Macri amenaza con “clausurar” y “disponer secuestro” a medios comunitarios

“Comunicados es mejor”, reza en la web el slogan de la página del Enacom donde parece que el gobierno de Macri es plural y garantiza el derecho a la comunicación. Muy lejos, en la realidad Argentina, el Macrismo hace imposible la legalidad de los medios comunitarios.

La resolución 2064-E del 31 de marzo pasado firmada por el ENACOM, autoriza a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del Ente Nacional de Comunicaciones a “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

La resolución dicta como considerando al Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 firmado por Mauricio Macri en diciembre 2015 y ratificado hace un año por la Cámara de Diputados. Allí el ejecutivo crea al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), disolviendo a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), y dicta al Enacom como la autoridad única “con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado”.

A raíz de esto la Senadora de la provincia de Buenos Aires Monica Macha, del Frente Para la Victoria (FPV), presentó un Proyecto de Declaración a la senaduría de la provincia donde manifiesta su “profunda preocupación”, ya que entiende que la resolución del Enacom provoca “un franco retroceso en materia de derecho humano a la comunicación” y constituye una “evidente amenaza para la construcción democrática”.

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El Enacom aprobó la compra de radio América por Perfil

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la propuesta de Editorial Perfil en la licitación por Radio América, la otra propuesta fue presentada por Radio Cooperativa.

El grupo de Jorge Fontevecchia, Perfil, se quedó con Radio América tras haber presentado una propuesta en la que promete tomar parte de su personal entre los trabajadores de la emisora que no cobran sus salarios desde hace más de un año, cuando el grupo encabezado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel dejaron de pagar los sueldos y la transfirieron a Mariano Martínez Rojas.

Asimismo, el ENACOM aprobó la transferencia de Telefe al grupo estadounidense Viacom, que se había realizado en noviembre en US$ 345 millones. El organismo oficial informó, en un comunicado, que "la compra de Telefe por parte de Viacom implicará una inversión inicial de alrededor de 450 millones de dólares".

Desde el mes de Julio del año pasado el ENACOM intervino Radio América, además el organismo declaró la caducidad de la licencia que tenían Szpolski y Garfunkel, por distintas irregularidades, como la falta de pago de las cargas sociales y de los sueldos de sus empleados, la presencia de testaferros de los dueños reales y la suspensión de la emisión durante varios días.

Según fuentes del diario Perfil, la emisora se trasladará al barrio de Barracas, donde están los medios gráficos de la empresa de Fontevecchia.

Con la incorporación de Radio América y el lanzamiento de dos canales de televisión abierta digital, Editorial Perfil buscará transformarse en un multimedio.

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El Gobierno autorizó a Clarín a dar 4G y Telefónica denuncia que se trató de un “regalo”

El regulador Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a la empresa Nextel, del Grupo Clarín, a prestar servicios de comunicaciones móviles de cuarta generación (4G). Telefónica denuncia que Macri prácticamente le "regaló" banda ancha a Clarin para que brinde el servicio.

A pesar de confirmarse la autorización, desde el Enacom, organismo que reemplazó al AFSCA, se aseguró que "no están cerradas las cuestiones económicas" con las cuales se espera generar un equilibrio que asegure una competencia con las empresas preexistentes y que obligaría al nuevo operador a un pago compensatorio que equilibre los montos desembolsados por las otras tres prestadoras.

La aclaración se da por la denuncia de los directores de Telefónica que sostienen que el Gobierno Nacional prácticamente le "regalo" banda ancha a Clarin para que brinde el servicio de 4G, mientras que ellos tuvieron que pagar miles de millones por el espectro.

En la reunión de esta tarde, los miembros del directorio también intimaron a la compañía DirecTV a incluir en su grilla a todos los canales de televisión abierta del país, informó el organismo.

Las medidas se resolvieron en la reunión realizada con la presencia del titular del directorio, Miguel de Godoy, y los directores Silvana Giudici, Heber Martinez, Alejandro Pereyra, Miguel Ángel Giubergia, Claudio Ambrosini, Guillermo Raúl Jenefes; y los Gerentes Ejecutivo y Técnico, Agustín Garzón y Mario Frigerio.

Para el directorio, la aprobación del proyecto de Nextel constituye un "hito para las comunicaciones argentinas", según expresó el ente en un comunicado difundido esta tarde.

En la banda de 2,5-2,6 megahertz, según expertos del mercado, hay unos 180 megas que pueden utilizarse para cursar datos móviles, y que de acuerdo a lo que resolvió la semana pasada el directorio pueden ser usados por todos los actores del mercado para dar servicios móviles.

