Presupuestos y guiños a la orgas: la política social no compensa la caída económica

(por Andrés Fidanza) Tanto en el presupuesto nacional como en el bonaerense, la política social se salvó del ajuste. Al contrario, ambos proyectos prevén un importante aumento de fondos para planes, asistencia y comedores: un 31% de suba en Nación, y más de un 50% en provincia. Esa decisión encierra un guiño a las organizaciones populares, en especial para la CTEP, a la que el macrismo le encomendó un relevamiento en villas y asentamientos. La inversión, sin embargo, no alcanza para compensar la calidad del deterioro que causó (y sigue causando) la política económica, con énfasis en el conurbano.

Si el gobierno se jactó de la apuesta social y federal del presupuesto, la oposición puso la lupa sobre el enorme endeudamiento privado para el 2017. Ambos puntos no son del todo excluyentes. En el proyecto aprobado por amplio margen en Diputados, se prevé un endeudamiento de 44.000 millones de dólares, que se sumará al acumulado de este año. “Cuando Macri asume, la deuda con privados en moneda extranjera era de 43.000 millones de dólares. En 2016 la hicieron crecer en un 90 por ciento: la duplicaron. Este endeudamiento está por encima del blindaje y el megacanje”, definió Axel Kicillof. Para el oficialismo, en cambio, el nivel de deuda todavía es manejable.

Más cerca de Kicillof que del PRO, un informe reciente de la BBC señaló que el endeudamiento “puede convertirse en el talón de Aquiles” de Macri. Según la cadena inglesa, “los préstamos que ha recibido el gobierno no se están gastando en planes a largo plazo que puedan generar el dinero para cancelar esa deuda, sino en pagos de caja menor, reducción del déficit fiscal y aumento de las reservas internacionales”.

El otro aspecto más criticado por la oposición fue el recorte en Ciencia y Técnica y Derechos Humanos: un ajuste de entre el 10 y 15 por ciento respecto al 2016, obviando la inflación.

En la misma ruta ideológica, el gobierno de María Eugenia Vidal planea un endeudamiento de 60.000 millones de pesos para 2017, y por estas horas negocia con el massismo la letra chica del presupuesto.

Ambos proyectos, tanto el nacional como el de Vidal, coinciden en otro eje: el aumento de la inversión social. De ser aprobado en el Senado, el ministerio de Desarrollo Social tendrá un presupuesto de $ 130.000 millones para 2017. O sea, un 46% más que el presupuesto original de 2016, y un 31% más que el ampliado actual.

El gobierno bonaerense aumentará la inversión en Desarrollo Social un 55% para el 2017. Casi la mitad de los 13.000 millones de pesos proyectados se convertirá en alimentos: $ 4700 millones para los comedores escolares donde asisten a 1,6 millones de niños y otros $ 1500 millones para la tarjetas alimentarias de las manzaneras. A esos dos rubros le siguen las copas de leche en los merenderos y el plan nacional de primera infancia.

Esa inversión social intenta una carambola doble: compensar el congelamiento de la economía y garantizar la paz social, a un mes para que lleguen diciembre y sus fantasmas. Con el objetivo de evitar el conflicto callejero, el Gobierno profundizó la tercerización de su política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por la CTEP. Tras haberlas habilitado para manejar los fondos destinados a insumos del plan Argentina Trabaja, ahora el macrismo las subcontrató para que concreten un relevamiento en cuatro mil villas y asentamientos del país, donde viven alrededor de un millón de familias. Unos cinco mil militantes de esos movimientos (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) ya empezaron una especie de censo popular, a cambio de $ 55 por encuesta.

Un millón de encuestas a ese precio suman en total unos $ 55 millones que desembolsará el Estado. A través de este acuerdo de bajo costo para el Estado, el macrismo confirmó su decisión de utilizar el know-how de las organizaciones (con la excepción de las kirchneristas, como La Cámpora o Kolina), en reemplazo parcial del despliegue estatal.

Pese a los esfuerzos del macrismo, esos dos deseos no se le cumplirán integralmente. Al menos no lo harán en el corto plazo. La asistencia social siempre va a la zaga del deterioro económico, la caída de las changas y el consumo. En realidad ni siquiera se trata de velocidades distintas: la política social no corre en el mismo andarivel que el de la economía. Son dos dinámicas cualitativamente diferentes.

