El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó ante legisladores bonaerenses que analiza la posibilidad de transferir las Policías Locales a los municipios, al tiempo que sondeó la posibilidad de redactar un nuevo Código Contravencional que contemple la situación de los “trapitos” y la administración de multas.

La reunión, en la que se esbozó también la posibilidad de avanzar en un esquema de desfederalización de las causas por narcotráfico, tuvo lugar en la sede del Centro de Coordinación Estratégica de la Policía, ubicada en La Matanza, y curiosamente no contó con presencias del Frente para la Victoria.

En el encuentro, previsto originalmente para abordar un posible encuadramiento legal para los cuidacoches, Ritondo trazó ante los legisladores los lineamientos de su política de seguridad, que incluyen una profunda reforma policial que pretende achicar la cúpula de la Bonaerense, simplificar las estructuras territoriales, unificar las jefaturas, habilitar auditorías civiles en la fuerza y mejorar la capacitación de los nuevos oficiales, extremando los controles psicofísicos y socioambientales para los aspirantes.

Además, ratificó las intenciones del Gobierno de transferir las Policías Locales a los municipios. La idea, que según las fuentes es aún “una hipótesis de trabajo”, consistiría en darle a los intendentes el control total sobre la fuerza, aunque la Provincia se seguirá haciendo cargo de los sueldos y los gastos operativos de la misma.

De este modo, las policías de prevención se municipalizarían, siguiendo el esquema original que había planteado el massismo en 2013, aunque mantendrían un patrón común en cuanto a operatividad y uniformes y serían sujetas a una auditoría provincial.

Por el momento, Ritondo no especificó cómo será el mecanismo de las reformas, aunque se espera que algunas modificaciones estructurales de la fuerza se realicen vía resolución ministerial –la ley lo habilita para ello- mientras que otros cambios podrían pasar por el filtro legislativo, como reclama el massismo.

En tanto, Ritondo abordó también con los legisladores la posibilidad de regular la actividad de los cuidacoches en territorio bonaerense, y para ello se comprometió a gestionar un encuentro con su par de Justicia, Carlos Mahiques, con el objetivo de avanzar en un nuevo Código Contravencional que incluya el control o la prohibición de la actividad.

En el encuentro estuvieron presentes los senadores Roberto Costa y Walter Lanaro (Cambiemos); Daniel Barrera y Patricio García (PJ); José Luis Pallares y Jorge D'Onofrio (FR); y Omar Foglia (GEN). También participaron los diputados Manuel Mosca y Orlando Yans (Cambiemos); Juan José Amondarain y Rubén Eslaiman (FR); Marcelo Díaz (FAP); y Mario Giacobbe y Hugo Oroño (Justicialismo Bonaerense).

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El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se reunirá el próximo lunes con representantes de los bloques políticos de la Legislatura, para comenzar el debate para intentar acordar un proyecto de ley que regule, o eventualmente prohíba, la actividad de los trapitos en la provincia.

La idea es que cada uno de los bloques políticos de la legislatura envíe uno o dos representantes a la reunión con Ritondo, para comenzar una ronda de consultas para avanzar en un proyecto de consenso que facilite su tratamiento en ambas cámaras, de modo de avanzar “rápido” con la cuestión.

La actividad de los trapitos quedó nuevamente en medio de la escena luego de que se difundiera el caso de un joven brutalmente agredido en San Martín por un empleado de ese municipio, que luego fue echado, y que intervino de esa forma violenta a raíz de una discusión de la víctima con una mujer que quería cobrarle para estacionar su auto.

En ese contexto, el gobierno provincial ratificó su intención de avanzar contra la actividad y ahora el principal interrogante en el Ejecutivo y la Legislatura es si los trapitos deben ser regulados o si directamente debe prohibirse desarrollar esa tarea.

Una dificultad adicional es el variado mapa de situaciones locales en la provincia, lo que hace que regular la actividad sea particularmente dificultoso.

