Las sesiones legislativas del concejo deliberante de Malvinas Argentinas iniciarán recién este viernes 24 de abril, con casi un mes de retraso.

De esta manera el cuerpo parlamentario del distrito acumula casi cinco meses sin sesiones.

Desde la oposición política hablan de “falta de respeto a la democracia”. La demora tiene que ver con la decisión del intendente Jesús Cariglino de postergar el inicio de sesiones.

El acto que se celebrará este viernes, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, debió llevarse a cabo el 1º de Abril.

Desde la oposición salieron a achacarle a Cariglino, que además quiere ser Gobernador, una “falta de respeto por la democracia” y a “los vecinos” del distrito. “Creemos que la tardanza se debió a una decisión política pero que llevó a una falta importante porque no se pudo sesionar casi durante todo este mes”, afirmó la concejal Mariana Zuccarini.

Zuccarini, junto al resto del espectro K, narró que se enteraron sobre la fecha pautada para el inicio de las sesiones a través de un periódico local, y que luego llegó la notificación de la Presidencia. “Esto también es una falta de respeto a los vecinos porque en este tiempo se pudieron haber llevado varios debates”, cuestionaron.

“Ya pasaron casi cinco meses en el que HCD no funciona y esto atenta contra la democracia”, observaron. Por último, de cara al nuevo período de ordinarias, se mostraron expectantes: “El municipio hace lo que cree y no lo que necesita el barrio; ojala, aprueben nuestros proyectos porque lo que hacemos no es un capricho sino una necesidad del vecino”.

La medida va contra el ejercicio de la prostitución de terceros y la trata de personas, cerrando espacios y boliches nocturnos, y  evitando la instalación de nuevos locales de ese tipo en todo este partido del sur bonaerense.

La norma, presentada como proyecto por los concejales Raúl Woscoff, de Integración Ciudadana y Gisela Ghigliani, del Frente para la Victoria, pide a la Municipalidad de Bahía Blanca que dentro de los 120 días revise todas las habilitaciones otorgadas a ese tipo de locales.

Fuentes del cuerpo deliberativo expresaron que "la ordenanza establece que deberá determinarse si en los locales se facilita por parte de propietarios y/o administradores la explotación sexual de personas con o sin su consentimiento, obteniendo con ello lucro, ganancia o comisión”.

También "solicita informes provenientes de los órganos judiciales provinciales y federales de los que resulten indicios que acrediten la explotación", agregaron.

Woscoff explicó que 120 días "el Ejecutivo tiene que hacer una inspección de los locales ya habilitados para determinar si existe el aprovechamiento con fines económicos de la explotación sexual de terceros".

"En el caso que así lo acreditara inmediatamente dará de baja la habilitación de cualquiera que sea el rubro que se encuentre", agregó al indicar también que la ordenanza recomienda que cuando se lleven a cabo las inspecciones se pueda convocar a la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales.

El trabajo se inició a partir de dos proyectos que acuerdan en la necesidad que el Estado Municipal adecúe la normativa, a una Ley de Trata a nivel nacional.