Las solicitó la fiscal Silvana Russi tras la denuncia de la dirigente opositora Gabriela Cerrutti. Se tratan de las que corresponden a los años 2010 y 2015 cuando el Presidente era jefe de Gobierno porteño.

La fiscal de instrucción Silvana Russi pidió las declaraciones juradas presentadas por Mauricio Macri y su esposa, la primera dama Juliana Awada, entre los años 2010 y 2015, cuando se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad y tras asumir la Presidencia de la Nación.

La fiscal avanzó así en la investigación de una denuncia formulada por la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti y por un abogado particular contra Macri por omisión maliciosa en la declaración de sus bienes, al comparar las distintas presentaciones juradas efectuadas en el ámbito de la Ciudad y luego en la Nación, informaron fuentes judiciales a la agencia de Noticias NA..

La causa tramita en paralelo a la que se sigue en los tribunales de Comodoro Py por los denominados "Panamá Papers".

Esa causa se inició también por omisión maliciosa de bienes, pero luego se amplió a maniobras de lavado de dinero a raíz de dos sociedades, una radicada en Panamá y otra Bahamas, que integra el padre del Presidente, Franco Macri, pero del que se sospecha que el mandatario habría tenido participación.

La investigación federal está en un limbo, ya que Sebastián Casanello la partió, enviando un tramo al fuero en lo penal económico y otro al de instrucción que lleva adelante la fiscal Russi por omisión maliciosa de bienes.

No obstante, la decisión de Casanello fue apelada por el fiscal Federico Delgado y será la Cámara Federal la que diga si se acumula a ésta que lleva adelante el fuero de instrucción o la Justicia Federal investiga en paralelo.

La denuncia de Cerruti apunta a inconsistencias, luego de comparar las declaraciones juradas del Presidente presentadas en la Ciudad y la Nación.

Entre las diferencias denunciadas están el detalle de algunos bienes del Presidente y su patrimonio: en la presentación hecha en junio de 2015 respecto del año anterior en la Ciudad registraba un saldo de 68 millones de pesos, mientras que en el ámbito porteño la misma señalaba 52 millones.

Rucci, la fiscal que tiene delegada la causa, pidió a la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe la normativa legal de funcionarios para presentar declaraciones juradas patrimoniales entre 2010 y la actualidad.

La disposición, que lleva el número 116 y se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, destaca que “la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial es una de las herramientas esenciales para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública como fuente de autoridad y ejemplaridad social”.

En ese marco, añade que ”para cumplir con la finalidad de transparencia establecida es necesario que las Declaraciones Juradas Patrimoniales sean accesibles al ciudadano”.

En la nueva normativa están comprendidos la gobernadora; el vicegobernador, los ministros del gabinete provincial, los secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y todos los demás funcionarios con jerarquía equivalente.

El fiscal de Estado y fiscales de Estado adjuntos también quedan incluidos, al igual que los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo; el personal superior de la administración centralizada y descentralizada, inclusive empresas del Estado, con jerarquía igual o superior a subdirector o subgerente.

Las norma incluye, asimismo, al personal de la policía y del servicio penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría; o personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos.

También tendrán que presentar declaraciones juradas todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, así como todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía.