El diputado homofóbico, Alfredo Olmedo, fue el único que voto contra la emergencia social

El proyecto se aprobó en Diputados con 227 votos y el rechazo del legislador salteño del PRO, recordado por su campera amarilla y sus comentarios homofóbicos. Además acusó a las organizaciones sociales de fomentar la "vagancia".

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto que prorroga la Emergencia Social hasta diciembre de 2019 tras un acuerdo político sellado entre diputados y senadores con más de 40 organizaciones sociales.

La iniciativa que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos hasta el fin del mandato del presidente Mauricio Macri fue sancionada con 227 votos a favor, sólo uno en contra que correspondió al salteño Alfredo Olmedo y cuatro abstenciones que fueron de los representantes del Frente de Izquierda.

La norma que prevé la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", como así también el "Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)" y la destinación de partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones, tuvo una particular interpretación de Olmedo.

El polémico diputado de la campera amarilla, las publinotas con Niembro y los comentarios homofóbicos, criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales "hacen cola para cobrar por no hacer nada".

Además, el salteño le pidió a sus pares en la Cámara que "paren la mano, prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia".

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Furia en las bases del Movimiento Evita porque sus dirigentes firmaron “paz social” hasta 2019 con el Gobierno y lo escondieron

Luego de la firma del acuerdo con el Gobierno Nacional, las propias bases del Movimiento Evita expresaron su descontento por garantizar "paz social" hasta 2019 y esconderlo. Desde la calificación de traidores, hasta el pedido de cambio de nombre, una andanada de críticas se esbozaron en las distintas redes sociales. Los apuntados: Navarro y Pérsico.

El acuerdo entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional por la Emergencia Social, todavía deja mucha tela para cortar. Pese a que los referentes de las distintas organizaciones aseguraron que se trató de un buen acuerdo, al conocerse el texto suscrito comenzaron a surgir profundas criticas que movilizaron las propias bases.

Uno de los que más sintió el golpe fue el Movimieto Evita. De coqueteo constante con el macrismo desde su llegada a La Rosada, los comandados por Pérsico y Navarro, fueron un de los puntales para acercar el diálogo con Desarrollo Social.

El texto se publicó en forma de solicitada en P/12, pero con un pequeño detalle. Cercenó fragmentos en los que los movimientos sociales le garantizaban "paz social" al Gobierno Nacional hasta 2019. Un cheque en blanco a futuro.

El último punto del Acta, que no figuraba en la solicitada difundida, dice que mientras rija la emergencia, es decir por todo lo que resta del mandato presidencial de Maurizio Macrì y las primeras tres semanas de quien lo suceda, “habiendo alcanzado un acuerdo de este modo las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza. Dicha obliga

ción alcanza a las partes firmantes del acuerdo con la representación que ostentan, y estas se obligan en su propio nombre y en el de sus representados”.

El tema no pasó desapercibido. Al circular el acta formal que expuso la hipocresía del "recorte" de la solicitada empezó una andanada de críticas que dejó las redes sociales del Movimiento Evita al rojo vivo.

Desde aquellos que los calificaban de traidores, hasta los que les pedían que dejen de utilizar el nombre de Eva Perón para pactos espurios, los propios militantes del Evita expresaron su descontento por un pacto de espalda a las bases.

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Organizaciones sociales que rechazan el acuerdo con el Gobierno, vuelven a movilizarse

Organizaciones barriales agrupadas en el Frente por el Trabajo y la Dignidad-Milagro Sala, que no firmaron el acta acuerdo entre el Gobierno y los movimientos sociales para declarar la emergencia social, se movilizarán mañana a los ministerios de Economía y de Desarrollo Social por considerar que las medidas acordadas "no garantizan una Navidad en paz".

La marcha hacia la sede del ministerio de Economía será para entregar un petitorio al titular de la cartera, Alfonso Prat Gay y "plantear la situación social de miles de desocupados, pedir que no haya más despidos, canasta básica, bono de fin de año para trabajadores informales ocupados y desocupados", indicó Lionel Stiglitz, dirigente de la Agrupación Villera Piquetera (AVP), a Télam.

Luego, los manifestantes se dirigirán hacia el ministerio de Desarrollo Social y realizarán un acampe hasta ser recibidos por su titular, Carolina Stanley, agregó.

