiliarios.

Los concejales del Frente para la Victoria y organizaciones ambientalistas pedirán a la justicia que falle "sobre esta situación irregular e ilegal”.

El complejo tendrá 195.994 m2 de superficie cubierta para más de 7600 habitantes y en el centro, una laguna artificial. “Playa deportiva, familiar o de relax, la laguna de aguas cristalinas estará diseñada para ser disfrutada en toda su dimensión”, dice en el sitio de Remeros Beach.

“Lo más vergonzoso es el argumento de que esto ayuda a resolver el déficit habitacional de Tigre”, dijo al portal "Infojus Noticias" el concejal del Frente para la Victoria, Federico Ugo, quien también anunció que llevará el caso a la justicia.

Vecinos de diferentes organizaciones sociales convocaron a repudiar la construcción de estos emprendimientos, ante los frescos recuerdos de las crecidas e inundaciones que provocó el desborde del Río Luján, durante la Sudestada de octubre de 2014.

“Estos proyectos hacen de Tigre un lugar donde se privilegia un sector social y a otro se lo deja de lado”, dijo Margarita García, miembro de la Asamblea de vecinos inundados de Tigre.

"En la actualidad, casi el 46% del territorio continental de Tigre está en manos de barrios privados (countries, clubes de campo, etc.) donde vive menos del 5% de la población del municipio”, denunció la Asamblea de vecinos inundados de Tigre y el Movimiento en defensa de la pacha a través de un comunicado.

Sin embargo, desde hace meses que la empresa constructora comenzó con los movimientos de la tierra del predio y los departamentos ya se ofrecen a la venta a través del sitio del complejo.

Un decreto del intendente massista, Julio Zamora, del 24 de abril le había otorgado a la empresa la factibilidad de uso del suelo sin ningún tipo de discusión legislativa ni evaluación de estudios ambientales.

La decisión del Concejo Deliberante vino ahora a legitimar este decreto. Allí se aprobó una excepción al código de zonificación que permite a Juano S.A. avanzar en los permisos para construir Remeros Beach.

Lejos quedaron las imágenes de Julio Zamora junto a Sergio Massa y Humberto Zúccaro abrazándose con los damnificados por las inundaciones.