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En los jardines del Museo de Arte Tigre se llevó adelante la entrega de 600 chalecos antibalas a los policías que cumplen tareas operativas en el distrito, en el marco de un plan integral para que cada efectivo de la Provincia de Buenos Aires cuente con equipamiento propio.

El evento fue encabezado por el Intendente de Tigre, Julio Zamora, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y el diputado nacional, Sergio Massa. Nada es casual en política: la foto debe ser analizada en el marco de los acercamientos entre las fuerzas del Frente Renovador y Cambiemos.

Durante el encuentro, Ritondo detalló las características de los nuevos chalecos, los cuales cuentan con un chip inteligente que almacena la información personal digitalizada de su portador. Además, anunció la llegada de más efectivos a Tigre y el fortalecimiento de la policía de islas.

Luego de hacer entrega simbólica del nuevo equipamiento, Zamora destacó: “Quiero agradecer la visita del ministro Ritondo a Tigre. La entrega de los 600 chalecos antibala será de gran ayuda para seguir consolidando las políticas de seguridad de nuestra ciudad, que son una prioridad de nuestra gestión”.

También anunció que se fortalecerá a la policía de islas y que se repondrán agentes policiales en Tigre, que se redujeron en administraciones anteriores. “Vamos a centrar el esfuerzo en colaborar y trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está demostrando que tiene una mirada muy distinta a la de la administración anterior”, destacó Zamora.

Asimismo, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se encargó de dejar en claro el mensaje de la foto entre el Frente Renovador y Cambiemos: “La seguridad no tiene colores políticos”.

“Junto con la gobernadora María Eugenia Vidal queremos que cada policía tenga su propio chaleco, esa es una forma de cuidarlos. Tigre es un distrito que desde hace muchos años lleva adelante una gran inversión en materia de seguridad, por lo que comparte esta responsabilidad y es un ejemplo a seguir”, añadió Ritondo.

Por su parte, el diputado nacional y líder del FR, Sergio Massa, enfatizó: “Hoy la Provincia de Buenos Aires cambió un esquema que se fue el 10 de diciembre, donde durante los actos le daban los chalecos a los policías y cuando finalizaba se lo sacaban”.

“Hoy estamos trabajando juntos, para que cada agente tenga su equipamiento, cada cuadrícula con su móvil. Tenemos que construir entre todos el sistema de seguridad y animarnos a que las autoridades sientan respaldo a la hora de denunciar y combatir mafias”, concluyó Massa.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, participó hoy de un acto de entrega de 600 chalecos antibalas para efectivos que patrullan la intendencia de Tigre.

Sujarchuk fue invitado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el intendente de Tigre, Julio Zamora.

"Después del acto con el ministro pudimos hablar sobre el trabajo en conjunto que Municipio y Provincia llevamos adelante para brindar mayor tranquilidad y más seguridad a todos los vecinos de Escobar", contó el intendente en su cuenta de facebook.

En el mismo sentido, el jefe municipal, añadió que " hay un compromiso mutuo de seguir cooperando porque la seguridad es una política de Estado que no debe distinguir colores partidarios".

De acto participaron también el diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Joaquín de la Torre, de San Miguel; Guillermo Britos, de Chivilcoy, y el diputado provincial Jorge Sarghini.

Uno de los puntos más trascendentes de la triple fuga se produjo en la localidad de Ranchos, cuando los prófugos balearon a dos policías a la vera de la ruta.

Ahora, para evitar que la policía quede expuesta como aconteció durante la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, entregó 100 camionetas Toyota Hilux 4 x 4 destinadas a tareas de patrullaje y prevención rural de 66 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires.

El acto fue en Brandsen, donde la fiscalía local investiga el tiroteo que dejó dos efectivos de la Bonaerense heridos a manos de los prófugos.

"Queremos acompañar dándole mayor seguridad a los trabajadores, productores y a las familias que viven en el interior de la Provincia", dijo Ritondo en Brandsen, y destacó el rol de su antecesor, Alejandro Granados, quien le dio “volumen” a los Comandos de Prevención Comunitaria (CPR) , que está compuesta por unos 3 mil oficiales.

