El referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y consultor del Vaticano, Juan Grabois, afirmó hoy que “nunca jamás” el papa Francisco “levantó el teléfono para decir que se haga o se deje de hacer” una protesta y ratificó que los movimientos sociales “endurecerán” su postura contra el Gobierno a través de un plan de lucha en rechazo a la política socio-económica.

“Nunca jamás el papa Francisco levantó el teléfono para decir que se haga una marcha o se deje de hacer. Es absolutamente falso. El Papa no es nuestra conducción, es nuestra inspiración y nunca jamás nos va a dar una orden”, sostuvo Grabois en declaraciones a Télam.

De esta manera, el dirigente social desmintió una publicación del diario Clarín que afirma que el papa argentino Jorge Bergoglio les habría pedido a los movimientos sociales, con quienes tiene una estrecha relación, que levanten la asamblea popular convocada para el lunes en Plaza de Mayo.

Grabois explicó que los movimientos sociales decidieron modificar su estrategia y para ello anunciarán este mediodía el inicio de un plan de lucha, que comenzará el miércoles 15 con ollas populares y cortes en distintas partes del país.

En ese marco, decidieron levantar la asamblea popular que estaba convocada para el lunes en Plaza de Mayo, en coincidencia con el aniversario del inicio del pontificado de Francisco, y bajo la consigna de “Tierra, techo y trabajo”, y de la que iban a participar la CGT y la CTA; y sólo mantener una misa en la iglesia de San Ignacio de Loyola para recordar la fecha.

“No vamos a hacer una asamblea sino directamente iniciar un plan de lucha, dado que la CGT no lanzó aún una fecha para realizar un paro nacional”, dijo Grabois para quien el Gobierno “saca hoy a las apuradas la reglamentación de la emergencia social, buscando desacreditarnos ante nuestras bases y demonizarnos frente a la sociedad” ante el levantamiento de la asamblea del lunes.

“Estamos endureciendo nuestra posición, no ablandándola”, remarcó el dirigente de la CTEP, quien volvió a reclamar al gobierno la “inmediata” implementación de la emergencia social y el salario social complementario.

Para el dirigente, los 400.000 nuevos indigentes creados desde que asumió el gobierno de Macri -según las cifras difundidas ayer por la UCA- son “justamente los destinatarios de ese salario social y si esperamos dos o tres meses hasta que bajen los fondos, esa cifra seguirá subiendo”.

El Gobierno busca avanzar  sobre las organizaciones sociales y ya trazó una estrategia para recortarles su poder.

Es así como desde el Ministerio de Trabajo planean quitar a las agrupaciones barriales y de trabajadores desocupados del programa de formación profesional, que actualmente se implementa desde la Secretaría de Empleo, dirigida por el ex techint Miguel Angel Ponte. A esto se suma que la medida contempla la obligatoriedad de que los beneficiarios de esos cursos reporten ante la cartera laboral vía redes sociales o algún sistema de ubicación georeferencial.

Además del Plan Maestro Programa 2017 -que acaba de pulir Ponte-, el balance del año que pasó detalló que se terminó con diez programas de empleo. Según los cálculos de los técnicos que llevó el ex director de Recursos Humanos de Ternium (Techint), el recorte de políticas de empleo permitió "ahorrar" unos 1.000 millones de pesos durante este año. La decisión va en línea con la orden de Casa Rosada de ajustar erogaciones en todas las áreas.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo organizaba cursos de formación laboral a través de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) o el Frente Darío Santillán, entre otras. Eran esas agrupaciones las que llevaban las listas de los alumnos y docentes, y la cartera laboral pagaba a profesores y estudiantes. Para este año, la gestión de Triaca prevé correr del medio a las organizaciones y tener una relación directa con los alumnos, que son trabajadores desocupados que buscan empleo.

Además, planean para este año llevar adelante un mecanismo de control de los beneficiarios de los cursos vía algún tipo de sistema georreferencial que permita mostrar su ubicación y la utilización de algún tipo de red social (Facebook o Twitter). Pero si esa persona no tuviera ni teléfono celular, ni correo electrónico ni manejara algún tipo de red social -según definieron en el más alto nivel de Trabajo- será registrada por otra persona cercana que utilice alguna de esas herramientas digitales, detalló una fuente consultada.

Estos grandes ejes de funcionamiento complementan la decisión de reformular las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y el sistema de pasantías laborales -de tres meses a un año-, como anticipó la semana pasada el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. La información fue confirmada el domingo por Ponte -cuando dijo que "entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer"-, y hoy la ratificó el ministro Jorge Triaca, quien detalló que buscarán crear 300.000 nuevos empleos vía el programa de pasantías.