Se trata de una frecuencia que hasta ahora no se utilizaba para móviles sino para servicios de internet via tecnologías inalámbricas pero fijas.

El Grupo Clarín había informado que a través de Cablevisión había comprado Nextel Argentina, y en junio pasado hizo lo mismo con la adquisición de cinco empresas que ya tenían sus licencias para operar en estas altas bandas.

Desde que se conoció esa adquisición las operadoras que ya prestaban servicios de 4G, especialmente el grupo Telefónica, advirtieron en foros internacionales que se estaba generando en Argentina una situación de desigualdad de tratamiento entre los jugadores del sector.

El Grupo Clarín entra ahora como un cuarto jugador, aunque está presente en el mercado por su actual condición de prestador de internet y de servicios audiovisuales y también pasó por la firma CTI antes de que fuera adquirida por Claro.

Para las operadoras el Gobierno iba a beneficiar al Grupo Clarín dándole la posibilidad de usar las frecuencias de esas empresas para entrar a un negocio que para las tres compañías (Movisar, Personal y Claro) implicó participar y pagar altas sumas en la subasta de espectro para 4 realizada en 2014.

Además, el Enacom tiene pendiente la entrega del espectro subastado en 2014, en la banda de 700 MHz, porque la migración de las empresas que usan esas frecuencias, Telecentro, Clarín y otros, está judicializada.

Las cinco empresas que compró el Grupo Clarín suman unos 120 megahertz en las frecuencias de 2,5-2,6 y otros 20 MHz en la banda de 900.

Pero entre las condiciones para la aprobación del proyecto de parte de Enacom, según trascendió hoy, Nextel deberá entregar al Estado unos 60 Mhz de la banda de 2,5, para que este pueda distribuirlos en partes iguales entre los operadores preexistentes.

Desde Enacom aclararon que "no están cerradas las cuestiones económicas", con las cuales esperan generar un equilibrio que asegure una competencia sana entre las empresas preexistentes y el nuevo operador.

Expertos del sector indicaron que convertirse en el cuarto operador de 4G, le costaría a Clarín la devolución de parte del espectro radioeléctrico (frecuencias) que ya tenía, un pago compensatorio para equilibrar los montos desembolsados por las otras tres operadores y asumir obligaciones forzosas de cobertura, idénticas a las que asumieron las actuales prestadoras en la subasta del 2014.

Así, mientras para el Gobierno la autorización del cuarto operador constituye un hito en las comunicaciones argentinas, desde fuentes cercanas a Nextel indicaron que el país "sigue poniendo trabas para que un nuevo jugador compita con las empresas dominantes".

La previsión es que mediante una inversión de 500 millones de dólares necesaria para desplegar la red de Nextel, la empresa que hoy tiene el 1% del mercado estará en condiciones de prestar servicios hacia junio del 2018, cuando el desembolso habrá superado los 800 millones de dólares.

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Cambiemos prepara su Ley de Medios M

Tras desbaratar la Ley de Medios aprobada en 2009, Cambiemos va por su propio proyecto de comunicación M. Lo anunció la directora del Enacom, Silvana Giúdice, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada.

El Gobierno avanza en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios, con el objetivo de ofrecer una "infraestructura adecuada", que les permita a los ciudadanos tener "acceso a internet de banda ancha".

Así lo manifestó la directora del Enacom, Silvana Giúdice, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde participa de un encuentro preparatorio para la constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco).

Ese consejo consultivo estará conformado por las provincias, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro.

La funcionaria confirmó que hoy se está "trabajando en una nueva ley de Telecomuniaciones y de Medios", y adelantó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada y que cada ciudadano tenga acceso a internet de banda ancha".

Al respecto, sostuvo que "para eso falta incentivar un marco de inversiones donde haya primero seguridad jurídica y luego competencia en el mercado"y agregó que "no se trata de cristalizar solo tres o cuatro jugadores y que este sea el escenario al que estamos condenados sino que queremos más participación de la inversión privada para que esto genere servicios de mayor calidad y a menor tarifa".

Respecto a la unificación de la ley de Telecomunicaciones y Medios, Giúidice afirmó que "la premisa es la pluralidad de voces", y aclaró que la iniciativa propone que haya "un marco regulatorio que no permita que haya una sola voz preponderante", en medio de criticas a la ley de medios que se aprobó durante la administración kirchnerista.

En ese marco, abogó por que haya "de verdad haya mayores emisores de prestaciones en todo el país y tengan asegurados su lugar en el espectro". La funcionaria, consideró además que "hasta el 15 de diciembre se recibirán las opiniones y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, del trabajo y cámaras empresarias para aportar a la redacción".

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