El diputado de Cambiemos familiar de los dueños de La Nueva Provincia acusados por delitos de lesa humanidad, mezcló el robo de bebes durante el proceso con el aborto y le preguntó a Juan Cabandie: “¿Dónde estás parado hoy?”. En la misma línea y en contra del proyecto de despenalización del aborto, ponderó el accionar de la dictadura: “Nunca en democracia nos animamos a tanto, ni en democracia ni en ese momento”.

Es una causa por torturas y vejaciones a 22 conscriptos en el marco del conflicto bélico en el Atlántico Sur, en 1982.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata falló en favor de quien se desempeñó como jefe del centro clandestino de detención El Pozo de Banfield que pasará a cumplir prisión domiciliaria.

Tras haber estado prófugo un año y de haber gozado de la domiciliaria otros dos, con esta medida judicial el represor sólo seguirá cumpliendo la condena en su casa por estar procesado en otra causa.

El pasado 20 de abril TOF 1 de La Plata, con votos de los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, decidió decretar el cese de la prisión preventiva de Juan Miguel Wolk y su excarcelación con prohibición de salida del país.

La medida está condicionada únicamente a la oposición del Ministerio Público Fiscal y no se hace efectiva porque el reo se encuentra con prisión preventiva en la causa por el CCD Brigada de Investigaciones de Lanús o “Infierno”. Seguirá entonces los procesos en su contra desde su casa de Benedetto Crocce 3045 en Mar Del Plata, según comunicó la agrupación HIJOS La Plata.

El excomisario de la Bonaerense, hoy de 84 años, actuó como parte del Terrorismo de Estado por lo menos entre octubre de 1974 y diciembre de 1979. Además de "El nazi" se lo conocía en los centros de detención como "El alemán” y “El Patón".

En los años '80 fue condenado a 25 años de prisión pero escapó al cumplimiento de la pena gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Durante años la justicia lo dio por muerto. Sólo ante la denuncia de una exdetenida que lo reconoció en la calle se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación como profesor de la Escuela Vucetich, se lo pudo imputar en la causa por el Pozo de Banfield. Fue detenido en octubre de 2009.

Ahora el juez Esmoris evaluó que la preventiva le fue prorrogada 9 veces y que “desde hace varios años, el imputado se encuentra en prisión domiciliaria y que pese al menor rigor que importa esa forma de detención, no se ha vuelto a sustraer del accionar de la justicia”.

Sobre el punto es muy significativo que sea uno de los jueces responsables del estiramiento indefinido de las causas contra los genocidas quien destaque “el estado de incertidumbre en orden a la fecha en la cual podrá ver resuelta su situación procesal el nombrado, ante la ley y la sociedad, de un modo definitivo y aúna un nuevo argumento, a efectos de ponderar la razonabilidad del lapso que cumple en detención cautelar, es decir, la posibilidad de que en lo inmediato se materialice el juicio que decida sobre el fondo del asunto”.

Fuente: Infonews

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación emitió un pésame por la muerte del general Carlos Bernardo Chasseing, interventor cordobés, durante la dictadura cívico-militar. Amplio repudio de los diferentes organismos de DD.HH.

Carlos Bernardo Chasseing, quien ocupó el cargo de Gobernador de facto en la provincia de Córdoba, entre el 12 de abril de 1976 y el 2 de febrero de 1979, reportaba de manera directa con el genocida Luciano Benjamín Menéndez y terminó renunciando como delegado de facto después de casi tres años al frente de la gobernación.

Ayer salió publicado en la sección de avisos fúnebres del diario La Nación un saludo expresando las condolencias a la familia por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Los organismos expresaron su "profunda indignación" por la publicación que Garavano hizo en la sección de avisos fúnebres de diarios de alcance nacional, como La Nación, por la muerte de Chasseing, ocurrida ayer.

"¿Cómo puede el Ministro Garavano “promover y fortalecer los Derechos Humanos” si saluda desde su investidura pública democrática a uno de los dictadores feroces que tuvo la última dictadura cívico-militar?", apuntaron.

La misiva fue firmada por H.I.J.O.S. Reg. Córdoba , Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Asociación de Ex Presos Políticos, Ex Presos Políticos por la Patria Grande.

Cabe recordar, que el saludo emitido por Garavano por la muerte de Chasseing, coincidió con el dictado de la sentencia del octavo juicio de lesa humanidad en Córdoba.

