Uno de los tres secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, sostuvo hoy que la central gremial continuará "teniendo paciencia hasta que el Gobierno encuentre la forma de llegar a la reactivación económica el año próximo" pero advirtió que si esto no ocurre "inevitablemente habrá una confrontación".

"Todo lo que hemos negociado (con el gobierno) es para tender un puente, un paliativo para llegar al año que viene con una reactivación económica, pero si no funciona, inevitablemente habrá una confrontación", aseguró el dirigente al reconocer que la central sindical "ya no tiene la misma reacción que antes porque la cosa no está funcionando".

En declaraciones a radio Nacional, Schmid, quien cerrará hoy el acto con el que finalizará la movilización hacia el Congreso que la CGT junto con movimientos sociales realizará esta tarde en respaldo de la sanción de una ley de emergencia social, afirmó que la central obrera "ha sido muy cuidadosa y muy prudente al expresar las tensiones que se están acumulando en este primer año de gobierno", ante una situación que "se está tensionando al extremo".

También aseguró que el acuerdo entre el gobierno y los empresarios "no ha funcionado" al recordar la cifra de 127.595 despedidos desde enero a septiembre de 2016, según cifras oficiales, y dejó en claro que la movilización de hoy contiene "otros reclamos, como el fin de los despidos y suspensiones".

Consultado sobre el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que será debatido en la Cámara de Diputados antes de fin de año, dijo que a la CGT no le "satisface" porque el gobierno "no habló" con la central gremial, a pesar de que "es la que pone la plata".

"No conocemos el proyecto y no conocemos el alcance. Hay que llamar a todo el mundo", reclamó Schmid.

Tras la media sanción en el Senado y con la marcha que movilizará a la CGT y organizaciones sociales como motor, desde Cambiemos temen que sea aprobada en diputados. Macri ya evalúa vetarla como ocurrió con la Emergencia Ocupacional. Las organizaciones sociales advierten que en caso de que eso ocurra "habrá reacción".

El proyecto de ley de Emergencia Social que fue aprobado anoche en el Senado y girado a la Cámara baja, podría ser vetado, al menos parcialmente.

Esa versión, que cada vez toma más fuerza provocó malestar entre los dirigentes sociales, que ya advirtieron que podría generar una “reacción social”. Mañana habrá una marcha que, según esperan las agrupaciones, será masiva.

Aunque el proyecto aún tiene que continuar su trámite en Diputados, desde el Ejecutivo ya le confirmaron a la prensa que habría un veto parcial. En la Casa Rosada se oponen a la creación de un millón de planes de trabajo bajo el programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

Esta semana hubo reuniones entre el presidente de la Cámara de diputados, el macrista Emilio Monzó, con dos importantes dirigentes de peso del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, donde también estuvo presente el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca. Allí plantearon algunas diferencias sustanciales con la propuesta original.

El proyecto que obtuvo media sanción del Congreso ayer fue elaborado en conjunto por los movimientos sociales y presentado por tres senadores, Juan Manuel Abal Medina (FpV), Teresita García (FpV) y Jaime Linares (GEN). La propuesta fue aprobada y girada a Diputados. De no haber modificaciones clave en el proyecto, y si es aprobado, podría ser vetado parcialmente por el presidente Mauricio Macri.

En las últimas horas las organizaciones sociales ya se mostraron en alerta por el posible veto de Macri.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, señaló en declaraciones a Radio 10 que “se alterará la paz” si es vetado, y aseguró que “habrá una reacción” de las organizaciones sociales y sindicales.

“Sería una irresponsabilidad del Gobierno, más en las fiestas, en las que tenemos que tratar de estar en paz, la responsabilidad de esto es del Ejecutivo”, remarcó.

El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados, un proyecto para declarar la Emergencia Social y Alimentaria por un año en todo el país. La sanción se dio antes de lo que promete ser, el viernes, una multitudinaria movilización de la CGT con los movimientos sociales exigiendo su promulgación.

La iniciativa fue aprobada por 45 votos a favor del peronismo y la centroizquierda y 13 en contra del Interbloque Cambiemos y de un sector del peronismo disidente.

