Una investigación de la fiscal Boquín culminó con una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, por el desvío de más de 35 millones de pesos a empresas y estudios jurídicos pertenecientes a Pablo Tonelli, Jaime Kleidermacher y Pablo Clusellas, entre otros.
Con el fin de determinar si se desviaron fondos de Correo Argentino SA al resto de las compañías de la familia Macri, la fiscal Boquin ordenó peritar los balances de sus principales empresas.
Macri se había excusado hace unos días y le pasó la decisión a la vicepresidenta, quien ahora no dio lugar a la apelación de un fiscal
Un hombre le recordó al periodista sobre la deuda millonaria de Franco Macri con el Estado por el Correo Argentino
Mediante un decreto, el Gobierno nacional nombró como jueza a la hija de la magistrada que maneja la causa del Correo Argentino, donde está involucrado directamente el presidente Mauricio Macri y su familia. El caso generó un escándalo cuando se supo que el Estado quería condonarle una deuda millonaria a la empresa que lidera el padre del mandatario argentino.
Según informó El Destape, Casa Rosada decidió el ascenso de Agustina Díaz Cordero, hija de la camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que preside la Sala B de la Cámara Comercial donde aún tramita la causa por la deuda de la familia Macri con el Estado.
Fue la propia Gómez Alonso quien toleró la propuesta del Estado que permitía condonar una deuda de 70 mil millones de pesos al Grupo Macri. Cuando portarse bien trae premio: su hija, quien además fue asesora del ministro de Justicia, Germán Garavano, fue designada jueza por el Gobierno.
No es la primera movida del oficialismo en esa causa, que tanto preocupa a Casa Rosada. Hace unas semanas, decidió correr al fiscal que estaba investigando para poner a un hombre que fue parte de la comisión directiva de Boca Juniors, club ligado a Macri.
La causa es un escándalo por donde se la mire: porque fue el gobierno liderado por Macri el que le concedió una quita insólita al grupo de su propia familia. Además, se sabe que se realizaron reuniones entre las partes en Casa Rosada. Nada podía salir mal, pero falló.
Federico Lemos, un periodista que trabajó como data entry en el recuento de votos en el Correo Argentino, confirmó que quedaron sin contar de los distritos donde los porcentajes mostraban una “contundente ventaja” de CFK.
"Cuando empezaron a llegar los telegramas de La Matanza, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, empezaron las intermitencias y no llegaron más telegramas", denunció Lemos esta mañana en diálogo con Radio Cooperativa. Además subrayó que a partir de las tres de la mañana, los responsables del área dieron por terminado el trabajo.
Lemos confirmó la denuncia hecha por el precandidato de origen radical Leopoldo Moreau, quien esta mañana ratificó que se “secuestraron los votos de 300.000 bonaerenses”, y advirtió que el centro de cómputos disminuyó considerablemente la cantidad de telegramas cuando los resultados empezaron a favorecer a la ex mandataria. “La primera hora fue de un ritmo normal, donde se cargaban telegramas de Salta, Entre Ríos y de Buenos Aires, pero distritos como La Plata o Bahía Blanca, solamente esos”, explicó el periodista, quien añadió que allí “había una ligera ventaja de Cambiemos”.
Según relató Lemos, todo cambió a la 1,30 de la mañana, cuando empezó a funcionar mal el sistema, justo cuando entraban telegramas de la tercera sección electoral “donde era abrumadora la ventaja de Cristina”, con una diferencia “de 40 a 50 votos en cada telegrama”. “En ese momento empezaron a caer telegramas de la zona de La Matanza o Quilmes”, relató el periodista, y destacó que inclusive “algún que otro telegrama duplicaba” la cantidad de votos que tenía Bullrich.
Lemos explicó que a las dos de la mañana “fue un desastre total”. “Llegaban uno o dos telegramas cada 15 o 20 minutos, cuando al principio era uno atrás del otro”, manifestó. Según Lemos, a las tres de la mañana el sistema ya directamente no respondía. “Veíamos que Cristina iba acortando diferencias con Bullrich, hasta que en un momento circuló la información que estaba 34,15-34,14 y el sistema dejó de funcionar”, relató.
Poco después las autoridades del Correo empezaron a liberar de sus tareas a grupos de 80 personas, de un total de 300 trabajadores. “A las cuatro y media, le dijeron a unos 70 u 80 chicos que se fueran porque no había más carga”, agregó Lemos, quien dijo que media hora después sucedió lo mismo. “Para entonces, quedamos sólo alrededor de 100 o 120 trabajadores”, añadió.
