Lo denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales en medio del desmedido operativo represivo que desplegó la ministra Patricia Bullrich, con más de 6000 efectivos de Gendarmería y otras fuerzas.

El Gobierno de Mauricio Macri sigue aumentando la presencia policías y gendarmes en los alrededores del Congreso ante la masiva movilización en contra de la reforma previsional que perjudicará a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y pensionados por discapacidad.

Pero parece que no sólo moviliza fuerzas federales antes de la sesión especial en Diputados, sino también elementos del Ejército, en clara violación de Ley de Seguridad Interior, que prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en cuestiones internas.

En medio del desproporcionado operativo represivo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pudo fotografiar a un colectivo del Ejército que se camufló entre los vehículos de Policía Federal y Gendarmería.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales por el Cetro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recordando que “protestar es un derecho”.

El organismo dispuso, además, una guardia de abogados para la jornada de hoy (4334-4200), luego de la represión que sufrieron muchos integrantes de organizaciones sociales e incluso legisladores que ayer intentaron hacer un abrazo al Congreso para repudiar “el ajuste a los jubilados”.

El operativo en los alrededores del Congreso es completamente desproporcionado e intimidatorio.#ProtestarEsUnDerecho

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— CELS (@CELS_Argentina) 14 de diciembre de 2017

Así lo aseguró el diputado y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, al repudiar el despliegue de gendarmes y policías para el tratamiento de la reforma previsional. “Nadie está a favor de esta ley”, agregó Axel Kicillof, también del FpV-PJ.

A pesar del fuerte vallado policial dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, la Plaza de los Dos Congresos se va llenando de jubilados, trabajadores y militantes sociales para repudiar la reforma previsional que se tratará hoy en el recinto de la Cámara de Diputados.

“La militarización del Congreso es un verdadero secuestro de la democracia”, dijo Hugo Yasky, diputado nacional del FpV-PJ y titular de la CTA de los Trabajadores, una de las centrales que salió a las calles en contra del saqueo a los jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y pensionados por discapacidad.

Yasky adelantó que “en el corazón de muchos diputados va a primar un acto de dignidad y de decencia y el Gobierno no va a tener los votos ni la mayoría” para sancionar el proyecto oficial.

Otro legislador del FpV, Axel Kicillof, aseguró antes de entrar al Congreso que “nadie está a favor de esta ley” y que “hay varios diputados que han acompañado al Gobierno” en los últimos dos años que “ahora no están dispuestos a acompañarlo”.

“Son 600 pesos menos por jubilado, 600 pesos por mes. En un año estamos hablando de una quita de 7.200 pesos a cada jubilado que cobra la mínima”, explicó el ex ministro de Economía al cuestionar la modificación de la fórmula vigente de movilidad para que se actualice por inflación y el índice Ripte, que es el promedio de los aumentos salariales de los trabajadores registrados.

El recurso fue presentado por los abogados de la CTEP en el fuero contencioso administrativo federal. “Hay que detener este infanticidio, este atentado contra los jubilados y los sectores más pobres de la Argentina”, dijo Gabriela Carpineti.

Mientras el Gobierno de Mauricio Macri espera que hoy se sancione la reforma previsional, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) recurrió a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la media sanción del proyecto en el Senado y la suspensión de la sesión extraordinaria convocada en Diputados en un contexto de militarización.

El amparo, presentado por los abogados Juan Grabois, Gabriela Carpineti y Christian Gonzalez D’Alessandro, señala que “la posible aprobación de la reforma devendrá en inconstitucional al ser violatoria de los derechos reconocidos en numerosos tratados y pactos internacionales”.

“La cuestión de fondo a resolver involucra la protección de derechos fundamentales de grupos especialmente protegidos como lo son los niños, niñas, adolescentes y los hombres y las mujeres mayores”, agrega el recurso judicial.

Tras la presentación del amparo en el fuero contencioso administrativo federal, Carpineti explicó que el proyecto acordado entre Macri y casi todos los gobernadores “lesiona derechos constitucionales”.

