Por medio del ENACOM, el gobierno controlará que las compañías no den de baja sus prestaciones por falta de pago. La medida alcanza a instituciones sin fines de lucro y monotributistas.

Alegando “motivos personales” Miguel Ángel Godoy se alejó del ENACOM y vuelve a la actividad privada.

El ex vocero y asesor de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires Miguel Ángel Godoy, renunció al cargo de titular del ENACOM y será reemplazado por Silvana Giudici, ex diputada radical y directora del organismo que defendió la posición de Clarín durante el debate por la Ley de Comunicación Audivisual.

Por su parte, De Godoy  vuelve, exclusivamente, al sector privado como presidente y CEO de una empresa de publicidad y relaciones públicas. Desde 2015 De Godoy reemplaza a Martín Sabbatella en la, por entonces, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), hoy ENACOM.

El sindicato suspendió el cese de actividades y la movilización de hoy, luego de negociaciones mantenidas con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones.

Hugo Moyano, anunció la suspensión del paro de 24 horas de la rama de correos y clearing que iba a realizar hoy en el marco del conflicto en la empresa OCA, que pone en riesgo la continuidad de 7.000 trabajadores.

A través de un comunicado, camioneros comunicó:"Hoy se realizaron reuniones entre la compañía y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).para lograr hallar una solución y destrabar el conflicto, en defensa de los empleados. Mañana continuaremos con las reuniones en busca de soluciones favorables”.

Según trascendió, una orden judicial recomendó a la Enacon no tomar una decisión sobre OCA hasta que se realice una audiencia judicial el próximo 10 de mayo próximo.

El Enacom es un ente regulador que depende del Ministerio de Modernización. Camioneros reclaman “la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo” en Oca, ante la posible decisión oficial de prorrogar o no su licencia para operar.

“Es inadmisible que queden sin más en la calle casi 11.500 trabajadores. Es preciso profundizar los esfuerzos para preservar esos empleos”, señalaron voceros gremiales.

Luego de varias horas de negociaciones, Hugo y Pablo Moyano decidieron levantar la protesta en gesto de “buena voluntad” para continuar hoy las negociaciones.

Con el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Modernización, Claro y Telefónica podrían ingresar, sin realizar inversiones significativas, en un mercado de más de USD 3 mil millones anuales. Imponer la condición de satélite argentino es una alternativa para volver a impulsar la industria satelital actualmente paralizada.

El Ministerio de Modernización de la Argentina, de quien dependen directamente el operador satelital estatal ARSAT y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presentaron el jueves 5 de abril un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para realizar una serie de modificaciones regulatorias. El proyecto, denominado “Fomento del despliegue de infraestructura y competencia TICS”, consta de 13 artículos (uno de forma) y tiene entre sus principales ejes permitir a las empresas de telefonía fija y móvil brindar el servicio de televisión por abono mediante vínculo satelital. Esta medida habilitaría a las empresas Claro y Telefónica a utilizar transmisiones satelitales para ofrecer televisión, algo que tuvieron históricamente prohibido y que fue motivo de fuertes discusiones en el país.

El proyecto no surge de una demanda del mercado ni es producto de la evolución tecnológica. En los últimos dos años el poder ejecutivo argentino realizó cambios en el marco jurídico vigente por medio de decretos (267/2015 y 1340/2016) y avanzó en la autorización de la fusión de dos de los mayores grupos económicos del sector. Cablevisión y Telecom ya operan en los hechos fusionadas, aunque hasta el momento solo tuvieron la autorización de la ENACOM restando que haga lo suyo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta nueva empresa que surgiría de la fusión sería la única con la posibilidad de ofrecer servicios convergentes de Televisión, Telefonía e Internet Fija y Comunicaciones Móviles, concentrando el 39% del mercado de la Telefonía Fija, el 52% de Internet, el 37% de la Televisión y el 31% de las Comunicaciones Móviles. Esta situación impulsó el reclamo principalmente del operador móvil Claro (América Móvil) y de Telefónica de Argentina para obtener la autorización en televisión satelital, servicio que ambas brindan en la región iluminando también el territorio argentino desde el Espacio.

La autorización de la televisión satelital a los operadores incumbentes, aquellos con una cuota de mercado muy elevada, notablemente superior al resto de competidores, fue con éxito resistida no solamente por sus competidores directos (Cablevisión, Directv) sino por el entramado de pequeñas empresas y cooperativas que brindan servicios audiovisuales principalmente por cablemodem. Estas argumentaron en reiteradas ocasiones que de prosperar la autorización para brindar televisión por satélitea las grandes empresas, su existencia, y por lo tanto también miles de puestos de trabajo, estarían en considerable riesgo.

Mercado de la Tv

En Argentina el mercado de la televisión por suscripción es un negocio de 65 mil millones de pesos anuales, algo más de USD3 mil millones. Estos ingresos son generados por 9,4 millones de accesos que representan casi el 70% de los hogares argentinos, con un valor promedio mensual por abonado de 585 pesos (USD30).

Argentina es uno de los países con mayor tasa de abonados a la televisión tanto en la región como en el Mundo y, en promedio, los argentinos pasan 3,5 horas delante del televisor. Esta alta penetración, en gran parte, es consecuencia de la mala calidad y escasa cobertura de la televisión abierta analógica y de la concentración de contenidos de elevado interés público (léase futbol) en señales cuyos propietarios también poseen licencias de televisión por suscripción.

Cablevisión, el principal operador de cable argentino que comparte accionistas con el Grupo Clarín, informa 3,5 millones de abonados al servicio de televisión en su publicación financiera para el tercer trimestre de 2017, lo que representa un 37% del mercado. Directv, operador satelital de televisión, dispone de 2,5 millones de abonados, reteniendo el 28% del mercado. Muy lejos de estas dos empresas se encuentran Telecentro (7%) y Supercanal (6%) ambos proveedores de cable. El 22% del mercado se reparte entre más de 200 pequeñas empresas y cooperativas.

Un aspecto relevante de la televisión en Argentina es la escasa oferta de servicios por satélite, que en los hechos deja a Directv en posición monopólica para gran parte del extenso territorio argentino. Actualmente operan sobre Argentina tres servicios de televisión satelital. Directv con una alta participación del mercado, InTV de Red Intercable Satelital y el componente satelital de la Televisión Digital Abierta (TDA). La norteamericana Directv, adquirida hace unos años por AT&T, opera en el país desde el Intelsat-30, lanzado junto al ARSAT-1 en el año 2014 por Arianespace. InTV ocupa para su servicio casi 100Mhz del ARSAT-2, que son operados por SERSAT del Grupo Datco desde su telepuerto en la Ciudad de Buenos Aires.

La TDA satelital, un servicio abierto dependiente de Medios Públicos, dispone de más de 30 canales y 5 radios, solo requiere la compra del equipo receptor y opera desde el telepuerto de ARSAT sobre capacidad en el ARSAT-1.

Sorprendentemente, InTV tiene escasos 20 mil abonados, una cantidad casi nula para el mercado, y su actividad comercial es apenas testimonial. Por otro lado, la venta de equipos receptores para la TDA Satelital se encuentra interrumpida por parte de ARSAT desde principios del año 2016. Por lo tanto, se podría concluir que en Argentina hay un solo proveedor de televisión por satélite. Esta situación deja a todo el ámbito rural y aquellas zonas con escasa, deficiente o nula infraestructura terrestre para televisión con Directv como única forma de acceder a la televisión.

Mercado de Servicios

Los satélites son una alternativa más que conveniente para la distribución de televisión directa a los hogares. Mediante un único artefacto ubicado en una órbita geoestacionaria se puede cubrir, como lo hace el ARSAT-1 para llevar la TDA Satelital, toda la Argentina y países limítrofes. Un satélite de estas características tiene un costo de alrededor de USD250 millones y requiere no más de 4 años para su fabricación. Si tomamos que en el país hay 12 millones de hogares, da un costo por hogar de USD20. El tendido de cables de fibra óptica, por ejemplo, tiene un costo de entre USD30 y USD150 por metro, dependiendo si es urbano, semiurbano o rural y del tipo de terreno. No vale la pena hacer la cuenta de que costo tiene cablear cada hogar del país, el costo es sideral.

