La lista arranca con el presidente Mauricio Macri, investigado en distintas causas, entre ellas la del Correo Argentino a cargo de Ariel Lijo, el mismo juez que detuvo a Boudou sin siquiera procesarlo. Gabriela Michetti, Juan José Aranguren, Gustavo Arribas y muchos otros miembros del gabinete están imputados, procesados o asumieron bajo estado judicial.

(Por Jonathan Heguier *) La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones.

Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa.

Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y "por las relaciones que conserva en el poder". "La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-", afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación.

En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.

Con este mismo procedimiento de la "doctrina De Vido-Boudou", la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial

. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguiera esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente.

MAURICIO MACRI

El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento.

El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la "doctrina De Vido-Boudou" no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido.

Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia.

GABRIELA MICHETTI

Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos del fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer.

JUAN JOSÉ ARANGUREN

El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre.

La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la denuncia, un funcionario "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas "Condor Cliff" y "La Barrancosa".

GUSTAVO ARRIBAS

El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina "De Vido-Boudou" sino que realizó un sobreseimiento exprés.

Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman.

LUIS CAPUTO

El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal.

El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.

LUIS ETCHEVEHERE

El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay.

El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones.

CARLOS MELCONIAN

El ex presidente del Banco Nación fue denunciado bajo su gestión en 2016 por darle subsidio al presidente de la Sociedad Rural, ahora ministro de Agroindustria. El establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de los Etchevehere en Entre Ríos, recibió un subsidio de parte del Banco nación por $ 900.000.

FEDERICO STURZENEGGER

El titular del Banco Central asumió imputado. Fue por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De la Rúa. Hasta la Corte Suprema confirmó el procesamiento por el Megacanje. El 28 de septiembre de 2016 su sobreseimiento quedó firme cuando el Fiscal federal Germán Moldes no lo apeló. Debió pasar años detenido con la "doctrina De Vido-Boudou".

PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad está imputada en la causa por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal y pidió informes a la Justicia de Esquel y al Ejecutivo. Macri y Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio, también imputados.

ALFONSO PRAT-GAY

El ex ministro de Hacienda y Finanzas estaba denunciado por evasión fiscal en el marco de una presunta operación ilícita vinculada al banco HSBC cuando asumió. Recién en 2016 anunció que la jueza Straccia dictó su sobreseimiento en la causa.

SUSANA MALCORRA

La ex Canciller también estuvo imputada, junto al Presidente y la vicepresidenta por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares.

MARIO QUINTANA

El vicejefe de Gabinete fue imputado en la causa del 'dólar futuro' iniciada tras una investigación de El Destape. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y a él. Quintana "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares", dice la denuncia.

También Quintana en el caso Fly Bondi. El fiscal Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar "si guarda relación con la empresa aérea". El fiscal ya había imputado a Mauricio Macri, su padre y funcionarios por el caso Avianca.

SERGIO BERGMAN

El ministro de Medio Ambiente está denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por su actuación previa a los incendios forestales que azotaron a las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El rabino habría contratado helicópteros "a dedo".

La causa recayó por sorteo en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

GUILLERMO DIETRICH

El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las "low cost", un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.

OSCAR AGUAD

El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.

ANDRÉS IBARRA

El ministro de Modernización estaba denunciado en la Justicia federal por el acuerdo suscripto con Corea del Sur que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico, un proyecto desactivado en el Senado. Fue sobreseído a los cuatro meses de la denuncia. Había sido denunciado en diciembre de 2016.

PABLO AVELLUTO

El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero.

El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió "defraudación a la administración pública”.

JULIO MARTÍNEZ

El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos a EE.UU. que reveló El Destape.

El fiscal federal Franco Picardi lo imputó junto a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.

(*) Periodista de El Destape.

Una reflexión sobre el desafuero y encarcelamiento de Julio De Vido, el segundo preso político en la Argentina de Macri.