El CPR creado en 2014, es una policía de proximidad y cercanía que realiza patrullajes permanentes en caminos rurales y funciones preventivas en distintas áreas del territorio provincial. Realiza patrullajes las 24 horas en caminos rurales y rutas de acceso a los campos, controles de hacienda en tránsito y operativos de saturación durante las noches, entre otras actividades.

Al respecto, el titular de la cartera de Agroindustria, Leonardo Sarquís, destacó "este aporte es central tanto para cuidar los recursos y los bienes de los productores agropecuarios bonaerenses, como así también para aumentar la seguridad de sus familias, que son -en definitiva- lo más valioso para nosotros".

Y agregó que "los nuevos insumos y el trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y los municipios son claves a la hora reforzar los mecanismos de prevención del delito rural".

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, admitió que "hay policías que pueden estar entongados" con las "mafias" que manejan a los denominados "trapitos" y reclamó "unificar los criterios" en los distintos distritos y avanzar con una ley provincial que prohíba la actividad.

"Hay policías que pueden estar entongados con este tipo de mafias y vamos a erradicarlos a los policías y a este tipo de mafias", dijo Ritondo tras el caso de Leonel Biasutti, quien sufrió una fractura de mandíbula en un incidente con una cuidacoches ocurrido en la localidad bonaerense de San Martín.

Sin embargo, reclamó la necesidad de "unificar criterios en todos los municipios, principalmente en el conurbano" y se comprometió a que "reiniciadas" las sesiones ordinarias en la Legislatura solicitará a su bloque que "empiece a tratar" un proyecto que prohíba la actividad de los cuidacoches en la Provincia.

"Sabemos que detrás de los trapitos no se mueve solamente alguno que necesita, sino que son bandas que operan detrás de todo esto y que tienen vinculación con otro tipo de delitos", afirmó.

En declaraciones a radio Mitre, el ministro explicó que "sin ley y con ordenanzas que son ambiguas, el ejercicio de la policía es distinto" y advirtió que hoy todos los municipios tienen policías locales para que "prohíban esta actividad si está prohibida", ya que fueron creadas "para este tipo de problemas".

Las declaraciones de Ritondo se dan en el marco de la agresión que sufrió Leonel Biasutti, de 26 años, que le provocó la fractura de la mandíbula. El hecho se conoció ayer, pero ocurrió el 16 de este mes en horas de la madrugada cuando el joven se negó a pagarle a una mujer trapito.

Biasutti quedó inconsciente después de recibir una trompada por parte de Fernando Jorge Avelik y ahora deberá ser intervenido quirúrgicamente, y luego tendrá 40 días de rehabilitación. El agresor fue detenido ayer, luego de la difusión pública del caso, y la Municipalidad de San Martín confirmó que se trata de un empleado de la Dirección de Tránsito.

Mediante una solicitud de Informes, la diputada quilmeña requirió que se expliquen los motivos por los cuales efectivos policiales reprimieron a jóvenes de la agrupación “Kilmes HH” durante un encuentro de Hip Hop en la plaza lindera a la Estación de Quilmes. “Las prácticas violentas ejecutadas, invierten toda lógica a favor de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

La diputada del Frente para la Victoria, Eva Ramírez, elevó en la Cámara Baja de Buenos Aires un Proyecto de Solicitud de Informes para que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Seguridad, brinde precisiones sobre el operativo policial efectuado el pasado 16 de diciembre de 2015, cuando los integrantes de “Kilmes HH” realizaban un evento de Hip Hop, en la plaza ubicada en Av. Carlos Pellegrini/Canal de Beagle y Gran Canaria de la localidad de Quilmes.

Ramírez advirtió que en ese marco “los jóvenes fueron sometidos a una violenta requisa por parte de la policía local y bonaerense, puestos con las manos en alto contra la pared, recibiendo agresiones verbales y físicas propias de procedimientos dictatoriales”.