Según el último informe de la Satellite Industry Association (SIA), durante el año 2016 la industria satelital generó ingresos por USD260 mil millones, de los cuales USD127,7 mil millones corresponden a servicios. Aquellos vinculados a comunicaciones se llevan la mayor porción con USD104,7 mil millones, siendo casi la totalidad (USD97,7 mil millones) provenientes de los servicios de televisión satelital. Es decir, el 76% de todos los ingresos que generan los satélites desde el Espacio, considerando la venta de imágenes satelitales, la telefonía y la banda ancha satelital, corresponden a televisión. No cabe duda que si uno quiere fabricar satélites debe pensar seriamente, aunque no únicamente, en quienes los utilizan para vender televisión.

Satélites argentinos

Argentina, a través de la empresa de alta tecnología INVAP cuyo accionista es la provincia de Río Negro, desarrolló la capacidad de diseñar, fabricar y ensayar satélites geoestacionarios de comunicaciones. Lo hizo sobre la base de la experiencia adquirida en proyectos de alta complejidad del sector nuclear, los satélites de observación terrestre construidos para el Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la fuerte voluntad política plasmada en el estatuto societario de ARSAT aprobado en la ley 26.092 de creación de la empresa donde se establece que sus satélites deben estar diseñados y fabricados en el país.

Con el exitoso lanzamiento de ARSAT-1 (2014) y ARSAT-2 (2015) el operador satelital logró proteger las dos posiciones orbitales asignadas al país e INVAP colocó a la Argentina entre los 10 países del mundo con esta capacidad tecnológica. La plataforma ARSAT-3K, de 3 mil kilogramos de peso al lanzamiento y 3Kw de potencia, es similar a la desarrollada por OHB de Alemania con aportes de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambos desarrollos comenzaron casi al mismo tiempo pero la plataforma de INVAP fue al Espacio antes que la europea. Actualmente OHB tiene más de 5 proyectos tanto para el sector público como el privado. Esto, de alguna manera, es un indicador del potencial de mercado de estas plataformas.

Las dos plataformas fabricadas por INVAP fueron exitosas en sus primeros años de operaciones, con ARSAT-1 llegando a su cuarto aniversario en octubre de este año. Esta demostrada su fiabilidad por clientes tanto del sector público como del privado e incluso en lo que a televisión satelital refiere con la operación de dos de los tres servicios activos en la Argentina (TDA Satelital e InTV).

Para darle continuidad a la industria satelital de comunicaciones, el Congreso da la Nación Argentina sancionó en el año 2015 la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, la cual aprobó un plan para el segmento satelital de ARSAT para el período 2015-2035. Este plan estipula la ampliación de la flota de ARSAT llevándola de dos a seis satélites, la exportación de dos plataformas y el remplazo de ARSAT-1 y 2 al fin de su vida útil. Entre otros aspectos, el plan también incluye el desarrollo de una plataforma completamente eléctrica en INVAP con la intervención del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo, el cumplimiento de la ley 27.208 se vio abruptamente interrumpido desde principios de 2016 y ARSAT-3, primer satélite del cronograma, suspendido sin justificaciones claras. Incluso a mediados de 2017 se dio a conocer, luego de una filtración periodística, la firma de un acuerdo entre ARSAT y Hughes para privatizar ARSAT-3. La iniciativa no prosperó por el fuerte rechazo de la sociedad y por ser violatoria de la propia ley 27.208 que estipula claramente que una medida de estas características debe ser aprobada por ley (Artículo 10).

Actualmente el sector espacial argentino, en lo que a fabricación de satélites refiere, se atraviesa una grave crisis financiera. El incumplimiento de la ley 27.208 junto a la reducción presupuestaria en la CONAE llevaron a INVAP y a las empresas pymes proveedoras de tecnología a reducir notablemente su actividad generando gran incertidumbre de cara al futuro. Recientemente se conocieron declaraciones del propio gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, reconociendo la situación financiera límite y las negociaciones con funcionarios nacionales para intentar revertir la crítica situación.