“Entendemos que, de aprobarse esta reforma, habría una afectación que después sería muy difícil de reparar. Son horas muy angustiantes”, dijo la letrada, que pidió “detener este infanticidio, este atentado contra los jubilados y los sectores más pobres de la Argentina”.

Se trata de una reforma que aumentará la edad jubilatoria, bajará los haberes iniciales de nuevos pasivos y recortará en casi un 9% los ingresos previsionales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones por discapacidad.

Antes de la movilización de las tres centrales obreras, el titular de SUTEBA cuestionó la militarización del Congreso y rechazó una reforma “vergonzosa” que perjudica a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y pensionados por discapacidad. También apuntó contra las maniobras de María Eugenia Vidal contra el Instituto de Previsión Social.

El Gobierno de Mauricio Macri dispuso un fuerte vallado policial para evitar que la protesta de hoy contra la reforma previsional llegue hasta las puertas del Congreso.

“No dejaron entrar ni a los trabajadores del Congreso”, dijo el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, y repudió la represión de ayer, en la que incluso agredieron a los diputados nacionales Horacio Pietragalla, Mayra Mendoza, Juan Manuel Huss, Victoria Donda y Leonardo Grosso.

“Esto no parece un Estado democrático, parece un Estado de excepción”, subrayó el gremialista para luego calificar la reforma contra los jubilados como “vergonzosa” porque “le mete la mano en el bolsillo a los que menos tienen”.

“Todos los días adjudican miles y miles de millones de dólares a aquellos que especulan con la Lebacs, eliminan impuestos a los más ricos y después tienen el tupé de decir que el sistema previsional no es sustentable, como lo hizo ayer la gobernadora María Eugenia Vidal. Lo que no es sustentable es el modelo económico que está llevando adelante el Gobierno”, sostuvo Baradel.

A partir del mediodía, se manifestarán las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT y distintas organizaciones sociales para rechazar un proyecto que ajusta casi un  9% los haberes de jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y pensionados por discapacidad, y que abre la posibilidad de privatizar el sistema previsional.

“Cambiemos tiene muy justos los números y cada minuto que pasa se le va complicando, más ahora con esta movilización unánime del movimiento obrero. Vamos a ser miles y miles los que nos movilicemos al Congreso Nacional”, afirmó el titular de SUTEBA al ser entrevistado por C5N.

Baradel contó que ayer en La Plata los docentes y estatales marcharon al Instituto de Previsión Social (IPS), a la Legislatura y a la Gobernación “reclamándole a Vidal que no toque la caja provincial, que es un ejemplo y una conquista de los docentes y trabajadores estatales”.

“Hoy pretenden enviar un proyecto a la Legislatura para eliminar la caja de los trabajadores del Banco Provincia, que es el primer paso para eliminar el IPS”, alertó el dirigente docente.

Tras inspeccionar el lugar con perros adiestrados, la Brigada de Explosivos de la Policía Federal confirmó que se trató de falsas amenazas. Fuentes parlamentarias informaron que las actividades previstas para la tarde se desarrollarán normalmente.

Poco después de la jura de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los senadores nacionales electos en los comicios de octubre, el Congreso recibió dos amenazas de bomba realizadas a la línea 911.

Inmediatamente, la Brigada de Explosivos de la Policía Federal evacuó el lugar y desplegó un operativo con perros adiestrados que no encontraron ningún artefacto peligroso.

Fuentes parlamentarias indicaron que fueron falsas amenazas y que por la tarde se desarrollará con normalidad la sesión del Senado donde se tratarán los proyectos de reforma previsional y las leyes de Consenso y de Responsabilidad fiscal.

En las puertas del Congreso ya comenzaron a concentrarse trabajadores y militantes de organizaciones sociales que rechazan estas reformas regresivas enviadas por el Gobierno de Mauricio Macri.

Bajo la consigna “Unidad contra el ajuste y el saqueo” acompañarán este miércoles a las organizaciones sindicales, gremiales, sociales y políticas que rechazan los proyectos regresivos en materia laboral, previsional y tributaria.