Tras la denuncia de vecinos de esa localidad de que el Jefe de Gabinete ordenó ocupar, a principios de mes, un predio a un grupo de cooperativistas; ahora fueron beneficiados por el Gobierno con un espacio en oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.

El 12 de diciembre pasado, Primereando publicó que un grupo de personas vinculadas al Movimiento Evita y a la CTEP ocupó un galpón ferroviario por órdenes expresas del Jefe de Gabinete de la nación, Marcos Peña. Ahora subieron la apuesta y se le otorgó a la fuerza que conduce Emilio Pérsico unas oficinas que dependen de Desarrollo Social a nivel nacional.

En aquel entonces, la denuncia realizada por un grupo de vecinos de Mercedes y por otras organizaciones sociales y políticas señalaron que la toma era parte de un acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento Evita, pero la toma de tierras finalmente no prosperó.

Ahora, a menos de un mes de la frustrada toma de tierras y por orden directa de Peña, el gobierno nacional cedió un espacio a esta organización en un edificio donde funcionan en la ciudad las oficinas nacionales del Ministerio de Desarrollo Social que dirije Carolina Stanley.

De esta manera, el gobierno de Macri premió a un grupo de personas que realizó una toma ilegal, cediendo oficinas que estaban destinadas a otros servicios que ahora se verán perjudicados.

La Cámara Alta convirtió hoy en ley la iniciativa acordada entre el gobierno de Mauricio Macri, la CGT y la CTEP, la CCC y Barrios de Pie. El proyecto fue aprobado por unanimidad con 49 votos.

La ley que declara la “emergencia social” hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) fue sancionada esta tarde en el Congreso.

La norma, acordada con el gobierno de Mauricio Macri, la CGT y organizaciones como la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, obtuvo el respaldo unánime de los senadores (49 votos).

El Consejo de la Economía Popular funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como “un ámbito institucional permanente”, estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.

Según el proyecto, ese órgano será el encargado de trabajar en la “progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario”.

Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a “efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.

Así lo aseguró el coordinador del Movimiento Barrios de Pie, luego de rubricar un acuerdo de emergencia social con el Gobierno de Cambiemos. “Quieren que prendamos fuego el país y no lo vamos a hacer”, lanzó.

La organización social que en sus banderas y pecheras tiene a la mítica imagen del Che Guevara, acordó con el Gobierno de Cambiemos una especie de “Pax social decembrista” al firmar una declaración de emergencia social con los ejecutivos nacionales y provinciales.

De esta manera, la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri garantizan gracias a este tipo de organizaciones (a las que se les suman las CCC, la CTEP y el Movimiento Evita) territoriales una “paz” en los barrios más urgentes de la Provincia y el país por tres años.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo prevé un plan en los que se creará un registro de trabajadores de la economía popular y habrá un aumento de 30 mil millones de pesos en las partidas sociales.

Por eso, las declaraciones del referente de Barrios de Pie brindadas a a FM Concepto , explican el camino del entendimiento y la articulación entre esa fuerza socila y el Gobierno. “Creemos que hay que acompañar el proceso que haga la sociedad. La verdad es que aquellos que critican pretenden que los movimientos sociales prendamos fuego el país y nosotros no vamos a prender fuego el país. Porque las condiciones que hoy tenemos y la legitimidad que tiene el Gobierno nos llevan a encontrar mecanismos para que nuestros compañeros estén un poquito mejor en un marco en el que tenemos claro que la consolidación de este modelo va a traer enormes prejuicio”.

En ese sentido Menéndez, detalló: “No nos guiaba la intención de hacer pagar (al Gobierno) un costo político, sino de sacar la mejor reforma posible”.

En un artículo de Primereando firmado por Andres Fridanza el 17 de octubre último, se detalla la estrategia del Gobierno y de estos movimientos sociales al asegurar: el macrismo quiere entregarles llave en mano el control y aplicación de sus políticas sociales. Por esa vía, tercerizando en las ‘orgas’ una buena parte del manejo de fondos, el gobierno logra una carambola: se desliga de un mundo que le resulta ajeno (y por momentos hostil), mientras se ahorra los múltiples conflictos que acechan la gestión, sin dejar de cumplir con el papel caritativo (aunque profesionalizado) que pretende para sí mismo.

“La CTEP y Barrios de Pie tienen más de veinte entes ejecutores a su cargo. Desde el ministerio aseguran que su intención es reimpulsar el Argentina Trabaja, que alcanza a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias, con el 50% del plan concentrado en el conurbano bonaerense”, se escribió desde está agencia de noticias.