Proyecto de Modernización

El proyecto presentado por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, entre otras cosas, habilita a las empresas Telefónica y Claro a brindar televisión satelital. El proyecto modifica el marco jurídico de las telecomunicaciones, leyes 27.078 Argentina Digital y 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual y establece una serie de condicionamientos para los nuevos posibles prestadores de televisión por satélite. Por un lado limita la posibilidad de comercializar los servicios en localidades con población menor a 80 mil habitantes donde los licenciatarios de telecomunicaciones actuales sean empresas pymes o cooperativas. Por otro, establece un plazo mínimo temporal para que los servicios puedan comenzar a brindarse y busca promover la oferta de servicios mayoristas de televisión.

Si bien el proyecto establece una protección a los licenciatarios de empresas pymes y cooperativas, sin duda no promueve las inversiones. Como se mencionó antes, tanto Claro como Telefónica brindan actualmente televisión satelital en gran parte del continente y estas transmisiones ya están disponibles en Argentina.

Una alternativa para impulsar la industria

Telefónica de Argentina facturó en los primeros 9 meses de 2017 2.600 millones de euros y Claro alcanzó ingresos por alrededor de USD1.800 millones, ambas con excelente márgenes operativos. Este cambio regulatorio, que le permite a las dos empresas incursionar en un negocio anual de 65 mil millones de pesos (USD3.250 millones), equivalente al valor 13 satélites ARSAT-1, bien podría valer una exigencia de operar sobre satélites de fabricación nacional.

Según la ley 27.208 Argentina Digital, se define: “satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la utilización de satélites construidos en la Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las que éste tuviera participación accionaria mayoritaria”. Por lo tanto, la restricción al uso de satélites argentinos para que estos dos operadores brinden televisión satelital no los limita hacerlo con ARSAT. Según la definición, podría tratarse de un satélite propiedad de cualquier operador satelital fabricado por INVAP, o un satélite operador por ARSAT fabricado por un constructor extranjero, para dar solo algunos ejemplos. En cualquiera de las combinaciones, la industria espacial argentina es impulsada por este condicionamiento para promover las inversiones en tecnología y servicios nacionales

Si bien es loable que se establezcan restricciones para proteger al pequeño empresariado y las cooperativas con operaciones locales, la restricción geográfica podría no ser la mejor alternativa. La dificultad para determinar que una antena se encuentra activa en un municipio vedado al prestador es elevada y, además, mantiene grandes porciones del territorio donde no hay cableados, o estos son deficientes, con una sola oferta de televisión (Directv). En este sentido puede ser una mejor alternativa, como sugieren algunos referentes del sector, implementar una política similar a la establecida para la portabilidad numérica. La aplicación a este caso sería imponer que un usuario no pueda ser dado de alta por los nuevos licenciatarios de televisión por satélite si cuentan con servicios de una empresa Pyme o una cooperativa.

Por último, una de las reiteradas e incumplidas demandas a la televisión satelital es la inclusión de contenidos regionales y locales. La imposibilidad técnica de transmitir desde un solo satélite la totalidad de las señales públicas nacionales, provinciales y locales, más los canales de las universidades, los pueblos originarios y la iglesia católica, tal como está previsto en la ley 26.522, requiere pensar alternativas para su cumplimiento. La inclusión de receptores de TDA terrestre para adosar a la grilla provista por el servicio por suscripción pude ser una forma eficiente de dar una solución satisfactoria.

@GuillermoRus

Silvana Myriam Giudici ubicó a su marido como encargado de limpieza en el ministerio a cargo de su amiga Patricia Bullrich. Conocé a la autoproclamada defensora de la libertad de expresión y el diálogo, que la semana pasada amenazó a Cynthia García en Intratables.