Entre los fundamentos del pedido, la diputada quilmeña recalcó: “Las prácticas represivas ejecutadas por la policía, van en contra de la normativa vigente en materia de Derechos Humanos e invierten toda lógica a favor de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Concretamente, en la iniciativa parlamentaria, Ramírez requirió que se explicite “si para tal procedimiento ha mediado la orden de alguna autoridad Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Departamental Quilmes, de la cartera de Seguridad provincial o del Municipio de Quilmes”.

Asimismo, exhortó que se “notifique el nombre, apellido y grado de los efectivos policiales que integraron el citado operativo policial, de sus superiores jerárquicos y autoridades implicadas, como así también si se han dado inicio a las actuaciones sumariales correspondientes y a la separación preventiva de los uniformados involucrados”.

Por último, Ramírez aseguró: “Los acontecimientos detallados restringen las libertades individuales en pleno ejercicio de la democracia, atentan contra cualquier expresión vinculada con la Cultura barrial y popular, y vulneran los principios de seguridad ciudadana y de nuestros Derechos Humanos”.

La gobernadora María Eugenia Vidal avanzó con una purga parcial de la cúpula de la policía bonaerense, que comprendió a siete altos mandos de esa fuerza sospechados de tener vinculación, por acción u omisión, con la triple fuga de los presos del triple crimen y que será un primer paso de una reforma integral que abarcará también al Servicio Penitenciario Bonaerense.

El anuncio de la depuración corrió por cuenta del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien pasó a retiro activo obligatorio a siete comisarios generales, seis de los cuales controlaban superintendencias, mientras que uno estaba a cargo de una dirección general, todos cargos de la estructura de mando de la fuerza, la llamada “cúpula” que está compuesta por más de 30 integrantes.

Según explicaron a la agencia plantense DIB fuentes del Ejecutivo, los nombres comprendidos en esta primera medida fueron corridos del servicio porque el gobierno sospecha que están vinculados con la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y con Víctor Schillaci, porque contribuyeron al escape con información o logística, porque por omisión permitieron que se prolongara o por incompetencia.

“Si uno mira qué territorios controlaban varios de estos policías surge que por esos lugares pasaron los prófugos en su escape”, explicaron desde el gobierno para justificar la purga, que no comprenderá al jefe de la fuerza, el comisario Pablo Bressi, quien fue nombrado por Ritondo y era hasta ahora el único cambio importante respecto de la gestión de su antecesor, Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de Daniel Scioli.

Los expulsados son los titulares de las superintencias de San Martín-Tres de Febrero (Miguel Ángel Maccario), de Seguridad Interior (Oscar Eduardo Terminiello), de Seguridad Interior Sur (Gabriel Alejandro Lamónico), y de Seguridad Oeste (Miguel Ángel Alanís). También se desplazó al Superintendente de Seguridad (Claudio Marcelo Blanco), de Seguridad Vial (Rubén Alberto Lobos) y al director provincial de Suministro, Claudio Alberto Lobos.

El gobierno no anunció aún quienes son los reemplazantes de esos altos jefes porque la medida es la primera fase de la reforma: algunos de esos puestos podrían no continuar porque los cambios incluirían fusiones de áreas en una cúpula que sería más chica que la actual, con un menor número de superintendencias.

Los cambios también abarcarán a niveles menores del escalafón, porque “acá hay una connivencia con sectores de la política y del delito, que debe ser erradicada”, explicaron las mismas fuentes. A nivel estructural, tal como había adelantado DIB, podría traducirse en un menor número de Departamentales y DDI, y la salida de los coordinadores uniformados que se encargaban de la relación entre la fuerza de seguridad y las DDI. “La reforma será integral y profunda”, insistieron.

Por otra parte, también está en la mira el funcionamiento del SPB, que quedó cuestionado tras la salida de los Lanatta y Schilaci del penal de General Alvear, que se produjo con evidente colaboración interna. Hasta ahora, el gobierno de Vidal había reemplazado a la titular del SPB Florencia Piermarini por Fernando Díaz, quien había desempeñado su cargo durante el gobierno de Felipe Solá).

