La legislatura bonaerense convirtió en ley en su última sesión el proyecto que dispone la expropiación “para el desarrollo de planes de vivienda” del predio de Abasto, en el distrito de La Plata. Las familias que ocupaban esos terrenos fueron violentamente desalojadas la semana pasada por la Policía tras una orden de la Justicia Penal de La Plata. El debate legislativo estuvo acompañado por una movilización de vecinos y organizaciones sociales.

El proyecto de ley que ingresó en medio del conflicto y reclamo por la toma de los terrenos contó con el impulso de los senadores oficialistas Emilio López Muntaner, Gustavo Oliva y Luciano Martini, y el respaldo de la oposición. En consecuencia fue sancionado en ambas cámaras por unanimidad.

El trámite legislativo se inició poco después del mediodía en el Senado, la cámara de origen del proyecto, donde fue aprobado por unanimidad en un rápido trámite. Luego, fue girado a Diputados, que le dió entrada y lo incluyó en el listado de iniciativas “sobre tablas”, es decir, sin despacho de comisiones. En la Cámara baja, finalmente, fue sancionado también con el voto de todos los bloques. En tanto, el grupo de personas que protagonizaron la toma de los terrenos y militantes de organizaciones sociales celebraron la aprobación en los palcos de la legislatura y en las calles.

Vale recordar que la iniciativa ingresó a la legislatura bonaerense de manera urgente luego de que la semana pasada un operativo policial que contó con la participación de 200 efectivos y un helicóptero de apoyo desalojara violentamente a unas 750 personas que habían tomado el predio para levantar sus viviendas. La jornada terminó con ocupantes detenidos y heridos, según se denunció.

El operativo policial se enmarcó en la decisión de la sala IV de la Cámara Penal platense, que ratificó el fallo de primera instancia del juez Pablo Raele de desalojar el predio, que comprende aproximadamente 40 hectáreas.

Según el proyecto de expropiación, las tierras ubicadas en las intersecciones de las calles 520 a 530 y de 213 a 217 de la localidad de Abasto serán destinadas al desarrollo de un plan de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, que deberán ser vendidas a sus actuales ocupantes o personas con grave situación de vulnerabilidad. Por su parte, los adjudicatarios deberán abonar “cuotas mensuales que no podrán exceder el diez por ciento de los ingresos del núcleo familiar” y que “el plazo se convendrá entre el Estado y sus adjudicatarios, no pudiendo ser mayor de 25 años”.