Menendez, de todas maneras aclaró que “propugnar una mayoría que construya y profundice otro modelo de país va a ser un proceso que hay que ir llevando de cara a la sociedad, pero hay responsabilidades. Tenemos que debatir situaciones completas. Todo lo que se logra es poco, pero seamos conscientes de que hay un gobierno que hubiera querido poner muchísimo menos”.

“Nuestro rol es que los compañeros tengan el menor costo social posible. En algunos debates hay un enorme desprecio por el aquí y el ahora. Hoy hay necesidades que hay que articular y buscar respuesta. Esto no debe agotarse en la discusión alrededor de diciembre. La situación es suficientemente grave para pensar en políticas que trasciendan”, señaló

(por Andrés Fidanza) Sin brotes verdes, ni luz al final del túnel a la vista, las internas de gobierno se hacen cada vez más explícitas. Ante la falta de resultados (económicos), Emilio Monzó le pasa facturas estilísticas a Jaime Durán Barba y a Marcos Peña. Se trata de una de las tantas fricciones que existen en Cambiemos. Pese al panorama de tensiones y recesión, el gobierno negocia exitosamente con gremios y organizaciones sociales, aprovecha cierto ánimo social de confianza (o desgano), y a su vez resigna una parte de sus objetivos. Así, el macrismo consigue el único requisito indispensable para seguir adelante: gobernabilidad.

Lejos de ser una novedad, los cuestionamientos de Emilio Monzó son un clásico de las internas macristas, que suelen aflorar en los momentos de crisis: los PRO-peronistas se sublevan frente a la estrategia "gentista" (dominante en el macrismo) de hablar el lenguaje de los despolitizados (el 80% del electorado, según estima Durán Barba).

Dentro de Cambiemos, ya son varios los fuegos amigos bien consolidados: los hay personales, históricos y más conceptuales. Elisa Carrió, por ejemplo, acusa diariamente a Daniel Angelici de operar en la justicia y la ex SIDE. Y si bien el gobierno lo relativiza, se trata de un dato innegable: ayer El Tano Angelici y el jefe de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas, almorzaron en el restaurante Red de Puerto Madero.

Otras internas notorias son las que busca y genera la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien está enemistada tanto con Marcos Peña, como con el ministro bonaerense Cristian Ritondo. Su perfil alto, declaraciones temerarias y protección a sobre cerrado de la corporación policial (incluso ante casos de aparentes abusos), ya le valió algunos roces importantes, al punto de que Mauricio Macri tuvo que mediar entre ella y María Eugenia Vidal.

Es una ley no escrita de la política: la economía a la baja potencia los malhumores preexistentes. Así, a un año de haber asumido, el mayor mérito que exhibe el gobierno de Mauricio Macri es prácticamente una cuestión de fe: haber plantado los pilotes para el desarrollo futuro, para el largo plazo venturoso y para convertir a la Argentina en Australia. Creer o reventar. Y ese es el handicap con el que por ahora cuenta el PRO: todavía son mayoría social los que prefieren creer.

Por arriba, en la franja de las elites opositoras o que simplemente no pertenecen a Cambiemos (sindicalistas, legisladores, organizaciones sociales, empresarios y medios de comunicación), pasa algo parecido. Se impone una mezcla de cálculo, obtención de pequeñas ventajas, falta de creatividad y percepción de un clima social que todavía le da cierto crédito al macrismo. Y algo más: no hay actores de peso que apuesten al desgobierno. Ese algoritmo da como resultado una especie de statu quo aprovechado por el oficialismo. Se trata, sin embargo, de un equilibrio demasiado frágil, en el que el macrismo ni siquiera puede desplegar libremente toda su agenda de gobierno.

La tercerización de la política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por el Movimiento Evita y la CTEP, no implica una garantía de paz social por tiempo indeterminado. Los planes sociales no logran reemplazar a una economía estancada. Con la mini-fractura del bloque del FpV todavía en caliente, el cristinismo exagera a sabiendas, al atribuir un juego tibio y casi oficialista por parte de la CTEP y el Evita. La semana pasada, la marcha de las organizaciones sociales al Congreso, con la presencia de un sector de la CGT, estuvo lejos de ser en apoyo al gobierno. A lo sumo se trató de una bravata previa a la mesa de negociación, en la que de hecho consiguieron algunas mejoras y aumentos en los programas. Vista desde el gobierno, esa concesión (contraria a su propio discurso e ideología) servirá para pasar diciembre en calma, para condicionar futuros reclamos y, sobre todo, para hacer tiempo y ganar un poco de aire.