A continuación, el comunicado completo:

Chasseing fue la mano derecha del genocida Menéndez durante la aplicación del Terrorismo de Estado en Córdoba, por lo cual es incompatible con su función pública que, desde el más alto cargo que instituye la democracia para llevar adelante políticas de Justicia y Derechos Humanos el Dr. Garavano salude al más alto funcionario público durante la aplicación del terrorismo de estado en Córdoba entre 1976 y 1979.

Con su mensaje fúnebre Garavano degrada la institución de la que es titular, y va en contra de lo que el mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declara públicamente como parte de su misión institucional: “Entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.” (http://www.jus.gob.ar/el-ministerio/mision.aspx) ¿Cómo puede el Ministro Garavano “promover y fortalecer los Derechos Humanos” si saluda desde su investidura pública democrática a uno de los dictadores feroces que tuvo la última dictadura cívico-militar?

A casi 35 años de democracia ininterrumpida, con ejemplares juicios por delitos de lesa humanidad conseguidos en todo el país, las declaraciones del Dr. Garavano no sólo ofenden y agravian la memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado, sino que manifiestan, una vez más, que su sentir más profundo es contrario al avance de la Democracia y Derechos Humanos, por lo cual debería dejar la cartera que ocupa en manos de alguien que realmente quiera aportar a la construcción de la Justicia y los Derechos Humanos en nuestro país y no que defienda y salude a genocidas.

Organizaciones de Derechos Humanos de Bahía Blanca denunciaron la posible designación de un defensor de militares y civiles de la última dictadura acusados de delitos de lesa humanidad como fiscal federal. “No convaliden con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, expresaron.

Mauricio Macri busca designar como fiscal federal a Santiago Ulpiano Martinez, de Bahía Blanca, actual subrogante en el Juzgado Federal 1, desde junio de 2012. Según InfoCielo su actuación pasó por rechazar los pedidos de indagatoria a ex represores del ejército y lograr la impunidad de un ex capellán de la fuerza, que terminó sus días sin un juzgamiento, pese a ver sido cómplice de torturas a estudiantes secundarios. Ademas, Martínez también se las ingenió para beneficiar a Vicente Massot, el por entonces dueño del diario La Nueva Provincia, por estar investigado en complicidad por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

En consecuencia, organismos de Derechos Humanos le piden al Senado “que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, lo que de lo contrario significaría un verdadero “retroceso”. En un comunicado firmado por varios organismos, como HIJOS, APDH, la Red por la Identidad bahiense y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, señalaron: “La actuación de Martínez como subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”.

Martínez se negó de la misma forma que con Vara, al llamado de su indagatoria de Massot por el asesinato de obreros gráficos. Cuando la Cámara Federal revirtió la decisión y ordenó su indagatoria, Martínez se corrió de la causa. Por lo que los organismos de Derechos Humanos manifestaron: “Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en la legalidad de los intereses generales de la sociedad”.

Martín Kohan lo explicó hace un año en un programa de radio. El nuevo aniversario del golpe es una oportunidad inmejorable para recordarla.

Desde que Cambiemos asumió el poder se busca relativizar el horror de la última dictadura eligendo como vía el cuestionamiento a la cifra de 30.000 desaparecidos. Algunos como provocación, e incluso también ciudadanos honestos con buena intención, se preguntan: ¿si hay 8000 casos comprobados, por qué se sigue hablando de 30.000?

Más allá del reconocimiento de la propia dictadura, que hasta 1978 ya admitía que llevaba desaparecidas 22.000 personas, hay una razón más de fondo por la cual aquella estimación inicial de 30.000 continúa siendo la correcta.

Hace un año, en diálogo con la periodista Romina Manguel por Radio Nacional, el escritor Martín Kohan explicó las razones por las cuales permanece por el momento inamovible. Tan buena fue su exposición, que la conductora confesó: "Es la primera vez que lo entiendo".

Estas fueron parte de sus palabras:

"La discusión no es entre 8000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados."

"Entonces la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobacion empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8000 casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Como si contáramos con toda la información. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura que es '¿te enteraste de 8000?, ¿pudiste probar 8000?, entonces hay 8000'. No, pude probar 8000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias".

"Se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados, porque mucha gente no se anima a hacer la denuncia por miedo. Todavía hay razones para temer. Julio López fue desaparecido en plena democracia, con una democracia relativamente consolidada".

"Entonces existe la necesidad histórica y política de estimar una cifra, de correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es el Estado. El Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar. La dictadura nunca reveló sus archivos".

"A esa clantestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares buscando en muchos casos hasta hoy, al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde ni en manos de quién están, al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000, que es justamente la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos, y no la tenemos por el carácter criminal y clandestino de la dictadura. El que ajusta de 30.000 a 8000, o la sola apertura de esa discusión, en estos términos, incurre a mi criterio en una canallada".

