Así lo demuestra un informe de Enarsa que concluye que el gasoducto inyectó volúmenes de gas que representan un promedio diario de compras por 12 millones de dólares.

Desde su puesta en marcha, el gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permitió que la Argentina ahorre el US$ 421 millones en importaciones de energía, y se encuentra inyectando, en la actualidad, volúmenes de gas que reemplazan en promedio compras para el sector por US$ 12 millones diarios, informó este viernes la estatal Energía Argentina (Enarsa).

La empresa detalló que el ducto que une Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires) lleva aportado un total de 482 millones de metros cúbicos de gas adicional de Vaca Muerta, un volumen significativo que en algunos días alcanzó una inyección de 14 millones de metros cúbicos, “por encima de las previsiones”.

“Este proyecto impulsado por el ministro (de Economía) Sergio Massa es una realidad que trae consigo un enorme impacto en nuestra balanza energética, con un ahorro que ya supera los US$ 420 millones y cuyo gas que nos permite sustituir por día más de US$ 12 millones en importación de energía”, destacó el presidente de Enarsa, Agustín Gerez, en un comunicado.

En esta línea, Gerez agregó que “esto es sólo el inicio de una nueva etapa para nuestro país, que nos llevará rápidamente a lograr la soberanía energética consolidando la inversión pública en infraestructura estratégica”.

El primer tramo del GPNK entre Tratayén y Salliqueló es una obra fundamental e histórica, planificada y ejecutada por Enarsa, que permite incrementar la producción de Vaca Muerta (segunda reserva de gas no convencional del mundo), ampliar la capacidad de transporte de gas y hacerlo llegar a los centros de consumo, puntualizó la empresa.

Tras la inauguración de las obras, ahora el Gobierno busca avanzar en la primera de las licitaciones para la construcción de la Etapa II del GPNK, una obra que complementará el abastecimiento interno y fundamentalmente permitirá proyectar la exportación del gas de Vaca Muerta a los cordones industriales del sur de Brasil.

La obra está llamada a completar el proyecto del gasoducto que parte desde la Cuenca Neuquina para incrementar la evacuación del gas no convencional que puede producir Vaca Muerta, con una capacidad total de 39 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) lo que significa un 25% adicional del total del sistema.

Así, aquella primera obra de 573 kilómetros se está complementando con otras como la ampliación del tramo final Neuba II y la construcción del Gasoducto Mercedes-Cardales más plantas compresoras.

Se trata de las legisladoras Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt, quienes denunciaron los despidos a técnicos vinculados a esa cartera, que se negaron a firmar resoluciones en beneficio a una empresa productora de gas.

Las diputadas nacionales del GEN y del Frente Renovador denunciaron despidos de técnicos en el Ministerio de Energía y “las decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.

Según informaron las legisladoras, exmiembros de Panamerican Energy (PAE), actualmente funcionarios de la cartera que conduce Juan José Aranguren –quienes deberían controlarla-, eximieron a la empresa de una serie de obligaciones que ahora deberá cubrir la estatal ENARSA. “O sea, lo que se ahorran los privados, lo ponen los ciudadanos. Los funcionarios que cuestionaron dicha medida, fueron despedidos”, señalaron mediante un comunicado las legisladoras.

Stolbizer y Schwindt impulsan, ahora, una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo por la decisión de poner fin a las contrataciones de varios empleados del área profesional/técnica del Ministerio de Energía, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, la Subsecretaría de Refinación y Comercialización, y la Dirección de Gas Licuado.

Las diputadas explicaron: “Sin ninguna justificación, se ha dispuesto despedir a tres profesionales con 13 y 15 años de antigüedad. La decisión les fue comunicada mediante un extraño procedimiento casi intimidatorio y no permitiéndoseles ingresar a posteriori a sus lugares de trabajo. Se sospecha que los funcionarios a cargo podrían utilizar argumentos falaces para acusar arbitraria e ilegalmente a los empleados, con la intención de descalificar su trabajo y sacarlos del área por haber mostrado sus diferencias con algunas decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.

Y acusaron que la empresa Panamerican Energy (PAE) “parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política”, como ocurrió “con el gobierno anterior y lo vuelven a hacer con el actual”. Al respecto, alertaron que “hoy es más grave” porque “dentro del mismo gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan. Porque lo que hacen es asegurarles un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos”.

“Este gobierno le exime a las empresas que pongan lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos”, continuaron.

Las legisladoras detallaron que los productores de gas deben realizar un aporte anual de producto en el mercado interno, destinado a las garrafas que usan los sectores más vulnerables que no acceden al gas de red. Una vez cubierto ese mercado interno destinado a las garrafas, el productor puede destinar el resto de su producción adonde más le convenga, o bien puede exportarlo.

En este sentido, dijeron: “Lo extraño se produce cuando los mismos funcionarios (todos ex PAE), sin ninguna fundamentación, dispensan a la misma empresa de la obligación de aportar el volumen destinado al mercado interno. Y entonces ese volumen interno lo tiene que aportar -por disposición administrativa- la empresa estatal ENARSA, o sea, se va a financiar con recursos públicos”.

“La consecuencia de todo esto, es que los grandes ganan más y los pobres ponen más, por el encarecimiento del precio de la garrafa para el consumidor”, agregaron.

Ambas consideraron que la “persecución” hacia los trabajadores “se enmarca en esta denuncia de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Energía, por haberse negado a firmar las referidas resoluciones”. “Lo que cuestionamos severamente en el gobierno anterior, como la mala práctica de la persecución de los trabajadores que no aceptaron ser cómplices de la corrupción, se repite ahora cuando se llega a dejar sin su empleo a profesionales con experiencia, trayectoria, cargas de familia, pero que se constituyeron en miradas de atención sobre lo que está pasando”, señalaron.

Las diputadas Stolbizer y Schwindt solicitaron información al Ministerio e informaron que llevarán adelante una serie de medidas administrativas, legislativas, sin descartar alguna posible intervención judicial.