(Por Federico Bernal *) El juez Luis Rodríguez -el mismo que decidió privar de la libertad al diputado nacional Julio De Vido-, lleva la causa 5.611/2016 contra Juan José Aranguren en la que se lo acusa (e investiga) de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por dicha causa, el CEO-ministro fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en junio del año pasado. Hablamos del camarista que ordenó al mencionado juez se "promueva su desafuero para proceder a una limitación de su libertad personal" (textual del fallo; pág. 3). Citamos el argumento central para esta absoluta violación al Estado de Derecho y las mínimas garantías constitucionales de las personas, según consta en el fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala 2) que ordena el desafuero y la detención de De Vido (el subrayado es nuestro): "… se impulse el desafuero del nombrado [Julio De Vido] al considerar…  los riesgos que su libertad supone , y sin poder descartar la fuga, alude además a la  posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real ". Nos preguntamos a propósito: ¿Por qué no se echó mano a semejantes suposiciones para el caso de Juan José Aranguren, imputado como se dijo en la causa 5.611/2016? El ex ministro de Planificación es el segundo preso político en la Argentina de Macri. El gran botín: Cristina Fernández de Kirchner. Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

La causa en manos de Rodríguez -originada en la denuncia de los diputados del FpV, Doñate y Tailhade- fue ampliada en 2016 por la compra de gas a Chile. Pues bien, este Observatorio demostró una semana atrás (ver bibliografía) que, como consecuencia de no haber mantenido las tasas de crecimiento del 2016 (lo mínimo esperable del tarifazo y los nuevos precios del gas en boca de pozo), el gas "no producido" entre enero y agosto de 2017 fue importado en un 95% de Shell (vía Chile y a través de 22 embarques de GNL contratados a la empresa). En otras palabras, prácticamente la misma cantidad de gas que no se produjo el Estado lo compró a la empresa de la que el ministro fue CEO y accionista (durante buena parte del año pasado). El monto involucrado: cerca de 400 millones de dólares en apenas ocho meses.

Como sea, con la denuncia penal contra Aranguren -recordemos, vigente y por la que fue imputado- no apareció ningún fiscal ni juez ordenando al señor Luis Rodríguez pidiendo la renuncia de este funcionario al presidente Macri y su posterior detención. Claro, el diputado De Vido puede "presionar e influir posibles testigos", pero un ministro de la nación en ejercicio de sus funciones no. Más de la anarquía jurídica: "A partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real", De Vido podría "entorpecer" la investigación en marcha. Pero Aranguren nada, a pesar de ser la máxima autoridad energética de la República Argentina, a pesar de haber sido doce años CEO de Shell desde donde saltó al cargo que hoy ostenta; Aranguren nada de nada, con un ministerio que en agosto de 2016 fue allanado por orden del juez Rodríguez:

Aranguren nada de nada, insistimos, habiendo sido accionista de la referida empresa incluso siendo ministro (simultaneidad mantenida entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016), con el agravante además de desconocerse el destino de la supuesta venta de esas acciones y, más importante todavía, si podrá recomprarlas una vez finalizada su gestión.

Y del allanamiento a Shell como testigo… El juez Rodríguez, a fines de agosto del año pasado, citó como testigo al actual CEO de Shell, Teófilo Lacroze (ver imagen de abajo). Pero claro, Aranguren en calidad de ministro y con los lazos que él mismo reconoce tener con Shell y frente a lo cual aceptó excusarse de intervenir en cuestiones vinculadas con su anterior empleador, Aranguren no tiene influencia con ese testigo real y confirmado (no ya testigo "posible", como se supone con el caso De Vido).

En palabras del comunicado del Centro de Información Judicial sobre la citación al CEO de Shell (subrayado nuestro): "El juez Luis O. Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, citó a prestar declaración testimonial al Sr. Presidente de SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA, Teófilo LACROZE. La audiencia fue fijada para el próximo 8 de septiembre, en el marco de la causa n° 5611/2016  donde se investiga si el actual Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, habría incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública , en relación con las decisiones adoptadas durante su gestión tendientes a beneficiar a la empresa Shell, entre ellas, la compra de gas a la República de Chile y el beneficio económico que habría obtenido al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC".

Interrogante del millón: entre el 29 de agosto que se formuló la citación a Lacroze y el 8 de septiembre que se fijó para la audiencia, ¿por qué ni a Stornelli ni al fiscal Germán Moldes ni a Martín Irurzun (ambos jueces también promotores del desafuero y la detención de Julio De Vido) se les cruzó por la cabeza que Aranguren -ex CEO de Shell y entonces accionista de la compañía- podría influenciar al testigo y CEO de Shell por las compras de gas a Chile, gas que a su vez le es vendido al país vecino por la mismísima Shell?