Escuchá el audio:

Fuente: Infonews

En una nota de 2006, el diario Clarín reconoce que según un documento divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional "Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha (1978)". En tanto La Nación titula: "El Ejército admitió 22.000 crímenes".

La nota completa de Clarín:

"Un informe de EE.UU. dice que hubo 22.000 desaparecidos"

Dos días después del golpe, Kissinger había pedido "alentar" a los militares argentinos.

Pese a haber sido advertido de que en Argentina aumentaría la represión y correría sangre, ex jefe de la diplomacia estadounidense Henry Kissinger pidió a sus funcionarios "alentar" a la dictadura militar en el país, apenas dos días después del golpe de Estado de 1976, indicó un documento desclasificado y difundido ayer en Washington.

La orden de Kissinger figura en una serie de papeles divulgados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental de Estados Unidos, a propósito del 30ø aniversario del golpe militar. El material incluye una estimación de inteligencia chilena según la cual el total de personas asesinadas y desaparecidas en Argentina alcanzaba a 22 mil en 1978.

"Los quiero alentar", dijo Kissinger sobre los golpistas argentinos durante una reunión con su personal el 26 de marzo de 1976, según el acta desclasificada de esa reunión, que ofrece la prueba más temprana sobre la reacción del gobierno de Gerald Ford al quiebre institucional.

El comentario del entonces secretario de Estado norteamericano se produjo apenas después que su adjunto para América latina, William Rogers, le advirtiera sobre los planes violentos de quienes acababan de instalarse en poder argentino. "Tenemos que esperar un nivel considerable de represión, probablemente una buena cantidad de sangre, en Argentina durante de mucho tiempo", pronosticó Rogers.

También anticipó que los militares argentinos "van a tener que caer muy duro no sólo sobre los terroristas sino sobre los disidentes de los sindicatos y sus partidos". "El punto es que en este momento no debemos salir corriendo a abrazar a este nuevo régimen —que dentro de tres o seis meses va a ser considerablemente menos popular con la prensa", advirtió Rogers.

"Pero tampoco debemos hacer lo contrario", replicó Kissinger, según el documento. "Oh, no; obviamente que no", acordó Rogers. Explicó que enviarían una nota formal de reconocimiento a las nuevas autoridades argentinas, pedida por éstas, pero el embajador estadounidense en Buenos Aires, Robert Hill, mantendría "la boca cerrada".

Entonces Kissinger marcó la línea a seguir. "Cualquiera sea la chance que tienen (los militares argentinos), van a necesitar un poco de aliento de nosotros", dijo. "Los quiero alentar, no quiero dar la sensación de que están hostigados por EE.UU.", insistió.

Otro documento divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional aporta luz sobre la cantidad de desaparecidos en la dictadura. La cifra nunca fue establecida con precisión y oscila entre los 9.089 contados por la Comisión Nacional sobre Desaparecidos y los cerca de 30 mil que estiman defensores de derechos humanos.

Según la ONG, Enrique Arancibia Clavel, un agente de inteligencia chileno que estaba destacado en Buenos Aires, envió por escrito en 1978 la "lista de todos los muertos" en Argentina, que incluía datos oficiales y no oficiales recabados en el Batallón 601 del Ejército. "Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha", informó el agente bajo el seudónimo de Luis Felipe Alemparte Díaz. El documento fue obtenido en los archivos judiciales argentinos por el periodista estadounidense John Dinges para su libro "Los años del Cóndor".

Fuente: https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/informe-eeuu-dice-22000-desaparecidos_0_BkJz8qrJ0Kx.html

La nota completa de La Nación:

"El Ejército admitió 22.000 crímenes"

Documentos desclasificados en EE.UU. revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978

WASHINGTON.-Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia.

El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió LA NACION.

Firmado bajo el alias "Luis Felipe Alemparte Díaz", Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó Plan Cóndor.

En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de la DINA, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han "computado 22.000 entre muertos y desaparecidos", desde 1975 y hasta "el día presente", poco después del final de la Copa del Mundo.

El debate sobre cuántos murieron o desaparecieron durante la dictadura lleva años sin resolverse y despierta una controversia enconada, con cálculos que van de las 8000 a 30.000, según quién haga la cuenta.

Los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas que las Fuerzas Armadas habían redactado listas con nombres y datos de todos los secuestrados, los muertos y los operativos autorizados.