El proyecto declara la Emergencia Social y Alimentaria por un año en todo el país y promueve la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

También establece la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.

A su vez, la propuesta contempla que durante la vigencia de la Emergencia se incrementen un 15% mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La iniciativa fue impulsada por los kirchneristas Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna y por el representante del GEN, Jaime Linares.

"La ley que estamos por aprobar es histórica", aseguró el ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Abal Medina afirmó que "es un paso muy importante para salir de la idea de los planes sociales y pasar a la idea del trabajo".

En ese sentido, aseveró que el costo fiscal significaría un desembolso de 1.000 millones de pesos para diciembre y de aproximadamente otros 11.000 para el próximo año.

Al respecto, dijo que para que el dinero no salga del Estado presentó un proyecto de ley en Diputados que busca gravar los plazos fijos, la minería y el juego.

Sin embargo, esa iniciativa aún no obtuvo dictamen de Diputados y su tratamiento en lo que resta del año parlamentario es incierto.

La riojana Luna añadió que "en tres meses el gobierno de (Mauricio) Macri fabricó un millón de nuevos pobres".

Además, ratificó la marcha que se realizará el viernes de las organizaciones sociales y sindicales hacia el Congreso para la sanción de la norma que fue aprobada hoy.

El otro autor de la iniciativa, el bonaerense Linares, anunció que "es tiempo de buscar alternativas que nos puedan llevar a un nuevo camino que retorne la dignidad, el trabajo para todos y el compromiso de vivir en paz".

El radical Luis Naidenoff, en cambio, cuestionó duramente el proyecto expresando que "hay mucha hipocresía en quienes administraron este país durante doce años y ahora impulsan este proyecto".

"Si el objetivo deseado es tan chico como sancionar una ley para que el final del camino sea el veto, lo que se logra es generar una enorme expectativa para un sector que la está pasando muy mal", añadió.

El representante del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, integrante de la Confederación General del Trabajo, pidió, infructuosamente, modificar el proyecto para "sacar la palabra 'trabajo' y poner la palabra 'subsidio'; porque lo que se está otorgando aquí es un subsidio y no un sueldo".

En tanto, el peronista federal, Juan Carlos Romero, consideró que el proyecto "es de noble intención, pero poco práctico" y refirió que "citan al Papa en sus discursos, pero él no va a resolver la pobreza".

"Estamos detectando semana a semana un aumento en los problemas de nuestros vecinos para poder alimentarse de manera adecuada" afirmó Ferraresi al momento de explicar las razones para poner en marcha el Observatorio Social que coordinará el trabajo entre el municipio, las escuelas, clubes y sindicatos, con el objetivo de "dar una solución al hambre creciente".

"La intención es que los clubes de barrio y sindicatos que tienen incidencia territorial complementen la información de nuestras áreas sociales para detectar estos problemas" señaló a Télam el intendente bonaerense que además señaló que durante las últimas semanas "ya se encendieron alertas por el tema".

Al respecto, desde la intendencia señalaron que en los 8 polideportivos municipales a los que concurren más de 1800 chicos, ya detectaron más de 300 niños con deficiencias alimentarias, mientras que recibieron alertas similares en 800 alumnos de escuelas primarias y más de 1400 de los jardines de infantes.

"El sistema de monitoreo lo iniciamos hace dos semanas y apuntamos a relevar datos semanalmente para dar soluciones inmediatas, ante la falta de respuestas del gobierno provincial" indicó el intendente kirchnerista que expresó "preocupación por los primeros datos que surgen sobre el hambre, que no es ni más ni menos que el resultado de la caída de las fuentes de trabajo y que como gobernante queremos resolver".

Lugones describió que “hoy encontramos un panorama muy desolador, porque tenemos comedores superpoblados, merenderos que no dan abasto, se nos hace cuesta arriba porque en todo este descalabro vemos que no podemos atacar esta emergencia”.

Según explicó en declaraciones a Radio de la Ciudad, la idea es articular con Cáritas a nivel nacional para diseñar una estrategia “regional” para ver qué se puede hacer en el Conurbano. “Estamos muy preocupados”, expresó.