Stiglitz explicó que las agrupaciones que conforman el frente "no fueron invitadas" a las reuniones previas a la firma del acuerdo y que si bien fueron recibidos por el subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Reggio, "los compromisos asumidos nunca se cumplieron".

En este sentido, ofrecerán una conferencia de prensa a las 12 horas frente al Cabildo porteño para explicar las razones de su rechazo al acuerdo firmado el pasado miércoles, que prevé actualizaciones en los montos de programas sociales, un pago adicional a sus beneficiarios y un aumento del 40% en las partidas de alimentos de los comedores comunitarios, entre otros

La agrupación Villera Piquetera reúne a unas 500 familias de Capital, Gran Buenos Aires y Córdoba, la mayoría mujeres, que según denunció el dirigente "no recibirán las 4.000 canastas navideñas" que les habían prometido.

"El acuerdo impide que la mayoría de los trabajadores de organizaciones barriales vayan a tener una Navidad sin hambre", aseguró Stiglitz al incluir a las organizaciones del frente que integran el Movimiento Nacional de Trabajadores Autogestionados (MNTA), Organización Barrial Túpac Amaru, FETRAES, CTD-Aníbal Verón, MPR-Quebracho, Corriente Patria Justa y Militancia Popular.

También conforman el frente, el Movimiento Germán Abdala CTA, Federación La Central-CTA, Frente de Desocupados, Agrupación Villera Piquetera, Cordinadora Barrial Argentina Resiste, Unión Nacional de Clubes de Barrio, Movimiento Nacional Compromiso Social (MNCS) y Federación Tierra y Vivienda (FTV).

"El macrismo habla de bomba de tiempo social como una ofensiva para agitar el fantasma del estallido, pero el estallido lo agita el gobierno y la única forma de que las fiestas sean en paz es que todos los compañeros tengan unas fiestas dignas", aseguró el dirigente.

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Como Macri, Vidal quiere bajar la tensión de diciembre y sube los fondos para comedores

Para descomprimir la tensión social en la Provincia, la Gobernadora sube la ayuda a los comedores y le da más poder a los intendentes para que manejen el territorio.

Casi como un calco de lo que está haciendo Nación, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires sale a la cancha para evitar desbordes de fin de año.

Por eso María Eugenia Vidal anunció un aumento del 30% en las transferencias a los comedores, en busca de descomprimir la angustiante situación social bonaerense.

Mediante el Servicio Alimentario Escolar (SAE) se alimentan 1,6 millones de chicos en los 135 municipios bonaerenses. En el presupuesto actual se destinaron a ese ítem $ 3.200.000, pero el año que viene el monto será de $ 4.000.000.

Para algunos movimientos sociales eso sólo no alcanza. El dirigente de la CTEP y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato, le dijo al portal LaPolíticaOnline que ese aumento es “absolutamente poco”.

Según explicó desde el Evita están negociando con el gobierno nacional un aumento del 60% y -según advierten- tras la negociación con la ministra Carolina Stanley irán a La Plata a negociar mayores aumentos para los comedores de la provincia. “Está claro que no Vidal no lleva a cabo ningún tipo de política social”, dijo Onorato.

Además durante un acto en La Plata, Vidal denunció “serias irregularidades y diferencias” en la gestión del Servicio Alimentario Escolar (SAE) por parte de los Consejos Escolares, y detalló que en el análisis realizado sobre el programa se descubrió que “de 64 mil platos había 10 mil que estaban declarados y no encontramos en las escuelas”.

La mandataria anunció el traspaso de la gestión del SAE de los Consejos Escolares a los municipios, y trazó una crítica evaluación de la situación de los comedores de la provincia.

Eso le da aire a los intendentes para aumentar la ya potenciada ayuda social que desarrollan en los territorios buscar contener posibles desbordes.

Sabemos que hay un aumento de las demandas y también existe incertidumbre, pero si estamos atentos no va a ocurrir nada malo”, concluyó el alcalde de San Martín, Gabriel Katopodis.

Además a Vidal la va a respaldar la negociación que cerró el Ministerio de Desarrollo Social con los Movimientos Sociales y que parece allanar la situación de diciembre.

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Para Pérsico, “las fiestas están cubiertas”

El referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, destacó la "lluvia de recursos" para los sectores vulnerables que implica el acuerdo alcanzado ayer entre las organizaciones sociales y el Gobierno en el marco del Diálogo Social, y concluyó que de este modo "están cubiertas las fiestas" de fin de año en cuanto a las necesidades básicas de los trabajadores del sector informal de la economía.