Se supone que esas listas fueron destruidas antes del arribo de Raúl Alfonsín a la presidencia, aunque algunos sospechan que podrían estar intactas y escondidas, como ocurrió con los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Arancibia Clavel, que en 2004 fue condenado por la justicia argentina a cadena perpetua por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats y su pareja, redactó incluso su propia lista de muertos "oficialistas" y "no oficialistas". Es decir, los supuestamente caídos en "enfrentamientos" con las fuerzas de seguridad y los clandestinos.

"Adjunto lista de todos los muertos durante el año 1975. La lista va solamente clasificada por mes -explicó Arancibia Clavel a sus jefes-. Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia."

El agente incluso explicó que "estas listas corresponden a los anexos" 74.888 y 74.789 del año 1975 y consignó que "los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar", los que "casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados «por izquierda» por las fuerzas de seguridad".

Entre los asesinados "por motivos políticos" aparece el dirigente uruguayo Zelmar Michelini, entre decenas de hombres y mujeres, algunos también uruguayos asilados en la Argentina y capturados bajo el Plan Cóndor. En un documento ahora desclasificado del Departamento de Defensa estadounidense, dos militares norteamericanos recopilaron datos sobre el Plan Cóndor, al que definieron como "operaciones conjuntas de contrainsurgencia en varios países de América del Sur".

Para el 1° de octubre de 1976, los dos estadounidenses reportaban al Pentágono: "Más y más se escucha sobre el Plan Cóndor en el Cono Sur. Oficiales militares que hasta el momento callaban sobre el tema han comenzado a hablar abiertamente. Una de las frases favoritas es: ?Uno de sus colegas está fuera del país porque está volando como un cóndor". Significaba que estaba en un operativo para secuestrar a un "sospechoso".

Un plan global

En ese mismo cable, la inteligencia estadounidense informaba que una delegación de generales argentinos, de civil, había viajado a Montevideo para coordinar operaciones, y anticipan que en una fase siguiente el plan podría extenderse a Europa.

¿Cuántos murieron o desaparecieron? "Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica", advirtió en 1978 a sus superiores el entonces embajador en Buenos Aires, Robert Hill.

También en 1978 otro documento del Departamento de Estado ya estimaba en 15.000 los desaparecidos, gracias al aporte de un funcionario de la embajada, Tex Harris, cuya labor sería reconocida por el Estado argentino sólo en 2004.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/791532-el-ejercito-admitio-22000-crimenes

Fuente: La Resistencia Noticias

El gobierno de Mauricio Macri entregó un nuevo listado de detenidos que considera que deberían salir de la cárcel. Esta vez incluyó al genocida Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua y uno de los hombres emblemáticos de la represión ilegal durante la última dictadura militar.

Según informó el portal macrista Infobae, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dijo que "se encuentra en condiciones de acceder a medidas alternativas de detención" y pidió la prisión domiciliaria.

Para el organismo dependiente del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, el responsable del asesinato de Rodolfo Walsh es un "interno con enfermedades". En el caso del dictador se detalla que tiene una "enfermedad oncológica".

Astiz tiene 67 años y dos cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Está detenido desde diciembre del 2017 y, según el informe que reveló el portal Infobae, tiene derecho a la libertad condicional a partir del 7 de abril del 2023.

El mismo escrito promovido por el gobierno de Mauricio Macri sentencia que debería quedar en libertad el 7 de abril de 2018, cuando consideran que su pena quedaría agotada.

A raíz del “hallazgo” en el obispado castrense de 127 constancias de bautismos realizados entre los años 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, anunció que enviará la documentación a la Justicia Federal dicha documentación.

Por primera vez, desde la recuperación de la Democracia, (la Iglesia) toma la decisión de poner fin a 35 años de oscurantismo y ocultamiento sobre bebés apropiados en la ESMA, del sector clerical cómplice de la dictadura y partícipe necesario del genocidio argentino”, consigna este miércoles el sitio InfoGEI.

Y añade: “El texto de la CEA cursado a la justicia federal dice textualmente: ‘En nuestro carácter de miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, nos dirigimos a Ustedes en relación con la solicitud que nos fuera cursada en orden a establecer un mecanismo de acceso a la información sobre bautismos celebrados en la Escuela de Mecánica de la Armada durante el período 1975-1984, y de cuyo registro nos hemos enterado recientemente”.

“Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983. Compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la justicia en estos últimos años”.

“Consideramos que estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos. Queremos reiterar nuestro compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro, encareciéndole en cada caso el respeto de la confidencialidad de los datos consignados a tenor de las disposiciones constitucionales y de derecho canónico vigentes para esta materia”.