El guiño político tampoco alcanzará para domesticar a las organizaciones sociales. A pocos días de haberles concedido el relevamiento (una forma de empoderarlas), el oficialismo ya tiene un nuevo foco de conflicto. Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita exigieron a la ministra Carolina Stanley que el bono de fin de año se pague por beneficiario de la AUH y no por hogar, tal como dispuso el gobierno. Ante el rechazo PRO, esos movimientos anunciaron una marcha conjunta con la CGT para el 18 de noviembre al Congreso.

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Miedo a diciembre: Cambiemos busca otro bono para evitar disturbios a fin de año

Con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares impulsado por Desarrollo Social y una serie de organizaciones sociales, el Gobierno busca evitar cualquier tipo de conflictividad social de envergadura para diciembre próximo; por ello Stanley como el Ministro de Trabajo, están estudiando la propuesta de un “aguinaldo social”.

Otro acuerdo entre el Gobierno y diferentes movimientos sociales se encuentra en plena marcha: un bono de fin de año para evitar conflictos se encuentra en etapa de estudio y reuniones. Un asunto que no pasa desapercibido por la Casa Rosada frente a la crítica situación social y económica en todo el país y el simbolismo que tiene un mes como diciembre.

De forma separada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, estudian la propuesta de un “aguinaldo social” para diciembre, que consiste en la ampliación del bono con una suma fija por cada hijo, aunque la idea del Ejecutivo es pagar por grupo familiar.

Tema sensible y de prioridad absoluta para la Casa Rosada y que incluye un monitoreo constante de la situación en las zonas más marginadas del país.

Principio del formulario

El pasado 12 de octubre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció un bono de mil pesos para jubilados que cobren la mínima y para los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

Pero los movimientos sociales exigen aumentar la suma y para eso negocian en simultáneo con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Al ministerio de Trabajo, en tanto, acudieron los beneficiarios del Programa Trabajo Autogestionado y del Programa Construir Empleo, que cobran alrededor de 3100 pesos por mes.

El Gobierno ofreció actualizar el monto que perciben estos beneficiarios, pero los movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita reclaman que además de actualizarles los planes les paguen un bono navideño.

La respuesta del Ejecutivo, por el momento, es que estos beneficiarios ya van a cobrar el bono mediante el pago que se va a hacer a través de la AUH.

De todo esto hablarán mañana Stanley con el Presidente Mauricio Macri al mediodía en el Salón Norte de Casa Rosada.

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Piqueteros realizan con el Gobierno la presentación del “Relevamiento de los Barrios Populares”

En el Museo el Bicentenario, altos funcionarios de Cambiemos junto a los principales referentes de Barrios de Pie, la CCC y la CTEP lanzaron a horas de la tarde, el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que se ejecutará en todo el país. Información de primera mano para la campaña electoral.

Con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; además de Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y referentes de La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Caritas, se detallaron los pormenores del “Relevamiento de los Barrios Populares”.

Los integrantes de estos movimientos sociales actuarán como “Relevadores” de la encuesta impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en todo el país. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y, más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Conscientes del costo político que les genera a este tipo de organizaciones sociales caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa, han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones que salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones en contra de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

La ministra de Desarrollo Social, ante las organizaciones reunidas en la Casa Rosada, planteó: "Debemos trabajar juntos por este país que tiene una pobreza del 32 por ciento. Podemos tener diferencias pero si hay un interés superior va a primar ese interés y trabajaremos de la mano".

A la hora de cerrar el acto en la sede del Ejecutivo nacional, Marcos Peña puntualizó: "Hay chicos que no reciben la protección de la AUH y que el Estado no los ve. Mucha de la retórica de la política se cae a pedazos si hay chicos que el Estado no está viendo".

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Macri relevará los barrios de la mano de la CCC, Barrios de Pie, la CTEP, Caritas y Techo

La noticia encierra dos elementos novedosos en virtud de la propia iniciativa del gobierno en un tema social y por el modo en que llevará adelante dicha política.

Por un lado, que el gobierno reconozca la necesidad de relevar los sectores más vulnerables para incluirlos en la AUH indica que de algún modo reaccionan al malestar social y buscan contener las consecuencias que sus políticas han generado en los sectores más humildes..