El portal El Disenso investigó a Giudici en agosto de 2016, durante la causa del robo a Michetti y su conexión con la Fundación SUMA. La actual Directora del Enacom, el organismo inventado por la gestión macrista para reemplazar al AFSCA, fue una de las testigos propuestas por su íntima amiga, la vicepresidenta de la Nación. Giudici se presentó al juez Lijo, confirmó la versión brindada en la causa por Michetti asegurando que solo fue nombrada como Tesorera en SUMA para ocupar un cargo dentro del Consejo de Administración, pero que si bien era la tesorera ella nunca confeccionó un balance. Su idoneidad como tesorera, la catapultó a la dirección del Enacom.

Si bien según el decreto 276 Macri y Aguad aseguraban la capacidad para dirigir el organismo, no encontramos en ningún lado cual sería el título universitario de Giudici. En general, cuando un nombramiento del Boletín Oficial dice “Señora” o “Doña” antes del nombre, es porque la persona en cuestión carece de estudios. En la pagina de Giudici en Wikipedia está cargada la UBA como “Alma Mater”, pero excepto por algún curso corto al que haya asistido, no encontramos registro alguno de carreras cursadas por la idónea y experimentada Directora del ENACOM.

Algo similar pasa con “su marido, su vecino y compañero de colegio” Marcelo Fabián Beldi. El mismo que le propuso matrimonio tras declararle su amor en una hoja de papel escribiéndole según contara Giúdici en Clarín. De acuerdo a su CV, Beldi es dueño de Sygma Consultora, una empresa que no encontramos registrada ante la AFIP, aunque si encontramos que su nombre está registrado en EDESUR como electricista autorizado.

Revisando el Boletín Oficial el 25 de octubre de 2016, Patricia Bullrich hizo honor a su amistad con Giudici haciéndole un lugarcito a su esposo y a través de la Decisión Administrativa 1174/2016 le habilitó un nombramiento de excepción por no cumplir con los requisitos mínimos para el cargo, ubicándolo como encargado de limpieza, puesto que de acuerdo a la Resolución Nº 69/2012 del Ministerio de Trabajo ahora se llama “Supervisor de Servicios Generales“.

Por si fuera poco, en 2011, y luego de la experiencia en la Fundación de Michetti, Giudici abrió su propia ONG denominada “Fundación LED”, que asegura ser una “organización no gubernamental, dedicada a la protección y difusión del derecho a la libertad de expresión". El colmo, viniendo de una funcionaria que amenaza periodistas opositores en vivo y en directo.

Mirá el video:

Fuente: El Disenso, El Destape

Al ser notificados de 165 telegramas de despidos, los Trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), nucleados en ATE, tomaron el edificio del organismo ubicado en Perú 103.

Tras conocerse hoy temprano, que desde ATE Capital denunciaban que en el ENACOM existe un listado con 165 trabajadores que comenzarán a recibir las notificaciones de despedido en los próximos días, hace pocas horas empleados del ENACOM tomaron el edificio de la calle Perú, en el centro porteño.

El delegado de ATE, Alejandro Tsusinsky, adelantó: “Vamos a permanecer en el edificio de manera pacífica hasta que haya una marcha atrás” en la decisión oficial, “si es necesario, pasaremos Navidad acá. No vamos a permitir que a días que termine el año, nuestros compañeros se queden sin la posibilidad de llevar un plato de comida a sus casas”, advirtió.

A su vez, Tsusinsky agregó que funcionarios del gobierno hicieron circular la idea de que en ENACOM, “sobraban 707 empleados… Curiosamente, esa es la cantidad de gente que entró desde que ellos son gobierno". En la misma línea denunció que los funcionarios de Cambiemos del organismo: "nunca los vimos sentados en los escritorios trabajando. Son todos asesores que cobran más de 50 mil pesos”.

El ENACOM, creado por el Decreto 267/15, fusionó y absorbió las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Fue el mismo decreto que desguazó la Ley de Medios para que el Grupo Clarín no sólo pudiera mantener sus privilegios monopólicos, sino extenderlos en detrimento de libertad de expresión de todos los argentinos.

