La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, apeló hoy los sobreseimientos dictados en la causa que investiga la venta de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón en la última dictadura cívico militar, y pidió que se aparte del caso al juez federal Julián Ercolini.

En la apelación, que tendrá que resolver la Sala I de la Cámara Federal porteña, Papaleo pidió además que se revoquen los sobreseimientos al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña del diario, Ernestina Herrera de Noble; y a los propietarios de La Nación, Bartolomé Mitre, además de Juan Pío Podestá y Guilermo Gainza Paz, según el escrito presentado, al que accedió Télam.

El abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, pidió declarar "insanablemente nula" la resolución de Ercolini, quien la semana pasada sobreseyó a todos los imputados al entender que no hubo delito en el traspaso de la empresa que perteneció a Graiver y que el precio de venta de sus acciones fue el de mercado y no un valor "vil".

En la apelación, Papaleo pidió que se revoquen los sobreseimientos, que continúe la investigación y que se cite a los imputados a declaración indagatoria.

También sostuvo que "debe separarse al magistrado interviniente del entendimiento del proceso para, de ese modo, garantizar a las víctimas (conforme se desprende de la letra de los tratados internacionales aplicables al caso, para protección de quienes resultan afectados por delitos de lesa humanidad) la intervención de un juez imparcial".

En ese contexto, remarcó que el nuevo magistrado debe conservar "la templanza necesaria para el tratamiento del caso, con la dedicación que el mismo exige".

"Al mismo tiempo, debe resultar insospechable de cualquier compromiso que pudiera afectarlo, a partir del objeto procesal y de las connotaciones político criminales que envuelven a un caso que resulta sensible para los intereses de la Nación, porque claramente puede finalizar generando responsabilidad internacional del Estado argentino", agregó la apelación.

Sobre el juez, Papaleo sostuvo que demostró "una absoluta carencia de condiciones para tratar una cuestión de la envergadura de la apropiación indebida de una gran empresa, por parte de un conglomerado de integrantes de la asociación ilícita cívico militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 en nuestro país".

La querellante en la causa aludió también a la "falta de fundamento de la decisión de mérito que pretende, como maniobra consumadora de delitos de lesa humanidad, consolidar un temperamento exculpatorio para con los aquí querellados".

Además, sostuvo que hubo un "no accionar del juzgado" ,y una "elección antojadiza, arbitraria y direccionada para beneficiar intereses de manera espuria".

En la causa se investiga si la empresa productora de papel para diarios fue vendida a precio vil durante la dictadura por los herederos de Graiver, tras sufrir secuestros y torturas.

Distintas organizaciones sociales repudiaron un artículo editorial del Diario Clarín que alienta al macrismo a reprimir las protestas y a no temer a que les "pase" otro Kostecki y Santillán.

"Seamos sinceros: desde el asesinato de Kostecki y Santillán, que en 2002 apuró la salida de Duhalde de la presidencia, la política prefiere pagar el costo de ver y no actuar antes que enfrentar la posibilidad de una repetición. Hay miedo. Mientras tanto, en las calles la gente continúa siendo rehén", dispara una editorial firmada por Ricardo Roa, pluma principal del "Gran Diario Argentino".

Ante el temor de que la campaña mediática, replicada en distintos formatos y con una importante intensidad, se corporice en decisión de darle palos y balas a los reclamos populares, las organizaciones sociales convocaron a los distintos medios a los barrios para mostrar su labor cotidiana y desarticular el entramado discursivo.

"Somos los que luchamos por trabajo y cuando conseguimos planes de empleo precarios arreglamos las escuelas, salitas y calles de nuestros barrios", explicaron desde la Agrupación Villera Piquetera.

"Somos los que organizamos ollas populares contra el hambre y damos refugio a las compañeras contra la violencia de género", agregaron.

Además le pidieron al Gobierno Nacional que no atienda los reclamos de Clarín y que se centre en darle respuestas a los pedidos de los sectores populares que son quienes quieren un plato de comida para llegar en paz a fin de año.

A 40 años del traspaso de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, cuyo “precio no se ajustó al valor real” según los peritajes judiciales, la familia del ex dueño de la empresa, David Graiver, organizaciones de derechos humanos y sociales realizarán mañana un acto frente a las puertas del edificio del matutino propiedad de Ernestina Herrera de Noble.

El acto se llevará a cabo mañana a las 18 en la esquina de Tacuarí y Finochietto, en el barrio porteño de Constitución, y participarán la viuda del entonces principal accionista de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, su hermano Osvaldo, ambos secuestrados y torturados durante la última dictadura; y Rafael Ianover, ex vicepresidente de la empresa.

También estarán el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; Jorge Thierbach, dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense; y representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

Allí se recordará la noche del 2 de noviembre de 1976, a poco más de siete meses del golpe cívico militar, cuando se produjo la transferencia de Papel Prensa, empresa estratégica para el control de la prensa por ser la única fábrica productora de papel en el país.

Ese día, recién llegada de México y a poco de de la muerte de su esposo David Graiver en un dudoso accidente aéreo a bordo de un avión privado, Papaleo firmó un "acuerdo" con Clarín y La Nación, a través de la sociedad FAPEL, en las oficinas del diario fundado por Bartolomé Mitre.

"Quiero que sepan que no pueden vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros", le había advertido el entonces representante legal de La Nación, Manrique Segovia, a Lidia Papaleo, entre otras presiones que recibió, según consta en el expediente judicial.

La venta se terminó de firmar el 9 de marzo de 1977, mientras su suegro secuestrado la llamó estando en cautiverio para pedirle que finalice la operación, que se consumó en 8,3 millones de dólares por toda la empresa, casi el importe de lo que valía sólo la máquina más importante de la fábrica instalada en San Pedro.

Cinco días más tarde, la viuda de Graiver fue secuestrada, interrogada y torturada por el genocida Ramón Camps, a lo que luego le siguieron los demás integrantes de la familia Graiver y los colaboradores más cercanos, quienes fueron trasladados a los ex centros clandestinos Pozo de Banfield y Puesto Vasco.

Poco tiempo más tarde, el 27 de septiembre de 1978, Jorge Rafael Videla, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre inauguraron la nueva planta de Papel Prensa, mientras Lidia Papaleo y parte de la familia Graiver estaban detenidos ilegalmente.

En 2010, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante y denunció a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, de Clarín, y a Bartolomé Mitre, de La Nación, entre otros, por la "venta irregular de Papel Prensa a precio vil y bajo delitos de lesa humanidad".

La causa está a cargo del juez Julián Ercolini, quien a lo largo de estos años denegó el pedido de indagatoria de las querellas y la fiscalía a los principales directivos y guió la investigación para determinar si la venta se ajustó al precio real.

Así, en agosto de este año se conoció un informe efectuado por peritos y tasadores de la Corte Suprema de Justicia que señaló que "en ningún caso, sea cual sea el método valuatorio escogido, el precio pactado en el contrato del 2 de noviembre de 1976 se ajustó al valor real de las acciones" al señalar que la suma acordada resultó "entre 40 y 80 por ciento menores al valor".

Después de ese informe y a seis años de iniciada la investigación, las querellas reiteraron el pedido para que sean indagados Bartolomé Mitre, Ernestina de Noble y Héctor Magnetto, entre otros.