Pero el aspecto más llamativo es el modo en que el Gobierno de Macri va a encarar esta tarea de “Relevamiento de los Barrios Populares”, pues además de la participación de la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio del Interior y Obras Públicas, se sumarán organizaciones políticas como la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y Barrios de Pie y, tambien, el Movimiento Evita a través de su frente de cooperativas y economía popular que se aglutina en la CTEP. Junto a ellos, el Gobierno sumó a Caritas y a la ONG TECHO.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, organismo encargado de la relación con las organizaciones sociales, manifestaron que otro conjunto de organizaciones han rechazado la propuesta.

En efecto, muchas organizaciones se han manifestado críticas de este programa pues afirman que “el gobierno busca con nuestra participación legitimar una política de exclusión y pobreza” y que “nuestras organizaciones están resistiendo en los barrios a las políticas de Macri, pero no vamos a ser parte de un programa que pretende usarnos para contar los pobres que ellos mismos han generado con sus políticas”.

En Desarrollo Social, destacan el rol del Movimiento Evita y la CTEP como enlace con el resto de las organizaciones y los mismos funcionarios se jactan de contener a un costo muy bajo el conflicto social a partir del giro de fondos o de la cesión en el manejo del programa de cooperativas Argentina Trabaja en varios distritos del conurbano.

Ruidos de arranque

Más allá del acercamiento del Movimiento Evita con el Papa Francisco, los sectores de Caritas que son parte del programa de “Relevadores” cuestionaron las prácticas clientelares que utilizan las organizaciones que los acompañarán en el relevamiento. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Cáritas suele diferenciarse de estas prácticas en el trabajo con los sectores humildes al destacar que su objetivo es la emancipación y no la conformación de sujetos dependientes de un plan o programa.

Desde el Ministerio hicieron oídos sordos a estas observaciones e incluso en off reconocen que esa crítica es en efecto su tarea política, es decir, contener el malestar social, apagar los focos de conflicto y por ende reducir la emancipación a la asistencia social.

El doble juego de las organizaciones

Conscientes del costo político que les genera caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

Forma parte de esta misma estrategia la Ley de Emergencia Social que se presentó en el Senado que busca generar 1 millón de planes Argentina Trabaja (actualmente son cerca de 150.000).

Todos reconocen imposible su sanción o se resignan al veto presidencial, sin embargo, al mismo tiempo las organizaciones lograron crearse para sí varios centenares de puesto de trabajo como “relevadores” del gobierno de Macri, que estiman pagarán $300 por formulario entregado.

¿Cómo será el relevamiento?

Ya está definido que los relevadores deberán usar pecheras que los identifiquen (ver imagen adjunta) y aunque restan detalles en relación al contenido del formulario, no hay dudas de que continuarán la practica impuesta en Desarrollo Social donde incorporaron al informe social una encuesta que indaga sobre posicionamiento político, social y económico de las familias.

En definitiva, el Gobierno Nacional ingresará a las barriadas populares para obtener información inestimable para su futura campaña y lo hará de la mano de organizaciones políticas y sociales que se reconocen herederas de las tradiciones libertarias y revolucionarias de nuestro país. Es probable que al juramento que reza “ser el legado de las luchas de mayo, de los trabajadores de la Patagonia trágica, de la resistencia peronista…y de estar con los últimos de la fila” deberán incorporar “ser la pata territorial y relevadores del Gobierno de Macri”.

ASÍ SERÁN LAS PECHERAS DE LOS RELEVADORES

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ANSES realizará un relevamiento nacional de Barrios Populares

La Anses, dio a conocer una nueva iniciativa a nivel nacional. Durante todo el mes de diciembre se realizará una relevamiento de Barrios y Viviendas Populares, en articulación con otros organismos nacionales y organizaciones sociales.

El principal objetivo del relevamiento será identificar aquellos chicos que hoy no acceden a la Asignación Universal por Hijo y el acceso a la Jubilación Universal por parte de los habitantes de los Barrios.

Por otro lado, permitirá identificar los principales oficios de los habitantes y la composición de los hogares.

El Relevamiento se realizará en forma coordinada entre ANSES, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Ministerio del Interior y las siguientes organizaciones sociales: CCC, Barrios de Pie, CTEP, Caritas Argentina y TECHO.