El Gobierno tiene un listado con los próximos cesanteados. En una primera etapa prevén 165, pero pretenden echar a un total de 707 trabajadores sólo en ese organismo y a más de 35.000 en el resto de la Administración pública nacional. Desde ATE Capital llaman a enfrentar el “vaciamiento”.

Hace apenas una semana, el ministro de Modernización de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, dejaba trascender a través del principal operador mediático de Cambiemos –Clarín– que el año terminaría con trabajadores estatales en la calle. Ahora se sabe por dónde comenzará el nuevo recorte que afectará a más de 35.000 familias.

ATE Capital denunció que en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ya hay un listado con 165 trabajadores que comenzarán a recibir las notificaciones de despedido en los próximos días, aunque advirtieron que se trata sólo de “la primera tanda”, porque Ibarra apunta a un total de 707 en distintas áreas del organismo.

“Justamente, nuestra directora nacional nos confirmó los despidos. Dijo que no se puede hacer nada, que hay una pequeña mesa de negociación en la que intentan achicar el número, pero que el golpe va a venir igual. Esas fueron sus expresiones”, indicó al diario Contexto de La Plata la delegada gremial Yara Girotti.

Los empleados protestarán hoy a partir de las 11 hs en la sede central del ENACOM, ubicada en Perú 103, y realizarán una asamblea con empleados de otras dependencias estatales para decidir un plan de lucha.

La concentración coincidirá con el paro nacional convocado por ATE y la CTA Autónoma, que incluye una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo contra los despidos y la reforma laboral, previsional y tributaria que intenta imponer el gobierno nacional.

“No vamos a entregar a ningún compañero”, aseguró Girotti tras señalar que el listado es “completamente arbitrario” y “sin consideración alguna por las madres solteras que son jefas de familia, compañeros que han sido padres o aquellos que tienen muchos años de antigüedad”.

“Hay áreas enteras que serán desmanteladas. Nos preguntamos cómo va a continuar el funcionamiento de esas reparticiones sin trabajadores. Mi sector de trabajo, por ejemplo, quedará diezmado”, completó la delegada de ATE Capital en alusión al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde se prevén “veinte despidos”.

El ENACOM, creado por el Decreto 267/15, fusionó y absorbió las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Fue el mismo decreto que desguazó la Ley de Medios para que el Grupo Clarín no sólo pudiera mantener sus privilegios monopólicos, sino extenderlos en detrimento de libertad de expresión de todos los argentinos.

“Cuando disolvieron la AFSCA se produjo la primera gran ola de despidos, y luego vivimos con el terror de las listas y de los rumores. Hoy, lamentablemente, llegó la confirmación. Quienes dirigen el Ente Nacional de Comunicaciones nos dicen en la cara que nos van a echar”, sostuvo Girotti.

La delegada añadió que el ISER también viene sufriendo el ajuste macrista por el lado de la educación pública desde que Miguel de Godoy se hizo cargo del ENACOM, primero con el recorte de treinta vacantes para la carrera de Locución –de un total de 120 de la anterior gestión–, y luego con la finalización de convenios con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La radio Newen Hueche fue excluida del fondo de fomento. Desde la comunidad originaria Linares consideraron la decisión como “arbitraria” y “discriminatoria”. FARCO pidió la reconsideración del caso y la intervención de la Defensoría del Público.

El gobierno de Mauricio Macri no sólo persigue, reprime y expulsa de sus tierras ancestrales a muchas comunidades originarias, ahora también las priva del derecho a la comunicación.

La comunidad mapuche Linares, que gestiona la radio intercultural Newen Hueche –ubicada en el paraje Aukapán de Neuquén-, denunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presidido por Miguel de Godoy, rechazó “arbitrariamente” el proyecto que presentaron para acceder a la línea de equipamiento del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), previsto en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El organismo alegó falta de documentación con la que sí contaban, llegando al extremo de pedirle dos veces una fotocopia (haciéndolos viajar 650 km hasta la delegación) para rechazarla de todas formas porque se cortaba el anteúltimo renglón.

“Estábamos contentos porque nos dijeron que el proyecto iba a salir, que estaba encaminado, que tengamos esperanzas. Encontrarnos con que no fuimos favorecidos, fue muy injusto”, dijo hoy la autoridad de la comunidad, María Teresa Tripailaf.