Las organizaciones sociales acordaron ayer con las autoridades establecer la vigencia de la emergencia social por tres años que permitirá destinar más recursos a los sectores más necesitados, confirmaron fuentes oficiales tras la reunión que mantuvieron con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el titular del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El acuerdo incluyó la redacción de un nuevo proyecto para declarar la Emergencia Social e incorporar la iniciativa al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que tendrán lugar en diciembre próximo.

En declaraciones a radio Uno, Pérsico pronosticó un "diciembre tranquilo" porque "las fiestas están cubiertas, ya que en el programa 'Argentina Trabaja', que está más localizado sobre las villas del conurbano, los compañeros van a recibir en diciembre cerca de 10.000 pesos".

"Esto implica movimiento y recursos para las fiestas y que todos los argentinos tengan un pan, un pollo y una sidra para festejar. Se trata de un programa donde ya hemos acordado un aumento del monto" equivalente al "50 por ciento del salario mínimo, vital y móvil que son 4.000 pesos, y un bono de 2.000 pesos", enumeró.

"Hemos acordado una forma de pago: en noviembre, a principios de diciembre, y el bono antes de Navidad y antes de Año Nuevo, así que están cubiertas las fiestas y eso genera en el barrio consumo y una lluvia de recursos", detalló.

Por otro lado, se pronunció respecto del compromiso de incorporar al sector informal de los trabajadores a la economía real, otro de los puntos solicitados por las organizaciones sociales.

"La política es dignificar las condiciones de trabajo de los compañeros", sintetizó, y ejemplificó con que "hay 600.000 compañeros que trabajan directa o indirectamente en la industria de confección de ropa popular de forma clandestina. Eso hay que legalizarlo y dignificar ese proceso. Desde la confección hasta la venta, lo que también le traerá al Estado recaudación".

De acuerdo a lo informado por las organizaciones, la declaración de la emergencia social por tres años significa que se adicionan 30.000 millones de pesos para fortalecer medidas de contención para las personas que viven por debajo de la línea de pobreza y para robustecer programas de empleo.

En tanto, en un comunicado del Movimiento Evita se explicitaron los principales puntos del acuerdo, que incluye "llevar a $ 4000 los programas Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Trabajo Autogestionado a partir de diciembre", "un bono de 2.030 pesos para los beneficiarios de los programas de empleo del ministerio de Desarrollo Social, a pagarse antes de fin de año" y "un aumento del 40% en las partidas de comedores comunitarios y de 60% en los merenderos comunitarios".

También "se distribuirán un millón de canastas navideñas y se estipuló redactar un nuevo proyecto de ley en donde se crea el Consejo de la Economía Popular, el Salario Social Complementario, el Registro Nacional de la Economía Popular y se autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias a estos fines".

El comunicado resalta que no hubo acuerdo aun respecto del bono sobre la Asignación Universal por Hijo, para el cual el Gobierno ofreció 1.000 pesos por grupo familiar, más un adicional de 250 pesos a partir del segundo hijo.

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Cambiemos tilda de “oportunista” la Emergencia Social

El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky calificó de “oportunista” al proyecto de ley de Emergencia Social aprobado por el Senado, al afirmar hoy que el oficialismo no trabará el debate de la iniciativa en la Cámara baja, donde es promovida por varios bloques de la oposición.

“Nunca nos negamos a debatir, incluso con la ley antidespidos dimos el debate y ésta no va a ser la excepción, pero también hay que debatir qué paso con lo social en los últimos diez años, no sólo en el último año”, aseveró el legislador de Cambiemos a Radio Belgrano.

"La solución no es la asistencia social, sino generar empleo genuino", subrayó el legislador, para quien el proyecto aprobado en el Senado "es oportunista, quieren hacer política con algo tan sensible".

Lipovetzky recordó que la iniciativa “toma como base datos de 2015 de la Universidad Católica Argentina, justamente cuando gobernaban los propios autores del proyecto y nunca hicieron una ley como ésta, lo cual demuestra que hay un gran oportunismo en este punto”.

Ante una consulta sobre eventuales conflictos a fin de año, como lo advirtió el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, el diputado oficialista sostuvo que “La situación estará contenida" y están "previstas medidas adicionales” para asistencia social.