A las 6 de la mañana, "nos dijeron que el escrutinio había terminado”. “El último telegrama habrá llegado a las 5 menos 10 de la mañana aproximadamente. Estuve una hora sin que cayera ningún telegrama, y de 2 a 5, con intermitencia de 20 minutos por cada telegrama”, concluyó Lemos, quien opinó que era “una clara opereta de los medios de comunicación y del Gobierno para que la gente se fuera a dormir pensando que ganó Cambiemos”.
En una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la Nación, el bloque de diputados de esa fuerza opositora donde informó sobre la dudosa licitación de último momento de la empresa Indra por parte del Correo Argentino para las elecciones primarias del domingo próximo.
El bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FPV) brindó una conferencia de prensa en la sede del palacio legislativo en la que expresó su "preocupación" por la transparencia de las elecciones para las PASO del próximo domingo. De la misma, participaron los legiladores Héctor Recalde, Rodolfo Taillhade, María Teresa García y Wado de Pedro.
"Hemos llamado a esta conferencia para volcar inquietudes que no son sólo de nuestro bloque. Hemos conversado con diputadas y diputados de otros bloque que también nos transmitieron su preocupación", comenzó Recalde, luego de hacer una introdución en la que expresó también la necesidad de que el Estado se hago cargo de la búsqueda de Santiago Maldonado, el joven detenido por gendarmería en Chubut, el pasado 1º de agosto.
"Queremos procurar la mayor transparencia y la mejor participación de las fuerzas políticas que van a concurrir al acto electoral del domingo. No tenemos conocimiento de qué software se va a aplicar. Hubo una licitación muy rápida, que no la hizo el Estado sino que la hizo el Correo Argentino, que es la contratación de INDRA", expresó.
"Objetivamente, tanto el representante del Estado como el representante del Correo, tienen antecedentes como CEOS de la sociedad Macri SOCMA. El Presidente de Correo Argentino, Jorge Irigoin y Ricardo Biaggio, director general de INDRA. Es decir, la empresa contratada es también del grupo SOCMA", se explayó el jefe del bloque.
En tanto, al tomar la palabra el diputado Tailhade expuso: "Instamos a las autoridades judiciales y políticas que puedan corregir estas cuestiones y tengamos el domingo un comicio que no deje dudas respecto de su transparencia".
"Hay tres hechos que detectamos que nos llevan a poner en conocimiento. La contratación por parte de Correo Argentino de la empresa INDRA, que se corrió de la intervención que venía teniendo en los años anteriores; el gobierno nacional que no cumplió el compromiso que había asumido ante la Cámara Electoral de transferirle el escrutinio provisorio y el ministerio del Interior que deliberadamente dejó pasar el tiempo y luego delegó la contratación en el Correo Argentino, que si bien tiene participación estatal se rige por normas de Sociedades Anómimas como una empresa privada", explicó.
El diputado insistió en la necesidad de que se brinde la infromación necesaria, sobre todo en cuanto a las características del software con el que se va a realizar el escrutinio.
"De modo que hoy a 5 días de las PASO ninguna fuerza política sabe cómo fue la contratación del Correo con INDRA; cuál fue el precio, qué se les requirió, el mecanismo de selección de esta firma, si hubo otras firmas que compitieron, y sobre todo no hay conocimiento de las características técnicas del software que se va a utilizar para el escrutinio provisorio", indicó el diputado.
"Es fundamental que el software esté a disposición de las fuerzas políticas para las auditorias que cada fuerza quiera hacer y que el software garantice la integridad de la información que se va a transferir de los centros de escaneo y que es recibida por INDRA. Hoy tampoco tenemos la posibilidad de saber si hay vulnerabilidad del sistema", sentenció.
"Ya pedimos al a justicia electoral que pongan a disposición el software y la información para intentar llevar adelante una auditoria que despeje estas dudas", agregó.
Por último, María Teresa García tomó la palabra y agregó que "establecer este sistema con los celulares de los trabajadores del Correo para evaluar la concurrencia, con experiencia en elecciones anteriores, no tienen ningún sentido".
"Esa responsabilidad de la cantidad de concurrencia de votantes siempre fue de la fuerza de seguridad que, estando en la escuela, con un corte al mediodía y otro a la tarde, establecía sin problema la concurrencia", dijo.
"Esta nueva modalidad no fue comentada al resto de los partidos políticos. Nos hemos enterado anoche", concluyó.