Los Relevadores se identificarán con una pechera y realizarán el relevamiento mediante una aplicación en el teléfono celular.

Modelos de las pecheras:

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Stanley prioriza a la CTEP por el resto de las organizaciones sociales

El proyecto consiste en la creación de un ente ejecutor coordinado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley.

La firma del acuerdo sería en los días próximos y de esa manera unas cuatro cooperativas (dos vinculadas al Evita y las restantes al Movimiento de Trabajadores Excluidos –MTE–) evitarían quedar bajo la órbita de la Comisión Nacional Cooperativistas y Trabajadores (CNCT) o del Municipio de Luján, que son los otros dos entes ejecutores del programa Argentina Trabaj en Lujan.

Con la puesta en marcha del acuerdo entre Desarrollo Social y el Evita, la CTEP tendrá a su cargo la organización de cooperativas, agrupadas en entes y desde allí se haría la planificación del trabajo diario.

Este acuerdo genera incertidumbres, ya que al cambiar de interlocutor, los cooperativistas no saben cuál va a ser el futuro del programa nacional, las formas de administración, las labores y las formas de pago.

Además, desde las cooperativas dicen que hay un desconocimiento total del proceso de cambio de ente ejecutor, sumado a que los cooperativistas no tienen ningún tipo de participación en la elección a que ente quieren pertenecer, solo saben lo que les informa el municipio.

En varios partidos del Conurbano bonaerense está ocurriendo esa situación en baja intensidad, como lo demuestra el caso de Luján y esta pasando lo mismo en Lanús, Quilmes y Campana, donde la CTEP paso a ser la encargada de dirigir las cooperativas agrupadas en entes.

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Grabois desmintió el informe de PPT y Lanata dijo no saber quién había investigado

En el programa de radio que el propio Jorga Lanata posee en Radio Mitre, Juan Grabois cruzó la información que Periodismo Para Todos había puesto al aire anoche.

"En la nota de ayer, en un apartado, comentaban que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, había recibido una cantidad de fondos que no había rendido para hacer una cantidad de obras", abrió Grabois, quien llamó personalmente para pedir derecho a réplica.

"Concretamente se dijo la CTEP consiguió el año pasado 8 millones de pesos para construir 5 sedes, cobró el 25% y no rindió nada", detalló el también abogado y hombre cercano al Papa Francisco.

"Yo en este momento le mandé a su productor la reundición de cuentas de 4 de las obras que están rendidas al 100%", añadió y aclaró el por qué de las demoras de las otras dos

Cuando Lanata preguntó sobre la presentación de la documentación, el titular de la CTEP expresó: "Las rendiciones están presentadas hace bastante tiempo".

"¿No se quién las dijo que no se rindió'", le preguntó el dirigente social al periodista. Para sacarse el problema de encima Lanata contestó: "yo no se. Se imaginará que no trabajo solo. Trataremos de averiguar por donde vino".

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El consultor del Papa dijo que el gobierno no entiende a Francisco y denunció que lo apretaron

La relación entre el Papa y el Gobierno Nacional sigue generando más capítulos de tensión. Es que tras el fallido subsidio que Mauricio Macri le destinó a la fundación Scholas Occurrentes, Juan Grabois denunció que lo apretaron para que no siga hablando.

En una entrevista con Radio América, Grabois, recientemente nombrado por el Papa como consultor del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz, remarcó que la decisión de Francisco de no aceptar los 16 millones 666 mil pesos que el Gobierno donó a la fundación Scholas Occurrentes, se debe a que no entienden el mensaje que llega desde el Vaticano.

El también líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) publicó en su cuenta de una red social un fragmento de un discurso del Papa que decía: "La iglesia no necesita donaciones, sobre todo si están manchadas por el sufrimiento de los más débiles. Lo que se necesita es otra cosa".

"En Argentina la estamos pasando muy mal los sectores populares. Es la grieta de la pobreza, de la necesidad", argumentó y agregó: "Pretender que con una donación de tanta plata es una forma de comprar una relación supuestamente tensa, ¿no suena un poquito a te estoy coimeando?".

Grabois recordó que "la cultura del encuentro que el Papa pregona no puede estar asociada a la plata, sobre todo en un momento donde mucha gente la está pasando mal".

