Julio Garro salió golpeado del escándalo por la muerte de una joven en una fiesta clandestina en el distrito. Es que uno de sus funcionarios aparece con un alto grado de responsabilidad en el hecho.

Se trata de Roberto Di Grazia, un abogado y empresario, además de director de la Cámara de Comercio e Industria platense, que se había sumado al PRO en la última campaña electoral y financió buena parte de la campaña de Garro que lo llevó a la intendencia de la ciudad de las diagonales.

De hecho en julio Di Grazia había abierto un local partidario de Cambiemos con la presencia del propio Garro, y del electo senador provincial Juan Pablo Allan.

El respaldo proselitista del empresario fue pagado con un cargo en la gestión naciente de Garro. Por ello actualmente Di Grazia está al frente de Control Urbano, un lugar clave por el manejo de caja y el manejo de plata "negra".

El funcionario, ahora, es el más complicado por su responsabilidad durante la noche del 31. Como se sabe, la fiesta no había sido autorizada por el municipio, pero los organizadores decidieron hacerla pese a las advertencias.

A la luz de la tragedia, desde el Ejecutivo cuestionan a Di Grazia. El funcionario se excusa diciendo que "había mucha gente" y por eso decidió no desalojar la quinta que acumulaba denuncias de vecinos. El argumento es, cuanto menos, débil.

Pero el panorama para el intendente se agrava. Es que en paralelo, la oposición en el Concejo Deliberante de La Plata busca instalar una comisión investigadora para indagar sobre lo ocurrido durante la trágica fiesta. Quien lleva adelante la maniobra es Gabriel Bruera, hermano del ex intendente, y se ampara en el texto de la Ley Orgánica de los Municipios que prevé la conformación de una comisión de esas características y que incluya un pedido de interpelación al alcalde.