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, advirtió que "están dadas las condiciones sociales para que haya un desborde en diciembre", motorizado por "mafias de punteros, narcotraficantes e incluso policías". Aclaró que las organizaciones sociales son la contención de esas situaciones y que el papa Francisco "no tiene nada que ver" con el proyecto de ley de emergencia social.

"Hay una situación, que es un dato objetivo de la realidad. Están dadas las condiciones sociales para que haya un bolonqui, un desborde, en diciembre. Cuando decimos esto es porque lo vivimos", dijo Grabois en declaraciones a radio Belgrano, desde San Martín de los Andes donde vive.

Según indicó el dirigente social, "el análisis de la situación de mis vecinos del barrio pobre donde vivo me lleva a concluir que existen condiciones sociales para que las mafias de punteros, narcotraficantes e incluso policías" impulsen ese "desborde".

"Hay una interna feroz en la policía bonaerense que incluso llegó a amenazar a la gobernadora (María Eugenia Vidal). Es un momento de reconfiguración de las fuerzas de seguridad, que tienen terminales en los barrios populares a través de los malos en serio, no de nuestros compañeros militantes que tal vez un día usaron un palo para impresionar a alguien, pero son todos laburantes", según indicó.

En ese marco, el asesor del Pontificio Consejo de la Justicia Social del Vaticano señaló que "los malos de verdad no van a las marchas de la emergencia social, están con el narcotráfico, tienen terminales en estas mafias policiales que amenazan a Vidal, han hecho desfalcos en Argentina muchísimo tiempo e incentivan situaciones de desborde".

Grabois recordó como, en el 2001, esos sectores "iban a proponer liberar una zona para saquear un supermercado", pero aclaró que "los sectores populares organizados nunca jamás participaron de un saqueo".

"Nosotros somos la contención a esa situación. Nos enfrentamos a los que plantean eso a nuestros pibes, que es la 'animalización' del ser humano", dijo el dirigente de la CTEP.

En ese marco, Grabois destacó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de emergencia social y laboral, que impulsan los movimientos sociales y la CGT, y aclaró que el papa Francisco no tiene nada que ver con esa iniciativa.

"El papa Francisco está tratando de ayudar a la crisis de refugiados. La verdad que no tiene nada que ver. Algunas de las enseñanzas del Papa nos sirven de inspiración para plantear algunas propuestas, pero él no conoce el proyecto de emergencia social", reconoció y agregó: "Capaz que está de acuerdo, capaz que no, pero no creo que tenga tiempo para leer el proyecto".

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas exigieron en las puertas del Congreso de la Nación que se sancionen la ley que insta a la creación de un millón de puestos laborales y fija un salario social complementario. Si vetan la iniciativa prometieron un diciembre plagado de protestas.

Trabajadores formales e informales, desocupados y distintas organizaciones colmaron la Plaza de los Dos Congresos en defensa del proyecto de Emergencia Social y Alimentaria, que ya tiene media sanción del Senado, y que podría ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves en una sesión especial.

Participaron de la marcha, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA. “Si Macri la veta, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre”, advirtieron.

La iniciativa establece un aumento del 15 por ciento en las asignaciones por hijo y por embarazo, insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha la creación de un millón de puestos de trabajo, y fija un salario social complementario para que los trabajadores informales que perciben bajos ingresos lleguen a cobrar un monto similar o superior al salario mínimo, vital y móvil.

La movilización estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, celebró los “200 mil trabajadores que marcharon al Congreso” y agregó que “hay un 40 por ciento de compañeros que no tienen salario”.

“Lo que estamos reclamando es el salario social complementario. Queremos estar registrados en el Ministerio de Trabajo. (…) Este es el primer paso de un largo camino. Los monopolios, que tienen un profundo odio de clase, van a tratar de romper nuestra unidad, pero nosotros la vamos a sostener porque estamos profundamente unidos en el amor al pueblo”, subrayó.

Otro de los oradores del acto fue Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, quien aseguró que “los diputados tienen la responsabilidad histórica de aprobar esta ley antes de fin de año, un año que ha sido el peor para los trabajadores”.

“Acá no queremos más planes sociales, queremos nuevos derechos, trabajo y un piso de dignidad para los que peor la pasan”, sostuvo y advirtió que si Mauricio Macri veta la emergencia social, como hizo con la ley antidespidos, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre repudiando a un presidente que no se pone al pie de los que menos tienen”.

A su turno, Carlos Alderete, titular de la CCC, agregó: “Quiero la paz, pasar el fin de año con mi familia, mis compañeros, pero con un pedazo de pan en la mesa. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar”.