La inai lonko opinó además que acción del organismo es “discriminatoria” por ser mapuches y que son considerados “el último orejón del tarro”.

Por su parte, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) solicitó al ENACOM la reconsideración del caso, aclarando en primer lugar que se trata de documentación con la que la organización efectivamente cuenta, y que las comunidades originarias tienen prioridad para acceder al fomento, según el reglamento

“Su eliminación deja a toda una región geográfica (la Patagonia) sin representantes en la selección de la línea equipamiento”, subrayó.

FARCO recordó que, “pese a que los FOMECA son obligatorios por Ley, en el año 2016 no fueron implementados en todo el año, recién en diciembre se efectivizaron las convocatorias y casi un año después siguen sin conocerse los resultados en la mayoría de las líneas. Si hablamos de este año, aun no se han abierto las líneas a concursar”.

Por último, el Foro solicitó a la Defensoría del Público que intervenga para garantizar el cumplimiento del fomento de medios comunitarios, previsto en Ley 26.522.

En mayo de 2014 el gobierno de Cristina Fernández había anunciado la apertura de licitación de bandas 4G. En ese entonces, Nextel y Cablevisión (que por entonces eran dos compañías) definieron no presentarse a la misma. Nextel se había declarado en quiebra en los Estados Unidos y Cablevisión, por su parte, esgrimía que no se presentaba para no avalar una licitación que fortalecería la posición de las telefónicas en el mercado de medios.

En junio de 2015 se asignó por quince años el espectro entre Telefónica Móviles Argentina S.A. -Movistar- , Telecom Personal S.A. y AMX S.A. (Claro). Como resultado de la subasta, el total ofertado por las empresas fue de 2.233 millones de dólares. La banda de 700 MHz se asignaron: Movistar (703-713 MHz y 758-768 MHz), Personal (713-723 MHz y 768-778 MHz) y Claro (723-738 MHz y 778-793 MHz).

Apenas asumió, Mauricio Macri tuvo el gran gesto con el monopolio Clarín. El lunes 4 de enero de 2016 firmó el DNU 267 creando el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), disolviendo el AFSCA, pero además amplía los derechos para Cablevisión, mientras las empresas de telefonía básica y móvil sólo podrán ofrecer televisión por cable hasta el 1 de enero de 2018.

A Direct TV le prohibía inicialmente, hasta fines del 2016, dar servicios de internet, aunque a la empresa operadora de cable se le puede competir con servicios satelitales; en todo caso con ARSAT; pero las urgencias fueron  construyendo en distintos ministerios el lobby necesario: “No es momento de tirar piedras, necesitan a Clarín, tienen minoría en ambas cámaras” era la conclusión a la que llegaban en las embajadas (Estados Unidos y España básicamente) en diálogo con ejecutivos de la empresa.

En enero del 2016, el monopolio Clarín a través de Cablevisión completó la compra del 100% de Nextel Argentina. Va por el cuádruple play: telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable. Recuérdese que las empresas  telefónicas recién podrán ofrecer los cuatro servicios en 2018 extensible al 2019.

En marzo el gobierno de Cambiemos tuvo otro gesto de cortesía con el multimedio: le autorizó la compra de Telecom por parte del socio minoritario de Cablevisión, el fondo Fintech, del mexicano David Martínez.

En junio de 2016 Grupo Clarín compró las compañías Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Callbi por 138.2 millones, obteniendo de esa manera 120 MHz en la banda de 2,5 GHz y otros 20 en la de 900 MHz. Pero estas frecuencias no estaban asignadas a la transmisión de datos móviles, por lo que desde el grupo solicitaron al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el cambio de atribución de dichas frecuencias.

En diciembre 2016 el gobierno de Mauricio Macri, por decreto 1340, estableció que el Enacom sería responsable de la re-atribución de frecuencias (Refarming) del espectro fijando la compensación económica y uso compartido para las frecuencias antes atribuidas a otros servicios.