“Desde La Cámpora convocamos a toda la ciudadanía a sumarse al Frente Sindical y Social que busca ponerle un freno a un Gobierno que pretende hacernos retroceder en materia de ampliación de derechos, y llevar al país a los tiempos políticos e institucionales del pre peronismo”.

Así lo planteó la organización kirchnerista de cara a la multitudinaria marcha que se realizará este miércoles al Congreso para rechazar las reformas del Gobierno de Mauricio Macri que intentan “consolidar el saqueo a los jubilados, perjudicar a los trabajadores y desfinanciar el sistema de seguridad social”.

“Este intento de retornar a una época de pauperización en materia de derechos sociales y laborales se da además en medio de un clima de hostigamiento y persecución contra opositores políticos, como nunca antes había ocurrido desde la recuperación democrática”, remarcaron desde La Cámpora y repudiaron “la temeraria afirmación de la ministra (Patricia) Bullrich”, luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, al sostener que “el Gobierno ‘no tiene que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad’”.

“Quienes hace dos años se presentaron a elecciones como una ‘nueva’ derecha, ‘democrática y moderna’, hoy muestran su verdadero rostro, el mismo que ya han exhibido en otros momentos de nuestra historia, haciéndonos saber que el ajuste y el saqueo no pueden ser implementados sin reprimir a quienes se les oponen. La única manera de frenar eso, es con unidad, lucha y organización. Por eso el miércoles marchamos”, concluyeron en un comunicado.

En el marco de un paro nacional, los trabajadores se movilizaron para denunciar que el proyecto de Presupuesto 2018 implicará un nuevo ajuste, tarifazos por encima del 40 por ciento y más endeudamiento externo. También criticaron a la cúpula de la CGT por ser “cómplice” de “una reforma laboral en los hechos”.

Los empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharon en Capital Federal y en otros puntos del país en contra el Presupuesto 2018 y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, acordado entre el presidente Mauricio Macri y gran parte de los gobernadores.

En este marco denunciaron que estas iniciativas del Gobierno nacional implicarán un nuevo, tarifazos por encima del 40 por ciento y más endeudamiento externo.

“No queremos más ajuste y tarifazos, no queremos más endeudamiento externo para la especulación financiera. Los que estamos acá peleamos para que se apruebe una ley de emergencia social que el gobierno no termina de aplicar plenamente”, dijo frente al Congreso el titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, junto a otros gremios y organizaciones sociales.

La marcha hasta el Congreso se realizó en el marco de un paro nacional de estatales para exigir “ponerle freno a la avalancha neoliberal” de Cambiemos y presentar un proyecto alternativo de Presupuesto con políticas que “fortalezcan el mercado interno y un sentido de la inversión pública orientado al fortalecimiento de la capacidad industrial y de producción energética del Estado”.

Durante el multitudinario acto, Godoy también apuntó contra el triunvirato de la CGT, al que acusó de ser “cómplice” de “una reforma laboral en los hechos”.

“Estamos convencidos de que si los trabajadores no nos manifestamos y peleamos por nuestros derechos, el Gobierno avanza con una reforma laboral que se convalida con dirigentes complacientes y cómplices”, enfatizó.

Miles de personas se movilizaron desde Plaza de Mayo en reclamo de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Cientos de mujeres fallecen cada año interrupciones de embarazo en forma clandestina, la primera causa de muerte materna en el país.

Tras el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Derecho al Aborto, una multitud marchó desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar el tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya va por su sexta presentación consecutiva en el parlamento.

La movilización se realizó en Capital Federal y otros puntos del país, bajo la consigna “Un Grito Global por el Aborto Legal” y “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Durante la jornada, se pudieron observar carteles con los nombres de mujeres fallecidas por interrupciones de embarazo en forma clandestina, además de banderas, body paints y grafitis en favor de la legalización.

“Hay 300 mujeres que mueren al año en las estadísticas que se conocen, y aclaro que son las que se conocen porque en muchos casos llegan a los hospitales y las registran con otros diagnósticos”, remarcó la diputada nacional Natalia González.