El asesor papal la donación !es no entender al Papa". "No todo tiene precio", disparó.

 Consultado sobre el rebote de su publicación, Grabois contó hubo dirigentes del oficialismo que lo llamaron y lo apretaron: "Sonaron algunas cosas un poquito extorsivas. Como dándome a entender que de mis declaraciones podían depender algunos puestos laborales o algo por el estilo", sentenció.

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La iglesia preocupada por la pérdida de empleos

Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), y el padre Adalberto Odstrcil, secretario ejecutivo de la CEPAS, recibieron a referentes de diversos movimientos sociales en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina este lunes y manifestaron que les preocupa la pérdida de empleo.

Según un comunicado, "se compartieron miradas sobre la realidad social de nuestro país, situaciones de conflicto y preocupaciones concretas tales como el avance de la inflación, la suba de precios en los medicamentos, el crecimiento de la pobreza, el narcotráfico, la pérdida de puestos de trabajo registrado e informal".

También los movimientos presentarán estas preocupaciones en el Congreso de la Nación como lo que denominaron "Emergencia Social".

En este sentido, buscarán vincularse con legisladores nacionales para incidir en la búsqueda de soluciones.

Una atención particular le prestaron a la situación de los jubilados y la niñez, así como el aumento de las tarifas y su repercusión en la pequeña empresa y los comercios de los barrios.

En la reunión, por los movimientos sociales participaron: Esteban Castro, secretario general CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular); Jaqueline Flores, MTE (Movimiento de Trabajadores  Excluidos)-CTEP ; Gildo Onorato, Movimiento Evita- CTEP; Nicolás Lista, CTD (Coordinadora Trabajadores Desocupados) Aníbal Verón-CTEP; Juan Carlos Alderete, CCC (Corriente Clasista y Combativa); Amancay Ardura, CCC; Freddy Mariño, CCC; Daniel Menéndez, Barrios de Pie; Fernando Hueso, Barrios de Pie; Norma Morales, Barrios de Pie.

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Cortes de ruta en todo el país en reclamo por liberación de Milagro Sala

Las protestas, la principal de ellas en el Puente Pueyrredón, incluyen también un total de 200 cortes de rutas y calles en distintos puntos del país.

También se realizaban protestas en el puente Nicolás Avellaneda, en el Puente La Noria, en el cruce de las rutas Panamericana y 197, en la Autopista Buenos Aires La Plata, en Camino del Buen Ayre, la Ruta 3 en Isidro Casanova y en la Ruta 2 a la altura de la rotonda de Alpargatas.

Otras manifestaciones tenían lugar en los puentes que unen Paraná y Santa Fe
, Resistencia y Corrientes
, así como Cipolletti y Neuquén; al igual que en las autopistas Buenos Aires-Rosario y Roario-Córdoba.

Según informó un comunicado de la Tupac Amaru, las organizaciones convocantes ofrecerán una conferencia de prensa para difundir su reclamo por la libertad de Sala y para hacer un balance de la efectividad y la magnitud de las movilizaciones.

En diálogo con la agencia NA, el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, destacó que de los 200 cortes que se realizarán en distintos puntos del país, alrededor de la mitad serán en Buenos Aires, por lo que recomendó que "si alguien tiene que entrar o salir a la Capital lo haga otro día".

En rueda de prensa, Garfagnini cuestionó a la justicia de Jujuy y afirmó que “para él el gobernador y el juez son lo mismo”. Asimismo, celebró la solicitada de Liliana Fellner, quien criticó la detención de Sala, porque ellos tuvieron varias diferencias con el anterior gobernador jujeño Eduardo Fellner.

Algunas de las organizaciones que garantizarán la medida de fuerza son: la Tupac Amaru, CTA de los Trabajadores, La Cámpora, Miles, Movimiento Evita, CTEP, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, Frente Transversal, Peronismo Militante, Kolina; Quebracho, Corriente Peronista Descamisados, Tendencia Piquetera Revolucionaria y Seamos Libres.

La diputada del Parlasur se encuentra detenida desde hace más de un mes en la Unidad Penal de Mujeres 3 de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, en el marco de un histórico enfrentamiento con el actual gobernador radical Gerardo Morales.

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