“No creo que haya problemas complicados a fin de año, la situación estará contenida y tenemos previstas medidas adicionales, pero la solución no es la asistencia social, sino generar empleo genuino", concluyó

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“Están dadas las condiciones sociales para que haya un desborde en diciembre”

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, advirtió que "están dadas las condiciones sociales para que haya un desborde en diciembre", motorizado por "mafias de punteros, narcotraficantes e incluso policías". Aclaró que las organizaciones sociales son la contención de esas situaciones y que el papa Francisco "no tiene nada que ver" con el proyecto de ley de emergencia social.

"Hay una situación, que es un dato objetivo de la realidad. Están dadas las condiciones sociales para que haya un bolonqui, un desborde, en diciembre. Cuando decimos esto es porque lo vivimos", dijo Grabois en declaraciones a radio Belgrano, desde San Martín de los Andes donde vive.

Según indicó el dirigente social, "el análisis de la situación de mis vecinos del barrio pobre donde vivo me lleva a concluir que existen condiciones sociales para que las mafias de punteros, narcotraficantes e incluso policías" impulsen ese "desborde".

"Hay una interna feroz en la policía bonaerense que incluso llegó a amenazar a la gobernadora (María Eugenia Vidal). Es un momento de reconfiguración de las fuerzas de seguridad, que tienen terminales en los barrios populares a través de los malos en serio, no de nuestros compañeros militantes que tal vez un día usaron un palo para impresionar a alguien, pero son todos laburantes", según indicó.

En ese marco, el asesor del Pontificio Consejo de la Justicia Social del Vaticano señaló que "los malos de verdad no van a las marchas de la emergencia social, están con el narcotráfico, tienen terminales en estas mafias policiales que amenazan a Vidal, han hecho desfalcos en Argentina muchísimo tiempo e incentivan situaciones de desborde".

Grabois recordó como, en el 2001, esos sectores "iban a proponer liberar una zona para saquear un supermercado", pero aclaró que "los sectores populares organizados nunca jamás participaron de un saqueo".

"Nosotros somos la contención a esa situación. Nos enfrentamos a los que plantean eso a nuestros pibes, que es la 'animalización' del ser humano", dijo el dirigente de la CTEP.

En ese marco, Grabois destacó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de emergencia social y laboral, que impulsan los movimientos sociales y la CGT, y aclaró que el papa Francisco no tiene nada que ver con esa iniciativa.

"El papa Francisco está tratando de ayudar a la crisis de refugiados. La verdad que no tiene nada que ver. Algunas de las enseñanzas del Papa nos sirven de inspiración para plantear algunas propuestas, pero él no conoce el proyecto de emergencia social", reconoció y agregó: "Capaz que está de acuerdo, capaz que no, pero no creo que tenga tiempo para leer el proyecto".

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Multitudinaria movilización en reclamo de la emergencia social

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas exigieron en las puertas del Congreso de la Nación que se sancionen la ley que insta a la creación de un millón de puestos laborales y fija un salario social complementario. Si vetan la iniciativa prometieron un diciembre plagado de protestas.

Trabajadores formales e informales, desocupados y distintas organizaciones colmaron la Plaza de los Dos Congresos en defensa del proyecto de Emergencia Social y Alimentaria, que ya tiene media sanción del Senado, y que podría ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves en una sesión especial.

Participaron de la marcha, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA. “Si Macri la veta, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre”, advirtieron.

La iniciativa establece un aumento del 15 por ciento en las asignaciones por hijo y por embarazo, insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha la creación de un millón de puestos de trabajo, y fija un salario social complementario para que los trabajadores informales que perciben bajos ingresos lleguen a cobrar un monto similar o superior al salario mínimo, vital y móvil.

La movilización estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, celebró los “200 mil trabajadores que marcharon al Congreso” y agregó que “hay un 40 por ciento de compañeros que no tienen salario”.

“Lo que estamos reclamando es el salario social complementario. Queremos estar registrados en el Ministerio de Trabajo. (…) Este es el primer paso de un largo camino. Los monopolios, que tienen un profundo odio de clase, van a tratar de romper nuestra unidad, pero nosotros la vamos a sostener porque estamos profundamente unidos en el amor al pueblo”, subrayó.

Otro de los oradores del acto fue Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, quien aseguró que “los diputados tienen la responsabilidad histórica de aprobar esta ley antes de fin de año, un año que ha sido el peor para los trabajadores”.

