La medida, en línea con las decisiones nacionales, fue tomada “ante la imperiosa necesidad de comenzar a solucionar problemas urgentes en las escuelas, los hospitales, las rutas, obras hidráulicas", dijo el secretario de Comunicación, Federico Suárez, a través de un comunicado.

“El kirchnerismo no acompañó la aprobación del Presupuesto de la Provincia, en ese contexto el paquete de leyes no era el Presupuesto y el endeudamiento, sino que también incluía la declaración de emergencia en seguridad, la emergencia en infraestructura y la emergencia en el servicio penitenciario”, agregó.

“Vamos a seguir insistiendo debatir en consenso e iremos resolviendo las urgencias con las herramientas que tengamos, recibimos una Provincia quebrada”, dijo por su parte el ministro de Gobierno, Federico Salvai, en referencia a los dos DNU que firmó la gobernadora Vidal para declarar la emergencia en Seguridad y en el SPB el primero; y en Infraestructura el segundo.

Salvai explicó además que se prorrogará el presupuesto 2015 transitoriamente.

El ministro responsabilizó al bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) por “frenar un paquete muy importante de medidas, que van más allá del endeudamiento, como las leyes de emergencia en seguridad, infraestructura y Servicio Penitenciario” y afirmó que “están utilizando de rehén a 16 millones de habitantes, aplicando formas mezquinas de hacer política que la gente ya rechazó en las urnas”.

“Además de los decretos que declaran la emergencia y la prórroga del presupuesto 2015; acudiremos también al gobierno nacional. Queremos transmitir tranquilidad a los empleados de la Provincia, que van a cobrar en tiempo y forma”, dijo Salvai.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) y del Sistema de Salud Penitenciario, norma que de aprobarse permitiría a su administración acelerar partidas para compras y contrataciones.

Vidal impulsa así una nueva emergencia, luego de que ya girara a la Legislatura dos proyectos para obtener idénticas declaraciones en Seguridad y en Infraestructura y que se tratarían el martes 29.

La gobernadora fundó la necesidad de declarar la emergencia del SPB debido en las “carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.

Además, hizo referencia a la "superpoblación carcelaria", destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria "pasó de 30.712 a 35.166 detenidos" y cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.

El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

El proyecto exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.

Guillermo Kane, diputado provincial del Frente de Izquierda, pidió que sea tratado por la legislatura bonaerense el proyecto de expropiación de los terrenos del Barrio Nueva Esperanza en Merlo.

“La Legislatura está cerrada, a la espera del balotaje, pero la crisis social no espera. Le hemos transmitido a la presidencia de la Cámara de Diputados la necesidad de reunirnos. Pero podríamos también convocar una sesión extraordinaria con el acuerdo de 24 diputados de la oposición, si como dice (María Eugenia) Vidal, están interesados en resolver la situación”.

“Rechazamos la represión, reclamamos el retiro de las tropas y damos un camino de solución. Desde el Frente de Izquierda, hemos presentado un proyecto de expropiación de los terrenos, urbanización y construcción de viviendas, consensuado con asambleas de los ocupantes" reveló Kane.

"Hemos incluido a pedido de los trabajadores una cuota mensual para pagar las viviendas, que tenga un techo del 10% de los ingresos mensuales de cada familia.”, planteó Kane.

“Que la Cámara se convoque y trabaje para darle una salida a un reclamo genuino de miles de bonaerenses sin acceso a una vivienda propia. El asentamiento de 2000 familias en Merlo Gómez no puede ser adjudicado a internas del oficialismo, es la expresión del enorme déficit habitacional que han logrado los Scioli, Massa y Macri en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kane.