El 20 de febrero de 2017 ese organismo autorizó la utilización de las bandas de 900 MHz y 2,5 GHz para servicios de telefonía móvil, es decir, las dos franjas adquiridas por Nextel/Grupo Clarín.

La Resolución 1299-E/2017 del Ente Nacional de Comunicaciones indica que las obligaciones de despliegue que debe cumplir Nextel para dar telefonía celular están sujetas al avance o no de la red troncal de fibra óptica de ARSAT, la empresa satelital del estado argentino.

Dice la Resolución: “Establécese como Obligaciones de Cobertura a cargo de NEXTEL las localidades y zonas indicadas en el ANEXO IF-2017- 03077122-APN- DNCYF#ENACOM que forma parte integrante de la presente, sujetas a la disponibilidad de acceso a la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT en cada una de ellas. Si a la fecha de despliegue previsto no se encontrare disponible dicho acceso o resultara insuficiente, el ENACOM sustituirá esas localidades o zonas por otras respetando la topología de las redes que se desplieguen (…)”.

El Grupo Clarín también se beneficiará en diagramar su despliegue (inexistente) acorde a la disponibilidad y avance de la red del estado argentino (Plan Federal de Internet ex Red Federal de Fibra Óptica), eximiéndose así de cumplir obligaciones de cobertura.

Cuando se realiza una la licitación pública de espectro radioeléctrico, como la del año 2014, las empresas tienen un tiempo para empezar a prestar el servicio en determinadas localidades según la población, de acuerdo a un cronograma y a las obligaciones de despliegue enunciadas en el pliego de licitación. Si no se cumplen, tienen su penalidad correspondiente.

En el caso de Clarín/Nextel, y de acuerdo a lo establecido en la resolución, se ata el despliegue de la red a lo que haga una empresa del estado, lo cual implica que, si esta última no cumple, Nextel quedaría eximida de sus obligaciones de cobertura y del pago de las multas correspondientes.

El negocio en el sector al que apunta Clarín es el de ofrecer banda ancha de alta velocidad en todos los dispositivos que se conectan a Internet. Los contenidos van a confluir en internet. El monopolio Clarín va por ello con privilegios al tiempo que busca imponer trabas o demoras a sus competidores. Gestión eficaz del Grupo Magneto y eficiencia del mejor equipo de los últimos 50 años en el Estado Argentino.

Luego de múltiples beneficios al Grupo Clarín, el Gobierno cerró y decomisó a la fuerza dos radios comunitarias. Además se llevaron detenido al responsable de las emisoras. Un gobierno firme con los débiles y blandos con los poderosos.

El Ministerio de Comunicaciones que conduce Oscar Aguad, y el Enacom, respondieron a una orden judicial que cumplió las nuevas políticas dispuestas por el Gobierno y se llevaron detenido al responsable de las emisoras. Desde la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza denunciaron que Cambiemos busca "cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación populares".

Hace menos de 20 días Mauricio Macri firmó un decreto a través del cual facultó al Enacom (ex Afsca) a "disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso", de medios de radiodifusión. Ahora, cumplieron con la amenaza y las víctimas fueron 2 radios comunitarias de La Matanza.

Radio M, 104.1 de Virrey del Pino y 87.7 FM Fórmula de Merlo fueron cerradas y decomisadas a la fuerza, a raíz de una orden judicial que responde a la nueva normativa impuesta por el gobierno nacional. Además, se llevaron detenido al respondable de los medios de comunicación.

Desde la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza (Ucaya) repudiaron el hecho y denunciaron que "el Gobierno de Cambiemos que busca cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación comunitarios y populares".

"Ucaya se encuentra en estado de alerta permanente. A la vez que apoya y adhiere al protocolo elaborado en la Coalición por una Comunicación Democrática a fin de resguardar a personas y bienes alcanzadas por acciones como las que ocurrieron en la mañana de este martes. En tanto reclamamos al Gobierno cesar de inmediato con estas prácticas violentas y arbitrarias que buscan acallar las voces de la diversidad", enfatizaron desde el organismo matancero.