“Acá no queremos más planes sociales, queremos nuevos derechos, trabajo y un piso de dignidad para los que peor la pasan”, sostuvo y advirtió que si Mauricio Macri veta la emergencia social, como hizo con la ley antidespidos, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre repudiando a un presidente que no se pone al pie de los que menos tienen”.

A su turno, Carlos Alderete, titular de la CCC, agregó: “Quiero la paz, pasar el fin de año con mi familia, mis compañeros, pero con un pedazo de pan en la mesa. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar”.

El encargado de cerrar la protesta fue Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, quien trató de recoger el guante de las críticas a su central por no convocar a un paro general luego del ajuste salvaje y los cientos de miles de despidos.

“No tenemos un balde en la cabeza, lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera necesario. Queremos la democratización de la economía y el fin de la desigualdad. Cuando paz, pan, trabajo, tierra y techo sean una realidad, entonces estaremos viviendo en una Argentina feliz”, remarcó.

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Gremios y movimientos sociales comienzan a colmar los alrededores del Congreso

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan desde este mediodía hasta el Congreso Nacional para reclamar la sanción de una ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados esta semana, y comienzan a poblar las inmediaciones del parlamento.

A las 13, adherentes de numerosos gremios comenzaban a poblar las inmediaciones de la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, mientras los movimientos sociales se congregaban en el cruce de Belgrano y 9 de Julio, para confluir luego en la Plaza de los Dos Congresos.

La CGT convoca a la marcha junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a la que se sumaron entidades empresarias del sector pyme, la Federación Agraria Argentina (FAA), Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros grupos.

Desde tempranas horas de la mañana se restringió el tránsito parcialmente en la avenida Entre Ríos, frente al palacio legislativo, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, para el armado del escenario desde el cual se realizará el acto central.

A partir del mediodía comenzaron a llegar a la zona las delegaciones del interior del país. El Frente Popular Darío Santillán concentró a las 12 en Constitución y marchó por la avenida 9 de julio hacia el Obelisco, donde junto con otras agrupaciones comenzó a movilizar hacia el Congreso. Mientras tanto, trabajadores estatales de los sindicatos de UPCN y Obras Sanitarias se congregaban en Belgrano y Sáenz Peña, en tanto en las cercanías de la esquina de Belgrano y Entre Ríos se nucleaban afiliados de los gremios de Dragado y Balizamiento, Marítimos, Marina Mercante y de los Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios del Movimiento Universitario Sur realizaban una muestra de trabajos solidarios y una juntada de firmas frente al Congreso.

Hacia las 16, momento en que está previsto el comienzo del acto, que cerrará con su discurso Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, los sectores ocuparán lugares previamente acordados: la central obrera se ubicará sobre la mitad de la plaza hacia Yrigoyen y los movimientos sociales se ubicarán hacia Rivadavia.

Quienes anunciaron su rechazo a la movilización fueron los tres partidos integrantes del Frente de Izquierda, aduciendo que sería "lavarle la cara" a una "burocracia" que "pactó para no hacer un paro nacional en 2016" y a otros sectores "que siguen la agenda del Papa Francisco", en clara referencia a la CTEP.

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Cambiemos hace malabares para no tratar la Emergencia Social en Diputados

Desde el oficialismo sostienen que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar el elevado costo fiscal que implicaría la medida. Crece la tensión con organizaciones sociales y Macri ya amenaza con un veto.

El proyecto de ley de Emergencia Social, que ya fue aprobado en el Senado, no verá luz este año por decisión política del oficialismo, que se niega a tratarlo en comisión e incluso impondrá su número para bloquear un eventual pedido para que sea abordado en una sesión especial.

Así lo confirmaron fuentes del macrismo en la Cámara baja, que calificaron el proyecto como una "bombita" que pone el peronismo "a fin de año" para enturbiar la paz social.

Si bien admitieron que objetivamente existe una situación de emergencia social, adujeron que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar el elevado costo fiscal que implicaría la medida.

"No podemos negar que hay una emergencia social. Algunas la llaman la ley de la felicidad. Es comprensible desde el deseo pero hay que ver cómo se financia", recalcaron las fuentes consultadas.

En este marco, desestimaron la propuesta de obtener recursos creando un gravamen especial para el juego, la renta financiera y la minería, al señalar que las mismas fuentes de financiamiento fueron sugeridas para la eliminación del Impuesto a las Ganancias.

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