Frente al Congreso se leyó un documento que exige, además del tratamiento de la ley de IVE, la “implementación real y efectiva en las escuelas del Programa Nacional de Educación Sexual Educación Sexual Integral con perspectiva de género y laica”, además de la aplicación en Córdoba del Protocolo de Aborto No punible del Ministerio de Salud de la Nación, que en la provincia no se pudo implementar por un recurso de amparo de una ONG.

Legisladores, ex combatientes y defensores de los derechos humanos plantearon la necesidad de dar marcha atrás con el acuerdo sellado el 13 de septiembre de 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y el Reino Unido.

A un año del acuerdo del Gobierno de Mauricio Macri con el del Reino Unido, que permite la entrega de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántica Sur, se escuchó un fuerte repudio desde el Congreso Nacional.

Diputados nacionales como Héctor Recalde, Axel Kiciloff, Nilda Garré, Guillermo Carmona y Oscar Martínez (FpV-PJ), junto a los parlamentarios del Mercosur, Daniel Filmus y Oscar Laborde, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el secretario del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso; y el secretario general de la Federación Argentina de Municipios, Juan Matteo, remarcaron el “retroceso registrado en el último año en materia de soberanía sobre las Islas y reclamaron que la cuestión sea abordada de manera urgente por el Congreso”.

“El 13 de septiembre de 2016 se concretó un acuerdo infame entre nuestro gobierno y el del Reino Unido, que implica la subordinación de la Argentina a los intereses británicos, y la consagración de una situación de cesión de soberanía en la cuestión Malvinas”, planteó el diputado Carmona en una conferencia de prensa realizada en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja.

El legislador agregó que “ha sido obviada la legal y constitucionalmente necesaria intervención del Congreso en la ratificación de este acuerdo, y en un año la Argentina ha sufrido enormes retrocesos en relación a los recursos naturales, la militarización de las Islas y la relación con los países vecinos.

“Pedimos que la Cancillería vuelva atrás en relación con este acuerdo, y que el canciller Jorge Faurie venga a dar explicaciones”, remarcó Carmona.

Por su parte, la ex embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, detalló algunos aspectos de la “política de entrega” en relaciones exteriores: “El acuerdo establece que se van a remover todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales, y esto plasma literalmente las pretensiones británicas. Significa el desmantelamiento de todas las medidas que había tomado nuestro país para la protección de los hidrocarburos y la pesca que pertenecen a los 40 millones de argentinos”.

“No puede ser que el gobierno haga estas cosas a espaldas del pueblo. La entrega de la soberanía de las Malvinas sería una traición a la Patria”, agregó Pérez Esquivel y añadió que “la gran base militar en las Islas y la presencia de un submarino nuclear en la zona son una amenaza no sólo para nuestro país sino para la paz de la región”.

Fue un todos contra todos: se cruzaron diputados del massismo, de Cambiemos y del peronismo. Desde el Frente Renovador y el macrismo buscan sacarle rédito político a la jornada que promete ser intensa. Como sea, el oficialismo no tendría los números para desplazar al diputado Julio De Vido.

A los gritos, la legisladora massista Graciela Camaño le recordó a Cambiemos que Mauricio Macri "asumió procesado por espía". Desde el macrismo, cruzaron al Frente Renovador porque, sostienen, es "funcional" a la estrategia de De Vido. Para lograr su objetivo, Cambiemos necesita dos tercios de la Cámara, lo que no parece una tarea sencilla.

Por su parte, el ex ministro kirchnerista afirmó a la prensa que va a estar presente en la sesión: "Me voy a defender. Es inconstitucional lo que quieren hacer. No me extraña del gobierno más corrupto de la historia. Soy víctima de una campaña de persecución".

La sesión durará durante todo el día. Desde el Gobierno intentarán que el debate sea parte de la campaña electoral. Para eso contará con los principales medios de comunicación, que son sus aliados. Mientras tanto, tratará de ganar margen para que salga de agenda, por lo menos por un rato, la situación social y económica, que todos los consultoras ubican en el primer puesto de las preocupaciones de los argentinos.