“No hemos tenido ninguna respuesta, ni ningún plan de emergencia en el Conurbano, nos estamos haciendo cargo como podemos. Lo nuestro es muy magro y muy paliativo, nosotros vimos que esto en un par de meses se ha agudizado”, lamentó y dio el ejemplo de que “en los merenderos si no hay leche se les da te o mate cocido, a veces hay una panadería solidaria que nos da el pan”.

Sobre la inseguridad, el religioso opinó que “yo entiendo que todo viene de una política de arrastre, pero nosotros pensábamos que iba a venir a una política mejor, no podemos combatir la inseguridad con más chalecos y motos, o más policías en las calles”. Así, insistió en la importancia de crear foros de seguridad en los barrios y señaló que “uno sale a la calle y la situación está muy difícil”.

Las declaraciones del prelado coinciden con el planteo que realizaron hace días desde el Partido Justicialista bonaerense, quien el martes se reunió en la sede porteña de la calle Matheu desde donde plantearon que existen "graves problemas alimentarios" en el territorio bonaernese.

"Vamos a pedirle a la gobernadora Vidal y al presidente Macri que tomen medidas para asistir a los comedores frente al problema alimentario que comenzamos a verificar en la provincia. Hay que ayudar a las instituciones intermedias, parroquias y a los comedores que ayudan a la gente que más sufre", había asegurado el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.

“La demanda de alimentos en comedores de colegios, iglesias y centros de jubilados aumentó un 50 por ciento en promedio, llegando al 150 por ciento en los barrios más comprometidos socialmente y la respuesta del Estado nacional y provincial son insuficientes”, denunció la jefa municipal del principal distrito de la Provincia de Buenos Aires.

En un reportaje publicado en Página 12, Magario dijo que “el hambre no admite espera, por eso hay que darle respuesta ahora mismo” y expresó que si en los próximos días no tiene una respuesta satisfactoria de la gobernadora María Eugenia Vidal, tomará la decisión de “sacarle recursos al funcionamiento normal del municipio” para utilizarlos en la compra de alimentos.

En este contexto, la intendenta del municipio más poblado del país reclamó que el gobierno provincial declare “la emergencia social y laboral” para “destinar partidas” extraordinarias a los comedores de los sectores que quedaron a la intemperie por el aumento de precios y tarifas y la pérdida de empleo”.

“En las escuelas públicas de La Matanza los comedores crecieron un 50 por ciento promedio, pero llegaron al 150 por ciento en los sectores más vulnerables”, detalló.

Según la dirigente del Frente para la Victoria (FpV), “hoy, los abuelos, después del aumento de tarifas, están pagando más de un tercio de una jubilación mínima en servicios, a lo que hay que sumarle los medicamentos que dejó de cubrir PAMI”.

“Todo esto se suma a la baja de consumo y a las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado y en el sector informal, que es el primero que se pierde. Tenemos un registro de 150 mil personas por afuera del sistema en lo que respecta a cubrir las necesidades alimentarias más básicas”, añadió.

Dijo que esta situación “empieza a verse en febrero, marzo, fundamentalmente, cuando abren las escuelas y empezamos a tener indicios por el aumento en los pedidos de leche y de alimento, y se empezó a ver no solo en las escuelas, sino también en los barrios y en los centros de jubilados”.

“Esto es producto de que crecieron muchísimo los precios de los alimentos y de los servicios y así aparecen las primeras demandas puntuales de asalariados que llegaban justo a fin de mes y ya no les alcanza. A eso se suma la gente que se quedó sin trabajo”, estimó.

Para mandataria local, “cuando tenés despidos, falta de trabajo y hambre hay que declarar la emergencia y dedicar fondos a eso. Hay que declarar una crisis social y laboral y destinar partidas para lo más urgente, que es el hambre”.

“Si no hay respuesta del gobierno provincial, la decisión de este municipio es empezar a generar partidas para alimentos, para comedores, porque no podemos dejar que la gente se muera de hambre”, dijo por último.