Pero ese cambio –que se completó con cinco modificaciones en la cúpula del Servicio- se produjo luego de la fuga. Por estas horas, el gobierno comenzó a avanzar con reemplazos en la conducción de algunos penales, pero con la Emergencia de ese servicio vigente por decreto, la idea es producir modificaciones estructurales más profundas, que están siendo definidas.

El intendente de La Plata, Julio Garro sostuvo, tras la protesta de trabajadores municipales cesanteados que fueron reprimidos por la policía el viernes, que seguirán "analizando los casos puntuales de los trabajadores reales para no cometer injusticias”.

En un nuevo comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el intendente se distanció del operativo policial que atacó la protesta con balas de goma y gases lacrimógenos, a pesar de que la oposición lo responsabiliza de haber dado la orden de reprimir.

"No queremos ni justificamos la violencia", sostuvo el jefe comunal, por lo que celebró "la decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo de investigar el procedimiento del cuerpo de infantería".

Además, volvió a responsabilizar a los manifestantes tras agregar que “hay que llamar a reflexionar a quienes fueron en búsqueda de los incidentes, porque la agresión nunca es una camino hacia el diálogo”.

“Hacer política es otra cosa, es buscar consensos a través de instituciones como el Concejo Deliberante, porque es allí donde queremos discutir ideas y no en la calle arrojando piedras”, lanzó.

Más adelante enfatizó que “con diálogo y consensos vamos a recuperar la ciudad que soñamos, y que fue orgullo del país entero"; al tiempo que se dirigió a “los trabajadores reales”, y les reiteró que “la oficina de personal seguirá trabajando sus casos puntuales para no cometer injusticias".

Intervención del Ministerio de Seguridad

En este marco, el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos para determinar los grados de responsabilidad y sancionar al Subcomisario a cargo y aquellos efectivos que se desempeñaron en el operativo frente del Palacio Municipal de la ciudad de La Plata.

Además, desde el ministerio que conduce Ritondo se aseguró que “no existió instrucción alguna desde la esfera política ni policial, que ordenara la actuación de la Infantería en el lugar”.

Por último, se subrayó que “la presencia del cuerpo de Infantería frente a la municipalidad tenía como único objetivo impedir el ingreso violento de activistas políticos que se aprovechan de un contexto de protesta por medidas administrativas municipales”.

El viernes pasado, desde diversos sectores políticos a periodistas y organismos de DD.HH.,  salieron a repudiar la fuerte represión que la Policía Bonaerense llevó adelante en La Plata contra los más de 300 manifestantes que reclamaban por la continuidad de sus contratos.

El ministro de María Eugenia Vidal alterna posturas y estrategias, en el primer gran test de su gestión bonaerense, ante un caso que pone a prueba a todo Cambiemos.

Cristian Ritondo aseguró que "sectores de la Policía Bonaerense son cómplices" de los fugados. Y aseveró sobre el publicitado cercamiento a los tres prófugos que "quizás fue un error mio" haber mencionado eso, a medida de que recibía información de los policías bonaerenses.

“Yo fui transmitiendo lo que me iban pasando los policías, quizás fue un error mío transmitir que los estábamos a punto de agarrar”, aceptó el funcionario, en una especie de autocrítica calculada.

Por su parte, el gobierno bonaerense removió este domingo la cúpula de la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes y puso en funciones al comisario mayor Daniel Cantarini, tras "fallas" en los operativos realizados para dar con los prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

En los movimientos fue desplazado el titular de la DDI Marcelo Di Rosa, y apartado el jefe de Investigaciones bonaerense, Néstor Larrauri, quien había sido designado por Ritondo el 11 de diciembre pasado. La provincia resolvió disuolver la policía departamental y en su lugar operarán las de Lanús y Lomas de Zamora.

La decisión fue tomada por Ritondo después de que se hayan cometido "fallas en los procedimientos" para encontrar a los tres prófugos Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, que se escaparon hace 8 días de la cárcel de General Alvear.

A su vez, Ritondo no evita polemizar con Aníbal Fernández, suerte de némesis de Vidal y chivo expiatorio favorito de Cambiemos.