El encargado de cerrar la protesta fue Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, quien trató de recoger el guante de las críticas a su central por no convocar a un paro general luego del ajuste salvaje y los cientos de miles de despidos.

“No tenemos un balde en la cabeza, lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera necesario. Queremos la democratización de la economía y el fin de la desigualdad. Cuando paz, pan, trabajo, tierra y techo sean una realidad, entonces estaremos viviendo en una Argentina feliz”, remarcó.

Tras la media sanción en el Senado y con la marcha que movilizará a la CGT y organizaciones sociales como motor, desde Cambiemos temen que sea aprobada en diputados. Macri ya evalúa vetarla como ocurrió con la Emergencia Ocupacional. Las organizaciones sociales advierten que en caso de que eso ocurra "habrá reacción".

El proyecto de ley de Emergencia Social que fue aprobado anoche en el Senado y girado a la Cámara baja, podría ser vetado, al menos parcialmente.

Esa versión, que cada vez toma más fuerza provocó malestar entre los dirigentes sociales, que ya advirtieron que podría generar una “reacción social”. Mañana habrá una marcha que, según esperan las agrupaciones, será masiva.

Aunque el proyecto aún tiene que continuar su trámite en Diputados, desde el Ejecutivo ya le confirmaron a la prensa que habría un veto parcial. En la Casa Rosada se oponen a la creación de un millón de planes de trabajo bajo el programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

Esta semana hubo reuniones entre el presidente de la Cámara de diputados, el macrista Emilio Monzó, con dos importantes dirigentes de peso del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, donde también estuvo presente el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca. Allí plantearon algunas diferencias sustanciales con la propuesta original.

El proyecto que obtuvo media sanción del Congreso ayer fue elaborado en conjunto por los movimientos sociales y presentado por tres senadores, Juan Manuel Abal Medina (FpV), Teresita García (FpV) y Jaime Linares (GEN). La propuesta fue aprobada y girada a Diputados. De no haber modificaciones clave en el proyecto, y si es aprobado, podría ser vetado parcialmente por el presidente Mauricio Macri.

En las últimas horas las organizaciones sociales ya se mostraron en alerta por el posible veto de Macri.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, señaló en declaraciones a Radio 10 que “se alterará la paz” si es vetado, y aseguró que “habrá una reacción” de las organizaciones sociales y sindicales.

“Sería una irresponsabilidad del Gobierno, más en las fiestas, en las que tenemos que tratar de estar en paz, la responsabilidad de esto es del Ejecutivo”, remarcó.

Desde Desarrollo Social se le otorgó a esa organización social una nueva sede del Ente Ejecutor en Quilmes. Los riesgos de terminar un ente transmisor vacío entre el Estado y las bases. El discurso de Francisco al respecto.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Quilmes inaugurará el lunes próximo un Ente Ejecutor en ese partido del sur del Conurbano, en el Club 12 de Octubre, ubicado en la avenida 12 de octubre 560.

Los Entes Ejecutores son los encargados de articular la ejecución de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, heredados de la gestión de Alicia Kirchner, en un territorio determinado y llevar un plan de actividades del Programa que se define desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los lineamientos que se proponen desde esa cartera incluyen talleres de formación y capacitación y los cooperativistas realizan diversas tareas en contraprestación.

Desde que asumió Carolina Stanley el Ministerio de Desarrollo Social, la CTEP no tardó en articular y acordar con los funcionarios de Cambiemos diferentes planes sociales y la terminación de planes de vivienda que nacieron con la administración anterior.

Situación que genera riesgos a la hora de la construcción política, ya que la organización de los  trabajadores de la economía cooperativa puede quedar únicamente como un simple transmisor entre el Estado y las bases, relegando o dejando en planos inferiores los reclamos políticos y sociales.

Con la realización del III Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma, el papa Francisco, justamente, marcó ese desafío a la hora de proponer  la necesidad de un proceso de cambio que tenga a los movimientos populares como protagonistas en la lucha por la justicia social.

Tantas propuestas, tanta creatividad, tanta esperanza en la voz de ustedes que tal vez sean los que más motivos tienen para quejarse, quedar encerrados en los conflictos, caer en la tentación de lo negativo. Pero, sin embargo, miran hacia adelante, piensan, discuten, proponen y actúan. Los felicito, los acompaño, les pido que sigan abriendo caminos y luchando. Eso me da fuerza, nos da fuerza. Creo que este diálogo nuestro, que se suma al esfuerzo de tantos millones que trabajan cotidianamente por la justicia en todo el mundo, va echando raíces.”  dijo el Papa Francisco en dicho encuentro.