El Grupo Macri es socio de la constructora brasileña en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998. En esa fecha, Macri era vicepresidente ejecutivo de Socma (Sociedades Macri). Hace unas semanas, la Procuración argentina advirtió que desde Casa Rosada ponían obstáculos para avanzar en el caso de Odebrecht, acusada de pagar coimas en varios países del mundo.
"Desde 1998, cuando Mauricio Macrì era su vicepresidente ejecutivo, Sideco Americana es socia de Odebrecht en el fondo de inversiones Blackwood. Lo conocido hasta ahora es menor ante los negocios de energía, construcciones, petróleo y gas, consultoría, minería, finanzas, fusiones y adquisiciones, que comparten en Europa, Asia, Africa, Medio Oriente, Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe", explicó en un artículo periodístico Horacio Verbitsky.
Además, el periodista recordó que fue un banco caribeño de Odebrecht el que se sumó a la maniobra del Grupo Macri en el Correo Argentino. "Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín el Meinl Bank (filial de un banco austriaco en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda) compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones", señaló el cronista de Página 12.
De esta manera, se conocen nuevos vínculos entre el propio Macri (y no solo su entorno) con Odebrecht. En el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la constructora brasileña se unió con IECSA que ahora pertenece al primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Sin embargo, en 2006, cuando se aprobó el soterramiento, IECSA pertenecía al propio mandatario argentino.
De allí que vuelva a tornarse verosímil la afirmación de la Procuración argentina, conducida por Alejandra Gils Carbó, que asegura que desde Casa Rosada se obstaculizó la investigación por el caso Odebrecht. En las últimas semanas, desde el Ejecutivo volvieron a la carga contra Gils Carbó, preocupados por su rol en la sensible causa.
Rodolfo Tailhade, diputado del FPV, pidió que se incorpore al expediente la "auto condonación de casi medio millón de pesos ejecutada por parte de Aerolíneas Argentinas" al correo, en octubre de 2016.
Lejos de volver a foja cero, Rodolfo Tailhade, diputado del FpV-PJ, presentó en el día de ayer una ampliación en la causa contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Gobierno, por la cual pidió que se incorporé al expediente la "autocondonación de casi medio millón de pesos ejecutada por parte de Aerolíneas Argentinas al Correo Argentino en octubre de 2016".
Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Tailhade denunció que "La auto condonación que se investiga en los presentes actuados no resulta un hecho aislado, sino que resulta parte de un accionar desplegado por el Presidente de la Nación para beneficiar a sus empresas", y agregó: "Esto, como se explicó, se ejecuta a través de los funcionarios designados en los diferentes organismos estatales a tal fin. Y a partir de las órdenes impartidas por el propio presidente de la Nación, como lo reconoció el ministro Oscar Aguad en diferentes ocasiones".
El sitio InfoCielo, agrega que en la misma presentación, el diputado citó un fallo de la justicia brasileña en el que se hacía referencia a la quiebra del frigorífico Chapecó, cuyo 65 por ciento es de la familia de Macri, "Antes, el grupo empresario había seguido la misma lógica que con el Correo Argentino intentando un perdón de más del 90% de la deuda. Allí, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, la propuesta de la compañía a sus acreedores fue rechazada", indicó.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la denuncia contra el presidente de la Nación y contra el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, por el acuerdo que el poder Ejecutivo firmó por el Correo con una empresa propiedad de la familia Macri. El caso desató un escándalo político.
La Justicia investiga al Jefe de Estado y a Aguad por un acuerdo muy favorable al Grupo Macri, que administró el Correo hasta 2003, cuando fue estatizado. La fiscal Gabriela Boquin objetó ese acuerdo y denunció maniobras de la empresa para licuar sus deudas, con anuencia del Estado.
Ahora el fiscal Juan Pedro Zoni imputó también a los directivos de las firmas SOCMA y SIMECO y a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero Comercial que sustanciaba el concurso de la compañía.
La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. La primera fue presentada por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnik. Las otras tres fueron impulsadas por legisladores del Frente para la Victoria, un abogado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Después de conocerse que el Estado iba a beneficiar con una quita notable al Grupo Macri, la noticia generó un escándalo político. A pesar de que funcionarios de primera línea, como el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendieron lo actuado por el Gobierno, fue el propio presidente el que anunció en una conferencia que "volvía todo a foja cero hasta que se aclare la situación". Ahora la Justicia investigará su propia responsabilidad en el caso.
