El Ejecutivo bonaerense promulgó el decreto que reglamenta la ley de expropiación de los terrenos ubicados en la localidad platense de Abasto, sancionada por la Legislatura luego del desalojo de un grupo de familias que había ocupado esas tierras en mayo pasado.

El decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, designa al ministerio de Gobierno y a la subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del ministerio de Infraestructura como autoridades de aplicación de la ley. Esos organismos deberán entonces adjudicar los lotes a las familias beneficiarias, para que construyan sus viviendas.

La declaración de utilidad pública afecta al lote ubicado entre las calles 520 y 530, de 213 a 217, que deberá destinarse, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura, “al desarrollo de un plan de vivienda única, familiar y de ocupación permanente”.

Los terrenos deberán ser vendidos a sus actuales ocupantes o personas con grave situación de vulnerabilidad, agrega la ley. En tanto, el proyecto convertido en ley en la Legislatura dispone que los adjudicatarios deberán abonar “cuotas mensuales que no podrán exceder el diez por ciento de los ingresos del núcleo familiar” y que “el plazo se convendrá entre el Estado y sus adjudicatarios, no pudiendo ser mayor de 25 años”.

La ley además contempla algunos de los planteos que se habían presentado los vecinos desalojados para que se contemple la instalación de establecimientos educativos y servicios de salud en la zona donde ahora se levantará el nuevo complejo habitacional. “El Estado actuará como ente coordinador entre las distintas áreas administrativas provinciales y municipales y preverá las gestiones tendientes a procurar la instalación de efectores de salud y educación”, dispone el texto.

La norma promulgada ayer por el Ejecutivo fue tratada en legislatura bonaerense en mayo pasado luego del desalojo de unas 750 personas que habían ocupado esas tierras. El operativo policial tuvo lugar tras la decisión de la sala IV de la Cámara Penal platense, que ratificó el fallo de primera instancia del juez Pablo Raele de desalojar el predio, que comprende aproximadamente 50 hectáreas.

El desalojo dispuesto por la Cámara Penal de La Plata en Abasto se llevó a cabo durante la madruga de ayer. La confirmación del hecho vino de la mano del juez en lo Contencioso Luis Arias a Radio Provincia, quien indicó que “la Policía Bonaerense desalojó el predio con violencia y tiros”.

En ese marco, el titular de la Cámara Alta bonaerense, Gabriel Mariotto, repudió la medida judicial a través de su cuenta de Twitter y dijo estar "consternado por la afectación del derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria”.

Más tarde, en diálogo con la agencia Télam, adelantó que pedirá el juicio político para el juez de Garantías Nº 3, Pablo Raele, y la fiscal de La Plata, Betina Lacki, responsables del desalojo de unas 750 familias que habían ocupado las tierras.

"Había dos fallos cruzados, por un lado el del juez penal Pablo Raele ordenando el desalojo; y por otro lado estaba Luis Arias, del Contencioso Administrativo, pidiendo el cese de la medida. No entendemos por qué se cumple con el fallo de Raele y no el de Arias", sostuvo el Vicegobernador.

Además, precisó que "se pide el desalojo por la fuerza para asignarle al señor Alberto Mattioli las 40 hectáreas, en una medida que favorece intereses de un privado que ni siquiera acredita posición del terreno, el cual tiene deudas con ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires) y la AFIP".

"No entendemos por qué Mattioli tiene tanto peso sobre la justicia penal, o quién está detrás de Mattioli, quién está atrás de un especulador inmobiliario como él", disparó Mariotto y consideró que "seguramente habrá que buscarlo en el Arzobispado o la Intendencia de La Plata, con el amparo de la corporación judicial".

Mariotto se hizo presente ayer en la zona de 520 y 214 para apoyar la suspensión que promovía Arias a traves de una cautelar. En esa oportunidad, remarcó que el conflicto “no se soluciona con topadoras y policías” y propuso un proyecto de ley para expropiar los terrenos.

"Habíamos definido poder realizar durante la jornada de hoy un censo para evaluar cada una de las situaciones por las que atraviesan las familias, con la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Tierras y Vivienda, y la Secretaría de Niñez", pero "por culpa de las topadoras y la policía, vemos frenado nuestro trabajo", se quejó el presidnete de la Cámara Alta.

Por último, explicó que en los próximos días no sólo impulsará el juicio político contra los responsables del desalojo "por las irregularidades del fallo y por la acción represiva de la policía", sino que además trabajará para que avance en el Senado el proyecto de expropiación de las tierras, que "conlleva la construcción de un complejo habitacional en el lugar".

Se trata de un asentamiento ubicado en Beccar, a cuyos habitantes el intendente que arribó recientemente al PRO, Gustavo Posse, le ofreció un subsidio de 350.000 pesos con el fin de que se radiquen "en otras provincias o municipios".

Ante esta situación, la diputada del Frente para la Victoria María del Carmen Pan Rivas presentó un proyecto de expropiación con el objeto de adjudicarles las tierras a sus actuales ocupantes con el cargo de la construcción de vivienda propia.

Esa iniciativa obtuvo media sanción en diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados bonaerense y anoche fue convertida en ley en el Senado.

Al respecto, el subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Gobierno provincial, Francisco Cafiero, celebró la sanción de la ley y afirmó que "hoy los vecinos cuentan con seguridad jurídica y legal, y nadie los puede echar del barrio donde viven en familia y realizaron sus actividades por más de 30 años".

Manifestó que “se demostró que el derecho, la historia y la pertenencia de los vecinos del barrio Uspallata a San Isidro, valen más que la millonaria especulación inmobiliaria que pretende realizar el Municipio. Posse debe aceptar la ley".