En suma, De Vido, uno de los ex funcionarios más perseguidos, atacados y vigilados por la prensa oficialista como por la administración Macri va preso para evitar "entorpecer" una de las causas contra él abiertas y en marcha. Pero el señor Aranguren, en una denuncia penal vigente contra su persona y por la que fue imputado, ampliada el año pasado, con su ministerio allanado, que involucra a la empresa que presidió durante más de una década y de la que además fue accionista en paralelo a su rol de ministro, empresa que desde la asunción de Mauricio Macri cuadruplicó -entre 2016 y 2017- su negocio de GNL con la Argentina, empresa de la cual se adquirió la casi totalidad del gas no producido por la insólita caída de las tasas de producción para los primeros ocho meses de este año por cerca de 400 millones de dólares, en fin, con todos estos elementos de prueba y sospecha parece impensado que Aranguren pueda llegar a "entorpecer" nada ni "presionar e influir posibles testigos", siquiera al actual CEO de Shell citado por el propio juez interviniente en la causa.

Otro capítulo escrito del Libro Negro de la Tercera Tiranía…

En TN, la inefable Elisa Carrió, anticipaba la archiconocida estrategia de ir por la presa mayor y su rutilante triunfo con la privación ilegítima de la libertad de Julio De Vido: "Vamos a ver cómo obra el Senado frente a un pedido de desafuero de la Justicia [a Cristina Fernández de Kirchner]… y creo que se lo van a dar… creo que va a pasar lo de De Vido".

Con la detención de De Vido consumada, y consultado en este sentido, el Jefe de Gabinete disparó: "Esa sensación de impunidad que se generó de que no se puede investigar al poder se está revirtiendo". El caldo de cultivo para ir por la gran presa dejó de cocinarse a fuego rápido; ahora hierve.

Milagro Sala fue y sigue siendo la primera prueba piloto; el ex ministro de Planificación Federal -segundo preso político en la Argentina de Macri-, es la escalada antes del gran paso de ir por la ex Presidenta.

Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

Horas, en definitiva, que ya escriben uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional, flamante contenido del Libro Negro de la Tercera Tiranía. Si su primera versión llevaba firma y prólogo de un dictador impuesto a través de un golpe de Estado, su edición del siglo XXI llevará la de un dictador impuesto por el fraude democrático.

(*) El autor es asesor del diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Dirige el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

Cambiemos impulsó en el Congreso el desafuero de Julio de Vido y ahora pide que Cristina Kirchner no asuma su banca en el Senado por estar procesada. En el 2005, cuando se discutía el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados, el actual presidente decía que el represor tenía que asumir. “Esto es un disparate. La gente lo votó y no tiene ningún tipo de condena”, fundamentaba.

Si se trata de un diputado con causa por presunta corrupción que fue funcionario del gobierno anterior, como Julio de Vido, o de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la persiguen judicialmente, para el macrismo no deben estar en el Congreso.

Cambiemos impulsó ayer el desafuero de De Vido y luego fue detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Horas después, la diputada electa Graciela Ocaña y otros dirigentes macristas pidieron que Cristina no asuma su banca en el Senado por estar procesada.

¿Qué decía el actual presidente Mauricio Macri sobre los legisladores con causas hace unos años atrás?

En 2005, cuando se cuestionaba el ingreso del genocida Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados por estar acusado de delitos de lesa humanidad, el líder PRO salía a defenderlo sin fisuras.

“En el caso Patti nosotros tenemos claramente una posición. Patti tiene que asumir. Esto es un disparate. Porque algunos quieran tomarse revancha, por cuentas del pasado, cuando la gente lo votó y no tiene ningún tipo de condena, y ahora él no puede asumir”, sostenía en ese momento y lo consideraba que si alguien utilizaba “sus votos para que Patti no asuma de vuelta estamos estafando a la ciudadanía”.

Patti, que luego fue condenado dos veces a perpetua por crímenes de lesa humanidad y detenido en una cárcel común, logró con el Gobierno de Cambiemos que el Poder Judicial le otorgara la prisión domiciliaria en un country de Escobar.