Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia, nombrado en medio de una polémica dentro de la Cámara Federal de Casación anuló ayer un fallo contra un poderoso empresario salteño, condenado por la desaparición de trabajadores.

El fugaz ministro de Justicia Carlos Mahiques, nombrado por María Eugenia Vidal a su arribo al Gobierno y renunciado pocos meses después, anuló, junto a sus pares de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, un fallo que condenaba a un empresario y a varios policías por delitos de Lesa Humanidad cometidos en 1977.

El fallo benefició al poderoso empresario salteño Marcos Levin, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, quien había sido hallado culpable por instigar a la persecución, a la detención irregular y a las torturas a un trabajador de esa empresa que era delegado gremial.

El caso de Levín era histórico, por cuanto se trataba del primer empresario condenado por su complicidad con el terrorismo de Estado.

Se lo acusaba, como en el caso de otros empresarios, de haber aportado listas de trabajadores y sus datos de filiación, y de haber accionado “psicológicamente” para propiciar la represión.

En esa causa fueron condenados además dos policías retirados, que realizaron la detención de 20 trabajadores.

Mahíques llegó con polémicas a la Sala de Casación, a comienzos de mayo de este año. El Consejo de la Magistratura le otorgó el traslado para cubrir el cargo del juez Pedro David, a pesar de que había un concurso abierto, luego de que la Corte Suprema aprobara como límite constitucional los 75 años de edad para ejercer la función judicial, que, sin embargo, y extrañamente, no alcanza a todos los jueces.

El caso es análogo al del juez federal de La Plata, Juan Martín Culotta, designado en medio de maniobras por parte de la mayoría oficialista en la Magistratura. Ambos casos están judicializados y se entendieron como “nombramientos a dedo” por parte del Presidente.

Los símbolos utilizados por el nazismo estaban marcados sobre las ruinas que permanecen resguardadas como testimonio de las detenciones ilegales, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de Castelar.

El titular de Derechos Humanos de Morón, Francisco Mones Ruiz, repudió la vandalización que sufrieron ayer los cimientos de la ex Mansión Seré, el centro clandestino de detención, tortura y desaparición que funcionó en Castelar durante la última dictadura militar y que es conservado como patrimonio histórico.

Según relató el portal El1Digital, el funcionario dio a conocer una fotografía que muestra las marcas de símbolos utilizados por el nazismo en el área protegida del excentro de detención y expresó: “Repudio fuertemente la esvástica que nos pintaron hace un rato en Mansión Seré. Sin dudas, hay sectores que les molesta el trabajo de memoria y vida, el trabajo que realicé junto a mi equipo”.

Mones Ruiz señaló destacó que el centro clandestino de detención reconvertido en Casa de la Memoria y la Vida es visitado todos los años por “más de 2.500 jóvenes del Conurbano”, y que es “un trabajo que logró descubrir el paso del Plan Cóndor por Morón”.

El titular del espacio para la memoria puntualizó que el predio “es un trabajo que logró recuperar y señalizar la exRIBA y sumar siete desaparecidos al listado local. Un trabajo realizado junto a ONGs, sobrevivientes y víctimas. Un trabajo de revalorización de la democracia. Un trabajo de memoria plural, sin dueños”.

“Hay sectores que no quieren el trabajo que realizamos, y realicé, en Seré. No cuenten con nuestro odio, seguiremos trabajando por más y mejor democracia, aunque quieran enrarecer el clima. Mi repudio. Funcionarios del Municipio están realizando la denuncia y esperemos que se llegue a los responsables. No más intolerancia. Por una democracia con pluralismo. Repudio al odio y la violencia”, proclamó.

Por su parte, desde el Gobierno de Morón repudiaron “enérgicamente” los hechos de vandalismo ocurridos en el predio de la exMansión Seré y confirmaron que la denuncia correspondiente se asentó en la comisaría de Castelar Sur, “para avanzar con una profunda investigación y dar con los responsables de semejante expresión de odio y violencia”.

Diferentes organismos de derechos humanos brindaran a las 18 horas una conferencia de prensa en la sede de Abuelas. Repercusiones condenando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aprobar el 2X1 para el cómputo de los años de prisión para los condenados por delitos de lesa humanidad.

Abuelas de Plaza de Mayo junto a otros organismos de Derechos Humanos convocaron a una conferencia de prensa con caracter de urgencia para este miércoles a las 18 horas en la sede de Abuelas, Virrey Cevallos 592 1er. piso, depto. 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Al conocer el fallo Estela de Carlotto manifestó que “El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya”, mientras que Taty Almeida, aseveró:“Están basureando la memoria de nuestros hijos”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, realizó duras críticas al escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que permite aplicar una reducción de penas utilizando el cómputo del 2×1 en delitos de lesa humanidad.

"Este Gobierno ha traído el olvido y el desprestigio, hasta han tratado de curro a los derechos humanos", dijo la titular de Abuelas. Respecto al fallo, consideró que "debe ser único en el mundo". "Habría que consultar dónde ha pasado una cosa semejante", añadió en declaraciones a radio AM 750.

"Estoy muy mal con el 2×1 que acaba de autorizar la Corte", dijo."Este Gobierno ha traído el olvido y el desprestigio, hasta han tratado de curro a los derechos humanos”, dijo la titular de Abuelas. En este marco, de Carlotto apuntó contra la gestión del presidente, Mauricio Macri. "El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Ahora quieren fusilarnos en una movida tan terrible", sostuvo.

Por su parte, la madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida consideró que "quieren borrar completamente la memoria y favorecer a los genocidas”. "Están basureando la memoria de nuestros hijos”, sentenció.

Para Almeida, el fallo mayoritario "es demostrar una vez más la violación que se está haciendo a los derechos humanos y que está adentro de este Gobierno, donde quieren borrar completamente la memoria y favorecer a los genocidas”. "No es una cosa de la Argentina, son delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción no son indultables”, insistió y denunció: "Están basureando la memoria de nuestros hijos”.

Respecto al llamado de reconciliación de la Conferencia Episcopal Argentina, dijo que "hay que ver qué familiares van a ser recibidos por los obispos”. "No nos invitaron”, indicó. "Es lamentable comprobar que una vez más la jerarquía eclesiástica este tratando de borrar la memoria no va a haber jamás reconciliación ni perdón, si justicia legal”, cerró.

En el voto de mayoría, los jueces Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. En cambio, los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, y sostuvieron que esa reducción de la pena de prisión no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.