En octubre pasado, a través de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante, Posse planteó que se abonaría un subsidio de 350.000 pesos a los vecinos "para la compra o construcción de la solución habitacional elegida por cada familia, en otros municipios o provincias".

En el texto se aclaró que sólo "ante casos excepcionales y si las circunstancias lo ameritan" los vecinos podrían comprar o construir inmuebles "ubicados en San Isidro".

"Concluido el plan y erradicadas las viviendas y sus pobladores, el Ejecutivo procederá a la venta del predio, (ubicado en Iberlucea y Padre Acevedo de la ciudad de Béccar), mediante los procedimientos previstos por las leyes que lo rijan", agregó.

Por entonces, la propuesta generó el rechazo del Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto; de concejales kirchneristas del distrito y por referentes provinciales del oficialismo al considerarla "discriminatoria".

El precario asentamiento fue levantado luego de la ocupación de terrenos "que se encontraban abandonados y sin mantenimiento y servían como refugio para violaciones, robos y venta de droga", indicaron los vecinos en un comunicado.

"Desde hace 6 meses, más de 120 familias de Almirante Brown ocupamos un terreno que se encontraba sin uso desde siempre ante la necesidad imperiosa de tener un pedazo de tierra donde poder vivir ya que el estado provincial no garantiza el derecho humano fundamental de una vivienda digna", afirmaron.

"La especulación inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, la escasez de planes de vivienda, la desocupación, entre tantas otras desidias, y daños que se generan contra los sectores populares nos llevó a ocupar un descampado en desuso que no tenía ningún mantenimiento", agregaron.

Los vecinos aseguran haber transformado el predio en un barrio organizado "con manzanas listas para terminar de urbanizar y, además, con una canchita, un espacio para la construcción de un espacio cultural-escuela de oficios y una posta sanitaria".

Los manifestantes denunciaron "el ensañamiento que existe de parte de la fiscalía número 19 de los tribunales de Lomas de Zamora pidiendo la orden de desalojo a pesar de que en reiteradas veces el juez determinó que no había delito de usurpación y desestimó el pedido".

"Ahora -explicaron- la causa está en manos de la Cámara criminal de garantías número dos quienes deberán ratificar o negar el pedido de orden de desalojo".

La movilización y protesta contó, con el apoyo de organizaciones políticas y sociales de la zona tales como Frente Nacional Pueblo Unido, Movimiento Justicia y Libertad, Anibal Verón Esteban Echeverria, Frente Barrial Solanense, Corriente Villera Independiente y Frente Popular Dario Santillán, entre otros.

Concejales del Frente para la Victoria (FpV) se desplegaron, la semana pasada, para intentar frenar un desalojo en el barrio Santa Catalina, del distrito gestionado políticamente por Martín Insaurralde.

Son los ediles Emilio “Beto” Solas y Julio Rivero, el sciolista Jorge Busnelli, Vanesa López, de La Cámpora y Juan Navarro, del Movimiento Evita.

Se proponen impedir que unas 500 familias queden en situación de calle a partir de una orden de desalojo.

Quien salió al cruce fue el edil sciolista, Jorge Busnelli, : “Desde el Municipio no se debería responderle a los vecinos con topadoras, sino con respuestas que estén más acordes a un criterio de desarrollo y justicia social”.

El intento de desalojo se desarrolló en la misma semana en que se concedió una licencia de 45 días para Martín Insaurralde, para su campaña a Gobernador.

Insaurralde regresó a ocupar la intendencia hace dos meses, luego de renunciar a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Al llegar se encontró con inconvenientes locales que ocasionan gran malestar político en el municipio, sobre todo teniendo en cuenta que Insaurralde es la cara de la gestión distrital, y que, la mayor parte de su vida política trasciende entre sus cuestiones sentimentales y sus indecisiones sobre cruces de vereda política.

Es por eso que los ediles intentan dar muestras que es necesario no descuidar el distrito y sus problemáticas. Una de las cuales puede hacer que 500 familias queden en situación de calle.

La intimación afecta a un asentamiento que se encuentra entre las vías del ferrocarril Sarmiento y el arroyo Mugica, en una zona de bañados pertenecientes a la Cuenca de Santa Catalina.

El pedido de desalojo llegó por medio de un apoderado de la Municipalidad, aunque aún queda por resolver si las tierras

pertenecen al distrito, a la Provincia o a la Nación.

Por su parte, los vecinos insisten en que desde el municipio “no han brindado una respuesta”.

Dado que el desalojo estaba previsto para el pasado viernes, los concejales por Proyecto Nacional, Emilio “Beto” Solas y Julio Rivero, el sciolista Jorge Busnelli y los ediles Vanesa López (La Cámpora) y Juan Navarro (Evita) se reunieron en la Defensoría del Pueblo local con los vecinos afectados y pautaron una nueva reunión en la

Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat para el día de hoy.

Busnelli aseguró que buscarán la manera de reubicar a las personas que viven allí en caso que avance el desalojo. “Lo relevante es que podamos tener una respuesta ante los vecinos" expresó.

Y, apuntándole a Insaurralde, manifestó: "Me preocuparía mucho que el Municipio de Lomas, desde la intendencia, no asuma este conflicto con una mirada social y vaya a responderle a los vecinos con topadoras y no con respuestas más acordes a un criterio de desarrollo y justicia social”.

Por su parte, los concejales de Proyecto Nacional, espacio conducido por el vicegobernador Gabriel Mariotto, criticaron la decisión de Insaurralde de pedir una nueva licencia y no quedarse a resolver las problemas de los vecinos.

Esta semana será clave para determinar si efectivamente se avanza con el desalojo o si los concejales lomenses consiguen frenar la medida.